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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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Propuesta de Reforma

Después de varios años de investigación, los miembros del Instituto de Altos Estudios, hemos concretado una propuesta de reforma al sistema de justicia penal, consistente en un MENSAJE, y dos Anteproyectos. El primero referido a las ESTRUCTURAS ORGANICAS DE LOS TRIBUNALES Y DE LOS JUZGADOS, COMO DE LA NUEVA FORMA DE GESTIONARLOS. El segundo sobre las propuestas de REFORMAS AL CODIGO PROCESAL PENAL.
Ponemos a disposición de todos los que tengan interés en conocer su contenido, con la finalidad de promover un ámbito de reflexión y de debate.
Estamos abiertos a todas las opiniones, propuestas y críticas sobre los mismos, en el convencimiento que nos enriqueceremos mutuamente y en beneficio de la sociedad.

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Nulidad del procedimiento. Intervención telefónica.

La Sala IV Resolvió: Corresponde absolver a los imputados si la totalidad de la pesquisa se asentó en las escuchas telefónicas y no existió un recurso investigativo que permita llegar al mismo resultado, máxime teniendo en cuenta que el planteo nulificante fue resuelto, respecto de un consorte de causa, por la Corte Suprema al resolver que la intervención telefónica ordenada puso en marcha una investigación judicial vulnerando derechos amparados constitucionalmente sin justificación conocida, revelando la falta de presupuestos para llevarla a cabo.

 
Prisión domiciliaria. Estado de salud.

Prisión domiciliaria. Estado de salud.

La Sala IV Resolvio: Corresponde anular el pronunciamiento que denegó el beneficio sin expresar fundamento alguno vinculado a una opinión profesional que exponga el estado de salud actual del imputado y su aptitud para permanecer en un establecimiento carcelario, fundamentos que eran tanto más necesarios cuanto que consideremos que cuenta con una edad superior a la señalada por el inc. d del art. 32 ley 24.600.

 
Amenazas anónimas proferidas por correo electrónico

Contienda negativa de competencia. Amenazas anónimas proferidas por correo electrónico. Lugar de comisión.

Si de los antecedentes que forman el legajo, surge que los correos electrónicos fueron remitidos a las cuentas de una empresa con sede en la Capital Federal, puede presumirse que habría sido en sus oficinas donde sus integrantes tomaron conocimiento de las amenazas anónimas, por lo que corresponde al juzgado de esa jurisdicción, que previno, continuar con el trámite de la causa.

Dictamen difundido por PGN online, "Novedades de la Procuración General de la Nación"

 
Recurso de casación. Sentencia definitiva. Denegatoria de excarcelación.

Recurso de casación. Sentencia definitiva. Denegatoria de excarcelación. Sala III

Si bien la restricción de la libertad puede asimilarse a las decisiones indicadas en el art. 457 CPPN, lo es en casos en que pueda entrañar un perjuicio de imposible reparación ulterior, situación que no se advierte respecto de la denegatoria de excarcelación de quien se encuentra procesada desde hace menos de un año por homicidio calificado en grado de tentativa, sin que el escueto remedio haya logrado rebatir los pronunciamientos concordantes del juez de instrucción y la cámara respectiva, ni exista cuestión federal o un supuesto de arbitrariedad. La disidencia consideró que la impugnación resulta  autosuficiente y la cuestión resulta equiparable a sentencia definitiva.

 

 
VIII Encuentro - Panel EL JUICIO POR JURADOS

Encendida exposición del Dr. Héctor GRANILLO FERNÁNDEZ en defensa de la constitucionalidad del Juicio por Jurados y la conveniencia republicano-democrática de su aplicación para el Poder Judicial y en especial para la sociedad.

Héctor GRANILLO FERNÁNDEZ

 
Desaparición forzada de personas. Delitos de lesa humanidad

La Sala IV. Allanamiento y secuestro de elementos personales. Medida de prueba. Examen genético. Derecho a la intimidad.

El allanamiento y secuestro de elementos personales para la obtención de muestras de ADN no puede ser asimilado a la extracción compulsiva de sangre, en tanto se trata de una medida distinta, que no implica una invasión compulsiva en el cuerpo, como aquélla. Las denuncias anónimas que determinaron el inicio de las investigaciones, las coincidencias temporales, la suscripción de la constatación del nacimiento del inscripto por un médico policial vinculado al engranaje represivo del régimen que detentó el poder en el período 1976/1983, y la sugestiva pérdida del formulario 01 en sede administrativa provincial, son indicios determinantes de una fundada sospecha de la comisión del gravísimo y peculiar delito de desaparición forzada de personas, y resultan suficientes para la disposición de una medida que guarda relación directa con el objeto procesal de la causa y resulta, además idónea para arribar a la verdad material dado el elevadísimo grado de certeza  que brindan los exámenes genéticos en la determinación de la filiación., los cuales sólo serán posibles en base al secuestro de elementos personales del recurrente. En el caso, la medida no ha afectado los derechos individuales más que en lo estrictamente necesaria, para la dilucidación de la verdad, y sin afectar la vida, salud, integridad corporal o intimidad de la víctima, ya que las muestras  han sido tomadas sin invadir el cuerpo de la persona involucrada.

 
Libertad provisional. Suspensión. Detención durante la audiencia. Art. 366 in fine del CPPN.

No se verifica arbitrariedad en la resolución que ordenó la detención del justiciable  hasta tanto se tramite el juicio oral y público en todas sus etapas, a fin de garantizar el correcto desarrollo del debate, toda vez que, además de la proximidad y duración de la audiencia de debate, se tuvieron en cuenta  una serie de intereses jurídicos a proteger -el resguardo y respeto a la integridad física y espiritual de los imputados, de las víctimas, el resguardo y protección de los testigos, la transcendencia de los hechos y su repercusión social- frente a lo cual y a fin de conciliarlos aquellos intereses contrapuestos y garantizar el correcto desarrollo del juicio, el tribunal de mérito hizo uso de las facultades que le son expresamente reconocidas por el ordenamiento legal (art. 366 in fine CPPN). El voto concurrente expresó que el recurso de casación  interpuesto contra una decisión que rechaza un recurso de reposición no es en principio- susceptible de ser recurrida en esta instancia.

 
CNCP- Sala IV. Querellante. Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación

Querellante. Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Falta de legitimación. Art. 13 de la ley 25.761. Decreto 3662/08.

No corresponde tener a la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación por parte querellante en la causa en que se analiza la posible infracción al art. 13 de la ley 25.761, toda vez que del decreto 3662/08 no se desprende de las acciones que puede asumir dicha dirección la de ser parte querellante. El voto concurrente agregó que la alegación de los recurrentes relativas al interés legítimo que posee la D.N.F.D.A. en el resultado de los procesos en los que se investigue la infracción al art. 13 de la ley 25.671, y que el comercio de venta ilegal de autopartes compromete el interés del orden público, no resulta suficiente para acreditar la calidad de damnificado o particular ofendido por el delito que se investiga.

 
VIII Encuentro de Profesores de Derecho Procesal Penal

Mesa Académica de Apertura del VIII Encuentro de Profesores de Derecho Procesal Penal

MESA ACADÉMICA DE APERTURA DEL VIII ENCUENTRO DE PROFESORES DE DERECHO PROCESAL PENAL

 

Panel sobre EL JUICIO POR JURADOS Coordinado por Mario JULIANO e integrado por Carlos FERRER, Héctor GRANILLO FERNÁNDEZ y Jorge Coussirat.

 
Defraudación contra la Administración Publica

Sala II .Defraudación contra la administración pública. Prestación jubilatoria ilegítima. Autoría. Delito continuado. Dominio del hecho. Prescripción de la acción penal. Debe considerarse autora mediata quien gestionaba beneficios jubilatorios a personas que carecían de los requisitos legales para ello, adulterando la documentación con el objeto de que el ANSeS le diera curso favorable, ya que tales personas actuaban sin dolo y la imputada recibía una contraprestación inicial de los pretensos beneficiarios y la mitad de los primeros seis meses de haberes que percibieran. Resulta incongruente entender que la imputada cesó en ?dominar? el hecho cuando concluyó la percepción de su beneficio pues los tipos penales de los arts. 172 y 174 inc. 5 CP no exigen que el beneficio obtenido con el comportamiento fraudulento se dirija a favor del agente y, en el caso, la defraudación contra la administración pública, concretada desde el primer mes de percepción de la prestación jubilatoria ilegítima, se extendió durante el tiempo en que el sujeto ejecutor sin dolo percibió los haberes, no porque tuviera dominio del hecho, sino porque ese dominio estaba en cabeza de la encartada. A partir de la última percepción se debe empezar a contar el plazo de prescripción de la acción penal respecto de los sujetos intervinientes en el hecho. La disidencia consideró que el delito ha dejado de cometerse por la autora mediata desde el momento en que perdió el dominio del hecho, esto es desde el otorgamiento de la jubilación, pues aunque la imputada se autoincriminase o hiciera cesar en el error al beneficiario, ello no aparejaría la cancelación de la situación antijurídica y el curso de la prescripción debe correr desde aquel momento.

 
Prostitución - Constitucionalidad y vigencia del art. 17 de la ley 12331- Prevención de la trata y discriminación de mujeres.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, donde la Sala confirma el procesamiento del imputado en orden al delito previsto y reprimido por el art.17 de la ley 12331 y se rechaza el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma.

Destaca la Sala que se trata de un delito de peligro, que no requiere en el caso concreto que se pruebe un daño a la salud pública, sino la mera puesta en riesgo del bien jurídico protegido por la norma, extremo que el legislador entendió se configuraba con la administración y regenteo de casas de tolerancia, no reprimiendo el simple ejercicio de la prostitución individual e independiente, siendo una norma abolicionista pues no admite la reglamentación de la prostitución y pretende suprimir los prostíbulos, a fin de resguardar la salud pública. Inclusive la propia clandestinidad de la actividad impide su salubridad, y el propio jurista Jiménez de Asúa ha sostenido que no sólo la salud pública fue objeto de protección, sino también otros intereses como la libertad personal y la integridad sexual, a lo cual debemos agregar que este tipo de delitos se encuentra estrechamente vinculado con otros, mencionados en la Resolución 39/2010 de la Procuración General de la Nación, dictada en abril de ese año, donde se exhortó a potenciar la capacidad de actuación de dicho Ministerio Público en la investigación del delito de trata de personas y sus delitos vinculados (artículos 145 bis, 145 ter, 125, 125 bis, 126, 127, 128 y 140 del Código Penal y art.17 de la ley 12331), pues el delito previsto en el art.17 de la ley 12331 se encuentra estrechamente ligado a la finalidad de explotación sexual de la trata, siendo una herramienta legislativa para atacar el fenómeno de la esclavitud sexual de las mujeres, en aras de proteger como bien jurídico, la libertad y dignidad de las personas, adscribiendo a la Argentina al sistema abolicionista que castiga al proxeneta y prohíbe todo castigo a la meretriz, desbaratando los circuitos de trata de personas con fines de explotación sexual.

En punto a la constitucionalidad del art.17 de la ley 12331, la defensa alega que habría existido una inconstitucionalidad “sobreviniente” de dicha norma, esgrimiendo que hubo cambios históricos que así lo justificarían, mas no desarrolló en concreto en la audiencia oral cuales serían los mismos, y además, no se advierte lesión alguna al artículo 19 de la Constitución Nacional, toda vez que pudieron resultar lesionados derechos de terceros indeterminados, dada su condición de delito de peligro y mas allá de que quienes concurrieran a percibir los servicios en las casas de tolerancia, fueran allí por su propia voluntad. Es que la norma preserva la salud pública, no solo de aquellos que trabajan en las casas de tolerancia o de quienes reciben dichos servicios, sean prestados en un ámbito privado o público, sino también de los terceros con quienes éstos se relacionan.
Concluyen en que el fin primordial de la norma es la protección de la salud pública y secundariamente, la tutela de la libertad y dignidad de la mujer, lo cual se vio reforzado mediante la ratificación en 1960 (mediante ley 15768) del Convenio para represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, que se centra en reprimir a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituirla, aún con el consentimiento de la misma, o bien explotare la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, o mantuviere una casa de prostitución, la administrare o financie, o diere o tomare en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

Agregan que a partir de 1994, los diversos instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos que se incorporaron a nuestra Constitución Nacional, conforman un bloque imperativo (art. 75 inc. 22 de la C. Nacional) siendo uno de ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en su artículo 6 establece que los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer; todo lo cual demuestra que no ha perdido vigencia la operatividad del artículo 17 de la ley 12331, sino por el contrario continúa siendo soporte de prevención de aquéllas conductas que resultaron y resultan socialmente reprobadas e íntimamente entrelazadas con otros comportamientos de relevancia jurídico penal.

 
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