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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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Propuesta de Reforma

Después de varios años de investigación, los miembros del Instituto de Altos Estudios, hemos concretado una propuesta de reforma al sistema de justicia penal, consistente en un MENSAJE, y dos Anteproyectos. El primero referido a las ESTRUCTURAS ORGANICAS DE LOS TRIBUNALES Y DE LOS JUZGADOS, COMO DE LA NUEVA FORMA DE GESTIONARLOS. El segundo sobre las propuestas de REFORMAS AL CODIGO PROCESAL PENAL.
Ponemos a disposición de todos los que tengan interés en conocer su contenido, con la finalidad de promover un ámbito de reflexión y de debate.
Estamos abiertos a todas las opiniones, propuestas y críticas sobre los mismos, en el convencimiento que nos enriqueceremos mutuamente y en beneficio de la sociedad.

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Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Aplicación del fallo "Arriola" de la CSJN. Interpretación.

La Sala IV de la C.N.C.P. resolvió en la causa N° 9451 "García Baez" que la doctrina de la sentencia de la CSJN en el caso ?Arriola? no ha constituido una declaración general y erga omnes de inconstitucionalidad , con directo efecto derogatorio del art. 14, párrafo segundo, de la ley 23.737, sino que requiere el examen de las circunstancias  del caso de que se trate a fin de determinar si la tenencia de estupefacientes para uso personal que constituye el objeto del proceso se realizó en circunstancias o condiciones tales que no aparejaban peligro concreto o daño a derecho o bienes de terceros.

El comportamiento del justiciable no colocó en peligro concreto o causó daños a bienes jurídicos o derecho de terceros si -como sucedió en el caso- la marihuana incautada al nombrado, además de resultar una cantidad escasa, fue hallada, en su totalidad, en sus ropas -bolsillo delantero derecho de la bermuda-, lo que da la pauta de que aquella sustancia no pudo ser observada por personas ajenas al acusado, por lo que corresponde la aplicación del fallo de la CSJN en cuestión.

LEER RESOLUCION COMPLETA

 
Ley 8263 creando el Juez de Delitos de Tenencia

LEY N° 8263 - Código Procesal Penal. Ley 6730. T.O. Ley 7007. Modificación.

 

B.O.: 1-abr-2011 - MENDOZA

 

Artículo 1.- Incorpórase como artículo 49  bis del Código Procesal Penal, Ley 6.730, T.O. Ley 7.007, el siguiente texto:

 

"Artículo 49 bis.- El Juez de Delitos de Tenencia juzgará en única instancia los delitos previstos en los apartados (2) y primer párrafo del (3) del artículo 189 bis del Código Penal, cualesquiera fuera su pena.

 

Asimismo, juzgará de aquellos delitos cuya acción típica esté constituida por la tenencia o portación de objetos, cualesquiera fuera la pena conminada en la ley penal, y que la Suprema Corte de Justicia incluya en su competencia." 

 

 Artículo 2.- Incorpórase como tercer párrafo del artículo 60  del Código Procesal Penal, Ley 6.730 T.O. Ley 7.007, el siguiente texto:

 

"En ningún caso se acumularán las causas que fueran de competencia del Juez de Delitos de Tenencia."

 

Artículo 3.- Incorpórase como tercer párrafo del artículo 417 del Código Procesal Penal, Ley 6.730 T.O. Ley 7.007, el siguiente texto:

 

"Lo dispuesto en este artículo será aplicable al Juez de Delitos de Tenencia."

 

 

Artículo 4.- El Primer Juzgado en lo Correccional de la Primera Circunscripción Judicial será denominado "Juzgado de Delitos de Tenencia", atribuyéndosele la competencia de juzgamiento de los delitos previstos en el artículo 49 bis del C.P.P." 

 

 

Artículo 5.- La Primera Fiscalía en lo Correccional de la Primera Circunscripción será denominada "Fiscalía de Delitos de Tenencia", y entenderá exclusivamente en los procesos de competencia del Juez de Delitos de Tenencia, como Fiscal de instrucción y de juicio."

 

 

Artículo 6.- A partir de la puesta en vigencia de la presente ley, el Juzgado y la Fiscalía cuya competencia ha sido modificada por esta normativa, deberán concluir el trámite de los procesos actualmente radicados en los mismos, hasta la extinción o agotamiento de la acción penal."

 

Artículo 7.- En las circunscripciones Segunda, Tercera y Cuarta los procesos de competencia del "Juez de Delitos de Tenencia" serán sustanciados por la Cámara en lo Criminal o Juzgado Correccional, de acuerdo a su pena.

 

 

Artículo 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a lo nueve días del mes de febrero del año dos mil once.

 
Tenencia de estupefacientes para consumo personal. Personas detenidas en establecimientos carcelarios. Alcances de la doctrina CS "Arriola"

 

En las Causas 13.020 Muñoz, 13042 Barrionuevo13239 Sosa, la Sala II de la C.N.C.P. integrada por el Dr. Guillermo J. Yacobucci como Presidente y los Dres. W. Gustavo Mitchell y Luís M García han resuelto que:

La imputación penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal dentro del espacio penitenciario no implica un allanamiento general o aniquilación plena de la privacidad y resulta improcedente trasladar sin más la doctrina CS "Arriola" a esa situación, ya que el imputado está sometido a una regla de sujeción jurisdiccional cuya legalidad no ha sido atacada, que particulariza el caso respecto de situaciones donde rige la plena libertad normativa de la persona y, en ese contexto, constituye por sí mismo un riesgo para terceros que hace a la trascendencia de su comportamiento. El voto concurrente agregó que en ese contexto, la prohibición de la tenencia y consumo de sustancias tóxicas es una restricción legítima que persigue fines legítimos, sin que se haya demostrado que sea irrazonable o desproporcionada.

 

 
La Sala I de la C.N.C.P. resolvió recientemente la causa SALGADO, en la que abordó temáticas sobre: delitos de lesa humanidad – alcances del concepto - organizaciones terroristas –prescripción de la acción penal –

Causa 9880 –Salgado- Sala I – reg. 17.457 – 22/3/2011

corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos contra el pronunciamiento que sobreseyó a los imputados por la detonación de un explosivo en la sede de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina en circunstancias en que había un número significativo de personas, lo que produjo una multiplicidad de lesiones y muertes entre miembros dela Policía Federal y empleados civiles, al no verificarse el concepto de delito de lesa humanidad –y por lo tanto, imprescriptible- por no tratarse de ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil, provenientes de un poder organizado por el Estado).

LEER RESOLUCIÓN

 
Constitucionalidad de la reglamentación del derecho de manifestarse en la vía pública

El Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en 23 de julio de 2008 dictó el Decreto nº 863 con reglamentando  el ejercicio de los derechos de peticionar y  reunirse, armonizándolos con el derecho a transitar  y circular  libremente, todos de raigambre constitucional e igual jerarquía, por incumplimiento del mismo al SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) se le aplicó una multa. El gremio recurrió mediante acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza la que motivó la causa Nº 94.017, caratulada "SUTE c/ Municipalidad de Mendoza p/ Acción de Inconstitutionalidad" la que en definitiva fue rechazada el 3 de marzo de 2011.

 
Declaración por videoconferencia en la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Diario Judicial del 1-03-2011

Comparecencia virtual

Primera declaración de un perito por videoconferencia en la Provincia

En el marco de una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Procuración General provincial, por primera vez un tribunal penal de la Provincia de Buenos Aires recibió la declaración de un perito oficial a través del sistema de videoconferencia.

A través de una pantalla, una perito respondió en la Dirección General de Asesorías Periciales de La Plata a las preguntas que le hicieron desde una sala de juicio ubicada a casi 300 kilómetros de distancia.

Así se desarrolló la primera "comparecencia virtual" efectuada por la jefa del Servicio Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial de la Corte, Mercedes Lojo, ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Azul integrado por los jueces María Cristina Beaucamp, Alicia Ramallo y Guillermo Pereyra.

Los medios para concretar la experiencia fueron dispuestos por la resolución 3487/10 de la Corte bonaerense. "De esta forma se verían simplificados los tiempos para la recepción de la medida probatoria especialmente en aquellos casos en que por la especialidad se cuenta con un reducido número de profesionales para cubrir las necesidades de toda la Provincia", consignaron allegados al Máximo Tribunal.

El artículo 2º de la mencionada normativa establece la utilización de la videoconferencia como "mecanismo obligatorio para la recepción de testimonios de los citados profesionales en las situaciones mencionadas en los considerandos de la presente, debiendo el magistrado o funcionario fundar debidamente las razones que justifiquen, en el caso específico, la excepción a su aplicación y la consecuente citación y traslado del perito a la sede del organismo".

Se espera que con la implementación de la medida, se vea optimizado el manejo de los recursos materiales y del factor humano, favoreciendo la reducción de los tiempos de desplazamiento, posibilitando la realización de otras entrevistas y peritajes preacordados en otros procesos y disminuyendo la utilización de vehículos o pasajes oficiales y pago de viáticos entre otros aspectos.

Con el atributo de generar una comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, el dispositivo de videoconferencia implementado y coordinado por la Subsecretaría de Información de la Corte asegura que las declaraciones realizadas por este medio cumplan con los principios de contradicción, oralidad y publicidad del proceso penal.

 
Inducción jurídica

La llamada "inducción jurídica"

 

(EXTRACTO DEL LIBRO DE: ALCHOURRÓN, Carlos E. – BULYGIN, Eugenio; “Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales”; Editoral Astrea; Bs. As.; 1975; págs. 130/133).

¿Cuál es la naturaleza lógica de la operación mediante la cual el jurista transforma una pluralidad de normas en una norma de mayor generalidad (normativamente) equivalente a las normas primitivas? El examen de esta cuestión puede arrojar alguna luz sobre los métodos y el carácter de la ciencias jurídica.

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PELIGROSIDAD PROCESAL - T.S.J. de Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba ha mantenido su doctrina sobre la peligrosidad procesal en el caso OXANDABURU. En igual sentido que al de subir a la página el caso PEREIRO del mismo Tribunal lo hicimos por entender (como ahora) que era un importante antecedente por cuanto el art. 281 inc. 1º del C.P.P. de Córdoba es similar a nuestro art. 293 inc. 1ª del C.P.P.

Si bien el Tribunal se refiere a su consolidada jurisprudencia sobre la peligrosidad procesal, en cuanto al motivo del recurso dijo:

"... en el supuesto de prisión preventiva del art. 281 inc. 1° del C.P.P., hemos dicho que el legislador ha presumido iuris tantum la peligrosidad procesal frente a un pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo por el delito que se le sigue en el proceso. De tal modo, la ley local -idéntica a la vigente en el orden federal (artículo 312, 1°, C.P.P.N.) y a las de la mayoría de la Provincias-, consagra una presunción iuris tantum del legislador según la cual el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite (T.S.J., Sala Penal, “Berrotarán”, cit.; “Alvarez”, S. nº 140, 28/06/2007 entre muchos otros). En lo que específicamente concierne a Oxandaburu, se le atribuyen seis hechos, en concurso real, de falsedad ideológica. La imputación, en consecuencia, lo es por ilícitos reprimidos con una escala penal que tiene un mínimo de un año y un máximo de treinta y seis, lo que muestra como razonable un pronóstico punitivo de condena efectiva, tal como lo señalara la a quo (fs. 2613 vta./2614). c) Ahora bien; por ser iuris tantum, hemos explicado que aquella presunción admite prueba en contrario. Es que conforme la naturaleza de la presunción aludida, es factible que el imputado que no sea pasible de condena condicional pueda permanecer en libertad durante el proceso, en la medida en que concurran circunstancias específicas que enerven la sospecha en el caso concreto, como ocurre cuando se presentan condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito, que por sí resulten suficientes para desactivar la presunción legal (T.S.J., Sala Penal, "Santucho", S. 54, 14/06/2004; "Bustos Fierro", S. n° 110, 19/05/2008; "Pereiro", S. n° 312, 11/11/2008)."

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MORAN MORALES - Legitima Defensa

Fallo citado en el Curso sobre Litigacion Penal en el tema Causas de Justificación - pueden concursar

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PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO CONSENSUADO (P.A.C.)

UNA EXPERIENCIA

PARA UNA NUEVA GESTIÓN

 

La Experiencia del "Procedimiento Alternativo Consensuado" (P.A.C.) es una propuesta del equipo de Investigación Judicial sobre la Profundización del Sistema Acusatorio en la Provincia de Mendoza, que se desarrolla en el Centro de Capacitación Judicial “Manuel A. Sáez”, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.  El mismo propone la oralización de la etapa preliminar del juicio, como método para una nueva gestión.
Esta experiencia se lleva a cabo desde el 1 de agosto de 2007 en la Segunda Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial.

 


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