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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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Comentario reflexivo

 

Una de las motivaciones para con-formar el Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, fue el de crear un espacio, amplio y plural de investigación, intercambio, reflexión y trabajo en Derecho penal constitucional, penal, procesal constitucional y procesal penal, con la amplitud propia de una sociedad democrática y pluralista como la nuestra y así se lo plasmó en el Estatuto.

No podíamos hacerlo de otra forma, ya que no nos unió una posición doctrinaria, ideológica, estratégica o táctica, por el contrario fue precisamente la diversidad. De orígenes, de opiniones, de actividades. Pero la argamasa era el respeto, la tolerancia, la búsqueda.

Efectivamente, la búsqueda. De lo que es correcto, de lo que es mejor, de lo que es oportuno. Pero nuestra aspiración no se agotaba simplemente en esa búsqueda, sino que pretendíamos el logro del mejoramiento social. Es decir, motivar, promover, contribuir y/o ser partícipes de la construcción de ese mejoramiento social.

En tal sentido, una de las actividades necesarias en nuestro medio y comprensiva de aquel objetivo, esta relacionada con el comentario reflexivo de las resoluciones judiciales. Que debe extenderse a las Leyes, Decretos y Acordadas.

No queremos decir que hoy no existen opiniones sobre tales decisiones o sus argumentaciones, por el contrario sabemos que diariamente se dan, sino que ellas suelen ser informales y entonces se desperdician o pierden su riqueza; o en otros casos se espera instrumentarlas en artículos académicos que resultan a veces difíciles de concretar, cuyas formalidades implican una actividad reservada a grupos reducidos y un tiempo que la vida moderna no espera. Finalmente, su publicación con fines de antecedentes también conspira con la publicidad amplia y gratuita. Si bien estos artículos académicos son necesarios, los promovemos y también publicaremos en esta página; estimamos que también el comentario reflexivo es imprescindible, una herramienta útil, tanto para conocer nuestra realidad, como para comprenderla y poder mejorarla.

Por otra parte, el comentario reflexivo, sobre las decisiones judiciales será una contribución más al control del funcionamiento de la justicia.

En esta dirección vale la pena recordar a Luigi Ferrajoli cuando dice "..., la principal garantía de control sobre el funcionamiento de la justicia es la que he llamado responsabilidad social, que se expresa en la más amplia sujeción de las resoluciones judiciales a la crítica de la opinión pública". 

“Este control, expresado de forma general por la «prensa» y en particular por la «vigilancia por parte de juristas libres», fue señalado por Francesco Carrara como un factor esencial de responsabilización democrática y a la vez de educación del juez en un hábito de independencia: «la curia y la prensa libres», afirmó contra la costumbre de acatamiento de la jurisprudencia dominante también entonces en el mundo de los juristas, «al vigilar o al aplaudir, con conocimiento de causa, la obra de los jueces, aumentan la fuerza de éstos y su independencia del poder ejecutivo».  La bondad de la administración de la justicia, había escrito John Stuart Mill, «está en razón compuesta del valor moral de los jueces y del peso de la opinión pública que influye sobre ellos y puede residenciarlos». Y antes aún Bentham había encontrado en el control de la «opinión pública» y en la sustitución de las «miradas del soberano» por las del «público» el principal factor de probidad, de responsabilidad y de independencia de los jueces. La crítica pública de las actividades judiciales –no la genérica de los males de la justicia, sino la argumentada y documentada dirigida a los jueces en particular y a sus concretas resoluciones- expresa, en efecto, el punto de vista de los ciudadanos, externo al orden judicial y legitimado por el hecho de que su fuerza no se basa en el poder sino únicamente en la razón; y es tanto más eficaz si proviene también de otros magistrados, por la ruptura que provoca de la solidaridad corporativa y de las apariencias técnico-jurídicas que envuelven siempre las decisiones. Es por esta vía, mucho mejor que a través de las sanciones jurídicas o políticas, como se ejerce el control popular sobre la justicia, se rompe la separación de la función judicial, se emancipan los jueces de los vínculos políticos, burocráticos y corporativos, se deslegitiman los malos magistrados y la mala jurisprudencia y se elabora y se da continuamente nuevo fundamento a la deontología judicial” (“Derecho y razónTeoría del garantismo penal”, Ed. Trotta, Séptima edición 2.005, Madrid, págs. 601/602.

Resulta obvio (como destaca el referido autor) que presupuestos necesarios de este accionar son: la democracia, la motivación de las resoluciones judiciales, la publicidad  del proceso, la personalización de las funciones y la libertad crítica.

Con relación a esta última condición, cada autor de un comentario será el responsable exclusivo del mismo. Debe aclararse que el Instituto no es un censor previo, ni responsable de aquellas opiniones personales. Sólo le aplicará las reglas del foro que le resulten compatibles.

Si bien, podríamos extendernos sobre cada punto expuesto, o incorporar otros, no es nuestra intención la de agotar este tema, sino sólo exponerlo para su conocimiento y en definitiva comenzar a practicar la elaboración de artículos ágiles, directos y sustanciosos.

Pues, como enseñaba Aristóteles, las cosas que en la vida se deben hacer, sólo se aprenden practicándolas. (Ética a Nicómano).