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APELACIÓN - PONCE ROMERO - Constitucionalidad del art. 14 del C.P.

Autos N° 4051 “ Fiscal c/ Ponce Romero Daniel Alberto”

 

Mendoza, 25 de Agosto de 2008

 

                        AUTOS Y VISTOS:

                        Estos autos arriba intitulados, de los que resulta que:

                        A fojas 384 y vta., obra resolución de la Sra. Juez de Ejecución Penal, mediante la cual deniega la libertad condicional peticionada por el penado Daniel Alberto Ponce Romero.

                        A fs. 387 el Dr. Jorge Millán, en ejercicio de la defensa del penado, apela el resolutivo más arriba indicado.

                        A fs. 388 le es concedido el recurso.

                        Venidos los autos al Tribunal, a fs. 393 es clasificada la causa, atribuyéndosele al Tribunal Colegiado.

                        A fs. 395/398 vta., el apelante informa su recurso. Sus términos se dan por reproducidos aquí, por razones de brevedad.

                        A fs. 399 se llama autos para resolver y se practica sorteo.

                        A fojas 400, advertido el Tribunal de que se había omitido dar vista del planteo de inconstitucionalidad al Ministerio Público, así lo dispone, y suspende el llamamiento de autos de fs. 399.

                        A fs. 401/402 el Sr. Fiscal de Cámara contesta la vista, oponiéndose, por las razones que indica y que se dan por reproducidas aquí, a la pretensión recursiva.

                        A fs. 403 se mandan regir nuevamente los términos suspendidos.

 

                        CONSIDERANDO:

                        No comparte el Tribunal la postura expresada por el apelante cuando afirma que la Ley 24.660 derogó tácitamente el art. 14 del Código Penal.

                        El art. 14, desde su sanción en 1921, decía “La libertad condicional no se concederá a los reincidentes”. La Ley 24.660, de ejecución de las penas privativas de libertad, fue sancionada el 19 de Junio de 1996, promulgada el 8 de Julio del mismo año, y publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 16 de Julio de aquel año.

                        El texto de la ley aludida nada dice sobre la vigencia del art. 14 del Código Penal después de su sanción. Luego, como no existe derogación expresa, cabe preguntarse si de alguna manera puede considerarse si la sanción de la nueva ley implicaba derogación tácita del art. 14 mencionado.

                        El análisis de la posterior evolución legislativa del art. 14 del Código Penal ha de dar respuesta negativa al interrogante. Porque mediante Ley 25.892, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 26 de Mayo de 2004, se agregó al texto originario del art. 14 el siguiente: “Tampoco se concederá en los casos previstos en los artículos 80 inc. 7, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo”.

                        En español, el uso del adverbio “tampoco” se utiliza para negar algo después de haberse negado otra cosa. El adverbio se coloca entre las negaciones anteriores y las posteriores. Se añade una o varias negaciones a otra o varias hechas con anterioridad. Su efecto es convalidar la negación que ya venía hecha de antemano, y equipararla en el predicado negativo a la nueva que se formula.

                        Vale decir que el legislador añadió a la negación originaria de la concesión de la libertad condicional a los reincidentes, las negaciones de concederla en los casos de los artículos 80 inc. 7, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo.

                        Pero con tal expresión hizo el legislador algo más: reafirmó, y no ya tácita sino expresamente, la vigencia del texto originario del art. 14. Si no hubiese sido esa su intención, en lugar de añadir el texto que comienza con la palabra tampoco… hubiese dicho: “sustitúyese el art. 14 por el siguiente”.

                        Como se advierte, pues, por el camino de la derogación tácita del art. 14 la pretensión recursiva no puede prosperar, porque el art. 14 no sólo que nunca fue derogado por el legislador, sino que fue expresamente convalidado por él, casi ocho años después de la sanción de la Ley 24.660.

                        Pero con el agregado que el legislador hizo al art. 14 del Código Penal con la Ley 25.892, hizo algo más que ratificar la vigencia del texto originario. Estableció nuevos límites, que con anterioridad no existían, a la factibilidad del otorgamiento de la libertad condicional.

                        Si antes de la Ley 25.892 existía un solo caso en que no era posible otorgar el beneficio, con posterioridad a la misma existe ya un grupo de casos. ¿Debiera de ello inferirse que el legislador no sólo no derogó el art. 14 originario, sino que lo que derogó fue el régimen progresivo que había establecido en la Ley 24.660? De ninguna manera. Entendemos que el régimen de la ejecución progresiva mantiene su vigencia, con las excepciones de los reincidentes y de los penados por los delitos que la nueva ley detalla. Si hemos planteado el interrogante contenido en este párrafo, ha sido sólo para demostrar lo falaz que resulta el argumento de la derogación tácita, que en el discurso del apelante serviría tanto para demostrar lo que él pretende como lo contrario.

                        En realidad, existe una razón más decisiva aún para rechazar la hipótesis de que mediante el régimen progresivo que estableció mediante Ley 24.660 el legislador derogó el art. 14 del Código Penal. Es el principio lex specialis derogat lex generalis. Este principio es algo que deriva de los cánones más rigurosos de la lógica formal. Cuando se contraponen dos proposiciones, una de carácter general y otra de carácter especial, debe prevalecer la de carácter especial. Si no fuese así, no se advierte para qué existiría esta última.

                        En el caso que nos ocupa, se advierte sin dificultad que la ley general es la de ejecución penal y la especial la que veda el beneficio para determinados casos.

                        Fracasada la pretensión recursiva de sostener la derogación del art. 14 del Código Penal mediante la sanción de la Ley 24.660, cabe analizar la invocación del principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional) para apoyar la pretensión de que aquella norma es inconstitucional. El discurso del apelante es que el art. 14 es írrito a la garantía de igualdad ante la ley, pues da a unos lo que niega a otros.

                        Razonamiento débil es el suyo. La igualdad consiste en dar el mismo tratamiento a situaciones iguales. La igualación que pretende el apelante al equiparar a los que sufrieron una condena por delito con los que no han sufrido ninguna, nada tiene que ver con el principio de igualdad ante la ley.

                        La ley está tratando aquí en forma distinta a dos situaciones distintas. Porque distinta es la situación de quien delinque por primera vez a la de quien lo hace por segunda o ulterior vez, luego de haber sufrido una condena.

                        Tampoco reviste mayor consistencia la invocación de que mediante el art. 14 se pena a una persona por lo que es y no por lo que hace, lo que lleva al apelante a afirmar que la norma hace “derecho penal de autor”. Aquí la falacia es notoria, pues la ley no ha impuesto a nadie una pena por lo que es. Simplemente, ha agravado la forma de ejecución de la pena para determinadas personas, pero tampoco por lo que son, sino por lo que han hecho.

                        Quizá el apelante se ha dejado seducir por la mención de “los reincidentes”. Tal vez si la ley hubiese dicho “la libertad condicional no se concederá a quienes han cumplido en forma total o parcial una condena por delito”, nadie hubiera echado mano al remanido recurso de afirmar que se hace derecho penal de autor. En el idioma español hay una multiplicidad de alternativas para expresar la misma idea con palabras distintas. Si el legislador eligió la expresión “reincidentes”, hizo con ello un juicio sintético, pues un “reincidente” es simplemente una persona que vuelve a ser condenada por delito cuando ya lo había sido con anterioridad, y había purgado en todo o en parte la condena.

            Pero ello no implica en modo alguno hacer derecho penal de autor, pues todo aquel que es declarado reincidente lo es por algo que ha hecho, no por lo que es.

            En todo caso, no debe olvidarse que el concepto “reincidente” responde a una categoría de orden cultural y no naturalístico, y dentro de lo cultural, específicamente jurídico. Tanto es así que para sobre lo que es un “reincidente” es necesario consultar la normativa del Código Penal, y este código se refiere a esa categoría en el art. 50.

                        Si bien no integra la plataforma recursiva, no está demás aclarar que tal vez podría objetarse una disposición legal que vedase la concesión de la libertad condicional a los reincidentes, cuando esta ley fuese sancionada después de la comisión del primer delito. Pero en el caso que nos ocupa, la prohibición del art. 14 del Código Penal viene desde su sanción en 1.921, es decir, es anterior –y muy anterior—a la comisión del primer delito y a la del segundo delito que cometió el penado.

                        Si la prohibición del art. 14 no conculca ni el principio de igualdad ante la ley, ni el principio de legalidad, entendido como la existencia de ley previa anterior al hecho, ni transgrede de ninguna manera el derecho penal del hecho, habría que ponerse a indagar en qué puede sustentarse una pretensa inconstitucionalidad.

                        Hoy es dable advertir, más que nada en las nóveles generaciones, una tendencia a minusvalorar las disposiciones de la ley. Basta que la ley no les satisfaga, o que no convenga a sus intereses, o a la postura que sustentan en un determinado caso, para que livianamente se decidan a tacharla de inconstitucional.

                        Ciertamente, a nadie se le puede reprochar su disconformidad con el texto o el sistema de la ley. Pero entendemos que para pretender que es írrita al ordenamiento jurídico por ser contraria a la constitución, lo menos que puede pedirse es que se diga con qué principio o garantía constitucional antagoniza. Y ello no se logra con invocaciones de carácter genérico, tan genérico que al cabo de la alegación no se alcanza a advertir en qué radica la inconstitucionalidad.

                        La tendencia a que nos referíamos se ha profundizado en nuestro país después de la reforma constitucional de 1994, que mediante su art. 75 inc. 22 otorgó el mismo rango normativo a los tratados.

                        Las mismas invocaciones genéricas que antes se hacían de la constitución, se hacen ahora de la constitución y los tratados. Entendemos que lo menos que puede pedirse a quien plantea la inconstitucionalidad de una ley, es que exprese concreta y categóricamente a qué garantía constitucional resulta antagónica y por qué, ello sin perjuicio de la vigencia del principio iura curia novit.

                        Por nuestra parte, y asumiendo ya el iura curia novit, no hemos advertido que ni en forma expresa ni implícita, ni la constitución ni ningún tratado impidan al Congreso de la Nación regular de una manera distinta la ejecución penal para los reincidentes.

                        Tampoco advertimos que ello resulte írrito a la garantía implícita de razonabilidad. Nada se opone a la razonabilidad del art. 14. Si hemos de partir, como está generalmente admitido, que la finalidad de la ejecución de la pena es la resocialización del delincuente (art. 1 de la Ley. 24.660), no hay ningún principio de razón que se oponga a que hay que variar las pautas de ejecución allí donde las pautas que se aplicaron originariamente fracasaron. Es más, luce como mucho más razonable este sistema que el que pretende aplicar el recurrente, que peca por su ingenuidad. Es de toda lógica pensar que si hacemos hoy lo mismo que hicimos ayer, hemos de tener similares resultados.

                        Deben rechazarse las consideraciones que hace el apelante cuando se refiere a la causa “Gramajo”, fallada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

                        La causa “Gramajo” responde a una problemática distinta, como es la constitucionalidad del art. 52 del Código Penal. Pero en ella en modo alguno se planteó la inconstitucionalidad del art. 14.

                        Se ha expedido por la constitucionalidad del art. 14 del Código Penal la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Valdez, Enrique y ot. , en fecha 21 de Abril de 1988.

                        Lo propio ha hecho la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Sala 4ª , en Viccini, Ángel Teodoro, en fallo de 22 de Mayo de 1986.

                        En el mismo sentido se ha expedido la Sala 3ª del mismo Tribunal, en fallo del 28 de Mayo de 1986, in re Grassi, E.

                        También la Sala 2ª, en fallo de 3 de Junio de 1986, en causa Reyes Medina.

                        En el mismo sentido la Sala 1ª del mismo Tribunal, fallo de 10 de Abril de 1986, in re Anoni, Carlos.

                        De la misma manera ha resuelto la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 3ª, en fallo de 26 de Junio de 1997, in re Grimaldi.

                        Argumentos de variada índole han dado sustento a las resoluciones aludidas.

                        -“No se viola el non bis in idem, que sólo puede violarse en el momento del enjuiciamiento, al pronunciarse la condena, pero no después, cuando todo el segundo proceso ha transcurrido ya legalmente y alcanzado la situación de cosa juzgada intachable”.

                        -“El non bis in idem prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho, pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena, entendida como un dato objetivo y formal, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considera adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal”.

                        -“No media identidad objetiva entre los hechos que fueron materia de juzgamiento en el proceso que culminó con la condena anterior y los tenidos en cuenta en el nuevo; no afectando en modo alguno la autoridad de cosa juzgada de la anterior sentencia condenatoria”.

                        No está de más destacar lo certero del dictamen del Ministerio Público, que obra a fs. 401/402, del que se desprende que de alguna manera el planteamiento de inconstitucionalidad del art. 14 resulta en nuestro caso abstracto, pues el art. 17 del Código Penal veda también la posibilidad de que un penado a quien le ha sido revocada la libertad condicional pueda obtenerla nuevamente.

                        Es precisamente el caso que nos ocupa, en el cual al apelante le ha sido revocada ya la libertad condicional que le había sido oportunamente concedida.

                        El recurso de apelación que se resuelve debe pues ser rechazado en todas sus partes, y ratificarse en igual extensión la resolución que es materia de recurso.

                        Por lo que el Tribunal

 

                        RESUELVE:

                        1°) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. por el interno Daniel Alberto Ponce Romero, contra la resolución de la Sra. Juez de Ejecución Penal que obra a fs. 384 y vta.

                        2°) En consecuencia, ratificar en todas sus partes la resolución recurrida.

                        3°) Regular los honorarios del Dr. Jorge F. Millán, en la suma de pesos mil ($ 1.000), por su intervención en el recurso que se resuelve (Art. 10 de la Ley 3641).

                        4°) Costas al apelante vencido (arts. 557, 558, 560 y concordantes del Código Procesal Penal).

                        Notifíquese. Regístrese. Cúmplase. Bajen.

 

 

 

 

Roberto Jesús YANZÓN

Juez de Cámara

 

José Virgilio VALERIO                                                            Arlington Roberto ULIARTE

   Juez de Cámara                                                                  Juez de Cámara