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RUBEN VILLCA - Reparación del Daño - SJP

Expte. N° P-77594/08
“F. c/ Villca, Ruben Alejandro p/ Prop. Intelect. In-fracción ley 11723”.

Mendoza, 17 de junio de 2009.-

  AUTOS Y VISTOS: la presente causa arriba intitulada;

  CONSIDERANDO:

  A) Que el Vocal Ramiro J. Salinas dijo:
  I) Contra el resolutivo que deniega el pedido de suspensión de jui-cio a prueba (fs. 184/5), se alza en tiempo y forma la defensa técnica del encau-sado RUBEN ALEJANDRO VILLCA RODRIGUEZ, interponiendo recurso de apelación (fs. 190).
 
  II) Notificados todos los interesados de la radicación de la causa (fs. 195), concurrió el apelante expresando agravios (fs. 196/8), invocando como puntos de impugnación, que la resolución recurrida, al rechazar el otorgamiento del beneficio de la suspensión de juicio a prueba por no haber ofrecido la repara-ción del daño en la medida de lo posible, se estaría afectando la garantía del de-bido proceso legal y la presunción de inocencia.
  Respecto a la primera garantía, el recurrente entiende que se vería conculcada atento a que la ley para acordar el beneficio peticionado exige una reparación en la medida de lo posible y no una reparación íntegra o una suma equivalente o cercana al valor del perjuicio que se habría provocado con el ilíci-to. Además, el art. 30 de nuestro Código de rito, establece como condición para el ofrecimiento de reparar el daño, que la víctima se constituya en actor civil, lo que no ocurre en el caso de marras,  por lo que el rechazo no se ajustaría a las prescripciones de la ley.
  Por otro lado, con tales fundamentos se estaría suplantando la vo-luntad de la víctima al considerar la insuficiencia o no de la suma ofrecida, fa-cultad que sólo tiene por ley la persona que resultó víctima, quien tiene expedita la vía civil.
  Finalmente, expresa que se estaría afectando la presunción de ino-cencia, atento a que en caso de imponérsele al reo una suma equivalente o cer-cana al daño que se habría ocasionado con el delito, implicaría para el imputado un reconocimiento de responsabilidad en el hecho.
 
  III) La Sra. Fiscal, presentando informe escrito (fs. 200 y vta.), considera que no corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa del imputado Rubén Alejandro Villca. Entiende que, la resolución atacada se ajusta a derecho toda vez que Usía rechaza el pedido de suspensión de juicio a prueba ya que no se ha ofrecido la reparación del daño y éste resulta un requisito ineludible para otorgar dicho beneficio.

  IV) El análisis de los argumentos esgrimidos por la defensa permite establecer una prioridad de tratamiento, pues la eventual procedencia de la apli-cación del artículo 30 del C.P.P. (Ley 6.730), tornaría en abstracto el resto de las cuestiones planteadas, en tanto supedita la procedencia del requisito del ofreci-miento de la reparación del daño sólo en los casos en que la víctima ha ejercido la acción civil en sede penal, circunstancia entonces que justificaría la proceden-cia de la queja esgrimida.
  Así planteadas las cosas, es importante partir del precedente de nuestra Suprema Corte provincial –caso Sosa Moran, expte. nº 83.449-, en don-de se declaró por mayoría de votos, en oportunidad de tratar el cuestionamiento sobre el principio de oportunidad regulado por nuestro Código Procesal Penal, en posición que este Tribunal comparte, la constitucionalidad de ese instituto, concretamente, de los incisos 1º y 2º del artículo 26 de la ley 6.730.-
  Para llegar a esa conclusión la Suprema Corte afirmó: “…el Código Penal, regula todo lo atinente al inicio y extinción de la acción penal, más lo relativo al modo de realización o aplicación del derecho de fondo, encuentra sustento, válido y legal, en normas adjetivas”. En el mismo sentido se expresó que: “…Ahora bien, es el propio código de formas el que sistematiza los modos de aplicación o de realización del derecho de fondo, cuando regula los supues-tos, en los que el principio general –de la oficialidad en el ejercicio de las ac-ciones penales-, queda excepcionado a través de las previsiones contenidas en el artículo 26 del C.P.P. (Ley 6.730)”.
  En oportunidad de precisar la diferencia entre Derecho Penal sus-tantivo y Derecho Procesal Penal, la Suprema Corte, transcribe una cita de Aba-los (“Derecho Procesal penal”, Tomo I, Cuestiones Fundamentales, pag. 17) que expresa: “…son por tanto, normas de derecho penal material todas aquéllas que atribuyen virtualmente al Estado el poder punitivo, o también a los órganos del mismo Estado, a particulares, el poder de disposición del contenido material del proceso, o sea, de la pretensión punitiva o de la pena…” son en cambio normas de Derecho Procesal Penal solamente las que regulan de manera general el ini-cio, el desarrollo y el fin del proceso, que establecen garantías jurisdiccionales de la ejecución de la cosa juzgada, que indican las formas con que los sujetos procesales pueden valerse de sus facultades dispositivas del contenido material del proceso, y que atribuyen a los órganos del Estado o a los particulares un poder de disposición del contenido formal del proceso”.
  Concluye nuestro máximo tribunal afirmando que: “… el código procesal penal, ha implementado válidamente mecanismos que imprimen movi-miento a la acción penal y así resulta válida y legalmente sustentable, la posibi-lidad de que la persecución penal “se suspenda total o parcialmente, que se la limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participa-ron en el hecho”. “Esto es en definitiva, la regla del artículo 26 del C.P.P.: principio de oportunidad, como la atribución que tienen los órganos encarga-dos de la promoción de la persecución penal, fundada en razones de política criminal y procesal, de no iniciar la acción pública, o de suspender provisio-nalmente la acción iniciada, o de limitarla en su extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, aún cuando concurran las condiciones ordinarias para perseguir y castigar (Cafferata Nortes, “Cues-tiones actuales sobre el proceso penal”, 2º edición actualizada, Editores del Puerto, pag. 38).
  Sin embargo, la Suprema Corte llega a una conclusión distinta cuando trata el tema concreto del ofrecimiento de la reparación del daño “si la víctima se hubiera constituido como actor civil”, regulado por el artículo 30 de nuestro Código Procesal Penal, pronunciándose en la causa Molina (expediente nº 89.859 “F. c/ Molina Damián maximiliano … s/ Casación), en el sentido que siendo la regulación del artículo 30, segundo párrafo, primera parte del C.P.P., una condición para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, consti-tuye una materia vedada a la legislación provincial.
  En la misma línea de pensamiento, pero agregando un nuevo argu-mento, la Suprema Corte se expide en la causa nº 91.297, “F. c/ Vilchez Segura, Oscar Ruben por Estafa s/ Casación” –de fecha 22/5/08-, afirmando que: “El ofrecimiento de reparación del daño por parte del imputado al momento de so-licitar la suspensión, no puede ser obviado por la legislación provincial, desde que la atenta lectura del cuarto párrafo del artículo 76 ter del C.P., indica que la reparación del daño en la medida de lo posible, el cumplimiento de las reglas de conducta imputadas y la no comisión de un delito durante el tiempo de sus-pensión fijado por el tribunal, conduce a la extinción de la acción penal”.
  Resumiendo, en el precedente Sosa Morán nuestro máximo tribunal afirma que el Código de Fondo se limita a legislar sobre el inicio de la acción penal (Art. 71 C.P) y sobre la extinción de las mismas (Art. 59 y sgtes.) por ra-zones de igualdad ante la ley, pero de ninguna manera reglamenta de qué modo debe realizarse el ejercicio de la misma, por ser esta materia del procedimiento penal; y bajo ese argumento declara la constitucionalidad del principio de opor-tunidad reglado por el artículo 26 del C.P.P., concretando en su parte dispositiva que se refiere a los incisos 1) y 2); mientras que luego, en el precedente “Moli-na” y luego en “Vilchez”, sostiene que el requisito relacionado con el ofreci-miento de reparar el daño es una condición para el otorgamiento de la suspen-sión del juicio a prueba y por tanto constituye una materia vedada a la legisla-ción provincial. Refuerza esta postura afirmando que ello es así, en razón que el artículo 76 ter del C.P. establece que el cumplimiento de esa condición conduce a la extinción de la acción penal.  
  VI) Me permito discrepar con la posición de la suprema corte de Justicia en los precedentes “Molina” y “Vilchez” citados, por las consideracio-nes siguientes:
  Considero que la regulación sobre el aspecto relacionado a la cons-titución de actor civil, como presupuesto para que sea exigible el ofrecimiento de la reparación del daño en la medida de lo posible no tiene por objeto, concre-tamente, la extinción de la acción penal derivada del delito que se le atribuye al imputado, sino que se trata del ejercicio de la facultad del legislador provincial de regular el principio de oportunidad, entendido, según fuera citado en el pre-cedente Sosa Morán, como “… la atribución que tienen los órganos encargados de la promoción de la persecución penal,  fundada en razones de política crimi-nal , de … suspender provisionalmente la acción iniciada, … aún cuando con-curran las condiciones ordinarias para “perseguir y castigar” (Cafferata Nores, “Cuestiones actuales sobre el proceso penal”, 2º edición actualizada. Editores del Puerto, pag. 38).
  Es cierto que la regulación del ofrecimiento de reparar el daño im-plica una condición, como lo afirma la Suprema Corte en el fallo “Molina” cita-do, pero se trata de una condición para el otorgamiento de la suspensión del jui-cio a prueba y no para el nacimiento o extinción de la acción que origina el pro-ceso en el que se desarrolla el caso.
  Efectivamente, los autores de reconocida trayectoria doctrinaria que cita el fallo de referencia y en los que se basa la Suprema Corte de Justicia para arribar a la conclusión precedentemente citada -Casos “Molina” y “Vilchez”-, afirman que el artículo 76 ter cuarto párrafo del Código Penal prescribe una cau-sal de extinción de la acción penal, “…si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cum-ple con las reglas de conducta…”, pero están haciendo referencia a la previsión que contiene la norma si se cumple la condición y no a la regulación de la condi-ción.
  Es que el artículo 76 ter cuarto párrafo del Código Penal regula cla-ramente que si se cumplen las condiciones allí previstas “… se extinguirá la ac-ción”, aspecto en el que no incursiona nuestro Código Procesal Penal.-
  Consecuentemente, si la regulación del requisito relacionado con el ofrecimiento de reparar un daño  es una condición para el otorgamiento de la suspensión del procedimiento a prueba (art. 30 del C.P.P.), y si, como lo ha di-cho la Suprema Corte de Justicia en el precedente Sosa Morán, la legislatura provincial tiene facultades para establecer el modo de realización o aplicación del derecho de fondo a través del principio de oportunidad,  aparece como plau-sible que aquélla condición se encuentra dentro de estas facultades que legíti-mamente puede establecer el Código Procesal Penal.
  Corresponde también rebatir el argumento que esgrime nuestro Su-perior Tribunal Provincial en la causa nº 91.297, “F. c/ Vilchez Segura, Oscar Ruben por Estafa s/ Casación” –de fecha 22/5/08-, cuando afirmó que: “El ofre-cimiento de reparación del daño por parte del imputado al momento de solicitar la suspensión, no puede ser obviado por la legislación provincial, desde que la atenta lectura del cuarto párrafo del artículo 76 ter del C.P., indica que la repa-ración del daño en la medida de lo posible, el cumplimiento de las reglas de conducta imputadas y la no comisión de un delito durante el tiempo de suspen-sión fijado por el tribunal, conduce a la extinción de la acción penal”.
  Entiendo que todos los casos del principio de oportunidad, legíti-mamente establecido por el Código Procesal Penal, según la opinión mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia que, reiteramos, aquí se comparte, llevan nece-sariamente a la extinción de la acción penal, pero ello no indica que se trate de un supuesto de regulación del derecho de fondo, situación que si impediría el apartamiento de la legislación del artículo 76  bis y sgtes. del C.P..
  Concretamente,  la regulación del principio de oportunidad de los incisos 1º y 2º del artículo 26 del C.P.P.,  lleva a la extinción de la acción penal, pero por el transcurso del tiempo -prescripción de la acción penal- debido a la suspensión de la acción por el plazo previsto por ese instituto, sin que ello per-mita afirmar que se avanza sobre el derecho sustantivo.
  En otras palabras, todos los casos de aplicación del principio de oportunidad –entre los que se encuentra la Suspensión del Procedimiento a Prueba-, llevan a la extinción de la acción, pero como una consecuencia inexo-rable del paso del tiempo y por aplicación de un instituto de derecho sustancial –prescripción de la acción penal-, es decir, sin que exista una regulación de dere-cho procesal que cree una causal de extinción de la acción.
  Aparece como oportuno trascribir la opinión de la Procuración Ge-neral de la Suprema Corte de Justicia al dictaminar en la causa “Molina” arriba citada,  en donde también se afirma que el requisito del ofrecimiento de la repa-ración del daño es una cuestión procesal y por tanto legítimamente regulada en el artículo 30 del C.P.P.. Allí se afirmó en lo sustancial que: “…En suma: no aparece oposición sustancial a la ley nacional sino complementación o regla-mentación de su vigencia. Además el presupuesto provincial adquiere pleno sentido cuando se considera –a tenor del texto de la ley- que el ofrecimiento de reparación del daño se relaciona directamente a la responsabilidad civil del imputado y la presencia en el proceso penal de una víctima damnificada por el delito. A propósito, se dice que la mención a parte damnificada que formula la ley nacional es en sentido técnico procesal, es decir como “sujeto eventual (cu-ya) ausencia no invalida el acto procesal pertinente… ya que no integra el elen-co de los elementos subjetivos indispensables” (en : la Ley, Tomo D, 1.995, pag. 531). Ello “implica que para operar el presupuesto de la reparación del daño es menester la previa constitución como actor civil por parte del daminificado, es decir la incorporación de la cuestión civil en el proceso penal… Si no mediara la constitución de actor civil no sería necesario el ofrecimiento de la reparación del daño” (EDWARDS, Carlos. “La probation en el Código Penal Argentino. Córdoba, marcos Lerner, 1994. Pag. 55/56). Entonces la condición impuesta por la ley provincial no sólo responde al ejercicio de las facultades constitucio-nales reservadas al legislador local sino que respeta el sentido o espíritu mismo del instituto en juego”.
  Por último corresponde  también aclarar que no desconozco que el precedente citado (“Sosa Morán”) se refiere concretamente al artículo 26 del C.P.P  y no al 30 que es objeto aquí de análisis, pero es que su aplicación al su-puesto de la suspensión del procedimiento a prueba aparece como palmario, en la medida que este instituto es un caso de principio de oportunidad que regula la norma en cuestión.
  Considerando entonces que se han acompañado argumentos nuevos que rebaten los expuestos por la Suprema Corte de Justicia en las causas Molina y Vilches citadas, donde concretamente se trata el tema del ofrecimiento de la reparación del daño y la posibilidad que tiene la provincia de modificar los tér-minos originales previstos en la legislación de fondo (arts. 76 bis, ter y quáter del C.P.), entendiendo que estoy en condiciones de apartarme de sus postulados, propinando la validez constitucional del requisito previsto en el segundo párrafo, primera parte del artículo 30 del C.P.P. y consecuentemente su necesaria aplica-ción al caso traído a análisis.
  Corresponde en consecuencia revocar la resolución de fs. 184/5 en tanto se aparta de los postulados aquí afirmados, haciendo lugar al recurso inter-puesto.
  Teniendo en cuenta la solución a la que se arriba con motivo del análisis del agravio relacionado con la aplicación del artículo 30 del C.P.P., de-viene abstracto el estudio del resto de cuestionamientos ejercidos por la defensa, en tanto todas tienen miras la revocación de la resolución apelada. Así voto.
  
  B) Que el vocal Luis Correa Llano dijo: adhiero a los argumentos vertidos por el magistrado preopinante. Así voto.

  C) Que el vocal Julio Alberto Carrizo dijo: adhiero a los argu-mentos vertidos por el magistrado preopinante. Así voto.

  Por las consideraciones expuestas, el Tribunal,
 
  RESUELVE:


I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Décimo Cuarta Defensoría de Pobres y Ausentes y en consecuencia, revo-car el auto del Tercer Juzgado de Garantías obrante a fs. 184/185.-
II) Remitir las actuaciones al Tercer Juzgado de Garantías a fin que se pronuncie siguiendo los lineamientos de la presente resolución. 
 COPIESE REGISTRESE. NOTIFIQUESE Y BAJEN.-