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APELACIÓN - NARVAEZ ROSALES - Prisión preventiva - Monto de la caución

Expte  4078 – F. c/NARVAEZ ROSALES, Daniela Romina y SOSA SEPULVEDA, Analía Elizabeth p/Robo Agravado por el Uso de Arma Blanca”

 

Mendoza, 8 de octubre de 2.008.-

 

Y VISTOS:

Estos autos arriba intitulados, llamados al acuerdo precedentemente y,

CONSIDERANDO:

I.‑        Que vienen a estudio los presentes obrados, en grado de apelación, a raíz del recurso interpuesto por la Defensa Técnica de las imputadas Daniela Romina NARVAEZ ROSALES y Analía Elizabeth SOSA SEPULVEDA contra el auto de fs. 147/151, por el Recupero de la Libertad en cuanto aplica una caución real de Pesos Diez Mil a cada imputada que interpusiera a fs. 173/174 e informa a fs. 186/189, solicitando “…se revoque la caución real impuesta a mis mandantes, atento a la imposiblidad de estas de afrontar la misma para lograr su recupero de la libertad y en consecuencia, se transforme a la misma en CAUCION JURATORIA, o en aquella que V.E. se la más adecuada conforme al hecho investigado” (conf. fs. 189).-

                                   II.‑        Desde ya, cabe adelantar, que el recurso sub‑examen no puede prosperar.-

                                   1.-       Aclaración previa.

                                   El suscripto no comparte el criterio sustentado por la Sra. Jueza a quo en su resolución de fs. 147/151 (si bien es el promovido y militado ideológicamente desde un sector importante de la doctrina por fuera del sistema jurídico-normativo-democrático vigente en la República Argentina), en cuanto se refiere a que “Las limitaciones legales contenidas en la normativa procesal (art. 293 del C.P.P. de Mendoza) sólo deben constituir para el magistrado criterios orientativos a los fines de establecer si el encausado, en caso de encontrarse en libertad durante el trámite del proceso, se someterá a éste y no entorpecerá el curso de la investigación” (conf. fs. 150).-

                                   Este Tribunal tiene dicho en diversos pronunciamiento que los jueces están obligados a interpretar jurídicamente a la Ley (es decir del Ordenamiento jurídico vigente).-

                                   Debemos tener presente para ello en primer lugar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sintetizó en un fallo el ABC de la interpretación en nuestro Ordenamiento Jurídico: La primera regla de la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la INTENCIÓN del legislador … La primera fuente para determinar la voluntad del legislador es LA LETRA DE LA LEYLOS JUECES NO DEBEN SUSTITUIR AL LEGISLADOR, sino aplicar la norma tal como éste la concibió” (Fallos: 315:791) (los destacados me pertenecen).-

                                   Criterio que esencialmente no ha variado con su actual integración. In re “ACOSTA, Alejandro Esteban s/Infracción art. 14, 1° párrafo ley 23.737 causa N° 28/05” expresa: “Que para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1849; 327:769)”.-

                                   Entonces, en nuestro sistema jurídico, a diferencia de  los europeos y otros sistemas asimilados, los jueces:

                                   a)        tienen el poder de impedir la aplicación de una norma por la vía del control de constitucionalidad difuso (del que carecen los jueces europeos). En consecuencia se exige como presupuesto: la obligación de los jueces de aplicar la Ley, es decir, el Ordenamiento Jurídico  vigente (en nuestro caso provincial, expresamente establecido en los arts. 148 y 149 de la Const. de Mendoza). Ello es así, debido a que son los garantes del sistema jurídico-institucional. Porque si el juez no está obligado a aplicar la Ley y puede sustituir la voluntad del constituyente (la Constitución) y/o la voluntad del legislador (la ley) por la voluntad del juez-interprete (auto o sentencia), desaparece de nuestro sistema el control de constitucionalidad, el ordenamiento jurídico, la supremacía y la seguridad jurídica, porque en cada decisión, cada juez, establecería la norma.-

                                   b)        tienen la OBLIGACIÓN de interpretar el Ordenamiento Jurídico. Entendiendo que la Constitución es una norma.  Desde 1853 los contenidos (jurídicos) de la Constitución Argentina pueden hacerse valer ante los Tribunales. Cuestión que los europeos vienen reconociendo o estableciendo, principalmente, luego de la segunda guerra mundial.-

                                   En tal sentido, las expresiones formuladas por el primer comentarista de la Constitución Nacional, Domingo Faustino SARMIENTO, quien ya en 1853 en su libro “Comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina”, son esclarecedoras, cuando dice: “Así la Constitución argentina ha establecido en los tribunales de justicia un poder superior a todos los otros poderes, en cuanto ellos son en definitiva los intérpretes de la Constitución, y por tanto los jueces que han de resolver todas las cuestiones de derecho y de hecho que del ejercicio de aquéllas emanan; y éste es un punto capital para que lo dejemos pasar inapercibido” (incorporada a la colección “El pensamiento político hispanoamericano”, Tomo 6, editorial Depalma, Buenos Aires, 1964, pág. 410).-

                                   c)        tienen la obligación de interpretar las normas, en forma sistemática y armónica según el Ordenamiento Jurídico, incluso más, tienen el deber de extremar la interpretación. Así a dicho, el Magno Tribunal que: es DEBER de esta Corte AGOTAR todas las interpretaciones posibles de una norma antes de concluir con su inconstitucionalidad. Sabido es que la inconstitucionalidad es un remedio extremo, que sólo puede operar cuando no resta posibilidad interpretativa alguna de compatibilizar la ley con la Constitución Nacional y los tratados internacionales que forman parte de ella, dado que siempre importa desconocer un acto de poder de inmediata procedencia de la soberanía popular, cuya canalización no puede ser republicanamente saludable” (in re “LLERENA”) (el destacado me pertenece).-

                                   El Derecho, como Ordenamiento Jurídico es un sistema de tutela jurídica que debe comprender los diversos derechos, garantías e intereses. Que en el Preámbulo de la constitución se establecen como fines del Sistema Jurídico Argentino, afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Entonces, el legislador debe buscar una solución armónica, un equilibrio desde el punto de vista político que signifique la correcta interpretación de las normas constitucionales en las leyes que sancione. Mientras que los jueces deben interpretar el Ordenamiento Jurídico y las leyes, manteniendo aquel equilibrio y armonía que manda la Constitución. “Esta conciliación ha de buscarse en cada una de las instituciones procesales. Ni debe avasallarse el interés individual por desprecio de la situación y del derecho esencial del imputado, ni el proceso puede convertirse en fuente de recursos capaces de enervar el ejercicio del poder del Estado” (VELEZ MARICONDE, Alfredo; “Derecho Procesal Penal”, T°, ed. Marcos Lerner, Pág. 128).-

                                   Esta es justamente el contenido garantista de la obligación política a la que se vinculan jueces y funcionarios con el juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes prestado en la toma de posesión de sus cargos:….” (FERRAJOLI, Luigi; “DERECHO Y RAZÓN. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta., Séptima Edición, Madrid, 2005, pág. 925). En nuestro caso, según las previsiones del art. 157 de la Constitución de Mendoza.-

                                   A mayor abundamiento “Los jueces penales, en particular, no son libres de orientarse en la decisiones según sus personales convicciones morales, sino que, por el contrario, deben someterse a las leyes aun cuando pudieran hallarse en contraste con tales convicciones. … … la estricta legalidad, como se ha visto con amplitud en este libro, exige moral y políticamente de los jueces que juzguen sólo jurídicamente, y no también moral y políticamente,… …por la otra parte, la obligación jurídica, antes aun que política, vale para el juez sólo en relación con las leyes válidas además de vigentes: es decir, únicamente respecto de los parámetros constitucionales conforme a los cuales se encuentra habilitado para valorarlas, dentro de espacios igualmente inevitables de autonomía moral y de responsabilidad política” (FERRAJOLI, Luigi; “DERECO Y RAZÓN. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta., Séptima Edición, Madrid, 2005, pág. 925/926).-

                                   En definitiva, ello “…quiere significar que, por encima de la ley con minúscula está siempre la Ley con mayúscula (la Constitución)” (ALVARADO VELLOSO, Adolfo; “Garantismo procesal versus prueba judicial oficiosa”, Ed. Juris, Rosario, 2006, pág. 295)

                                   Siguiendo esa línea de razonamiento debemos analizar la cuestión relacionada con la intensidad del control, es decir, ¿Cuánto puede auscultar un juez?. La Corte suprema ha dicho que a la justicia no le compete verificar el acierto o la desventaja de una norma, o entrar a meritar su bondad o procedencia (“Topino”, Fallos, 261:409); ello significaría ingresar en un territorio sometido al arbitrio discrecional del legislador, es decir, inmiscuirse en una competencia reservada para éste, como es adoptar una política legislativa (“De Martínez”, Fallos, 290245). De lo contrario, se produciría una inaceptable tutela de la judicatura sobre los otros poderes del Estado (“Bustos Núñez”, Fallos, 240:223) (Néstor Pedro SAGÜÉS, “Elementos de derecho constitucional”, T° 2, 3ª edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Bs.As., 2001, pág. 884).-

                                   En nuestro caso, está expresamente previsto y con sanción, en el art. 12 de la Constitución de Mendoza que dispone “El gobierno de la provincia será dividido en tres poderes distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de éstos poderes podrá arrogarse, bajo pena de nulidad, facultades que no le estén deferidas por esta Constitución, ni delegar las que le correspondan” (el destacado me pertenece)

                                   En cuanto al tema que nos convoca, tenemos dicho con relación a la prisión preventiva en los autos Nº 3.849 (P-19.812/07/3) - "Control Jurisdiccional del Expte.: n° P-103.615/06 de la Unidad Fiscal de Guaymallén s/Apelación" y su acumulada, Nº 3.854 (P-103.615/06) - "F.c/TALQUENCA LEMOS, Roberto Daniel y TEJADA MARZOLA, Diego David p/Robo Agravado por el Uso de Arma de fuego s/Apelación", en una posición jurídica y conteste con los arts. 148 y 149 de la Constitución de Mendoza, que:

                                   El principio de la libertad y por ello el de la libertad durante el proceso nace de la Constitución Nacional y de la Constitución de Mendoza. En consecuencia, no es ninguna novedad procesal. Mientras que la reglamentación de la libertad y de la prisión preventiva, es consecuencia de la facultad que nace de los arts. 14, 19 y 28 de la Constitución Nacional y sus equivalentes de la Constitución de Mendoza, impone que debe ser por ley en sentido formal, que debe respetar el principio de inalterabilidad (art. 28 de la C.N.). Es decir que, esa ley formal debe ser constitucional en el sentido material de la norma, lo cual se controla con el test de razonabilidad.-

                                   Por ello, aplicando el principio lógico-jurídico de regla y excepción a la Prisión Preventiva, y como resultado de una interpretación sistemática, armónica y axiológica del Ordenamiento Jurídico y del C.P.P. como parte de él, nos da que la REGLA de la Prisión Preventiva está dispuesta en el art. 293 del C.P.P. y la EXCEPCIÓN a los tipos procesales previstos en aquella norma, la estableció el legislador en el párrafo segundo del art. 281 del mismo cuerpo procesal, cuando expresamente dispone que  El imputado tendrá siempre derecho a REQUERIR que el Juez EXAMINE SU SITUACIÓN al amparo de esta regla, aún en los casos previstos por los incisos 1) y 2) del artículo 293.”. La regla referida, está contenida en párrafo primero que dice “La RESTRICCIÓN a la libertad sólo se impondrá en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley”.-

                                   Entonces, para la interpretación sistemática y armónica, debemos partir del art. 280 del C.P.P. que dispone: Con las LIMITACIONES DISPUESTAS POR ESTE CÓDIGO, toda persona a quien se le atribuya la participación de un delito permanecerá en libertad durante el proceso, es evidente, que el imputado permanecerá en libertad durante el proceso, con las limitaciones dispuestas por el código.-

                                   El legislador dispuso estas LIMITACIONES en la REGLA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA que estableció en el art. 293 del C.P.P.cuando dice:

             SIEMPRE que existieren elementos de convicción suficiente para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, después de efectuada su imputación, bajo pena de nulidad, el Juez de Garantías DISPONDRÁ su prisión preventiva:

            1) Si se tratare de delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad y no aparezca procedente, prima facie, la condena de ejecución condicional (C.P. artículo 26).

            2) …

                                   Entonces, parafraseando al maestro Ricardo NUÑEZ, podemos alegar: salvo que renunciemos a creer que las palabras tienen algún sentido, es clara la inteligencia de la norma, y cuando expresa SIEMPRE … DISPONDRÁ SU PRISIÓN PREVENTIVA, cuando los delitos tienen una pena que no permita la condena condicional, no puede otorgársele la calidad de criterio orientativo, cuando del inciso primero del  art. 293 del C.P.P. se trata. -

                                   A mayor abundamiento, no debemos olvidar que Efraín QUEVEDO MENDOZA, desde una postura estrictamente jurídica sostiene que, los códigos procesales no consagran, en esta materia, presunciones de ninguna naturaleza, sino simples mandatos legales, condicionados, como todos, en su aplicación, a la realización de determinadas circunstancias, fácticas y jurídicas realizadas por el legislador. No existen presunciones legales de fuga, ni de inconducta procesal, sino simplemente un mandato de índole ritual, de privación –provisoria- de libertad, que, en determinadas hipótesis, eleva el interés público en la investigación y castigo de los delitos por sobre el interés particular –y social- en mantener la libertad hasta que una sentencia declare la responsabilidad penal. (“Libertad provisoria y presunciones”, Suplemento de Jurisprudencia Penal y Procesal, L.L., 2.004).-

                                   A esa REGLA de la Prisión Preventiva resulta evidente que, el art. 281 del C.P.P. funciona como una excepción  (aún), a la regla de la prisión preventiva del art. 293 del C.P.P. (siempre), porque el derecho del imputado es el de requerirle al Juez que EXAMINE SU SITUACIÓN.-

                                   Esta excepción opera como un control de razonabilidad de la regla, aplicada al caso concreto y está prevista por el legislador. Es la que permite afirmar sin hesitación que el art. 293 del C.P.P. es constitucional, aún en su actual redacción y se encuentra dentro de los standares que habilita tanto la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 7 y 8), como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts.  9 y 14).-

                                   Es decir, que en la especie, la PRISIÓN PREVENTIVA está establecida por el legislador como REGLA cuando: SIEMPRE que existieren elementos de convicción suficiente para sostener como probable la participación punible de las imputas en el hecho investigado y después de efectuada su imputación, el Juez de Garantías DISPONDRÁ SU PRISIÓN PREVENTIVA, 1°) cuando la condena condicional no aparezca procedente (art. 293 del C.P.P.).-

                                   Mientras que la EXCEPCIÓN a esa prisión preventiva cuando no es procedente la condena de ejecución condicional, es la instituida por el propio legislador como control jurisdiccional de razonabilidad, que dispone: AÚN en los casos de los incisos 1) y 2)  del art. 293 se PUEDE EXAMINAR (a pedido del imputado o de oficio) la SITUACION (del caso concreto) para determinar si la restricción de la libertad es absolutamente indispensable para asegurar los fines del proceso (asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley)

                                   En definitiva, la operación lógica-jurídica consiste en analizar el caso objetivamente, según la REGLA de la prisión preventiva del art. 293 del C.P.P. y si encuadrando en el inc. 1°, el Juez debe disponerla. SÓLO cuando las circunstancias del caso concreto, por el examen de la situación a la luz del párrafo primero del art. 281 del C.P.P., está permitido que fundadamente pueda apartarse de la REGLA establecida por el legislador en el art. 293 del C.P.P., por EXCEPCIÓN, argumentando (motivadamente) las razones que objetiva y subjetivamente sobre la situación del imputado, llevan a concluir por qué en la especie: NO existe peligro procesal.-

                                   Pero no puede razonarse en el sentido inverso al establecido en la ley, porque el Código Procesal Penal no lo habilita.-

                                   Es decir, que la diferencia jurídica-práctica esencial entre el criterio de la Sra. Jueza a quo y lo sustentado por el suscripto está dado por el carácter y dirección de los fundamentos. Mientras que para la Sra. Jueza de Garantías debe probarse siempre el peligro procesal para mantener o disponer la prisión preventiva, nosotros sustentamos que jurídicamente y según la voluntad democrática derivada del Ordenamiento Jurídico (Constitución Nacional, Constitución de Mendoza y C.P.P.), cuando, como en el caso de autos existen elementos de convicción suficiente para sostener como probable la participación punible de las imputadas en el hecho penal investigado y calificado como Robo Agravado por el Uso de Arma, previsto en el art. 166 inc. 2° párrafo primero del C.P., que dispone una pena mínima de prisión de cinco años, y encuadra el hecho penal investigado en el supuesto del tipo procesal previsto en el inc. 1° del art. 293 del C.P.P., en consecuencia los fundamentos no deben dirigirse a probar que existe peligro procesal, sino que en el caso debe fundadamente establecerse por qué en la situación jurídica objetiva y subjetivamente de las imputadas NO EXISTE PELIGRO PROCESAL para otorgarles el recupero de la libertad.-

                                   Y según estimo, en el sub examine, la valoración de los elementos de prueba recolectados en los primeros momentos acreditan que las circunstancias de tiempo, lugar y modo, del hecho procesal investigado, que aconteció en la madrugada, en lugar desolado, con un grado de violencia con los golpes innecesarios a la víctima, como con una intensidad en el uso del arma blanca, sevillana, que ambas circunstancias produjeron lesiones a la víctima que se encuentran certificadas, lo que hace prever que la pena a imponerles no puede ser el mínimo de cinco años que tiene previsto el art. 166 inc. 2 primer párrafo del C.P., y por lo tanto estimo que en la especie no correspondería el recupero de la libertad.-

                                   Sin perjuicio de ello, el art. 462 del C.P.P. le otorga la competencia del Tribunal circunscripta a los puntos de la resolución a los que se refieran los agravios (primer párrafo) y no pudiendo modificarse el beneficio otorgado (según prevé el párrafo tercero de la mencionada manda legal), corresponde avocarse sólo a analizar el motivo expreso de la queja de la Defensa Técnica de las imputadas.-

                                   Solución del caso.

                                   El art. 300 del C.P.P. dispone que: “Se impondrá al imputado una caución juratoria, personal o real, con el objeto de asegurar que cumplirá con sus obligaciones”.-

                                   Por su parte el art. 301 del C.P.P. dice que: “Para determinar la calidad y cantidad de la caución se tendrá en cuenta la naturaleza del delito, el daño que hubiere ocasionado, y la condición económica, personalidad moral y antecedentes del imputado”.-

                                   Entonces, partiendo de la decisión adoptada por la Sra. Jueza de Garantías a fs. 147/151 que otorga el recupero de la libertad, las medidas cautelares que dispuso deben merituarse como dirigidas a la finalidad de neutralizar la peligrosidad procesal. Es decir, que estén concebidas frente a la probabilidad de que “1) el imputado actúe sobre la prueba obstaculizando el descubrimiento de la verdad; 2) o bien que se ponga en rebeldía sin someterse al proceso, impidiendo su completa realización; 3) o luego de sentenciado, fugue sin someterse al cumplimiento de la pena” (CAFFERATA NORES, José I., MONTERO (H), Jorge R.; “El imputado -  Estudios”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2004, pág. 85).-

                                   En consecuencia para la determinación de la caución, “La fijación del tipo y cantidad de caución deberá realizarse de modo tal que sea eficaz para lograr aquellos fines, vale decir, que constituya un dilusivo eficaz para la infracción de la obligaciones impuestas y un incentivo grave para cumplirlas” (CAFFERATA NORES, José I. – TARDITTI, Aída, “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba – Comentado”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, T. 1, pág. 693/694).-

                                   Al respecto, con una interesante nota a este tema, en la pre-referida obra, se dice “…, tampoco apliquemos fianzas insignificantes cuando de delincuencia peligrosa se trate, esforzándonos por valorar cada episodio en su irrepetible singularidad a fin de que el sometido a un proceso tome real conciencia de que no se trata de una situación de mera contingencia temporal, propicia para implementar por la debilidad y rémora de algunos estamentos judiciales –cualquier estratagema de no acatamiento., sino que tenga la más plena convicción de que la Justicia… no es el escenario propicio  para urdir cursos de acción en detrimento de las partes involucradas y, mucho menos, de la misma efigie de aquella, corporizada en la persona del magistrado actuante” (KENT, Jorge, “Libertad caucionada (“Algunas pautas de mensuración”), en L.L., 1995-D, p.1409)” (CAFFERATA NORES, José I. – TARDITTI, Aída, Ob. cit., pág. 694).-

                                   En consecuencia y a pesar de que, normativa, doctrinaria y jurisprudencialmente existe coincidencia en que “La elección del tipo de caución y su monto queda librado al prudente arbitrio judicial, el cual deberá moverse dentro de las pautas que proporciona el artículo” (CAFFERATA NORES, José I. – TARDITTI, Aída, Ob. cit., pág. 694), en el sub lite, siendo una excepción jurisdiccional a la regla del inc. 1° del art. 293 del C.P.P. y por las circunstancias del caso, la caución, en su calidad y cantidad, no puede ser meramente simbólica o insignificante como se pretende, frente a la gravedad del hecho que desde los primeros momentos está probado y con el grado de convicción suficiente que la etapa procesal requiere.-

                                   Por ello, en cuanto a la naturaleza del delito: “La gravedad del delito debe ser tomada en cuenta, ya que, mientras mayor sea la pena conminada por la ley para el hecho imputado, la tentación “de eludir el castigo” será también mayor, por lo que habrá que contrabalancearla con una garantía más fuerte” (CAFFERATA NORES, José I. – TARDITTI, Aída, “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba – Comentado”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, T. 1, pág. 695).-

                                   En tal sentido es importante tener presente que “La forma en que se ha manifestado el hecho es el primer punto de partida para la graduación del ilícito por ser el más evidente. Siempre será decisivo saber cuáles fueron  los medios –más o menos lesivos- que empleó el autor, o si el hecho fue cometido a una hora o en un lugar fuera de loa común. Las circunstancia de tiempo, lugar, modo y ocasión (art. 41 inc. 2 del C.P.), a pesar de lo que sugiere la primera lectura del texto legal, sirven para demostrar no tanto la peligrosidad del autor, sino fundamentalmente la gravedad del ilícito” (ZIFFER, Patricia S., “Lineamientos de la determinación de la pena”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, pág. 130/131).-

                                   Pero cuando las circunstancias constituyen el fundamento del propio tipo penal y teniendo en cuanta la prohibición de doble valoración debemos tener presente que: “En cambio, si es posible –y necesario—tomar en cuenta la intensidad con que esa circunstancia se manifiesta en el hecho. Por ejemplo, sería inadmisible agravar un robo por haberse empleado violencia contra la víctima, pero sí podría considerarse el grado de violencia utilizado” (ZIFFER, Patricia S., Ob. cit., pág. 131).-

                                    Asimismo, “Las circunstancias de tiempo, lugar y modo previstas especialmente en los tipos penales permiten reconocer ciertas valoraciones del ordenamiento jurídico, a partir de las cuales es posible orientarse en casos en que existen supuestos similares” (ZIFFER, Patricia S., Ob. cit., pág. 131).-

                                   En el caso sub examine, tenemos que, las imputadas interceptaron a Claudia Beatriz GUTIERREZ en “un lugar muy desolado” (conf. declaración de Isabel JUARES a fs. 52), le aplicaron diversos golpes y caída la víctima “las otras dos de apariencia joven la golpeaban con golpes de pies” (ver declaración de Gladys FLORES a fs. 53), durante el hecho una de las imputadas “saca una especie de punta y me dice que le de la campera, me tira un puntazo y me produce un corte en la mano derecha, yo logro sacarme la campera y se la doy, luego de ello la chica de contextura rellena me agarra de los pelos, me siguen pegando y yo caigo al piso” (declaración de la víctima a fs. 2). Las diversas lesiones sufridas por la víctima fueron certificadas luego del examen del Cuerpo Médico Forense (fs. 104) en cuyo informe se estima un tiempo probable de curación de 10 a 15 días. Auxiliada la víctima por las testigos mencionadas, quienes observaron a las agresoras subir al taxi aditamento 325, dan aviso al 911, mientras simultáneamente, el chofer de dicho transporte ante la actitud sospechosa de las pasajeras advierte a los funcionarios del móvil policial, quienes al actuar minutos después encuentran los elementos sustraídos a la víctima y una sevillana.-

                                   En consecuencia, los argumentos de la defensa se estrellan ante la realidad que acredita la gravedad del hecho penal investigado, por la intensidad en el uso del arma blanca y grado de violencia utilizado al golpear a la víctima.-

                                   Además, la concluyente prueba obrante en autos desde los momentos iniciales resultan inconmovibles ante las meras excusas, pueriles e infundadas de las imputadas a fs. 119 y 121, que devienen en un indicio de mala justificación, sobreabundante a la prueba ya existente.-

                                   En conclusión, la decisión de la Sra. Jueza de Garantías en cuanto a la calidad y cantidad de la caución dispuesta se ajusta en un todo a una correcta valoración de las circunstancias del caso y a las reglas procesales pertinentes y la argumentación de la defensa no enerva a la misma, por lo que en definitiva debe rechazarse la recurrencia.-

                                   Por todo ello, se

                                   RESUELVE:

1.-       RECHAZAR el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Técnica de las imputadas Daniela Romina NARVAEZ ROSALES y Analía Elizabeth SOSA SEPULVEDA a fs. 173/174 e informado a fs. 186/189.-

2.-       REGULAR LOS HONORARIOS de la Dra. Susana AGUILERA en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), y a cargo de sus asistidas (art. 585 del C.P.P.).-

Regístrese, notifíquese y bajen.‑

         

                                                                            Dr. José Virgilio VALERIO

                                                                                   Juez de Cámara