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APELACIÓN - GATICA TOLEDO - Término fatal ordenatorio - Inicio del cómputo de la prórroga

Autos Nº 3971 - "Fiscal c/ GATICA TOLEDO, Diego A. p/Tenencia Ilegal de Arma de Guerra S/ Apelación"

 

Mendoza, 28 de Febrero de 2008

 

                                               Y VISTOS:

                                               Estos autos más arriba intitulados, de los que resulta que a fs. 38, obra imputación formal contra el imputado Gatica Toledo. El acto fue cumplido en fecha 5 de Agosto de 2007. De acuerdo con el artículo 349 del Código Procesal Penal, el diez ad quem para la Investigación Fiscal era el 5 de Noviembre del mismo año.-

                                               Precisamente en esa fecha, según consta a fs. 149/151 el Señor Fiscal de Instrucción formuló requerimiento de citación a juicio.-

                                               A fs. 158/160 vta., el Dr. Lucas Lecour, defensor de los imputados Diego Alejandro y Mauricio Alexander Gatica, e Irma Lidia Toledo, dedujo oposición a la citación a juicio.-

                                               A fs. 163/164, obra auto de la señora Juez de Garantías, de fecha 22 de Noviembre de 2007, mediante el cual la misma declara la nulidad del requerimiento de citación a juicio de fs. 149/151, por encontrar que no concurre el requisito de motivación adecuada contenido en el artículo 358 de la ley procesal. En el mismo auto, ordena vuelvan los autos a la Fiscalía de Instrucción a los fines del artículo 357.-

                                               A fs. 166 el Fiscal de Instrucción solicita prórroga. Se funda en que el requerimiento primigenio fue emitido temporáneamente. Agrega que el requerimiento fue nulidificado, y en razón de haber personas detenidas, el plazo es perentorio y fatal. Por esa razón solicita la prórroga.-

                                               A fs. 167, en auto que lleva fecha 3 de Diciembre de 2007, la señora Juez de Garantías acuerda la prórroga solicitada, por el término de un mes, contado a partir del vencimiento de los tres primeros meses de la investigación. Es decir que el vencimiento de la prórroga acordada se operaba el 5 de Diciembre de 2007.-

                                               Pero he aquí que según consta de la notificación practicada a fs. 168 vta., la resolución de fs. 167 le fue notificada al Fiscal de Instrucción el 10 de Diciembre de 2007, es decir, cinco días después de su vencimiento.-

                                               A fs. 173/174 el Señor Fiscal de Instrucción interpone recurso de reposición y apelación en subsidio. Su pretensión recursiva es que se le otorgue un plazo de prórroga prudencial para poder practicar nuevamente requerimiento de citación a juicio dentro del término previsto en el artículo 349 del Código Procesal Penal, incluidas las prórrogas que al respecto se otorguen. Alega que el expediente le ha sido retornado encontrándose ya vencida la prórroga que le fuera acordada a fs. 167.-

                                               A fs. 175 y vta., la señora Juez de Garantías rechaza el recurso de reposición, teniendo por interpuesto el de apelación en subsidio. Se funda, entre otras consideraciones, en la necesidad de que las causas criminales sean resueltas dentro de un plazo razonable, conforme a la garantía constitucional que así lo dispone. Sin embargo, no se ocupa del argumento del recurrente, en el sentido de que al retornársele el expediente con el plazo ya vencido, no ha tenido posibilidad fáctica de realizar el requerimiento.-

                                               Venidos los autos al Tribunal, y tramitado el recurso de apelación, el Señor Fiscal de Cámara, a fs. 182, mantiene el recurso, sosteniendo en definitiva los argumentos de su Inferior.-

                                               CONSIDERANDO:

                                               Estimo que le asiste razón al apelante en cuanto a las circunstancias fácticas que invoca y según su interpretación del derecho en cuestión.-

                                               El plazo originario para formular requerimiento de citación a juicio vencía el 5 de Noviembre de 2007. A fs. 167 se le concedió prórroga por el término de un mes. El plazo ampliado por la prórroga concedida a fs. 167, vencía entonces el 5 de Diciembre.-

                                               Demostrado que está, según constancia de fs. 168, que la resolución de fs. 167 le fue notificada al Fiscal de Instrucción el 10 de Diciembre de 2007, es decir, cinco días después de su vencimiento, es indudable que no tuvo posibilidad real de elaborar su requerimiento dentro del término ampliado establecido, como así también que ello fue completamente ajeno a su voluntad.-

                                               Hay algo contradictorio en la manera en que la a quo ha resuelto el caso. Por una parte, concede la prórroga. Pero por la otra, niega efecto alguno a la circunstancia de que la concesión le haya sido notificada al interesado después de su vencimiento. No advierte que a los efectos prácticos, ello vale tanto como si la prórroga no hubiese sido concedida.-

                                               Con ello, se viola el principio lógico de no contradicción.-

                                               Digo, no advierte la a quo, porque en el último párrafo de sus Considerandos expresa <>.-

                                               Se evidencia la confusión entre la situación procesal-fáctica de estar vencida la prórroga en cinco días al tiempo de notificarse el Sr. Fiscal, con la creencia de tener sólo reducido materialmente en cinco días el plazo de la prórroga.-

                                               El proceso penal debe discurrir en forma clara y lógica. O se otorga la prórroga o se la deniega. Pero si se la otorga, no debe ser con los mismos efectos que si se la denegase.-

                                               El otorgamiento de la prórroga es una alternativa que está expresamente contemplada en la ley. Si esto es así –que lo es- una vez concedida, la parte a la que se le otorgó debe tener la oportunidad real y efectiva de cumplir con sus actos procesales dentro de su transcurso. En caso contrario estaríamos asistiendo a una apariencia de otorgamiento de prórroga, lo que no consulta los fines de la ley.-

                                               Los fines de la ley no se satisfacen con apariencias, sino con realidades.-

                                               Por otra parte, se advierten errores en la interpretación de las normas procesales, ya que en nuestro Ordenamiento Jurídico vigente, la interpretación no debe ser aislada o fragmentada.-

                                               Tenemos que <<…, la interpretación aislada se da tanto cuando una norma o instituto se lo interpreta con total separación del Ordenamiento Jurídico, como cuando se lo relaciona con el Ordenamiento Jurídico como un todo, o con partes de el, pero se omite la relación de coherencia entre los componentes del subsistema, en la  especie, el Código Procesal Penal>> (Segunda Cámara del Crimen - Autos Nº 3815 – “F. c/ Nieto Loza, César Darío y ot. p/ Robo Calificado”).-

                                               En consecuencia, no se puede interpretar una norma del Código Procesal Penal, relacionándola con una norma constitucional o con jerarquía constitucional, omitiendo el contexto normativo del cuerpo legal en el que está inserta. De procederse de tal manera se violan las reglas de interpretación, que la C.S.J.N. reiteradamente ha insistido que la primera regla de la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, mientras que la primera fuente para determinar la voluntad del legislador es la letra de la ley y los jueces no deben sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (entre otros puede verse Fallos: 315:791).-

                                               El Código Procesal Penal es el que reglamenta las disposiciones procesales-constitucionales, y mientras no sea inconstitucional debe cumplirse lo dispuesto por el legislador (arts. 148 y 149 de la Const. de Mendoza), aunque ello no sea de nuestra preferencia.-

                                               Por otra parte, no debe confundirse plazo razonable con pronta resolución.-

La propia CIDH ha señalado en el caso “Genie Lacayo” (sent. del 29/1/1997) que el concepto de plazo razonable no resulta de sencilla definición. <> (Daniel E. MALJAR; “El Proceso Penal y las Garantías Constitucionales”, ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2.006, pág. 72).-

<a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (véase entre otros, Eur. Court H.R., “Motta”, 19/2/1991, Serie H, n° 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R. , “Ruiz Mateos v. Spain”, 23/6/1993, Serie A, n° 262, párr. 30)” (“Genie Lacayo”, párr. 77)>> (Daniel E. MALJAR; “El Proceso Penal y las Garantías Constitucionales”, ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2.006, pág. 72).-

<<En consecuencia, la CIDH no precisó cuantitativamente cuál es el “plazo razonable” (en días calendarios, meses o años) de duración de un proceso penal, sino estableció criterios para que, en cada caso concreto, éste pueda ser determinado>> (Daniel E. MALJAR; “El Proceso Penal y las Garantías Constitucionales”, ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2.006, pág. 72) (el destacado, en negrilla y subrayado, me pertenece).-

                                               De lo expresado es fácil advertir que se confunde habitualmente plazo razonable con pronta resolución, ésta última sí tiene una función impulsiva.-

                                               El Sr. Fiscal de Instrucción a fs. 166, al solicitar la prórroga, confunde el término de la Investigación Fiscal previsto por el art. 349 del C.P.P., afirmando que es perentorio y fatal, como se evidencia la confusión en el mismo sentido, por parte de la Sra. Jueza de Garantías en los autos de fs. 167 y 175.-

                                   Esta Cámara, en competencia colegiada, por unanimidad ha dicho que: << No puede dudarse pues que la regla de los términos de la Investigación Fiscal en todos los casos son ordenatorios (aunque en los casos que el imputado se encuentra detenido son también fatales)>> (Expte.: 3891 – “F.c/ GRAMBLICKA, Eduardo p/ Administración Fraudulenta s/Apelación).-

                                   No puede concluirse de otra manera, cuando se realiza una interpretación sistemática y armónica de las normas procesales dentro del Ordenamiento Jurídico Argentino vigente.-

                                   Si el término de la Investigación Fiscal fuera perentorio, jamás podría admitir la Inferior un pedido de prórroga de la Investigación Fiscal una vez vencido el término, porque precisamente la calidad de perentorio acarrea jurídicamente el agotamiento del derecho por el simple transcurso del plazo, produciendo la caducidad de la capacidad para realizarlo y  en consecuencia la invalidez de la prórroga solicitada fuera de término, como de su otorgamiento también fuera de término (sobre las características y consecuencias jurídicas de los términos perentorios confróntese: CAFFERATA NORES, José I. – TARDITTI, Aída, “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba – Comentado”, ed. Mediterránea, 2.003, Córdoba - Argentina, Tomo 1, pág. 430/431).-

                                   Adviértase además que, de ser correcta interpretación de los términos de la Investigación Fiscal como perentorios, desde la perspectiva de la lógica-jurídica ambos magistrados actualmente se encontrarían comprendidos en el art. 196 del C.P.P., lo que además de ser valoratívamente injusto, según nuestro criterio es jurídicamente inadmisible.-

                                   Por lo tanto, la interpretación del plexo normativo procesal no autoriza una interpretación como la expresado por el Sr. Fiscal de Instrucción o la Sra. Juez de Garantías. Tampoco la autorizan los Tratados con jerarquía constitucional, ni puede derivar de la expresión plazo razonable  de dichos tratados, según la propia interpretación de su sentido y aplicación efectuada, tanto por la C.I.D.H. como por la C.E.D.H.-

                                               Ya ha expresado este Tribunal en el pre-referido caso GRAMBLICKA, que de ser perentorios los términos del Fiscal de Instrucción, sería absurdo el art. 168 del C.P.P. También sería absurdo el inc. 5° del art. 353 del C.P.P.-

                                               Podemos agregar en esta oportunidad y a mayor abundamiento, que el art. 196 del C.P.P., también sería absurdo. Porque el Fiscal reemplazante o sustituto, una vez vencido el término perentorio, no podría pedir ni la prórroga de la Investigación Fiscal, ni formular el requerimiento de citación a juicio porque estaría agotado el término, es decir caduco.-

                                               Recordemos que, <> (C.S.J.N.; L.L. 1983-C, 553).-

                                               Entendemos que las normas procesales interpretadas sistemática y armónicamente, guardan estricta correspondencia con las normas de los tratados con jerarquía constitucional en lo que hace a la pronta resolución y plazo razonable, concluyendo entonces que los términos de la Investigación Fiscal son objetivamente ordenatorios en todos los casos, pero cuando el imputado se encuentra privado de la libertad, son subjetivamente fatales.-

                                               La fatalidad prevista por el art. 196 del C.P.P., es subjetiva porque pesa sobre el magistrado actuante (Fiscal o Juez) y de ninguna manera sobre la Investigación Fiscal o el proceso en sí mismo, o si se prefiere sobre el expediente. Esa fatalidad cumple la función impulsiva del proceso que es propia de la pronta resolución y acorde con la exigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando el art. 7 en los incs. 5  y 6 exige sin demora la actuación, cuando la persona se encuentra privada de la libertad.-

                                               En el sentido interpretativo formulado por esta Cámara tenemos como apoyo lo expresado por la C.S.J.N. cuando formula: <> (L.L. 1985-D, 500).-

                                               Por ello, estimo que el legislador provincial ha dado cumplimiento con los tratados en cuestión, en cuanto a la reglamentación de los términos de la Investigación Fiscal, imponiendo subjetivamente la fatalidad como función impulsiva y en consecuencia, no siendo inconstitucional las normas procesales en cuestión, deben ser cumplidas en la forma y con la intención que fueron sancionadas (art. 148 y art. 149 de la Const. de Mendoza).-

                                               Entonces, el recurso de apelación debe ser acogido y como consecuencia revocarse en todas sus partes la resolución impugnada de fs. 167, porque siendo objetivamente ordenatorio el término establecido en el art. 349 del C.P.P. en todos los casos para la Investigación Fiscal (la que no debe confundirse con la Investigación Penal Preparatoria) y según el estado actual del presente proceso, como a las razones y finalidad invocadas para la cual solicita el Sr. Fiscal de Instrucción la prórroga, estimo razonable otorgar una prórroga del término de la Investigación Fiscal en cinco días, los que resultan más que suficiente para el objetivo perseguido e invocado y acorde con la pronta resolución que requiere una causa con detenido, según las normas constitucionales y procesales.-

                                               Finalmente, siendo objetivamente ordenatorio el término de la Investigación Fiscal, y de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 176 y 177 del C.P.P., y estando la causa en etapa de apelación, obviamente dicho plazo sólo puede tener comienzo y obligar, a partir de la debida notificación de la presente resolución al Sr. Fiscal de Instrucción en su respectiva oficina.-

                                               Por ello, el Tribunal

                                               RESUELVE:

                                               1°)       Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en forma subsidiaria, a fs. 173/174.-

                                               2°)       Revocar en todas sus partes la resolución de fs. 175, la que queda sin valor, ni efecto alguno.-

                                               3°)       Acordar en el presente proceso una PRÓRROGA DEL TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN FISCAL de CINCO DÍAS (art. 349 del C.P.P.), el que correrá desde que le sea notificada al Ministerio Público Fiscal de Instrucción la presente resolución (arts. 176 y 177 del C.P.P.).-

                                                Notifíquese. Regístrese. Cúmplase. Bajen.

 

 

 

 

José Virgilio Valerio

Juez de Cámara