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Recusación-Imparcialidad

 

Expte. N° P-102473/06

“F. c/ Campo Rodríguez

p/ Usurpación”

Mendoza, 11 de junio de 2009.-

AUTOS Y VISTOS: la presente causa arriba intitulada;

CONSIDERANDO:

I) Que a fs. 110, el Dr. Jorge M. Luque, Codefensor de la XII Defensoría en lo Penal de Pobres y Ausentes, a cargo de la defensa técnica de los imputados STELLA MARIS BISTUER SAEZ Y ALBERTO ANTONIO CAMPO, interpone incidente de nulidad contra el dictamen fiscal de fs. 108 y el auto de fs. 109, dictado en consecuencia, dado que el mismo carece de fundamentación, resolviendo la Juez del Quinto Juzgado Correccional, Dra. Dorotea Ymaz, a fs. 124, el rechazo del incidente planteado, lo que motivó la recusación de ésta por parte del Defensor Oficial a fs. 126, entendiendo que “ha realizado consideraciones sobre los hechos, valorando los mismos mediante alusión a la prueba colectada, rechazando el incidente de nulidad planteado contra el auto que denegó conferir a la imputada Bistuer la suspensión del juicio a prueba, mandando continuar en este último resolutivo los actos preparatorios del juicio a través del respectivo emplazamiento para el ofrecimiento a prueba”.

A criterio del recusante, la interposición del presente, obedece al riesgo de que la actuación de dicho magistrado en el plenario, pudiera afectar su imparcialidad fundamentalmente a la luz de la nueva definición jurisprudencial construida sobre la garantía de ser juzgado por juez imparcial, contemplada como causal de recusación por Nuestro Código Procesal Penal (ley 6730), en el art. 72 inc. 11.

II) La Sra. Juez recusada, resuelve denegar a fs. 127 la existencia del motivo de recusación invocado, y remitir las actuaciones a esta Cámara quedando efectivamente radicadas en este Tribunal el 27 de mayo de 2009 y encontrándose en estado de resolver.

III) En la parte pertinente de su resolución, la magistrada recusada sostuvo que “en estas actuaciones se está investigando la posible comisión del delito de usurpación, en la modalidad de despojo violento, a raíz de que los imputados se habrían hecho justicia por su propia mano, apelando a la violencia para despojar de la tenencia del inmueble a la presunta damnificada y de este modo para dejar sin efecto el contrato de locación, con opción a compra que los vinculaba a ella y que con anterioridad habían dado por rescindido mediante carta documento, ya que ello configuraría el delito mencionado.” Luego continua “Tampoco consideramos atendible al argumento consistente en que los encargados serían propietarios del mismo, ya que ello es compatible con la restitución de la tenencia de la vivienda, que le habrían despojado violentamente a la propietaria. Finalmente respecto a la imposibilidad material de cumplir con la restitución del inmueble, porque lo habrían enajenado a un tercero, dicha circunstancia sólo fue mencionada por la testigo Celina Mazarico, quien invocó como fuente de su conocimiento los dichos de terceros , mientras el acusado, Alberto Antonio Campo, al prestar declaración indagatoria, con ulterioridad se atribuyó la condición de propietario del mismo, lo que sumado a la omisa incorporación de prueba escrita exigida por la ley, torna poco serio este último planteo basado en un hecho incierto.”

IV) El análisis de los fundamentos reproducidos ut supra, me persuade en el sentido que le asiste razón al recusante en cuanto invoca que la participación de la magistrada en la etapa del plenario, afectaría las garantías del juez natural y la imparcialidad del juez, de raigambre constitucional (art. 18 CN, art. 75 inc. 22 CN, art. 1 C.P.P. ley 6730) e internacional (art. 8.1 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 14.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Además, el art. 72 inc. 11 de la ley 6730, establece que será motivo de inhibición (recusación) “cuando mediare violencia moral u otras circunstancias que, por su gravedad, afectaren su imparcialidad”, lo que habilita la vía procesal de la recusación cuando se ve conculcada o amenazada la garantía que tiene toda persona sometida a la potestad punitiva del Estado, a ser oída por un Tribunal imparcial.

Respecto a este tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Llerena Horacio p/ abuso de arma y lesiones”, ha precisado el alcance de la garantía del juez imparcial en el marco del proceso penal, reconocida como un derecho implícito en la forma republicana de gobierno y por otro lado, derivada de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio”, estableciendo que “ no satisfacen el estándar mínimo en materia de imparcialidad del Tribunal las reglas procesales que autorizan un procedimiento en el cual el juez que en una primera etapa tuvo a su cargo la investigación preparatoria sobre los hechos sometidos a su conocimiento, la producción de pruebas y la resolución de inequívoca naturaleza incriminatoria (...) y que además, aquellas disposiciones ordenen que ese mismo magistrado sea también quien juzgue en definitiva sobre la responsabilidad penal de aquél.”.

En igual sentido, Nuestra Suprema Corte de Justicia, sostuvo en autos N° 91435 caratulados “F. c/ Nieto Loza, César Darío...”, que “la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de perjuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia” (...) “Si bien es cierto que en la especie el juzgador no cumplió funciones de investigación, el recurso de apelación interpuesto y que a la postre resultara declarado inadmisible, le atribuyó conocimiento del proceso en relación a los agravios vinculados con la aplicación del principio de oportunidad. Estas apreciaciones permiten concluir que en los autos examinados existió una alteración esencial de una garantía constitucional nominada -indisponible- que provoca la nulidad absoluta de la sentencia resistida”.

V) En el nuevo marco del alcance que se le ha dado a la garantía del “juez imparcial” en los precedentes transliterados, se arriba a la conclusión de que resulta necesario, más allá de que la magistrada recusada haya actuado cumpliendo una función que imperativamente le impone la manda legal aplicada en este caso concreto, acoger la recusación planteada, en razón que esa intervención y con el alcance mencionado, constituyen un motivo que objetivamente pone en riesgo la garantía del juez imparcial y su trascendencia en el derecho de defensa en juicio. (art. 72 inc. 11, 80 y concordantes del C.P.P., ley 6730).

En otras palabras, la circunstancia de que la Sra. Jueza haya tomado intervención con los elementos de prueba incorporados a la causa, valorando el mérito de los mismos, aunque de manera provisional, tal como se ha trascripto en el párrafo III), contaminan objetivamente la garantía invocada por la defensa que implica que el juzgador aborde la cuestión de manera original e inédita y justifica la recusación solicitada.

Es que si el juez “...exhibió signos objetivos y contundentes de formación del juicio sobre la hipótesis fáctica, aunque sea en un mínimo grado, la sospecha de parcialidad generada a raíz de la ejecución de esos actos da lugar al apartamiento del magistrado”, (“Llerena”. Fallos: 328:1491).

Con apoyo en las Reglas de Mallorca, “el espíritu de la garantía de la imparcialidad es darle al administrado en justicia, tranquilidad sobre la ecuanimidad y libertad del criterio del Juzgador que debe pronunciarse sobre sus intereses”.

Por las consideraciones expuestas entiendo que corresponde hacer lugar a la recusación planteada a fs. 126 por el Sr. Codefensor Oficial, Dr. Jorge Luque y en consecuencia reenviar la causa al subrogante legal a fin de que continúe interviniendo en estos obrados.

Por todo ello,

RESUELVO

I) HACER LUGAR al incidente de recusación promovido por el defensor Dr. Jorge Luque a fs. 126.

II) Disponer en consecuencia el apartamiento de la Señora Juez del Quinto Juzgado Correccional para seguir entendiendo en la misma y reenviar las actuaciones al subrogante legal –Sexto Juzgado Correccional- a fin que continúe interviniendo en estos obrados.

COPIESE, REGISTRESE. NOTIFIQUESE Y BAJEN.