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ESTÉVEZ - Máximo de la pena

Estévez, Cristian Andrés o Cristian Daniel s/ robo calificado por el uso de armas - Causa N° 1669/1687
RECURSO EXTRAORDINARIO. Robo agravado por uso de arma. Estafa. Homicidio agravado. Concurso real. Arbitrariedad. Imposición degradante de pena. Principio de legalidad. Atentado contra el orden constitucional. Mandato de certeza. Principio constitucional de separación de poderes. Queja.

E. 519. XLI. Recurso de Hecho. “Estévez, Cristian Andrés o Cristian Daniel
s/ robo calificado por el uso de armas -Causa N º1669/1687-”.

Buenos Aires, 8 de junio de 2010

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de Cristian Andrés Estévez o Cristian Daniel Estévez en la causa Estévez, Cristian Andrés o Cristian Daniel s/ robo calificado por el uso de armas -Causa Nº1669/1687-”, para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal no hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa de Cristian Daniel Estévez contra la sentencia que lo condenó a la pena única de treinta y cuatro años y seis meses de prisión, comprensiva de la pena a veinticuatro años de prisión impuesta en esta causa por los delitos de robo agravado por el uso de arma, estafa, homicidio agravado en grado de tentativa reiterado en dos oportunidades y tenencia de arma de guerra, en concurso real, y la de diez años y seis meses de prisión impuesta el 13 de agosto de 1995 por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9, como autor del delito de homicidio en concurso real con lesiones leves.
2) Que en contra de lo postulado por la defensa en el recurso de casación el a quo entendió que el Artículo 55 del Código Penal era una norma de carácter general que no establecía expresamente cuál era el máximo legal previsto para las penas privativas de libertad, y que para su determinación, remitía a las escalas penales correspondientes a los delitos de la parte especial. Según este criterio, apoyado en varios precedentes de esa cámara, aun cuando dicho límite históricamente se hubiera mantenido en veinticinco años, nada impedía que, de producirse alguna modificación en esa pena máxima, ello produjera una variación correlativa de las penas correspondientes para los casos de concurso de delitos y para la unificación de penas. En consecuencia, estimó que la pena única impuesta se encontraba dentro de los límites establecidos por la ley, por encontrar su fundamento en la agravante genérica prevista en el primer párrafo del Artículo 227 ter del Código Penal, que aumenta en un medio el máximo de la pena de cualquier delito “cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional”. Asimismo, fueron desestimadas las alegaciones de la defensa relativas a las inconsecuencias a que conduciría la interpretación en cuestión con relación a la situación más gravosa en que terminaría quedando el condenado a prisión temporal en comparación con la situación de los condenados a prisión perpetua respecto de las atenuaciones de la ejecución penitenciaria (cf. Ley Nº 24.660), la libertad condicional, la prescripción y las escalas previstas para la tentativa y la participación.
3) Que contra esa decisión la defensa interpuso recurso extraordinario, cuyo rechazo (fs. 89/90) motivó la presentación de esta queja.
4) Que ante esta instancia la defensa se agravia por la arbitraria interpretación de la ley sustantiva y por la imposición de una pena inhumana, cruel y degradante, y que, además, resulta producto de la conculcación del principio de legalidad (Artículo 18, de la Constitucional Nacional), por haber sido fijado su monto en violación a la prohibición de analogía. Ello por cuanto fueron extendidos indebidamente al Artículo 55, Código Penal, los efectos agravatorios del Artículo 227 ter -introducido por la Ley Nº 23.077-, destinado a regir exclusivamente para hechos vinculados a los atentados en contra de la Constitución Nacional.
5) Que tal como lo señala el señor Procurador Fiscal no se encuentra controvertida en autos la interpretación de la Ley Nº 23.077 sino, en todo caso, cómo debe entenderse la remisión a la parte especial del Artículo 55 del Código Penal en tanto indica -en su redacción aplicable al caso, anterior a la reforma de la Ley Nº 25.928C que el máximo de la escala penal en los casos de concurso Ano podrá exceder del máximum legal de la especie de pena de que se trate-. En este sentido, el tema a resolver constituye una cuestión de derecho común, por principio, ajena a la jurisdicción del Tribunal (Fallos: 164:110; 188:205; 241:40; 276:332; 296:53; 300:711; 312:195, entre otros).
6) Que conforme lo señalado, la discusión ha quedado aquí circunscripta a si las figuras agravadas introducidas para los atentados contra el orden constitucional tienen una especificidad tal que no pueden influir sobre la construcción de la escala penal del concurso real -tal lo postulado por la defensa- o si, en cambio, debe estarse al texto legal sin más ni más, y estimar que ya la introducción misma de un aumento tan considerable de la pena significó quebrar definitivamente la tradición de fijar en veinticinco años el máximo de las penas temporales de prisión.
7) Que la cámara ha dado razones suficientes para inclinarse por la segunda alternativa, y en modo alguno puede afirmarse que haya producido una extensión analógica de la pena prevista para el Artículo 227 ter, Código Penal. En efecto, el propio Artículo 55 -en la redacción que aquí interesa- exige al intérprete indagar en la parte especial a fin de establecer el máximo legal previsto para la especie de pena de que se trate.
Por sí misma, esta sola circunstancia no basta para considerar violado el mandato de certeza (arg. Artículo 18 de la Constitución Nacional), toda vez que el establecer los alcances y matices de los textos legales frente al caso concreto constituye una característica propia de la tarea de aplicación del derecho.
8) Que, del mismo modo, no basta para descalificar la inteligencia del Artículo 55 propugnada por el a quo la sola invocación de posibles inconsecuencias sistemáticas, que conducirían a que los condenados a penas privativas de libertad perpetuas sufrieran un tratamiento menos gravoso que algunos condenados a penas temporales. Ello, no sólo porque no se trata de la concreta situación planteada en el sub lite, sino, además, porque el argumento presupone que tales discordancias, en los supuestos en que efectivamente se plantearan, serían absolutamente insuperables e imposibles de corregir por vía hermenéutica.
9) Que, asimismo, carece de fundamento el agravio relativo al carácter cruel, inhumano y degradante de la pena impuesta al recurrente. Aun cuando se entienda -como lo hace la defensa- que la pena agravada prevista por el Artículo 227 ter del Código Penal no puede ser extendida al Artículo 55, Código Penal, no se encuentra controvertido en estos actuados que una pena como la impuesta al condenado -al menos respecto de la comisión de ciertos atentados contra el orden constitucional- resulta admisible en nuestro ordenamiento jurídico, sin que aquí se la haya descalificado constitucionalmente per se. En tales condiciones, vista la extrema gravedad de los diversos hechos por los que se condenara a Estévez, no se advierte a partir de lo argumentado por la defensa por qué razón respecto a la impuesta al nombrado sí cabría impugnarla del modo que se intenta.
10) Que, por lo tanto, la decisión del a quo a favor de una de las alternativas interpretativas posibles respecto del máximo legal previsto para el Artículo 55 del Código Penal ha sido adoptada con fundamentos de derecho común suficientes para sostenerla como acto jurisdiccional válido. Con relación a esto, cabe citar la afirmación de la propia recurrente en cuanto a que el principio constitucional de la separación de poderes no consiente a los jueces el poder prescindir de lo dispuesto por la ley respecto al caso, so color de su posible injusticia o desacierto (cf. fs. 81, con cita de Fallos: 234:82, 310; 241:121). Pero idéntico principio se aplica también a la jurisdicción de esta Corte, a la que la Constitución Nacional, por buenas razones, le ha vedado el análisis de las cuestiones de derecho común. En el ámbito que es propio de los jueces competentes para la interpretación de tales materias, las decisiones que ellos adopten deben ser aceptadas también por los jueces de esta Corte, aun cuando de haber estado en aquel lugar hubieran preferido una solución diferente.
Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se desestima la queja. Hágase saber y archívese, previa devolución de los autos principales.

Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Enrique Santiago Petracchi - Juan Carlos Maqueda (según su voto) - E. Raul Zaffaroni (en disidencia)- Carmen M. Argibay (según su voto).