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AVOGADRO - Administración Fraudulenta

Expte. n° 22.980: caratulados: “F.c/AVOGADRO MORENO, Carlos y ots. p/Estafa”

Expte n° P-63.504/05 F.c/AVOGADRO, Carlos p/ Defraudación mediante suscripción de documento”

 

 

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA n°6.150         

 

                                               En la ciudad de Mendoza a los once días del mes de Marzo del año dos mil nueve, en esta CÁMARA SEGUNDA DEL CRIMEN  se constituye el Tribunal, en forma Colegiada, integrado por los Dres. José Virgilio VALERIO, Roberto Jesús YANZÓN, Dr. Pedro Jorge FUNES, este último Juez de la Excma. Cámara Tercera en lo Criminal, en reemplazo del Dr. Arlington Roberto Uliarte, quien se encuentra inhibido, con la presidencia del primero de los nombrados, y da a conocer los fundamentos de la SENTENCIA n° 6.150, dictada en la CAUSA n° 22.980/(antes n° 19.766 de la 1° Cámara del Crimen/ antes n° 43.024/2 del Cuarto Juzgado de Garantías/3890 2da. Cám. Crimen)”, caratulada: "F. c/AVOGADRO MORENO y ots. p/estafa”, y su acumulada CAUSA n° P-63.504/05/(antes de la Unidad Fiscal Departamental n° 1/Unidad Fiscal departamental Maipú-Luján/Quinta Fiscalía Correccional):caratulada: “F.c/ AVOGADRO, Carlos, p/Defraudación mediante suscripción de documento” seguidas a instancia fiscal contra los imputados: Carlos AVOGADRO MORENO argentino, soltero, con instrucción universitaria, abogado, con domicilio en calle Chile 1350 de Ciudad, Mendoza, hijo de María Luisa y de Miguel, nacido en Mendoza el 10-5-1954, DNI. 10.907.571; José Luis TROVARELLI MASLUP: D.N.I. 8.325.660, argentino, nacido en Buenos Aires el 17-7-1950, hijo de José y de Rosa, casado, abogado, con domicilio en calle España 734, Piso 2°, Dpto. “C”, Ciudad, Mendoza y Rubén Raúl ROSAS VIALE: D.N.I. 13.813.313, argentino, nacido en Mendoza el 16-11-1959, hijo de Horacio y de Elena Ana, casado, abogado, con domicilio en calle Pedro Molina 83, Ciudad, Mendoza, asistidos por su defensa Dr. Juan Carlos RUIZ, dejando constancia de su actuación del Señor Fiscal de la  Excma.Cámara Tercera del Crimen, Dr. Oscar Armando GIACOMASSI, por inhibición del Dr. Adelmo Argüello; los Querellantes Particulares, Señor Juan Ricardo FAILLA BOGADO  argentino, nacido en Mendoza el 18-2-63, empleado, con domicilio real en Barrio San Antonio, M-A, Casa 23, Luján de Cuyo, Mendoza, y Señora Irma Gladys Lourdes VIDELA DALMAU, argentina, nacida el 30-5-1968, casada, con domicilio en Barrio San Antonio M-A, casa 13, Carrodilla, Luján de Cuyo, Mendoza representados por el Dr.  Juan Horacio DAY con domicilio legal en Avenida España n° 943, 3° Piso, Of. 2, Ciudad, Mendoza.-

 

                                               Y CONSIDERANDO:

                                               I.-         Que, el Ministerio Público Fiscal en el Auto de Elevación a Juicio de fs.  260/261 (causa 22.980) atribuye a los imputados Carlos AVOGADRO MORENO, a José Luís TROVARELLI MASLUP y a Rubén Raúl ROSAS VIALE la comisión del delito de ESTAFA (art. 172 del C.P.) y en el Auto de Elevación a Juicio de fs. 174/177 (causa P-63.504/05) atribuye a Carlos AVOGADRO MORENO la comisión del delito de DEFRAUDACIÓN MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTO (art. 173 inc. 3 del C.P.)

                                               II.-        Posteriormente, oídas las partes:

                                               1.-       Que, al concluir su alegato de bien probado, el Dr. Oscar GIACOMASSI -representante en la emergencia del Ministerio Público Fiscal- comenzó por el análisis de la causa n° 22.980, quien luego de un pormenorizado examen y valoración de la prueba concluyó que los enjuiciados firmaron un convenio invocando un poder de GONZALEZ, que no tenían, que se lo ocultaron a éste y recién tomó conocimiento de ello 3 años después. Que por tal convenio recibieron dos cheques, que también se lo ocultaron a GONZALEZ, que lo percibieron  como imputables a capital e intereses, lo recibió TROVARELLI y se lo entregó a AVOGADRO quien modificó unilateralmente la imputación, lo que no podía hacer, ya que necesitaba el expreso consentimiento de GONZALEZ. Además tenía la obligación de rendirle cuenta, el convenio al no existir poder, es una gestión de negocios ajenos que fue desconocida y ocultada a GONZALEZ y por aplicación de las normas del mandato tenía la obligación inmediata de rendir cuenta y entregar los cheques a su representado.-

                                               En definitiva, concluyó que, la firma del convenio no es suficiente con relación a Rubén Raúl ROSAS y José Luís TROVARELLI, no se ha probado que hayan percibido dinero, apareciendo como razonable la explicación brindada por ROSAS y TROVARELLI, porque es la forma habitual de trabajo de los abogados, en cuanto a la cesión de los honorarios, incluso dentro de un mismo Estudio, en especial por la circunstancia de que ambos se desvincularon del Estudio AVOGADRO, por lo que estimó que las actuaciones pueden haber sido culposas y si bien pueden estar obligados civilmente por un proceder negligente, no es lo mismo penalmente ya que se exige dolo, para quedar atrapada la conducta por el tipo penal, por lo que solicitó la absolución de los mismos por la duda.-

                                               Mientras que con relación al enjuiciado Carlos AVOGRADO, consideró que fue quien realmente recibió los cheques, ya que se los entregó TROVARELLI, finalmente, los cobró según admitió en su declaración de fs 90/91, argumentando que lo recibido fue por honorarios y que tiene privilegio. Por lo que, lo tuvo como autor responsable del delito de Retención Indebida, por Apropiación, previsto por el art. 173 inc. 2 del C.P.-

                                               Continuó con sus alegatos en la causa n° P-63.504/05, luego de un análisis, cotejo y valoración de los diversos elementos de prueba estimó que resulta posible y creíble la versión de los denunciantes de cómo ocurrieron los hechos, que los llevaron a suscribir engañosamente los recibos, por el convencimiento que mostraron, la indignación, el reproche, todo dentro de un marco de coherente relato y que resiste el cotejo entre ambos y el resto de la prueba, valoró, que incluso las pericias no desmienten esa versión. Como que desconocían el previo cobro por parte de AVOGADRO y el monto de dichas sumas, que tuvieron conocimiento cuando comprobaron en el expediente los pagos. Por lo que en definitiva, tuvo como probada la maniobra   y la suscripción engañosa de documentos ocurrida en dos reuniones, acaecidas en el Estudio del enjuiciado AVOGADRO y mantuvo la acusación según el art. 173 inc. 3 del C.P.-

                                               En cuanto a la pena, estimó que no registrando otro antecedente computable, la sola condena es suficientemente retributiva y no advierte la necesidad que la misma sea en forma efectiva. Pero por el perjuicio económico ocasionado, importante en ambas causas, la naturaleza de los hechos y las circunstancias en que realizó las acciones en contra de sus clientes, es importante, es especial porque las mismas han debido soportar vivencias personales desgraciadas, lo que hace más reprochable la conducta de AVOGADRO. En consecuencia la pena no puede ser de monto bajo, aunque -insistió- debe ser en suspenso, de lo contrario se minimizaría el interés de las víctimas, del proceso y de la justicia y concluyó solicitando se condene a Carlos AVOGADRO MORENO a la pena de Tres Años de Prisión en Suspenso (art. 26 del C.P.) por los delitos de Apoderamiento por Retención Indebida (art. 173, inc.2 del C.P.) en la causa 22.980 y Defraudación Mediante Suscripción de Documento (art. 173 inc. 3 del C.P.) en la causa P-63.504/05, además, estimó que corresponde la pena de inhabilitación prevista por el art. 20 bis. Inc. 3, del C.P., y solicitó se le imponga la pena de Inhabilitación de Cinco Años.-

                                               Reiteró que respecto a José Luis TROVARELLI MASLUP, Rubén Raúl ROSAS VIALE pedía la absolución (art. 4° del C.P.) para ambos.-

                                               2.-       Posteriormente y según tiene previsto el C.P.P., alegó el Dr. Juan Horacio DAY, representante de los Querellantes Particulares, señor Juan Ricardo FAILLA BOGADO y la señora Irma Gladys Lourdes VIDELA (según poder Apud-Acta de fs. 105 y resolución de fs. 122) en la causa n° P-63.504/05, quien luego de explicar en qué consistía el hecho, a fin de determinar cuál es la versión posible y creíble, si la de los denunciantes o de AVOGADRO, por lo que basado en la tópica conformó la verificación de la hipótesis del enjuiciado, mediante el análisis, cotejo y valoración de la versión defensista de que le entregó el total de lo cobrado, que no cobró honorarios extras a los regulados y que los denunciantes pergeñaron la maniobra de sustitución de los recibos, su adulteración, con intención de perseguir a quien había sido fiel y eficaz abogado. Luego de un pormenorizado examen y la utilización de una cadena indiciaria concluyó que la prueba es más que contundente y desacredita la hipótesis de un complot y con ello la versión de AVOGRADO no es creíble. Que con pleno conocimiento no sólo hizo suscribir engañosamente los recibos, sino que además hizo retención previa del dinero que tenía obligación de entregar y rendir cuentas.-

                                               Al momento de concretar la pena, expresó que es una difícil situación, ya que no encuentra atenuantes, ya que una persona formada, capaz, ha realizado los hechos con edad adulta, que no necesitaba este dinero, como por la extensión del daño, que ha sido mucho, como por la complejidad de la maniobra y el sufrimiento de las víctimas, que se trata de gente que captan en la comisaría y que desconocen cuanto se cobra de indemnización y después  AVOGADRO decide cuando se lo entrega y cuanto le da. Finalmente expresó que, la verdad es que ganó el juicio, que tal vez otro abogado lo hubiera perdido, pero eso no le autoriza ha hacer lo que hizo, por lo que en definitiva pidió se lo condene a la pena de Tres Años de Prisión en Suspenso, con la pena accesoria de Diez Años de Inhabilitación y teniendo en cuenta que fue cometido con ánimo de lucro, es de aplicación las previsiones del art. 22 bis. Del C.P. y pide se lo condena además a la pena de Pesos Noventa Mil de Multa, con más las costas.-

                                               3.-       Por su parte la defensa técnica de los enjuiciados Dr. Juan Carlos RUIZ  argumentó en primer lugar en la causa n° 22.980, y expresó respecto a sus dudas sobre ¿cuál es el hecho que se le atribuye ? Luego analizó el convenio que firmaron los enjuiciados con MASTRONARDI, aclarando que dicho convenio era beneficioso para GONZALEZ. Argumentó que AVOGADRO no dice que percibió el dinero. Afirmó que no se ha probado en nexo de causalidad entre lo que perdió GONZALEZ y la conducta de AVOGADRO. Que debe tenerse en cuenta que AVOGADRO corrió (anticipó) todos los gastos. Luego expresó que no está probado que se cobraron los cheques y si se cobraron, que lo fue AVOGADRO. Éste tenía un privilegio por sus honorarios, es decir que ejerció derecho de retención. Pero, en este caso no se sabe quién los cobró, podría haberlo cobrado cualquier persona, incluso lo podría haber cobrado GONZALEZ. En definitiva, estimó que comparte el pedido de absolución del Sr. Fiscal de Cámara de TROVARELLI y de ROSAS, por cuanto no han realizado ningún acto típico y solicitó la absolución lisa y llana, en igual sentido la pidió para AVOGRADO.-

                                               En cuanto a la causa n°P-63.504/05, abonó la hipótesis del complot de los denunciantes, cuestionando la credibilidad de que dos veces fueran víctimas de la misma maniobra. Todo se debe a que al reclamarles el enjuiciado los honorarios que le fueron regulados, se enfurecieron y armaron todo para evitar pagar los legítimos honorarios que le corresponde a AVOGADRO. Cuestionó la idea del abuso de confianza, por cuanto no se habían visto. Que la declaración del enjuiciado más la pericia, genera una duda, que beneficia a AVOGADRO. Que la adulteración de las firmas de los recibos cuyas copias están agregadas a fs. 3 y 4, no los ha podido hacer la víctima, por cuanto contaba con fotocopias de los originales. En cuanto a que en ellos se expresa la cifra solo en letras y en minúscula, es una sutileza, al igual que sobre el traslado del monto del dinero (referido a los $ 145.000.-) al Estudio. Por lo que concluyó que se trata de un complot, solicitando la absolución de AVOGADRO por la duda.-

                                               4.-       El Tribunal debe en esta etapa procesal pronunciarse sobre las siguientes cuestiones a tenor de lo dispuesto en el art. 160 de la Constitución de Mendoza y el art. 409 del Código Procesal Penal (Leyes 6.730-7.007).-

                                               PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el pedido de Suspensión de Juicio a Prueba solicitado por Carlos AVOGADRO?. En su caso ¿corresponde otorgarle el beneficio?

                                               SEGUNDA CUESTION: ¿Están probados los hechos delictivos y la participación en él de los imputados?

                                               TERCERA CUESTION: En su caso, ¿qué calificación legal les corresponde?.-

                                               CUARTA CUESTION: En su caso, pronunciamiento sobre la pena aplicable y costas.

                                               III.-       PRIMERA CUESTION

Sobre la Primera Cuestión, el Dr. José Virgilio VALERIO dijo:

                                               1.-       Que en la especie, la Defensa técnica de los enjuiciados, promovió durante el desarrollo del debate, incidente de Suspensión de Juicio a Prueba a favor de Carlos AVOGADRO, José Luis TROVARELLI y Rubén Raúl ROSAS (conf. Acta a fs. 382). Ofreció en nombre de ellos reparar el daño en la medida de lo posible, representado en la causa n° 22.980 con la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-) para GONZALEZ, mientras que en la causa n° P-63.504/05 con la cantidad de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000..-). Que dichos montos serían abonados en el plazo de 24 hs., máximo 48 hs.-

                                               Oportunamente se da trámite a la incidencia, y se interroga el Sr. FAILLA, denunciante en la causa n° P-63.504/05, quien manifestó que no lo aceptaba y no está conforme (ver Acta a fs. 382 vta.).-

                                               Al día siguiente apenas reanudado el Debate y el trámite de la petición, el Defensor reformula el ofrecimiento de reparación del daño con relación a FAILLA y VIDELA, en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-), a abonar Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-) en la forma anteriormente expresada, en 24 hs., máximo 48 hs. y el resto en 5 cuotas iguales, mensuales y consecutivas (fs. 384).-

                                               Interrogados los denunciantes: GONZALEZ, en la causa n° 22.980 y FAILLA y VIDELA en la causa n° P-63.504/05, sobre si aceptan la suma de dinero que se les ofrece como reparación, todos se manifiestan por la negativa (fs. 384).-

                                               Se procedió a explicar los alcances del instituto e interrogar a los enjuiciados si lo comprendían, manifestándose cada uno por la afirmativa (fs. 384). Interrogados cada uno si estaban dispuestos de someterse al instituto y ratificaban el pedido de su defensor, contestando: AVOGADRO que sí; TROVARELLI que no y pidió se dicte sentencia; y ROSAS que no y también solicitó se dicte sentencia (fs. 384  y 384 vta.).-

                                               2.-       Cedida la palabra al Sr. Fiscal de Cámara, manifestó que entendía que sólo existe el pedido de Carlos AVOGADRO, por cuanto TROVARELLI y ROSAS no hicieron propio el pedido de su defensor. En consecuencia entendió que sólo le correspondía expedirse por el pedido de suspensión de juicio a prueba con relación al enjuiciado Carlos AVOGADRO, expresando que no otorga el consentimiento por cuanto se ha formulado el pedido fuera de término; como así también, con relación al ofrecimiento de reparación, por cuanto existe una presunción de capacidad mayor de AVOGRADO para reparar el posible daño y que habiendo pasado tanto tiempo es manifiestamente insuficiente, aclarando que, sólo se justificaría aplicar el instituto en el caso que se hubiera solucionado el conflicto con los denunciantes de ambas causa, según lo permite el art. 5 del C.P.P., lo que evidentemente no se ha alcanzado.-

                                               3.-       Habiendo dispuesto el Tribunal por unanimidad diferir la resolución del incidente a la sentencia, estimo que corresponde no hacer lugar a la petición de suspender el juicio a prueba formulado por Carlos AVOGADRO en las causas n° 22.980 y n° P-63.504/05, en virtud de las siguientes razones:

                                               a)        Que, el art. 28 del C.P.P. establece un plazo para acogerse al mismo, el cual puede ser durante la tramitación de la causa hasta la citación a juicio (art. 364), el que se encuentra ampliamente vencido, sin que haya manifestado anteriormente la intención de acogerse a los beneficios del instituto mencionado.-

                                               b)        Que, la petición era formalmente procedente dentro de los términos procesales establecidos por el legislador en el mencionado art. 28 del C.P.P., y que no estando ante nuevas circunstancias jurídicas (vervigracia: cambio de calificación, etc.), ni subjetivas del enjuiciado, que ahora le re-habiliten un plazo caduco procesalmente para dicha petición.-

                                               c)        Que, no ha prestado el consentimiento el titular del ejercicio de la acción penal, habiendo el Sr. Fiscal de Cámara debidamente fundado expresado las razones de ello y que según expresamente lo exige el Código Procesal Penal, el art. 76 bis del C.P., es condición necesaria de procedibilidad para poder otorgar el mismo y así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.-

                                               En consecuencia, el Tribunal no  puede hacer lugar a la Suspensión del Juicio a Prueba solicitado por Carlos AVOGADRO en las causas n° 22.980 y n° P-63.504/05, de acuerdo a lo que disponen los art. 28 y 30 del C.P.P. y 76 bis del C.P. y corresponde dictar Sentencia.-

                                               Así voto.-

 

Los Dres. Roberto Jesús YANZÓN y Pedro Jorge FUNES adhieren por sus fundamentos, al voto que antecede.

 

                                               IV.- SEGUNDA CUESTION

Sobre la Segunda Cuestión, el Dr. José Virgilio VALERIO dijo:

 

CAUSA n° 22.980:

                                               1.-       La acusación.-

                                               a.-       Según el Auto de Elevación a juicio de fs. 260/261 se le atribuyen a los imputados Carlos AVOGADRO MORENO, José Luis TROVARELLI MASLUP y Rubén Raúl ROSAS VIALE la comisión del delito de ESTAFA (art. 172 del C.P.), basándose para ello en las siguientes pruebas y hechos:

                                               HECHOS: 1) Que los hechos investigados en estas actuaciones tienen origen en fecha 14 de agosto de 1993, cuando el Sr. HUGO RUBEN GONZALEZ, en ocasión de ser transportado en calidad de pasajero en el automotor marca Ford Falcon, dominio V-022.732, interno 115 de la Empresa Cooperativa de Trabajo Radiotaxi Mendoza Ltda., (Radiomóvil), resultó víctima de un accidente de tránsito en la Ruta Internacional a Chile n° 7, sufriendo lesiones que le ocasionaron incapacidades físicas parciales, como permanentes, en razón de la seriedad de las heridas sufridas. Ante ese hecho, el Sr. GONZALEZ en fecha 12 de agosto de 1994 contrató los servicios profesionales del hoy imputado CARLOS AVOGADRO MORENO, quien actuó en el proceso civil con el patrocinio de los abogados y coimputados RUBÉN RAÚL ROSAS VIALE y JOSE LUIS TROVARELLI MASLUP, quienes iniciaron una acción civil por daños y perjuicios contra la Cooperativa de Trabajo Radio Móvil Ltda. y contra LUIS RAMÓN OSORIO FUENTES, que se tramita en los autos n° 137.596, caratulados “GONZALEZ, Hugo Rubén c/ Cooperativa de Trabajo Radio Móvil Taxi p/ Daños y Perjuicios”, radicados ante el Décimo Primer Juzgado Civil. En fecha 04 de agosto de 1999, se hizo lugar a la demanda interpuesta, resolviendo condenar a la parte demandada y a la Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. al pago de la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000), con más los intereses legales. Después de dicha resolución judicial cuyo contenido desconocía, el Sr. GONZÁLEZ habría tratado de contactarse con el imputado AVOGADRO, quien luego de varias evasivas le habría afirmado que la demanda no podía cobrarse debido a que la compañía aseguradora del demandado había sido liquidada. A fines del año 2003, el denunciante habría tomado conocimiento de que los hoy encausados CARLOS AVOGADRO MORENO, RUBÉN RAÚL ROSAS VIALE y JOSÉ LUIS TROVARELLI MASLUP, invocando su nombre y representación y en virtud de un “poder general para juicios” inexistente, habrían celebrado sin su conocimiento y consentimiento un “convenio de pago” con la Compañía Argentina de Seguros Visión S.A., en fecha 05 de setiembre de 2000, logrando un arreglo por el cual “…la Compañía Aseguradora Visión S.A., reconocía la deuda de los autos indicados en la suma de $ 129.396.-, que el monto mencionado resulta de la deuda sostenida por la “DEUDORA” con la “ACREEDORA”, derivada en concepto de honorarios, capital e intereses de los autos n° 137.596, caratulados “GONZALEZ, Hugo Rubén c/ Cooperativa de Trabajo Radiomóvil Taxi Ltda. Y ots. p/ DAÑOS y PERJUICIOS”, ofreciendo abonar la suma ANTES EXPRESADA en ocho cuotas mensuales iguales y consecutivas de $ 16.175,-…”. Los imputados, en mérito al convenio transaccional celebrado con la Aseguradora, título que generaba la obligación de entregar, habrían cobrado tres de las cuotas pactadas (c/u de $ 16.175.-), haciendo un total de $ 48.525,- dicha suma de dinero habría sido cobrada y retenida indebidamente por los encausados, con el consecuente perjuicio patrimonial para la víctima”.-

                                             II.- FUNDAMENTACION y CALIFICACIÓN JURÍDICA:

                                               Durante el curso de la prórroga se incorporaron nuevos elementos de prueba que a criterio del suscripto, y por su integrada valoración que más adelante paso a exponer, habilitan a esta altura del procedimiento que la causa sea  Elevada a Juicio, en un todo de conformidad con lo previsto por el art. 367 del Código Procesal Penal, Ley N° 1.908. En efecto, a fs. 228/231 y vta. consideré oportuno dictar la aludida prórroga extraordinaria de la instrucción a los fines de clarificar si el monto liquidado por la Compañía Aseguradora Visión S.A. fue percibido en su totalidad por los imputados, y si el mismo le fue o no entregado al denunciante en razón de no ser dichos pagos comprensivos de los honorarios profesionales a los que se obligó la liquidadora, sino por el contrario, estos habrían sido ordenados con el propósito de liquidar capital e intereses. Vale aclarar que éste y no otro fue el extremo determinante del dictado de la referida prórroga, puesto que el ardid o engaño que implica el injusto en cuestión se halla suficientemente acreditado por los motivos que expuse en el Auto de fs. 228/231 y vta., a cuyo sentido y alcance en honor a la brevedad en un todo me remito. Ahora bien, partiendo de delimitar el extremo sujeto a dilucidar, a fs. 251/252 y vta. la parte querellante se presenta y sostiene que en tiempo y forma no ingresó la cantidad de dinero correspondiente en su patrimonio, no obstante lo cual el Dr. Avogadro en ocasión de indagatoria, reconoció la percepción de la misma, devenida del ocultamiento de la celebración de un convenio en el que se invocó un poder para juicios inexistente, y en cuya virtud se recepcionó el monto liquidado. En respaldo de dichas afirmaciones, la titular del 11° Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de Mendoza respecto a los autos civiles n° 137.596 informó que no existe copia de poder ni poderes otorgados por el Sr. HUGO RUBÉN GONZALEZ a los Dres. AVOGADRO TROVARELLI y ROSAS. Finalmente, a fojas 258/259, el Sr. HUGO RUBÉN GONZALEZ, víctima de autos, declaró entre otros aspectos: “…la atención de los abogados) era buena, después con el tiempo se fue poniendo tirante la situación, pero los tres daba la impresión de que llevaban el caso…alrededor del dos mil ya me hablan de problemas de quiebra que hay con las compañías de seguro…y los primeros meses del año siguiente, me acuerdo en una reunión, me llama el Dr. Avogadro para decirme que perdiera las esperanzas de cobrar porque no había a quién cobrar, porque había quebrado la aseguradora…me refiero a marzo, abril del dos mil uno…mi oficio es albañil, después puse un kiosco para ayudar y lo tuve que reforzar un poco más, por la secuela del accidente, que me impedía desempeñarme como albañil…nos enteramos de que no íbamos a cobrar fue un golpe tremendo porque había esperanzas en eso y se tuvieron que ir mis hijos porque no tenía para ofrecerles nada…se fueron tres hijos, Dante, Elizabeth y Natalia, que perdieron la esperanza de poder estudiar porque se habían perdido las esperanzas de poder cobrar el dinero del seguro, y ellos se tuvieron que ir a otro país, Dante a Canadá y las chicas a Estados Unidos, a trabajar porque la situación del país estaba desastrosa, esto para el dos mil uno…me entero de que ésta gente había cobrado, porque me reúno de casualidad con uno de los accidentados y ellos habían cobrado todo. Me encuentro con una chica chilena, que era una de las accidentadas y me dijo que ella había cobrado todo, otra señora de Luján, que falleció en el accidente, también habían cobrado sus familiares. Que de esto me entero alrededor del dos mil tres, dos mil cuatro…ellos me dijeron (los imputados): “González, esto se terminó”, sin ninguna explicación…hay dos cosas que me afectaron (a raíz del accidente), una era que no podía levantar objetos pesados, y el daño fue en las caderas…que yo he firmado cosas pero no sé, que un poder especial no…nunca me enteré de la suma de dinero que debía cobrar…”. Como ya lo anticipara, entiendo se han reunido los elementos de juicio suficientes para disponer la elevación de esta causa a conocimiento y decisión del Tribunal de Juicio. A fs. 192/193 se incorporaron copias certificadas de órdenes de pago nro. 525427, y nro 527481, las que dan cuenta con la firma al pie por parte de quien aclara ser el Dr. JOSÉ TROVARELLI, que el mismo habría recibido de la aseguradora la suma de $ 16.175.- y $ 16.175.- respectivamente, y en concepto de “Capital e Intereses”, no de “Honorarios Profesionales” como pretende la Defensa. Si consideramos que a fs. 116/117 el Dr. MASTRONARDI dio cuenta de que de igual modo se pagó a los Dres. PARELLADA y GARRIGA, como así también que tuvo algunas consultas respecto a pagos, referidos a incumplimientos por parte del Dr. AVOGADRO, y con el respaldo sustancial de estos indicios de cobro indebido que brindó el Sr. GONZALEZ con su declaración de fs. 258/259, cuando estableció que habiéndose reunido con uno de los accidentados tomó conocimiento de que ellos ya habían cobrado todo, más precisamente que una afectada había cobrado, y también familiares de otra víctima accidentada y fallecida, concluyo que se han reunido a esta altura del proceso las probanzas que habilitan la Elevación a Juicio de esta causa, toda vez que se encuentra suficientemente acreditado el beneficio económico obtenido por los encausados en detrimento patrimonial del Sr. GONZALEZ”.-

                                               “Por lo que entiendo que habiéndose configurado en la especie los extremos requeridos por la figura prevista en el art. 172 del Código Penal, la calificación legal propiciada es la correcta. Digo y me refiero a que ha quedado suficientemente acreditado que a través de engaños que hicieron incurrir en error a la víctima, los encausados dispusieron a su favor del patrimonio de la misma, en beneficio de sus propios intereses pecuniarios”.-

                                               “En mérito a lo expuesto”

                                               RESUELVO: Elevar la presenta causa N° 43.024/2 a la Excelentísima Cámara del Crimen que por turno corresponda, por el delito de ESTAFA, previsto y sancionado por el art. 172 del Código Penal, atribuible a CARLOS AVOGADRO MORENO, a RUBÉN RAÚL ROSAS VIALE y a JOSÉ LUIS TROVARELLI MASLUP, de demás circunstancias personales ya consignadas, y de conformidad con lo previsto por el art. 367 del Código Procesal Penal-Ley N° 1.908”

                                               b.-       El señor Fiscal de Cámara durante el debate, más precisamente durante  sus alegatos manteniendo el hecho procesal enrostrado procedió a cambiar su calificación legal por entender que corresponde el tipo penal de la Retención Indebida por Apropiación previsto por el art. 173 inc. 2° del C.P.-

                                               2.-       Carlos AVOGADRO haciendo uso de su derecho constitucional y procesal no manifestó espontáneamente su voluntad de declarar durante el transcurso del debate (art. 18 de la C.N., art. 26 de la Const. de Mendoza, y arts. 388 y 390 del C.P.P.- Ley 6.730-7.116) por lo que se procedió a la incorporación de la declaración judicial del enjuiciado que obra a fs. 90/91, de acuerdo a lo establecido por el art. 388 del C.P.Penal (Ley 6.730-7.007), por lo que a sus manifestaciones allí consignadas, "brevitatis causa" me remito.-

                                               José Luis TROVARELLI haciendo uso de su derecho constitucional y procesal, luego de la lectura de la acusación, manifestó espontáneamente su voluntad de declarar (art. 18 de la C.N., art. 26 de la Const. De Mendoza y art. 388 del C.P.P. – Ley 6.730-7.116), oportunidad en la que aseguró que su intervención en el expediente motivo de la denuncia es solo como patrocinante, pero aclaró que los honorarios regulados no le pertenecían sino que eran de Carlos AVOGADRO. Por lo que no tenía interés económico en el juicio. Además, que GONZALEZ era cliente de AVOGADRO. Relató que como MASTRONARDI y AVOGADRO estaban peleados, él fue quien gestionó el convenio y a su nombre venían los cheques. Que sólo se cobraron dos cheques. Cada uno de ellos cuando los recibió, los endosó (cree que en blanco) y se los entregó a AVOGADRO. Que no cobró ni un peso en ese juicio. Después del segundo cheque tomaron conocimiento que la Compañía de Seguros se encontraba en liquidación.-

                                               Rubén Raúl ROSAS haciendo uso de su derecho constitucional y procesal, luego de la lectura de la acusación, manifestó espontáneamente su voluntad de declarar (art. 18 de la C.N., art. 26 de la Const. De Mendoza y art. 388 del C.P.P. – Ley 6.730-7.116), oportunidad en la que aseguró, según el reparto de trabajo en el estudio a él le correspondía hacer la procuración. Luego de relatar  en qué consistía el hecho, el expediente, aseguró que era quien atendía a GONZALEZ en el Estudio. Explicó que según su criterio debe entenderse que el proceso fue exitoso. Que como MASTRONARDI era el abogado de la Compañía de Seguros contra la que litigaban, quien mantenía un encono con AVOGADRO por lo que después de la apelación se logró firmar un convenio que gestionó TROVARELLI y su única intervención se limitó a la firma, en el estudio de AVOGADRO y en su privado. Después de la firma del convenio, aproximadamente un mes o un mes y medio después, se desvinculó del estudio AVOGADRO y afirmó que en no muy buenas relaciones. Que con la distribución de los clientes siendo GONZALEZ cliente de AVOGADRO, su caso quedó en el Estudio AVOGADRO. Precisó luego que el día 12 de octubre de 2000 se retiró del Estudio y nunca más vio a GONZALEZ, sólo con la imputación tomó conocimiento de algunas cuestiones. Afirmó que GONZALEZ firmaba escritos ratificatorios. Que a GONZALEZ no se le requirió ningún gasto para el juicio, todos fueron adelantados por AVOGADRO. Que piensa que AVOGADRO le informó sobre el convenio a GONZALEZ.-

                                               Que como las conversaciones del convenio las llevó a TROVARELLI no sabe por qué está todo confundido en el convenio, no recuerda si estaba invitado GONZALEZ el día que se firmó. Como tampoco sabe si estaba en el Estudio.-

                                               3.-       De la prueba receptada en la Audiencia de Debate y de la Instrumental oportunamente incorporada sin oposición de las partes, valorada según las reglas y principios de la sana crítica racional -o la libre convicción- (arts. 394 y 416 inc. 4º del C.P.Penal--Ley 6.730-7.007) surgieron las siguientes circunstancias:          

                                               Quedó probado con el grado de certeza que requiere esta etapa procesal que el día 14 de agosto de 1993, el Sr. Hugo Rubén GONZALEZ, en ocasión de ser transportado en calidad de pasajero en el automotor marca Ford Falcon, dominio V-022.732, interno 115 de la Empresa Cooperativa de Trabajo Radiotaxi Mendoza Ltda., (Radiomóvil), resultó víctima de un accidente de tránsito en la Ruta Internacional a Chile n° 7, sufriendo lesiones que le ocasionaron incapacidades físicas parciales, como permanentes.  Ello quedó acreditado con la fotocopia del expediente civil agregado a fs. 1/45, la declaración de Hugo GONZALEZ, lo que fue cotejado con el testimonio de Ricardo MASTRONARDI, abogado de la Compañía de Seguro, que actuó en el juicio. Como con la testimonial de Carlos PARELLADA, quien actuó en la causa civil, en su calidad de abogado de otra de las víctimas de dicho accidente. Y fueron expresamente admitidas por los enjuiciados en sus declaraciones.-

                                               Del mismo modo se probó que mientras estaba internado Hugo GONZALEZ, fue contactado por una persona que le recomendó el Estudio de Carlos AVOGADRO, con quien luego se entrevistó y contrató sus servicios profesionales, para que le llevara su caso. Carlos AVOGADRO con el patrocinio del abogado Rubén Raúl ROSAS, iniciaron el día 12 de agosto de 1994 una acción civil por daños y perjuicios contra la Cooperativa de Trabajo Radio Móvil Ltda. y contra LUIS RAMON OSORIO FUENTES, que se tramita en los autos n° 137.596, caratulados “GONZALEZ, Hugo Rubén c/ Cooperativa de Trabajo Radio Móvil Taxi p/ Daños y Perjuicios”, radicado ante el Décimo Primer Juzgado Civil. El enjuiciado Rubén ROSAS fue quien principalmente llevó la procuración y también intervino con el patrocinio a Carlos AVOGADRO, el co-enjuiciado José Luís TROVARELLI. Lo que quedó acreditado con la declaración de Hugo GONZALEZ y de Ricardo MASTRONARDI, como con las constancias del expediente civil (fs. 1/45) y expresamente admitido por Rubén ROSAS y José Luís TROVARELLI.-

                                               La intervención de Rubén ROSAS y José Luís TROVARELLI atendiendo la procuración de los juicios en el Estudio de Carlos AVOGADRO, está expresamente admitida por el enjuiciado Carlos AVOGADRO en su declaración de fs. 90/91, como una actividad que normalmente ellos desarrollaban. Declaración que fue debidamente incorporada (art. 388 del C.P.P.).-

                                               Se acreditó, que el día 04 de agosto de 1999, se hizo lugar a la demanda interpuesta en primera instancia, resolviendo condenar a la parte demandada y a la Compañía de Seguros Visión S.A. al pago al señor GONZALEZ de la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000), con más los intereses legales (Conf. fotocopia certificada del expediente civil n° 137.596 a fs. 28/43). La sentencia fue apelada por los enjuiciados,  Carlos AVOGADRO, por la actora y por sí y José Luís TROVARELLI y Rubén ROSAS por sus honorarios (ver fs. 44) presentación que fue ratificada en el expediente, mediante escrito indeterminado de ratificación suscripto por Hugo GONZALEZ (fs. 45).-

                                               Los escritos ratificatorios en el expediente civil referido, de fs. 6, 24 y el mencionado de fs. 45, refuerzan las expresiones de Hugo Rubén GONZALEZ durante su declaración quien aseguró que desconocía que se hubiera dictado sentencia. Más precisamente dijo: nunca me informaron que hubo sentencia. Aseveró que en el estudio normalmente lo atendía el enjuiciado Rubén ROSAS y le hacían firmar papelitos muy breves, obviamente refiriéndose a los escritos de ratificación mencionados. Cuestión que expresamente admitió Rubén ROSAS, y que la actuación se hacía mediante escritos de ratificación. -

                                               Quedó plenamente acreditado que, el día 5 de setiembre de 2.000, Carlos AVOGADRO, Rubén Raúl ROSAS y José Luís TROVARELLI “por sus honorarios y por la representación del Señor Hugo Rubén GONZALEZ a mérito del poder general para juicios que poseen con facultades suficientes para este acto” celebraron un “acuerdo de pago y transacción” con la Compañía Argentina de Seguros Visión S.A., representada por el Dr. Ricardo MASTRONARDI, por el cual la mencionada Compañía Aseguradora Visión S.A. reconocía que le adeuda a la parte ACREEDORA, en concepto de honorarios, capital e intereses por los autos n° 137.596, caratulados “GONZALEZ, Hugo Rubén c/ Cooperativa de Trabajo Radiomóvil Taxi Ltda., y ots. p/ Daños y Perjuicios”, originarios del Décimo Primer Juzgado Civil, Comercial y Minas, la suma de $ 129.396,oo, según liquidación del 10 de agosto de 2000, que obra a fs. 88, firmada por José Luís TROVARELLI y Ricardo MASTRONARDI. Suma que se convino su pago en ocho cuotas mensuales iguales y consecutivas de $ 16.175,oo, debiendo abonarse la primera el día 17 de octubre de 2000 (Conf. fs. 46/47, 87/88, 112/113 y la copia del convenio agregado en la Caja de Seguridad).-

                                               Igualmente quedó acreditado que de las 8 cuotas pactadas, sólo se materializaron las dos primeras mediante los cheques nros.  30.794  y 33.030 a cargo del BankBoston, cada uno por la suma de $ 16.175.-los cuales fueron recibidos por José Luis TROVARELLI, según consta en las órdenes de pago n° 525.427 y 527.481, con la firma del mencionado y la aclaración del número de documento (agregadas a fs. 192/193 y que fueron remitidas por el Juzgado Nacional de Primera Instancia Comercial n° 26). Cheques que expresamente admitió el enjuiciado José Luis TROVARELLI haber recibido, endosado y entregado a Carlos AVOGADRO. Lo que  resultó conteste con la testimonial de Ricardo MASTRONARDI, quien aseguró que entregó los cheques a TROVARELLI y recordó que éste le mencionó que se los entregaba a AVOGADRO.-

                                               En cuanto a la tercer cuota, estimo que con la Orden de pago agregada a fs. 194, que no está firmada, y la copia certificada del informe del liquidador, no se pudo establecer si se ha abonado la misma y debe tenerse como no probado el pago de la tercer cuota.-

                                               En cuanto al mencionado convenio y la activa intervención de José Luís TROVARELLI, estimo que quedó probado la misma y las razones expuestas por el enjuiciado (debido a la mala relación entre el abogado de la Compañía de Seguros, Ricardo MASTRONARDI y Carlos AVOGADRO), con el convenio encabezado por TROVARELLI y las órdenes de pago a su nombre, como con la declaración de Ricardo MASTRONARDI, quien aseguró que tenía una relación excelente con TROVARELLI, mientras que no tenía ninguna con Carlos AVOGADRO. También cuando explicó Ricardo MASTRONARDI, que la confección y firma del convenio se hizo en su Estudio con José Luís TROVARELLI y dijo que éste se llevó ejemplares para que lo suscribieran Carlos AVOGADRO y Rubén ROSAS, explicando que del intercambio de ejemplares se puede comprobar que no en todos ellos, se encuentran las firmas de todos los intervinientes.-

                                               Hugo GONZALEZ aseguró que concurrió al Estudio de Carlos AVOGADRO en varias oportunidades a fin de averiguar como seguía su caso, sin obtener respuesta satisfactoria, sólo evasivas. Durante su declaración manifestó que en una ocasión, en el 2.001,  lo vio a TROVARELLI quien le dijo que subiera que AVOGADRO tenía que hablarle. Ya en su entrevista con Carlos AVOGADRO, éste le manifestó que la Compañía de Seguros había quebrado y que los demás eran insolventes, por lo tanto, no iban a poder cobrar y que se olvidara.-

                                               Hugo GONZALEZ explicó que no se resignó, con mayor razón cuando tomó conocimiento en el 2.003 aproximadamente que otras víctimas del mismo accidente habían cobrado el 100%, como era un caso que llevó Carlos PARELLADA. Relató que después de ello consultó nuevamente a otros abogados, hasta que finalmente habló con el Dr. Fidel BUSTELO, quien luego de hacer una averiguaciones le informó que se había dictado una sentencia, firmado un acuerdo y cobrados unos cheques. Cabe destacar en la cuestión que el propio Carlos AVOGADRO en su declaración de fs. 90/91 admitió que fue informado por TROVARELLI o ROSAS, sobre un colega interesado por el caso de GONZALEZ y que después recibieron llamadas de otros profesionales, con lo cual se acredita la veracidad de haber consultado diversos profesionales.-

                                                Es importante resaltar que mientras Hugo GONZALEZ iba relatando estas circunstancias se pudo observar como se le iban humedeciendo los ojos, los movimientos del cuerpo y los gestos acompañaban sus dichos y se evidenciaba la franqueza, la objetividad y emotividad de su relato, transmitiendo la sensación de la impotencia e indignación que la situación le ocasionó, lo que sólo puede ser producto de haber vivenciado tales acontecimientos y desmoronaron la especulación defensiva de que se trataba de un relato armado. Por lo que sin lugar a dudas se probó que Hugo GONZALEZ tenía total desconocimiento de la existencia del convenio hasta que le fue informado por el Dr. Fidel BUSTELO.-

                                               A mayor abundamiento, con la declaración de Ricardo MASTRONARDI se probó que el Dr. Fidel BUSTELO le interrogó sobre el caso, a quien aseguró le explicó la existencia de un convenio y como le solicitó una copia, afirmó que se la entregó.-

                                               De la misma manera con las declaraciones del Dr. MASTRONARDI se probó y fue admitido por los enjuiciados, que el convenio firmado no fue presentado oportunamente en el expediente civil, ni homologado judicialmente.-

                                               Con todo esto, no sólo quedó acreditado que Hugo GONZALEZ desconocía el verdadero estado del juicio (más allá del significado técnico de las palabras), es decir su situación jurídica real, además no fue informado de las tratativas del Convenio de Pago, tampoco se le comunicó su materialización. Se le ocultó posteriormente el mismo y obviamente los alcances del acuerdo, como así también que se habían cobrado las dos primeras cuotas. Sólo por la intervención del Dr. Fidel BUSTELO y la entrega de una fotocopia por parte de Ricardo MASTRONARDI, Hugo GONZALEZ llegó tuvo acceso a la información, del Convenio y cuotas abonadas.-

                                               En cuanto a la versión de los hechos del enjuiciado Carlos AVOGADRO, de fs. 90/91, resulta una mera excusa, frágil, formal, pueril, sin sustento probatorio alguno y que no resiste el cotejo con el resto de los elementos probatorios y tendiente sólo a evadir la responsabilidad por los hechos enrostrados.-

                                               Efectivamente, la explicación brindada por Carlos AVOGADRO, que en definitiva admite la celebración del convenio y que recibieron dos cheques producto del mismo, cuyos montos imputó a honorarios, incluso formula cuentas como una suerte de explicación sobre las cantidades liquidadas entre las partes y afirma que lo percibido no alcanza a los valores establecidos, es una excusa frágil y formal, pretendiendo extrapolar una situación de privilegio sobre los honorarios regulados y que se cobran en juicio, aplicándolos a un convenio, que nunca se presentó en el juicio civil, (indicio de actitud sospechosa posterior) realizado invocando un poder que quedó plenamente probado que carecía, que ocultó a Hugo GONZALEZ (en cuyo nombre en cuyo nombre transó) las tratativas, firma del convenio, sus alcances jurídicos y el cobro de las dos primeras cuotas.-

                                               Pero además AVOGADRO en su declaración admite: “…en setiembre del año dos mil y cuando la aseguradora pasaba una situación económica de mucha dificultad, cuestión que era de público conocimiento, se suscribió un convenio con la misma junto con una liquidación ambos suscriptos por el Dr. Mastronardi, apoderado de la aseguradora, donde se detalla los importes correspondientes a capital, intereses y honorarios (indicio de oportunidad personal y material)”, es decir, que al tiempo de tratar el convenio y de materializarlo, también tenía pleno conocimiento de la situación por la que atravesaba la aseguradora, lo que significa que por lo menos sabía de la dudosa posibilidad del cumplimiento del acuerdo, que tampoco anotició a su cliente. GONZALEZ sólo ha cursado la escuela primaria, la que como expresó en la audiencia concluyó a los cuarenta años de edad y que con sus limitaciones explicó coherente y espontáneamente desconocer el convenio, el cobro de los cheques y sobre la aseguradora, lo único a que se refirió, es que Carlos AVOGADRO le dijo que había quebrado y que no cobraría.-

                                               Estimo que quedó probado con el grado de certeza que se requiere en esta etapa procesal, que Hugo GONZALEZ concurrió por recomendación a dicho Estudio cuyo titular era Carlos AVOGADRO, mientras que Rubén ROSAS y José Luís TROVARELLI desempeñaban la función de realizar la procuración, lo que es conteste con la redacción de los escritos en la causa civil (ver fs. 2, 6, 21, 23, 24, 25/27 y 44), quienes posteriormente al desvincularse de AVOGADRO, se retiran de dicho Estudio, mientras que el caso de Hugo Rubén GONZALEZ permaneció en dicho Estudio, además fue AVOGADRO quien terminó la relación profesional cuando le expresó al denunciante que resultaba incobrable y se olvidara, por lo tanto fuera de toda duda, Hugo Rubén GONZALEZ era cliente de Carlos AVOGADRO.-

                                               Hugo Rubén GONZALEZ durante toda su declaración se caracterizó por su objetividad, espontaneidad, que dieron la sensación de veracidad de sus dichos y la prontitud a responder las preguntas que se le formularon, sus gestos acompañaron sus dichos y abundó en detalles que sólo pueden recordar quienes han vivenciado el relato.-

                                               En definitiva, la versión de los hechos brindada por el enjuiciado, como se anticipó es frágil y con exceso rigor formal, que no resiste el cotejo del propio relato, porque mientras explica inicialmente que ROSAS y TROVARELLI realizaban la procuración en el Estudio (lo que es conteste con los escritos en el juicio civil), y ensaya una explicación sobre el destino de los montos de los cheques cobrados que imputa a honorarios, lo que indica indiscutiblemente el dominio no sólo del hecho, sino del caso de su cliente Hugo GONZALEZ, inmediatamente después desliza que los “…cheques librados a la orden de Trovarelli y efectivamente cobrados por él. …debo hacer notar que nunca firmé ningún recibo incluso me manifestó que el cheque para cancelar la segunda cuota que vencía el 17 de noviembre de dos mil y llegó casi un mes atrasado pretendiendo desvincularse de lo previamente admitió, que fue él quien efectivamente percibió el producido del cheque (indicio de actitud sospechosa posterior). Es pueril, porque resulta de tal ingenuidad que por la sola experiencia común debe descreerse. Efectivamente, es suficientemente conocido por la experiencia como trabajan los abogados, como en la especie, respecto de los honorarios, cuando se trata de abogados que trabajan haciendo la procuración en estudios de terceros, esa experiencia avala los dichos y explicaciones de Rubén ROSAS y José Luís TROVARELLI, los que en definitiva en el sub lite son confirmados por la declaración de Ricardo MASTRONARDI. Además, carece absolutamente de sustento probatorio y sólo está basada en sus dichos.-

                                               En consecuencia, como anticipamos al no tener sustento probatorio alguno, frente al complejo probatorio, quedó acreditado que sólo son meras excusas exculpatorias que analizadas según la sana crítica, siguiendo las reglas del recto razonamiento, de la lógica, la psicología y la experiencia común, carecen de validez y no es creíble la versión de Carlos AVOGADRO, en consecuencia resulta ser autor del hecho contenido en la acusación.-

                                                4.-       En conclusión, frente al contexto fáctico y probatorio examinado Copia certificada del Expte. n° 137.596, caratulado “GONZALEZ, Hugo Rubén c/ COOP. DE TRABAJO RADIO TAXI p/ D. y P.” de fs. 1/45, fotocopia de convenio de pago de fs. 46/47, denuncia de fs. 48/49, fotocopia de listado de Compañías de Seguros de fs. 86, convenio de pago en fotocopia de fs. 87, fotocopia de liquidación practicada en autos 137.596, suscripta por los Dres, Mastronardi y Trovarelli de fs. 88, documentación en fotocopia de fs. 112/115, informe del Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 26 de fs.191/197, informe del Bank Boston de fs. 203 y 209, informe del Standard Bank de fs. 247 y las testimoniales prestadas en el debate de Hugo GONZALEZ, Ricardo MASTRONARDI y Carlos PARELLADA, elementos probatorios que reunidos, relacionados y cotejados, analizados y valorados, estimo que se probó que Carlos AVOGADRO fue contratado por Hugo GONZALEZ para llevar su caso, motivado porque el día 14 de agosto de 1993, en ocasión de ser transportado en calidad de pasajero en el automotor marca Ford Falcon, dominio V-022.732, interno 115 de la Empresa Cooperativa de Trabajo Radiotaxi Mendoza Ltda., (Radiomóvil), resultó víctima de un accidente de tránsito en la Ruta Internacional a Chile n° 7, sufriendo lesiones que le ocasionaron incapacidades físicas parciales, como permanentes. Carlos AVOGADRO con el patrocinio de los abogados Rubén Raúl ROSAS VIALE, iniciaron el día 12 de agosto de 1994 una acción civil por daños y perjuicios contra la Cooperativa de Trabajo Radio Móvil Ltda. y contra LUIS RAMON OSORIO FUENTES, que se tramita en los autos n° 137.596, caratulados “GONZALEZ, Hugo Rubén c/ Cooperativa de Trabajo Radio Móvil Taxi p/ Daños y Perjuicios”, radicado ante el Décimo Primer Juzgado Civil, Rubén ROSAS fue quien principalmente llevó la procuración y también intervino con el patrocinio José Luís TROVARELLI, el día 04 de agosto de 1999, se hizo lugar a la demanda interpuesta en primera instancia, condenando a la parte demandada y a la Compañía de Seguros Visión S.A. al pago al señor GONZALEZ de la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000), con más los intereses legales, que fue apelada por Carlos AVOGADRO, por la actora y por sí y José Luís TROVARELLI y Rubén ROSAS por sus honorarios y el día 5 de setiembre de 2.000, Carlos AVOGADRO, Rubén Raúl ROSAS y José Luís TROVARELLI “por sus honorarios y por la representación del Señor Hugo Rubén GONZALEZ a mérito del poder general para juicios que poseen con facultades suficientes para este acto” celebraron un “acuerdo de pago y transacción” con la Compañía Argentina de Seguros Visión S.A., representada por el Dr. Ricardo MASTRONARDI,  reconociendo la deuda a la parte ACREEDORA, en concepto de honorarios, capital e intereses por los autos n° 137.596, caratulados “GONZALEZ, Hugo Rubén c/ Cooperativa de Trabajo Radiomóvil Taxi Ltda., y ots. p/ Daños y Perjuicios”, originarios del Décimo Primer Juzgado Civil, Comercial y Minas, la suma total de $ 129.396,oo, según liquidación del 10 de agosto de 2000, firmada por José Luís TROVARELLI y Ricardo MASTRONARDI, suma que se convino su pago en ocho cuotas mensuales iguales y consecutivas de $ 16.175,oo, debiendo abonarse la primera el día 17 de octubre de 2000 de las que sólo se materializaron las dos primeras mediante los cheques nros.  30.794  y 33.030 a cargo del BankBoston, cada uno por la suma de $ 16.175,oo los que recibió José Luis TROVARELLI, según consta en las órdenes de pago n° 525.427 y 527.481, con la firma del mencionado y la aclaración del número de documento, cheques que José Luis TROVARELLI endosó y entregó a Carlos AVOGADRO quien los percibió y los imputó a honorarios a sabiendas que la Compañía de Seguros pasaba una difícil situación económica, por la cual difícilmente podía cumplir con lo pactado, mientras que a su cliente Hugo GONZALEZ le ocultó las tratativas y celebración del convenio, situación económica de la aseguradora y el cobre de las dos primeras cuotas. Con posterioridad le manifestó que la Compañía de Seguros había quebrado y que los demás eran insolventes, por lo tanto, no iba a poder cobrar y que se olvidara. Hugo GONZALEZ contrato al Dr. Fidel BUSTELO mediante cuya intervención logró la información y una fotocopia del convenio por Ricardo MASTRONARDI, abogado de la contraparte. Convenio que no fue presentado oportunamente en el expediente civil, ni homologado judicialmente.-

                                               En conclusión,  quedó acreditado que Hugo GONZALEZ desconocía el verdadero estado del juicio, su situación jurídica real, que no fue informado por Carlos AVOGADRO, ni le rindió cuentas de las tratativas del Convenio de Pago, ni de su materialización y alcance, la situación económica crítica de la Aseguradora, y del cobro de las dos primeras cuotas cuando tenía la obligación de rendir cuenta de la gestión que en su nombre realizó invocando un poder para juicio que no tenía, y comprometió sus intereses pecuniarios, perjudicándolo.-

                                                En síntesis, quedó plenamente acreditado el hecho enrostrado a Carlos AVOGADRO MORENO de haber tramitado y celebrado un convenio con desconocimiento de Hugo GONZALEZ, a quien se lo ocultó, como el haber percibido los cheques de las dos primeras cuotas y destinando dichas sumas de dinero a sus honorarios, perjudicando los intereses, con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido, a sabiendas de que la Aseguradora pasaba por una difícil situación económica y que no podría cumplir con lo pactado.-

                                               Con relación a José Luís TROVARELLI y Rubén ROSAS, no se probó la intervención dolosa en los mismo.-

 

CAUSA n° P-63.504/05:

                                               1.-       La acusación.

                                               Según el Auto de Elevación a Juicio de fs. 174/177, atribuye "prima facie" la comisión del delito de DEFRAUDACION MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTO (art. 173 inc. 3 del C.P.) a  CARLOS AVOGADRO MORENO, basándose para ello en los siguientes hechos y pruebas:

                                               HECHOS: El día 07 de mayo de 2.003, en el estudio jurídico de calle Chile 1350 de Ciudad, el Dr. Carlos AVOGADRO, patrocinante de Juan Ricardo Failla e Irma Gladys Lourdes Videla, en los autos nro. 125.502 caratulados “Failla Bogado Juan y ots. C/Gob. de Mendoza p/Ord.” Originario del Décimo Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, hizo firmar a Juan Ricardo Failla y a Irma Gladys Lourdes Videla, dos recibos por un monto de ciento cuarenta y cinco mil pesos ($145.000) y otro por la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000), haciéndoles creer que estaban firmando originales por la suma que les había entregado, siendo ésta sólo los cuarenta y cinco mil pesos en concepto de pago a cuenta del importe reclamado en los autos de mención, aduciendo que no les entregaba copia de los mismos porque uno era para acompañar al expediente y el otro para él. En fecha 14 de mayo de 2.003, en el mismo lugar y con el mismo proceder, el imputado Carlos Avogadro hizo que Failla y Videla firmaran dos recibos de trece mil pesos ($13.000) y cincuenta y cinco mil pesos ($55.000), entregándoles los trece mil pesos ($13.000) creyendo como la vez anterior, que sólo firmaban dos recibos por trece mil peso”.-

                                               “Juan Ricardo Failla expuso en su denuncia que como consecuencia del fallecimiento de su primer hijo en el Hospital Diego Paroisiens, iniciaron con su esposa Irma Gladys Lourdes Videla, un juicio por Mala Praxis Médica en contra del Gobierno de la Provincia de Mendoza, dando lugar a los autos N° 125.502 caratulados “Failla Bogado Juan y ots. c/Gob. De Mza. p/Ord.”, siendo su apoderado legal el hoy denunciado Dr. Carlos Avogadro. Una vez obtenida la sentencia favorable, el Dr. Avogadro les dio en forma de pago parcial la suma de $ 45.000 para fecha 07/05/2.003 firmando el denunciante y su esposa dos recibos, pero el Dr. Avogadro no les entregó ninguno de esos recibos aduciendo que uno era para acompañar al expediente y el otro para él. La misma maniobra realizó el 14/05/2003, entregándoles la cantidad de $ 13.000, haciéndoles firmar a él y a su esposa dos recibos y quedándose con los dos comprobantes. Sostuvo que por sus reiterados reclamos el Dr. Avogadro les entregó las copias de los recibos firmados, con la sorpresa de que el monto de uno de ellos era de $ 13.500 cuando en realidad habían recibido y firmado por $ 13.000, además el número de Expediente y Juzgado mencionado en los recibos no coincidían con el número y Juzgado al que correspondían. Ante ello concurrió al Juzgado Civil correspondiente y le informaron, mostrándole el expediente, que el Dr. Avogadro habían retirado la suma de $ 200.101,56 en concepto de capital e intereses, habiéndoles entregado sólo $ 58.000. En el mencionado expediente el Dr. Avogadro presentó como defensa copias de recibos certificadas por actuación notarial de fecha 05/05/2003 por un monto de $ 145.000 y de fecha 14/06/2002 por un monto de $ 55.000, supuestamente firmado por el denunciante y su esposa y nunca se acompañaron los originales. El denunciante manifestó que jamás firmó tales recibos, ni cobró la suma de $ 200.000. (fs. 2/2)”.-

                                               “Se acompañó a fs. 5, copia de recibo de fecha 05/05/2003, por un monto de $ 145.000”.-

                                               “De igual modo a fs. 6, copia del recibo de fecha 14/06/2002, por un monto de $ 55.000”.-

                                               “Corren agregadas a fs. 7 y 8 copias de cartas documento enviadas por el denunciante Juan Ricardo Failla al Dr. Carlos Avogadro, emplazándolo a un término de 10 días a rendir cuentas debidamente documentada en especial al dinero que le pertenece”.-

                                               “Citado a declarar, Juan Ricardo Failla Bogado ratificó la denuncia realizada anteriormente y sostuvo que cuando les hizo firmar en su estudio los recibos de su esposa y a él, el Dr. Avogadro les leyó en voz alta un recibo mientras ellos seguían la lectura de otro que tenían en sus manos, pero cuando terminó de leer les hizo firmar el que el Dr. leía, retirándoles el que tenían las víctimas y éstos firmaron sin leer, ya que creyeron que eran de idéntico contenido, y luego firmaron el que habían leído, pero en realidad eran todos originales por montos de $ 13.000, $ 45.000, $ 145.000 y $ 55.000. Agregó que cuando comenzó a investigarlo, el Dr. Avogadro le entregó dos recibos adulterados, por montos de $ 13.500 y $ 45.000. (fs. 20)”.-

                                               “En su declaración, Carlos Avogadro Moreno manifestó que la denuncia es absolutamente falsa. Que los denunciantes firmaron en dos oportunidades y leyeron ambos lo que firmaban con espacio de un año entre un recibo y otro, se llevaron copia de lo que firmaron, no tuvieron ninguna objeción durante todo ese período y cuando les hizo saber que del saldo que quedaba a liquidar le correspondía a él para cobrar los honorarios regulados a su cargo es cuando se desataron éstas denuncias a modo de extorsión con la intención de presionar para que no cobre los honorarios. Sostuvo que los recibos originales se encuentran en su poder, que cobró aproximadamente $ 97.000 en concepto de honorarios y que todavía le adeudan los honorarios que aún no están liquidados. En la misma audiencia el Dr. Avogadro hizo entrega de copias certificadas por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados del informe Pericial Caligráfico y de los recibos sobre los que se realizó la pericia (fs. 44/45)”.-

                                               “A fs. 99 se agregó el acta de entrega de los dos recibos originales, cuyas copias se encuentran reservadas en caja de seguridad”.-

                                               “Irma Gladys Lourdes Videla expresó que el Dr. Avogadro al momento de firmar los recibos no les entregó ninguno de ellos. Que no leyó ninguno de los recibos que firmó ya que el Dr. Avogadro leía en voz alta uno de ellos y el otro lo leía su marido que seguía la lectura que hacía el denunciado y en las dos ocasiones hizo lo mismo. Que las sumas que les entregó fueron de $ 45.000 la primera vez y de $ 13.000 la segunda. Manifestó que con posterioridad a la entrega de ese dinero, el Dr. Avogadro les entregó copias de dos recibos pero de $ 45.000 y $ 13.500 pesos, en estos recibos él había cambiado la carátula, no coincidía el numero ni el Juzgado (fs. 100/101)”.-

                                               “Del mismo modo declaró Juan Ricardo Failla Bogado, sosteniendo que firmaron sin leer los recibos que el Dr. Avogadro tenía su poder, creyendo de buena fe que coincidía totalmente con la lectura que él seguía (fs. 102/103)”.-

                                               “La Perito Calígrafa Adriana Noemí Pronko Petasne manifestó que el informe y la pericia realizada, obrante en el expediente N° 776 del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, la realizó ella y que la realizó sobre los originales (fs. 104)”.-

                                               “La prueba pericial que se acompañó a fs. 154 hizo constar que los documentos de fs. 3 y 4 son producto de una maniobra por implante del último renglón y firmas, lograda sobre los originales, fotocopiando posteriormente ambos instrumentos. Que tanto el último renglón como el texto que lo precede en ambos documentos poseen un mismo formato de impresión, no siendo posible confirmar ni descartar en forma categórica si ambos grupos proceden de una misma máquina impresora, debido a la mala calidad de las fotocopias”.-

                                               CALIFICACIÓN LEGAL: A juicio de de este Tribunal, CARLOS AVOGADRO MORENO, de filiación consignada precedentemente, resulta autor penalmente responsable del delito de DEFRAUDACIÓN MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTO (art. 173 inc. 3° del Código Penal)”.-

                                               2.-    Carlos AVOGADRO haciendo uso de su derecho constitucional y procesal, no manifestó espontáneamente su voluntad de declarar durante el transcurso del debate (art. 18 de la C.N., art. 26 de la Const. de Mendoza, y arts. 388 y 390 del C.P.P.- Ley 6.730-7.116) por lo que se procedió a la incorporación de la declaración judicial del enjuiciado que obra a fs. 45/46, de acuerdo a lo establecido por el art. 388 del C.P.Penal (Ley 6.730-7.007), por lo que a sus manifestaciones allí consignadas, "brevitatis causa" me remito.-

                                               3.-       De la prueba receptada en la Audiencia de Debate y de la Instrumental oportunamente incorporada sin oposición de las partes, valorada según las reglas y principios de la sana crítica racional -o la libre convicción- (arts. 394 y 416 inc. 4º del C.P.Penal--Ley 6.730-7.007) surgieron las siguientes circunstancias:          

                                               Quedó probado con grado de certeza que, Carlos AVOGADRO llevó judicialmente una demanda civil de Juan Ricardo FAILLA y de Irma Gladis Lourdes VIDELA, en los autos n° 109.424, caratulados “FAILLA BOGADO Juan y ot. C/Gob. de Mendoza p/Daños y Perjuicios”, originarios del Décimo Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas. Que como consecuencia de la misma se iniciaron los autos n° 125.502, caratulados “FAILLA BOGADO, Juan y ots., en Juicio n° 109.424 – “FAILLA BOGADO Juan y ot. C/Gob. de Mendoza p/D. y P.” p/EJECUCIÓN DE SENTENCIA”. Lo que no fue controvertido y se acreditó con las instrumentales agregadas en autos, como del Sumario Disciplinario n° 776, del Tribunal de Ética y Disciplina de la Primera Circunscripción – Mendoza y son contestes con las declaraciones de Juan Ricardo FAILLA y de Irma Gladys Lourdes VIDELA, quienes expresaron que como consecuencia del fallecimiento de su primer hijo en el Hospital Diego Paroisiens, formularon una denuncia y el funcionario policial que los atendió les recomendó al Dr. Carlos AVOGADRO para llevarles el caso, quienes afirmaron que se contactaron con él y contrataron sus servicios. Quien los mandó a una escribanía en la calle España a fin de otorgarle un Poder para juicios.-

                                               Tanto Juan Ricardo FAILLA, como Irma Gladys VIDELA, aseguraron que el primero era quien preguntaba por el estado del juicio. Que lo había hecho muy pocas veces en el transcurso de los años y que en realidad AVOGADRO nunca les preciso sobre el estado o resultado del juicio.-

                                               También relató Juan Ricardo FAILLA, y fue conteste en sus partes esenciales Irma Gladys VIDELA, que un día por intermedio de tercera persona Carlos AVOGADRO le avisó que concurriera al Estudio.-

                                               Se probó que motivado por aquel aviso el día 7 de mayo de 2003, concurrieron al Estudio Jurídico de calle Chile 1350 de Ciudad, Juan Ricardo FAILLA y Irma Gladys VIDELA, llevando consigo a sus dos hijos menores. Aseguraron que desconocían el motivo, pero que tenían mucha expectativa.-

                                               En dicha oportunidad los atendió Carlos AVOGADRO, quien los hizo ingresar a un lugar que ambos denunciantes describieron como muy poco iluminado y les manifestó que alguna platita iban a cobrar (más precisamente VIDELA aseguró que les dijo “una platita hemos cobrado”), e inmediatamente colocó sobre la mesa unos fajos de billetes entre ellos y AVOGADRO, diciéndoles que debían firmar dos recibos uno que era para agregar al expediente “o algo así” (según FAILLA) y el otro era para AVOGADRO. Para ello les entregó un ejemplar y les pidió que lo siguieran atentamente en la lectura que le daba al que tenía, AVOGADRO en sus manos. FAILLA aseguró que siguió atentamente lo que decía AVOGADRO y que se correspondía con el recibo que tenía en sus manos, que era por un monto de $ 45.000,oo. Luego les hizo contar el dinero, que FAILLA aseveró, habían cuatro fajos de $10.000,oo, dos en billetes de $ 100,oo y dos en billetes de $ 50,oo y un quinto fajo de $ 5.000,oo. Después de contar el dinero, les hizo firmar el recibo que tenía FAILLA en las manos y cuando AVOGADRO lo recibió inmediatamente les hace firmar el otro recibo que había tenido en sus manos Carlos AVOGADRO y aseguró FAILLA como lo que había escuchado coincidía con el texto del que tenía en la mano, además parecía a simple vista como idéntico y porque no atinó a desconfiar, por como eran las circunstancias y lo firmó, que lo hizo sin darle lectura. Y dijo que su esposa (VIDELA) también lo firmó sin leer a su instancia.-

                                               Juan FAILLA aclaró que, como no sabían el motivo de la citación y no imaginaron que les iba a entregar dinero, ni esos montos, porque de lo contrario no hubieran concurrido con sus hijos menores. Además, dijo que en ese momento no sabían que hacer, por lo que le requirieron consejo de donde depositarlo, aseveró que AVOGADRO les manifestó que lo depositaran en una institución seria, como podía ser el Citibank o el Boston. Entonces, como los fajos tenían el sello del Citibank, se decidieron por esta institución, donde ese día depositaron $ 40.000,oo.-

                                               Con las constancias del Sumario Disciplinario n° 776, del Tribunal de Ética y Disciplina de la Primera Circunscripción – Mendoza, más precisamente con las fotocopias certificas de depósitos a plazo fijo (fs.211/212) y el informe del Citibank (fs. 236/237) se acreditó la veracidad de los dichos de Juan FAILLA y Gladys VIDELA.-

                                               Antes de retirarse ese día Carlos AVOGADRO les dijo que volvieran a la semana siguiente que “habría una platita”.-

                                               El día 14 de mayo de 2.003, concurrieron nuevamente Juan Ricardo FAILLA e Irma Gladys Lourdes VIDELA, quienes en sus declaraciones aseguraron que no lo hicieron con sus hijos en esta oportunidad, por el peligro que significó andar por la calle con semejante cantidad de dinero y porque la semana anterior su hijo más grande había quedado impresionado por la cantidad de dinero.-

                                               Nuevamente en esta otra oportunidad, las circunstancias fueron similares, AVOGADRO los atendió en un ambiente oscuro, procedió a colocar dinero por un monto de $ 13.000,oo sobre la mesa (VIDELA afirmó que la sacó de un maletín) les dijo que tenía dos recibos, uno se lo entregó a FAILLA y le dijo que prestara atención a la lectura que haría, y mientras AVOGADRO daba lectura al otro recibo, FAILLA controlaba que lo dicho por parte de AVOGADRO se correspondiera con el texto del recibo que tenía en sus manos. Luego les hizo contar el dinero. Para después hacerles firmar primero el recibo que FAILLA tenía en sus manos y luego pasarles el otro, que firmaron sin darle lectura.-

                                               Tanto FAILLA como VIDELA manifestaron que le solicitaron copias de los recibos y les dijo que luego les daría fotocopia. Además, afirmaron que les manifestó Carlos AVOGADRO que quedaba un resto, por el que estuvieron esperando, pero nunca les avisó. FAILLA aclaró que nunca había tenido tanto dinero, pero como querían construirse una casa, sabía que tenía justificar el origen de todo ese dinero. Ambos afirmaron que AVOGADRO les aseguró que después les entregaría copias. Después de reclamar en varias oportunidades la entrega de copias de los recibos, finalmente le indicó que pasara a buscarlos por el Estudio. FAILLA relató que en un sobre le entregaron dos fotocopias, que se corresponden a las agregadas a fs. 3 y 4. Que cuando las revisó comprobó que si bien la fecha coincidía con las dos oportunidades en que había concurrido al Estudio de Carlos AVOGADRO, es decir los días 7 y el 14 de mayo de 2.003, pero observó que uno de los recibos en lugar de $ 13.000,oo, decía $ 13.500,oo, además, el número del expediente y el juzgado no se correspondía a los datos que tenía en su poder, y dijo que le “quedó la pica de que algo raro había”, razón por la cual decidió concurrir al Tribunal donde tramitaba el juicio.-

                                               Juan FAILLA aseguró que una vez en el Juzgado se le informó y le mostraron en el expediente donde constaba que AVOGADRO, había retirado la suma de $ 200.101,56 en concepto de capital e intereses, cuando a él sólo le había entregado en total la suma de $ 58.000,oo.-

                                               Juan FAILLA declaró que con los datos que poseía formuló denuncia al Colegio de Abogados y le intimó a la rendición de cuentas de la gestión y del dinero que le pertenecía mediante carta documento. La primera se puede cotejar que tiene ingreso del día 8 de julio de 2004 (ver fs. 110 del Sumario Disciplinario n° 776, del Tribunal de Ética y Disciplina de la Primera Circunscripción – Mendoza) y con relación a la carta documento que tiene fecha del 8 de julio de 2.004 se puede comprobar su veracidad a fs. 7 de estos autos. Como AVOGADRO no respondió la carta documento, ni le rindió cuenta, y tomó conocimiento que había renunciado al mandato en el expediente civil, emplazó a AVOGADRO a rendir cuentas debidamente documentada de su gestión y del dinero en el término de 10 días (ver fs. 8). Juan FAILLA afirmó que nunca le respondió las intimaciones, ni le rindió cuenta. Lo que no está ni contradicho, ni existe elemento alguno que ponga en duda lo afirmado por Juan FAILLA .-

                                               Por su parte Carlos AVOGADRO en su declaración de fs. 44/45, refiere que todo está motivado para evitar abonarle los honorarios que debía percibir, que no estaban liquidados y afirma que ya los tendría que haber cobrado, quien afirmó que: “por una cuestión de delicadeza no ejercí el privilegio que me confiere la ley y le permití a los denunciantes percibir el importe del capital y parte de los intereses que se liquidaron, estando pendiente el cobro de mis honorarios. Yo al pagarles les podría haber descontado mis honorarios y no lo hice” . Se trata solo de una mera disculpa. Un indicio de mala justificación.-

                                               A mayor abundamiento, tampoco es creíble, por ser pueril, que después de 12 años de juicio, de haber anticipado los gastos, haya entregado el total del capital e intereses sin quedarse ni con el 1 % del mismo. Lo que comparado con la conducta de AVOGADRO en la causa analizada anteriormente resulta una excusa que no es creíble.-

                                               No quedan dudas que los recibos, cuyas fotocopias están agregadas a fs. 57 y 58 contienen las firmas de Juan FAILLA y Gladys VIDELA. Ni tampoco es motivo de cuestionamiento. Lo que se discute es el contenido que mediante engaño les hizo suscribir. Como tampoco quedan dudas que las fotocopias agregadas a fs. 3 y 4 son adulteraciones.-

                                               Es importante tener en cuenta que no quedó descartado con las pericias y especialmente por los informes brindados durante el debate, que tanto los recibos de fs. 3 y 4 como los de fs. 57 y 58 pueden tener una misma fuente y origen material, es decir, para decirlo de otra forma: sobre los recibos cuyas fotocopias están agregadas a fs. 57 y 58 no quedan dudas que fueron obra directa o por mando de Carlos AVOGADRO, pero no quedó descartado que también pueden tener la misma fuente y origen material los recibos cuyas fotocopias adulteradas están agregadas a fs. 3 y 4 (informes y aclaraciones en el debate de los peritos MONTANO y ENCINA).-

                                               En un punto coincidieron los alegatos del Sr. Fiscal de Cámara, del representante del Querellante Particular y del Defensor, en que existen dos versiones encontradas y que se debe decir cual es la creíble. Pero mientras que los dos primeros basados en los cotejos de los elementos probatorios y de los indicios, concluyeron que era creíble la de Juan FAILLA y Gladys VIDELA. Mientras que el último abonó la hipótesis de un complot armado para evitar pagar los honorarios que le corresponde a Carlos AVOGADRO y que le beneficia la duda al imputado.-

                                               Anticipo que, la teoría del complot para evitar pagar unos honorarios, no sólo es pueril, sin sustento alguno, sino que no se corresponde con la personalidad que hemos podido comprobar de Juan FAILLA y Gladys VIDELA durante el debate en sus declaraciones, ni se corresponden con los restantes elementos de pruebas e indicios. Es decir, que no existe indicio de capacidad o de oportunidad personal, por carecer de compatibilidad entre la persona física y moral de FAILLA y de VIDELA con el pretendido complot del que asegura AVOGADRO es víctima. Este indicio es condición necesaria de probabilidad o verosimilitud de dicha hipótesis. En consecuencia, la falta de capacidad da por resultado que debe descartarse la hipótesis del complot.-

                                               En cuanto a la versión de los hechos del enjuiciado Carlos AVOGADRO, de fs. 44/45, resultó una mera excusa, frágil, pueril, sin sustento probatorio alguno y que no resiste el cotejo con el resto de los elementos probatorios e indicios, tendiente sólo a evadir la responsabilidad por los hechos enrostrados.-

                                               Efectivamente, la perfecta descripción por parte de Juan FAILLA y conteste en las partes esenciales con la brindada por Gladys VIDELA de las circunstancias, desde la citación al Estudio, como que en ambas oportunidades la mecánica de la maniobra, el lugar oscuro donde ocurrieron los hechos, la forma en que procedió AVOGADRO a darle lectura supuestamente a un ejemplar de un recibo, mientras le había entregado a FAILLA el otro, previo colocar delante una suma importante de dinero, que a cualquier persona tomada por sorpresa puede distraer, con mayor razón para quien por su condición económica nunca antes había tenido oportunidad de ver, a quienes luego de contar el dinero les hizo firmar el ejemplar que tuvo en sus manos y que se correspondía a los hechos que sus sentidos permitían ver y escuchar, para luego hacerles firmar el otro ejemplar que supuestamente era idéntico al que tuvo en sus manos FAILLA, engaño mediante el cual logró que firmaran los denunciantes los recibos que obran a fs. 57 y 58, versión que se encuentra corroborada por el cotejo con el resto de la prueba e indicios y hacen totalmente creíble la versión de FAILLA y VIDELA.-

                                               Hemos podido comprobar al analizar la anterior causa como Carlos AVOGADRO, con ocultamiento a su cliente del verdadero estado del juicio, como de las tratativas y celebración de un convenio con la contraparte judicial, con una situación económica de la aseguradora que le hacía prever que no se cumpliría lo pactado y de la percepción de dos cuotas del acuerdo, pretendió hacer creer que tenía derecho a un privilegio por los honorarios en semejante circunstancias, mientras que en esta causa, pretende hacer creer que por el contrario le entregó el total del capital e intereses del juicio, cuando tenía honorarios por cobrar, y que lo hizo por una cuestión de delicadeza, lo que resulta pueril, frente a las circunstancias.-

                                               las declaraciones de Juan FAILLA y Gladys VIDELA que fueron espontáneas, objetivas, precisas, detallistas, coherentes y predispuestos en todo momento a responder las diversas preguntas, los que en definitiva brindaron la sensación de veracidad de sus relatos, por cuanto sólo quienes vivencian los hechos pueden relatar de tal forma y someterse a los diversos y sucesivos interrogatorios de las partes (Fiscal, Representante de la Querella y Defensor) sin presentar incoherencias o lagunas, por lo que resulta totalmente creíble la versión de FAILLA y de VIDELA y se evidencia como mendaz la de Carlos AVOGADRO.-

                                               Por otra parte, las fotocopias de los recibos irregulares agregados a fs. 3 y 4, solo adquieren sentido de la mano del imputado. Efectivamente, si los denunciantes pretendieron hacer unos recibos para perjudicar al imputado lo hubieran elaborado en su totalidad y lo hubieran firmado. ¿Quien se beneficiaba conformando un nuevo recibo con las características de fs. 3 y 4? ¿Quién necesitaba recibos anteriores para lograrlo? Sólo el enjuiciado, como parte de la maniobra de desinformación y porque no podía estampar nuevas firmas, sino que debía utilizar parcialmente otros instrumentos que la contuvieran y tuviera en su poder.-

                                               Por eso la semejanza de las firmas y lugar de ellas, como texto del último renglón de los recibos de fs. 3, 4 con la de fs. 58.-

                                               ¿Tiene sentido que FAILLA elaborara recibos adulterados, con datos de número de expediente y juzgado cambiados, incluso el de fs. 3 es burdo, por el defasaje del último renglón, para hacerlos valer frente a AVOGADRO? No. Obviamente si FAILLA hubiera pergeñado un complot y con tal motivo elaborado unos recibos para hacerlos valer frente a AVOGADRO para perjudicarlo, además de elaborarlos completamente y firmarlos, los datos del número de expediente y juzgado serían los correctos, de lo contrario, como ocurre en el caso no tienen verosimilitud. En conclusión, las fotocopias de los recibos de fs. 3 y 4 le fueron entregados en el Estudio de AVOGADRO, como afirmó FAILLA. Los que tuvieron la finalidad de ocultar el comportamiento previo de AVOGADRO y mantenerlo desinformado.-

                                               Que los recibos de fs. 57 y 58 carezcan de número visibles por los montos de dinero y que la expresión sólo está en letras y minúscula, sin ningún tipo de destacado, refuerzan el relato de FAILLA y VIDELA sobre las circunstancias de ambas entrevistas y como fueron inducidos a firmar dos ejemplares en cada oportunidad, y que por las circunstancias ya explicadas  sólo verificaron material y realmente el texto de uno de ellos.-

                                               En definitiva, la versión de los hechos brindada por el enjuiciado, como se anticipó es pueril, frágil, que no resiste el cotejo con los restantes elementos de prueba y carece absolutamente de sustento probatorio.-

                                               Por el contario, frente a las explicaciones de Juan FAILLA y de Gladys VIDELA, simples, directas, corroborables (como justificar el monto que realmente percibieron de AVOGADRO y el depósito en plazo fijo el mismo día en el Citibank) y creíbles, nos encontramos con una cadena indiciaria que acredita sin lugar a dudas que Carlos AVOGADRO tuvo oportunidad personal (indicio de capacidad), no sólo por su condición de abogado, de ser representante de los denunciantes y contar con la totalidad de la información, sino por la forma de su actuación en la tramitación de la causa civil, y por mantener a sus mandantes desinformados; además tuvo oportunidad material (indicio de participación material), se hizo librar los cheques y percibió los montos dinerarios que estaban jurídicamente destinados a Juan FAILLA y Gladys VIDELA para cancelar el capital e intereses; en el mismo orden confeccionó o hizo materializar los recibos de fs. 57 y 58 y tenía los originales que fueron utilizados parcialmente para confeccionar los recibos irregulares de fs. 3 y 4; estos dos últimos indicios además son indicios de oportunidad física, ya que tuvo efectivamente el dinero, cuando no tenía necesidad jurídica, no le pertenecía, y por otra parte poseía los originales de los recibos; el indicio de actitud sospechosa previa por haber cobrado una suma de dinero que jurídicamente le correspondía a sus mandantes y que estaba destinada a entregar en su totalidad, lo que indica la mala intención de AVOGADRO; el indicio de mala justificación que significó cobrar una suma que por su volumen es riesgoso tener en efectivo, transportar y que supuestamente entregó a FAILLA y VIDELA, tanto es así, que el propio enjuiciado intenta una disculpa (por una cuestión de delicadeza les permitió a los denunciantes percibir cuando podría haber descontado sus honorarios) argumento pueril, que incluye una huella mental ya que no les permitió percibir (indicio de actitud sospechosa), sino que supuestamente fue él quien les entregó (ver fs. 45/46) que sólo fortalece el indicio y la versión sobre los hechos como lo relataron los denunciantes; el indicio de actitud sospechosa posterior, de no contestar las cartas documentos, ni rendir cuentas por escrito de su gestión; finalmente el indicio de motivo o móvil, que arroja luz de las razones de su proceder, ocultar sumas de dinero cobradas: primero un año antes y no entregada ni rendida, y segundo, al tiempo de las entregas por un monto sensiblemente superior al entregado, todo ello en perjuicio de sus mandantes.-

                                               En consecuencia, frente al complejo probatorio, quedó acreditado que sólo son meras excusas exculpatorias que analizadas según la sana crítica, siguiendo las reglas del recto razonamiento, de la lógica, la psicología y la experiencia común, carecen de validez y no es creíble la versión de Carlos AVOGADRO, en consecuencia tenemos como probado que hizo suscribir con engaño a Juan FAILLA y a Gladys VIDELA dos recibos: uno por la suma de $ 55.000,oo en concepto de cancelación de capital de condena, con fecha del 14 de junio del año 2002 (fotocopia agregada a fs. 58) y otro por la suma de $ 145.000,oo en concepto de cancelación del importe de la liquidación, con fecha 5 de mayo del año 2003 (fotocopia agregada a f. 57), tratando fraudulentamente de ocultar el dinero que había recibido con anterioridad, como por montos muy superiores a los efectivamente entregados ($ 45.000,oo el 7 de mayo de 2003 y $ 13.000,oo, el 14 de mayo de 2.003) y que tenía obligación de entregar a sus mandantes (FAILLA y VIDELA).-

                                               Por esta razón, Carlos AVOGADRO, cuando recibió las cartas documentos (ver textos a fs. 7 y 8 en estos autos, como a fs. 122, 123 del Sumario Disciplinario n° 776 del Tribunal de Etica y Disciplina de la primera circunscripción del Colegio de Abogados) que jamás contesto, ni rindió cuenta por escrito de su gestión, aunque estaba jurídicamente obligado a hacerlo, porque ello hubiera significado descubrir anticipadamente y con toda amplitud su maniobra..-

                                                La desinformación de sus clientes, es el modus operandi del enjuiciado en ambas causas, lo que aprovechó por su situación de privilegio como profesional, por su función en representación de los intereses de los denunciantes lo que le permitía tener la totalidad de la información y el manejo de las situaciones que lo posesionan para descolocar e intentar desprestigiar cualquier reclamo por parte de los mismos ante su comportamiento.-

                                               4.-        En conclusión, frente al contexto fáctico y probatorio examinado:  Denuncia de fs. 1-2 y vta.; fotocopia de recibos de fs. 3, 4, 5, 6, 57, 58, 93, 94; fotocopia de carta documento de fs. 7, 8; fotocopia art. Periodístico de fs. 28; informe del City Bank de fs. 38; informes periciales de calígrafos de fs. 52/55, 225/239; pericia caligráfica de fs. 146, 154, en caja de seguridad: dos recibos: uno de fecha 5 de mayo de 2003 y otro de fecha 14-6-2003 ambos con la constancia de la escribana María Virginia IBAÑEZ, el expediente n° 776 del Tribunal de Etica y Disciplina de la primera circunscripción del Colegio de Abogados, como con las declaraciones de Juan Ricardo FAILLA BOGADO, Irma Gladys Lourdes VIDELA DALMAU y las ampliaciones y aclaraciones de los informes periciales de Mariano R. ENCINA, Sergio Antonio MONTANO, Adriana Noemí PRONKO, elementos probatorios que reunidos, relacionados y cotejados, analizados y valorados, estimo que se probó con el grado de certeza que se requiere en etapa procesal que Carlos AVOGADRO les entregó a Juan FAILLA y a Gladys VIDELA el día 7 de mayo de 2003  la suma de $ 45.000,oo y el día 14 de mayo de 2.003 la suma de $ 13.000,oo, relacionados con los autos n° 125.502, caratulados “FAILLA BOGADO, Juan y ots., en Juicio n° 109.424 – “FAILLA BOGADO Juan y ot. C/Gob. de Mendoza p/D. y P.” p/EJECUCIÓN DE SENTENCIA”, haciéndoles suscribir dos recibos en cada oportunidad, uno verificado mediante su lectura por Juan FAILLA como representativo de lo que efectivamente percibía y el otro, que en cada oportunidad induciéndolos a suscribir mediante engaño un recibo por la suma de $ 55.000,oo en concepto de cancelación de capital de condena, con fecha del 14 de junio del año 2002 (fs. 58) y en distinta oportunidad, otro por la suma de $ 145.000,oo en concepto de cancelación del importe de la liquidación, con fecha 5 de mayo del año 2003 (fs. 57), montos y fechas ficticias que se corresponden con los retiros que oportunamente efectuara Carlos AVOGADRO del mencionado expediente y en su condición de mandatario con Poder y que tenía obligación de entregar a sus mandantes en las cantidades respectivas y en la ocasión de su percepción. Retiró la suma de $ 200.101,56 en concepto de capital e intereses, cuando en realidad les entregó la suma de $ 58.000 pesos a sus mandantes Juan FAILLA y Gladys VIDELA y siendo intimado en dos oportunidades a rendir cuenta de su gestión, mediante cartas documento que recepcionó, que no contestó, ni cumplió con su obligación de rendir cuentas.-

                                               En síntesis, quedó plenamente acreditado el hecho enrostrado a Carlos AVOGADRO MORENO de haber hecho suscribir engañosamente dos recibos para ocultar que mediante actos jurídicos previos tuvo a su cargo intereses pecuniarios ajenos y violando sus deberes de entregar y rendir cuenta se procuró un lucro indebido para sí perjudicando a FAILLA y VIDELA.-

                                               Así voto.

 

Los Dres. Roberto Jesús YANZÓN y Pedro Jorge FUNES adhieren por sus fundamentos, al voto que antecede.

 

                                               V.-       TERCERA CUESTION:

 

Sobre la Tercera Cuestión el Dr. José Virgilio VALERIO dijo:

 

CAUSA N° 22.980

 

 

 

 

 

                                   Partiendo de la decisión que se ha adoptado sobre la Segunda Cuestión, he de analizar respecto de esta Tercera Cuestión los siguientes aspectos:

                                               Acción:

                                               El hecho que he tenido por probado al imputado AVOGADRO al tratar la cuestión anterior, configura sin duda un comportamiento humano guiado por la voluntad de su autor, orientada hacia una concreta finalidad. La finalidad que ha tenido el autor ha consistido en aprovechar para sí o para un tercero una suma de dinero que debió entregar al Sr. Hugo GONZÁLEZ.-

                                               Con todo lo cual estoy afirmando que nos encontramos en presencia de una acción humana.-

                                               Tipicidad:

                                               Los hechos probados configuran el delito de Administración Fraudulenta, previsto en el art. 173 inciso 7 del Código Penal.-

                                               Confluyen en la acción verificada todos los elementos típicos, como se demostrará por el análisis que sigue:

                                               Carlos AVOGADRO ha tenido, por un acto jurídico, el manejo de una suma de dinero que debía entregar al Sr. Hugo GONZÁLEZ.-

                                               Decimos que tuvo el manejo de ese dinero por un acto jurídico. Esto es así porque percibió el dinero proveniente de los cheques que debía entregar a GONZÁLEZ, por una gestión de negocios ajenos.-

                                               La figura de la gestión de negocios ajenos está definida en el art. 2288 del Código Civil: “Toda persona capaz de contratar, que se encarga sin mandato de la gestión de un negocio que directa o indirectamente se refiere al patrimonio de otro, sea que el dueño del negocio tenga conocimiento de la gestión, sea que la ignore, se somete a todas las obligaciones que la aceptación de un mandato importa al mandatario”.-

                                               No hay duda de que la gestión de negocios ajenos participa de la categoría de los actos jurídicos, pues resulta atrapada por la definición del art. 944 del Código Civil, que dispone que “Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos”.

                                               En nuestro caso, el fin inmediato que tuvieron los Dres. AVOGADRO, TROVARELLI y ROSAS al suscribir sin mandato de GONZÁLEZ el convenio cuya copia obra a fs. 47/47, 87 y 112, consistió en extinguir las obligaciones que la sentencia judicial ponía a cargo de la parte demandada. El acto fue voluntario y también lícito. Digo que fue lícito, porque no se ha probado ningún dolo inicial de los tres abogados al momento de suscribir el convenio, para quedarse posteriormente con los fondos provenientes del cobro de los cheques.-

                                               Al percibir (y efectivizar) los cheques que la demandada del juicio civil entregó por medio del Dr. Ricardo MASTRONARDI al Dr. José Luis TROVARELLI, y éste endosó a AVOGADRO, Carlos AVOGADRO adquirió el manejo de una suma de dinero, que al menos en parte, debía entregar a Hugo GONZÁLEZ.-

                                               Para la configuración del delito de Administración Fraudulenta, se requiere que el autor tenga a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos.-

                                               Vengo sosteniendo que en el caso Avogadro tuvo el manejo de dinero que había percibido en el interés de GONZÁLEZ. Hay general consenso en doctrina de que el manejo es un poder de hecho de menor entidad que la administración. Manejo y administración se rigen de todos modos por las mismas reglas, al menos en lo relacionado con el delito tipificado por el art. 173 inciso 7 del Código Penal.-

                                               Lo que AVOGADRO manejaba era en realidad un interés pecuniario de Hugo GONZÁLEZ. Ello es así toda vez que se trataba de una acreencia, no de un bien determinado. Lo que Avogadro debía entregar a González era una determinada suma de dinero. Como el dinero es un bien fungible por excelencia, lo que la suma representaba era un interés pecuniario de GONZÁLEZ.-

                                               Vengo demostrando pues que AVOGADRO, por un acto jurídico, tuvo a su cargo el manejo de intereses pecuniarios ajenos, como eran para él los intereses pecuniarios de GONZÁLEZ.-

                                               La conducta debida por parte de AVOGADRO era anoticiar a GONZÁLEZ del cobro efectuado, y entregar a GONZALEZ la parte que a éste pertenecía.-

                                               Se ha tenido por demostrado en el tratamiento de la Segunda Cuestión, que AVOGADRO nunca anotició siquiera a GONZÁLEZ ni del convenio extrajudicial celebrado ni tampoco del cobro parcial. Igualmente se ha probado que GONZÁLEZ se enteró de lo uno y de lo otro por medio del Dr. Fidel BUSTELO, quien a su vez lo supo por boca del Dr. Ricardo MASTRONARDI. Igualmente se ha tenido por probado que lo que AVOGADRO dijo a GONZÁLEZ fue que la compañía de seguros había sido liquidada, y que no existía posibilidad de cobro alguno.-

                                               De esta manera, AVOGADRO sin duda violó su deber de fidelidad para con GONZÁLEZ, al no darle noticia de que manejaba dinero suyo, y perjudicó sus intereses, al no entregarle el dinero que le pertenecía.-

                                               El ocultamiento que AVOGADRO hizo tanto de la celebración del convenio, como del cobro parcial de lo convenido, revela que actuó con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido. Esto se tiene por probado porque es necesario encontrar a toda conducta humana un sentido, y la conducta de AVOGADRO, en el caso, no puede tener otro sentido que el fin de procurarse ese beneficio ilícito.-

                                               De manera pues que, como se ha visto, concurren en la acción probada al imputado todos los elementos típicos que contiene la figura de la Administración Fraudulenta, que tipifica el art. 173 inciso 7 del Código Penal.-

                                               La acción ha alcanzado en el iter criminis el grado de delito consumado.-           

                                               Desde el punto de vista de la participación criminal, el imputado debe ser considerado como autor, toda vez que ha ejecutado de propia mano la acción típica (art. 45, primera hipótesis del Código Penal). Con lo que se arriba a la conclusión de que la acción es típica.-

                                               Mientras que con relación a ROSAS y a TROVARELLI no quedó probada la participación dolosa en el mismo y no mantuvo la acusación el Sr. Fiscal de Cámara, por lo corresponde absolverlos.

                                               Antijuridicidad:

                                               Tanto el imputado AVOGADRO como su defensa, han pretendido que aquél procedió en ejercicio de un derecho propio, imputando a honorarios profesionales el importe percibido, y que siendo esto así, AVOGADRO encontraría justificada su conducta, de acuerdo con lo previsto por el art. 34 inciso 4 del Código Penal.-

                                               Además, sostienen, le competía a Avogadro el derecho de retención que establece el art. 3939 del Código Civil.-

                                               Para disipar el equívoco que subyace al sostener esta causa de justificación, basta con examinar el contenido del convenio celebrado entre los Dres. TROVARELLI, ROSAS y AVOGADRO, en gestión de los negocios de Hugo GONZÁLEZ, por una parte, y por la otra el Dr. MASTRONARDI, en representación de Visión Compañía de Seguros.-

                                               Culpabilidad:

                                               Por la naturaleza de la acción consumada, es imposible que la misma haya sido cometida por error o ignorancia.-

                                               Tampoco se ha invocado coacción, ni advierto alguna razonable posibilidad de que la acción ejecutada haya sido coacta.-

                                               La acción reprochada al imputado sólo es compatible con dolo directo. No puede dudarse que AVOGADRO ha sabido en todo momento lo que hacía, y que ha obrado en consecuencia. Ello es de la propia naturaleza de las acciones consumadas. Ningún abogado firma un convenio de pago sin saber perfectamente lo que está haciendo. Y si bien la suscripción del convenio no importa en sí una conducta delictiva, es el antecedente necesario de todo el obrar ilícito posterior. AVOGADRO sabía, cuando recibió el cheque de manos de TROVARELLI, a quien a su vez lo había entregado MASTRONARDI, a qué convenio correspondía el pago que con el cheque se hacía. Y sabía también, porque él mismo había suscripto el convenio, cuál era la imputación que debía dar al pago.-

                                               A ello debe agregársele como plus, que al tiempo de suscribir el convenio y cobrar los cheques, conocía la situación económica de la aseguradora, a tal punto que sólo se probó que cobraron dos cheques.-

                                               Encuentro en definitiva que la conducta del imputado ha sido típica, antijurídica y culpable, como que esta culpabilidad es a título de dolo.-

                                               Punibilidad:

                                               La conducta del imputado no resulta amparada por ninguna excusa absolutoria.-

                                               Por ello, su conducta es típica, en los términos en que queda expresado, antijurídica, culpable y punible.-

                                               Correlación entre acusación y sentencia:

                                               Una lectura descuidada del auto de elevación a juicio, y una inteligencia superficial el alegato del Fiscal de Cámara, podrían llevar al erróneo convencimiento de que el Tribunal aparece aquí condenando al imputado por un hecho distinto del que ha sido objeto de acusación.-

                                               El asunto se complica más aún, si se repara en la calificación jurídica que se ha efectuado respecto de los hechos. En el auto de elevación se habla de estafa (art. 172 del Código Penal); en el alegato del Fiscal de Cámara de apropiación indebida (art. 173 inciso 2 del Código Penal), y finalmente, en la presente sentencia condenatoria se está  calificando al hecho de Administración Fraudulenta (art. 173 inciso 7 del mismo código). No puede pedirse una diversidad mayor, en lo que a calificación respecta.-

                                               A primera vista, esto parece un despropósito, y da la pauta de que el Tribunal olvidó paladinamente el principio de correlación entre acusación y sentencia. El Tribunal se ha hecho un deber en despejar semejante equívoco, pues se sabe que de ser ello como aparenta, el imputado estaría cayendo en indefensión, lo que sería lesivo de la garantía constitucional del art. 18 de la Constitución Nacional, y art. 25 de la Constitución Provincial. No es poco decir.-

                                               Es sabido desde antiguo que el principio de correlación entre acusación y sentencia se refiere a la identidad de los hechos descriptos en la acusación con los que en la sentencia se tienen por probados, independientemente de la calificación jurídica que a esos hechos se dé.-

                                               El caso es que los hechos que se describen en estos fundamentos, han sido descriptos ya tanto en el auto de elevación a juicio que obra a fs. 260/261, como en el alegato del Sr. Fiscal de Cámara. Todo ello resulta tanto del contenido de la acusación, que puede verse en la foja citada, como del contenido del alegato.-

                                               Ante los hechos descriptos, la calificación de estafa conforme al art. 172 del Código Penal, es un error grave, pues el imputado no ha desplegado ningún ardid para convencer a la víctima para que efectúe a su favor una disposición patrimonial perjudicial.-

                                               En tanto que tampoco puede calificarse el hecho como de retención indebida, de conformidad con el art. 173 inciso 2 del Código Penal.-

                                               Según se ha demostrado con anterioridad, la conducta del imputado se subsume plenamente en la disposición del art. 173 inciso 7 del mismo código. Ello porque el imputado ha tenido a su cargo el manejo de intereses pecuniarios ajenos. En el caso, pues, no había nada que restituir, lo que haría aplicable el inciso 2, sino algo que se manejaba, y que imponía a quien manejaba intereses pecuniarios ajenos la obligación de fidelidad con los intereses bajo manejo, que fue lo que en definitiva el imputado quebrantó.-

                                               El Tribunal debía entonces verificar si se encontraban probados los hechos descriptos en la acusación, sobre lo que se expidió por la afirmativa. Verificado ello, es igualmente obligación del Tribunal calificar correctamente los hechos, siendo irrelevante que la acusación los haya calificado erróneamente, según habilita el art. 413 del C.P.P..-

 

CAUSA N° P-63504/05

 

 

 

 

 

Partiendo de la decisión que se ha adoptado sobre la Segunda Cuestión, he de analizar respecto de esta Tercera Cuestión los siguientes aspectos:

                                               Acción:

                                               El hecho que he tenido por probado al imputado al tratar la cuestión anterior, configura sin duda un comportamiento humano guiado por la voluntad de su autor, orientada hacia una concreta finalidad. La finalidad que ha tenido el autor ha consistido en aprovechar para sí o para un tercero una suma de dinero que debió entregar al matrimonio FAILLA y VIDELA.-

                                               Con todo lo cual estoy afirmando que nos encontramos en presencia de una acción humana.-

                                               Tipicidad:

                                               Los hechos probados configuran el delito de Administración Fraudulenta, previsto en el art. 173 inciso 7 del Código Penal.-

                                               Confluyen en la acción verificada todos los elementos típicos, como se demostrará por el análisis que sigue:

                                               AVOGADRO ha tenido, por un acto jurídico, el manejo de una suma de dinero que debía entregar al matrimonio FAILLA. Esa suma era la correspondiente a capital e intereses. Como no existía pacto de cuota litis, no tenía por qué retener importe alguno del capital que correspondía a los accionantes, con obligación en su caso de rendir cuenta.-

                                               Como se ha visto, Avogadro sólo entregó al matrimonio FAILLA la suma de pesos cincuenta y ocho mil, una parte en un pago de $ 45.000, el 7 de Mayo del año 2.003, y otra en un pago de $ 13.000, el 14 de Mayo del mismo año. La suma entregada no sólo que es sensiblemente inferior a la que debió entregar, sino que además llevó a cabo la maniobra engañosa que se ha descripto en el tratamiento de la Segunda Cuestión, para hacer firmar sendos recibos a Juan FAILLA y Gladys VIDELA, por cantidades sensiblemente mayores.-

                                               Decimos que tuvo el manejo de ese dinero por un acto jurídico. Esto es así porque percibió el dinero correspondiente a la indemnización que debía entregar a FAILLA y VIDELA, en ejercicio de un mandato, como es el poder general para juicios que éstos le habían otorgado.-

                                               No hay duda de que el contrato de mandato participa de la categoría de los actos jurídicos, pues resulta atrapada por la definición del art. 944 del Código Civil, que dispone que “Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos”.-

                                               El contrato de mandato, reglado por los arts. 1869 a 1985 del Código Civil, establece entre las personas relaciones jurídicas. El art. 1869 define a este contrato, diciendo que “tiene lugar cuando una parte da a otra el poder, que ésta acepta, para representarla, al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto jurídico, o una serie de actos jurídicos de esta naturaleza”. Por imperio del art. 1909 del Código Civil el mandatario está obligado a entregar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato.-

                                               En definitiva, no puede dudarse que el mandato, como contrato, es una especie del género acto jurídico. La doctrina es unánime en el sentido de que todo contrato es una especie de la categoría acto jurídico.-

                                               AVOGADRO adquirió el manejo de una suma de dinero, que  debía entregar a los Juan FAILLA y Gladys VIDELA.-

                                               Para la configuración del delito de Administración Fraudulenta, se requiere que el autor tenga a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos.-

                                               Vengo sosteniendo que en el caso AVOGADRO tuvo el manejo de dinero que había percibido en el interés de los FAILLA. Hay general consenso en doctrina de que el manejo es un poder de hecho de menor entidad que la administración. Manejo y administración se rigen de todos modos por las mismas reglas, al menos en lo relacionado con el delito tipificado por el art. 173 inciso 7 del Código Penal.-

                                               Lo que AVOGADRO manejaba era en realidad un interés pecuniario del matrimonio FAILLA - VIDELA. Ello es así toda vez que se trataba de una acreencia, no de un bien determinado. Lo que AVOGADRO debía entregar a FAILLA era una determinada suma de dinero. Como el dinero es un bien fungible por excelencia, lo que la suma representaba era un interés pecuniario de Juan FAILLA y Gladys VIDELA.-

                                               Vengo demostrando pues que AVOGADRO, por un acto jurídico, tuvo a su cargo el manejo de intereses pecuniarios ajenos, como eran para él los intereses pecuniarios de FAILLA y VIDELA.-

                                               La conducta debida por parte de AVOGADRO era anoticiar a Juan FAILLA y Gladys VIDELA del cobro efectuado, y entregarles los que les pertenecía.-

                                               Como se demostró, les dio noticia del cobro con poco menos de un año de diferencia entre la fecha del cobro y la noticia que de él les dio.-

                                               Pero además les dio una noticia falsa, haciéndoles creer que había percibido una cantidad sensiblemente menor, y haciéndoles firmar recibos que reflejaban un importe sensiblemente mayor que el efectivamente entregado. Y en las fechas percibidas judicialmente-

                                               Lo determinante, en orden a la calificación que de la conducta de AVOGADRO he hecho, es que la diferencia entre la cantidad que efectivamente les pagó y el total que les debió pagar, implicó un perjuicio, que redundó sobre los intereses que le fueron confiados a AVOGADRO en virtud del mandato aludido.-

                                               Al retener esa diferencia que debió entregar, AVOGADRO violó sin duda la obligación que como mandante le imponía el ya relacionado art. 1909 del Código Civil. Es la violación de los deberes a que alude el art. 173 inciso 7 del Código Penal.-

                                               El hecho de haberse apropiado el imputado de esa diferencia entre lo que debió entregar y lo que efectivamente entregó,  revela que actuó con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido. Esto se tiene por probado porque es necesario encontrar a toda conducta humana un sentido, y la conducta de Avogadro, en el caso, no puede tener otro sentido que el fin de procurarse ese beneficio ilícito.-

                                               De manera pues que, como se ha visto, concurren en la acción probada al imputado todos los elementos típicos que contiene la figura de la Administración Fraudulenta, que tipifica el art. 173 inciso 7 del Código Penal.-

                                               La acción ha alcanzado en el iter criminis el grado de delito consumado.

                                                Desde el punto de vista de la participación criminal, el imputado debe ser considerado como autor, toda vez que ha ejecutado de propia mano la acción típica (art. 45, primera hipótesis del Código Penal).-

                                               Antijuridicidad:

                                   No se advierte que pueda existir en el caso causa alguna de justificación.-

                                               La acción del imputado ha sido pues típica y antijurídica.-

                                               Culpabilidad:

                                               Por la naturaleza de la acción consumada, es imposible que la misma haya sido cometida por error o ignorancia.-

                                               Tampoco se ha invocado coacción, ni advierto alguna razonable posibilidad de que la acción ejecutada haya sido coacta.-

                                               La acción reprochada al imputado sólo es compatible con dolo directo. No puede dudarse que AVOGADRO ha sabido en todo momento lo que hacía, y que ha obrado en consecuencia. Ello es de la propia naturaleza de las acciones consumadas. Desde el momento en que planificó aparentar que entregaba una cantidad mucho mayor a la que efectivamente entregó, es porque tenía plena conciencia de lo que hacía, como así también porque quería hacerlo.-

                                               Encuentro en definitiva que la conducta del imputado ha sido típica, antijurídica y culpable, como que la culpabilidad lo es a título de dolo.-

                                               Punibilidad:

                                               La conducta del imputado no resulta amparada por ninguna excusa absolutoria.-

                                               Por ello, su conducta es típica, en los términos en que queda expresado, antijurídica, culpable y punible.-

                                               Correlación entre acusación y sentencia:

                                   Una lectura descuidada del auto de elevación a juicio, y una inteligencia superficial el alegato del Fiscal de Cámara, y del Querellante Particular, podrían llevar al erróneo convencimiento de que el Tribunal aparece aquí condenando al imputado por un hecho distinto del que ha sido objeto de acusación.-

                                               El asunto se complica más aún, si se repara en la calificación jurídica que se ha efectuado respecto de los hechos. En el auto de elevación a juicio, se habla de defraudación mediante suscripción de documento (art. 173 inc. 3 del Código Penal); en los alegatos del Fiscal de Cámara y el representante del Querellante Particular se sostiene la misma calificación que en el auto de elevación a juicio, y finalmente, en la presente sentencia condenatoria se está  calificando al hecho de Administración Fraudulenta (art. 173 inciso 7 del mismo código).-

                                               A primera vista, esto parece un despropósito, y da la pauta de que el Tribunal olvidó paladinamente el principio de correlación entre acusación y sentencia. El Tribunal se ha hecho un deber en despejar semejante equívoco, pues se sabe que de ser ello como aparenta, el imputado estaría cayendo en indefensión, lo que sería lesivo de la garantía constitucional del art. 18 de la Constitución Nacional, y art. 25 de la Constitución Provincial. No es poco decir.-

                                               Es sabido desde antiguo que el principio de correlación entre acusación y sentencia se refiere a la identidad de los hechos descriptos en la acusación con los que en la sentencia se tienen por probados, independientemente de la calificación jurídica que a esos hechos se dé.-

                                               El caso es que los hechos que se describen en estos fundamentos, han sido descriptos ya tanto en el auto de elevación a juicio que obra a fs. 174/177, como en el alegato del Sr. Fiscal de Cámara y en el del Querellante Particular. Todo ello resulta tanto del contenido del requerimiento, que puede verse en la foja citada, como del contenido de los alegatos.-

                                               Ante los hechos descriptos, la calificación de defraudación mediante suscripción de documento (art. 173 inc. 3 del Código Penal); implica perder de vista que la suscripción engañosa de los recibos que AVOGADRO hizo firmar al matrimonio FAILLA, fue un simple medio para consumar la defraudación por administración fraudulenta que era el verdadero fin de la maniobra.-

                                               Está claro que dentro de la maniobra que AVOGADRO consumó, la suscripción engañosa de los recibos fue sólo un hito, una parte de su designio fraudulento de beneficiarse con dinero que no le correspondía, privando del mismo al matrimonio FAILLA. Su verdadero designio consistió en perjudicar los intereses confiados, para procurar para sí o para un tercero un lucro indebido. Por eso ha entendido el Tribunal que la calificación correcta es la de Administración Fraudulenta (o Administración infiel), de acuerdo con el art. 173 inciso 7 del Código Penal.-

                                               De ahí que el hecho de hacer suscribir con engaño documentos, que también existió, al formar parte de una maniobra defraudatoria de mayor envergadura, resulta consumido por ésta. Es decir, en el caso, entiende el Tribunal, media entre la Administración Infiel y la Suscripción Engañosa de Documento, un concurso aparente, con relación de consunción. Así, la Administración Infiel desplaza a la Suscripción engañosa de Documento por ser la figura mas perfecta.-

                                               Por lo demás, la maniobra defraudatoria en su totalidad, ha sido suficientemente descripta tanto en la acusación escrita previa al plenario, como en los alegatos orales de las partes acusadoras. Es por ello que no resulta vulnerado el principio de correlación entre acusación y sentencia.

                                               Según se ha demostrado con anterioridad, la conducta del imputado se subsume plenamente en la disposición del art. 173 inciso 7 del mismo código. Ello porque el imputado ha tenido a su cargo el manejo de intereses pecuniarios ajenos.

                                               El Tribunal debía entonces verificar si se encontraban probados los hechos descriptos en la acusación, sobre lo que se expidió por la afirmativa. Verificado ello, es igualmente obligación del Tribunal calificar correctamente los hechos, siendo irrelevante que la acusación los haya calificado erróneamente y según habilita expresamente el art. 413 del C.P.P.-

                                               Por razones de brevedad, me remito a lo que sobre la cuestión de la correlación entre acusación y sentencia dije al tratar la Tercera Cuestión en la causa N° 22.980, y lo doy por reproducido aquí.-

                                               Así voto.

 

Los Dres. Roberto Jesús YANZÓN y Pedro Jorge FUNES adhieren por sus fundamentos, al voto que antecede.

 

                                               V.- CUARTA CUESTIÓN:

 

Sobre la Cuarta Cuestión el Dr. José Virgilio VALERIO dijo:

                                               Pena:

                                               Sobre la base de lo que dispone el art. 173 inciso 7 del Código Penal, en conjunción con el art. 55 del mismo código, la escala penal aplicable al caso es de un mes a doce años de prisión.-

                                   La determinación judicial de la pena se hará seguidamente de acuerdo con lo normado por los arts. 40 y 41 del Código Penal. Según el primero de los artículos citados, la determinación debe hacerse de acuerdo a las pautas que ofrece el segundo de ellos.-

                                               El art. 41 del Código Penal contiene dos incisos. El primero se refiere a las circunstancias atenuantes y agravantes del delito en sí. Es decir, a las circunstancias objetivas. El segundo inciso se ocupa de las circunstancias referentes al autor. Vale decir de las subjetivas.-

                                               El inciso 1° se refiere a la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, y la extensión del daño y del peligro causado. Según la magistral expresión de Núñez, “la manera de ser del delito cometido”.-

                                               La naturaleza de la acción no conlleva en el caso, de por sí, ninguna circunstancia atenuante ni agravante. No se puede pretender ver una atenuante en que el hecho no haya sido ejecutado con violencia, por es consustancial con la administración fraudulenta su carácter no violento. Es uno de los delitos que la doctrina califica como “de guante blanco”.-

 

 

 

 

 

                                   En orden al daño y al peligro causados, se advierte que las sumas de dinero por las que AVOGADRO perjudicó los intereses confiados, son relativamente importantes, a valores constantes. Esta consideración debe ser necesariamente coordinada con la calidad de los víctimas, según más adelante se hará referencia.-

                                               Seguiremos con las circunstancias subjetivas (propias del autor), que deben ser meritadas de acuerdo con el inciso 2 del art. 41.-

                                               La edad del condenado funciona en este caso como circunstancia agravante. Un hombre que se encuentra en la franja etaria de entre los 45 y los 50 años, en los tiempos que corren, está en el dominio más pleno de sus actos, de no mediar circunstancias extraordinarias, que en el caso no las hay. Está ya fuera de los apresuramientos propios de la juventud, y lejos aún de los deterioros propios de la vejez.-

                                               Su educación. El condenado es una persona de nivel de educación superior. Es esta otra circunstancia agravante, pues siguiendo el principio sentado por el art. 902 del Código Civil, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Para decirlo en términos más sencillos: si hechos como los que se han juzgado son cometidos por un vendedor de autos usados que tiene sólo escolaridad primaria, a los términos del art. 41 inciso 2 su conducta sería mucho menos grave que la de un abogado, que por definición ha completado sus estudios universitarios, amén de una amplia experiencia recogida en el ejercicio de su profesión.-

                                               Sus costumbres. Se desconocen las costumbres del imputado. La reiteración de hechos delictivos que se le ha probado –sólo dos hechos— no alcanzan, a criterio del Tribunal, para configurar una “costumbre”.-

                                   Su conducta precedente. No se puede dudar de que la maniobra que realizó AVOGADRO, al menos en el caso que tuvo como víctima al Sr. FAILLA y a su mujer, fue abiertamente premeditada, según resulta de estos fundamentos, en el análisis de la Segunda Cuestión.-

                                               La calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir. El motivo que ha determinado a AVOGADRO a delinquir, ha sido sin duda su determinación de procurarse un lucro indebido. Sin embargo, no se ha de computar aquí ello como agravante, pues es una circunstancia que ya está contenida en la figura del inciso 7 del art. 173. Tomar en cuenta esa circunstancia también aquí, implicaría un quebrantamiento del non bis in idem.-

                                   La participación que tomó en el hecho. Es esta una circunstancia que podrá funcionar como agravante o como atenuante cuando se trata de un hecho cometido por más de una persona. No es este el caso, pues sus dos coimputados han sido absueltos.-

                                               Las reincidencias en que hubiera incurrido. Esta es, cuando existe, una circunstancia agravante. El imputado no es reincidente, sino sólo reiterante, de modo que ello debe computarse en el caso como circunstancia atenuante.-

                                               Los demás antecedentes y condiciones personales. En la especie, el condenado carece de otros antecedentes penales. Ello debe computarse como atenuante.-

                                               La calidad de las personas. Una circunstancia notoriamente agravante está dada por el hecho de que Avogadro ha cometido los delitos que han sido objeto de juzgamiento en perjuicio de personas de muy modesta condición social y económica, que para más estaban reclamando indemnizaciones por hechos particularmente desgraciados que les habían sucedido.-

                                               Las demás circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. La constitucionalidad de este precepto ha sido puesta en tela de juicio. Más se tiene por cuestionable cuando se trata de encontrar en ello una circunstancia agravante. Pero en el caso bien puede funcionar como una circunstancia atenuante, pues con vistas de futuro no se advierte una especial peligrosidad, por lo que así se considera.-

                                               De conformidad con las circunstancias agravantes y atenuantes antes analizadas, estimo justo y equitativo imponer en la especie al acusado la pena de Tres Años de Prisión.-

                                               Tanto el Fiscal de Cámara como el representante de la parte Querellante Particular han pedido, fundándose en la disposición del art. 20 bis del Código Penal, se imponga al condenado la pena de Inhabilitación Especial para ejercer la profesión de abogado.-

                                               La petición es ajustada a Derecho, toda vez que el art. 20 bis, inciso 3° del Código Penal, autoriza la imposición de esa pena, por una duración de seis meses a diez años, cuando el delito cometido importe incompetencia o abuso en el ejercicio de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público.-

                                               Según se ha visto, el delito cometido ha importado abuso en el ejercicio de la profesión de abogado. El ejercicio de esa profesión depende de una habilitación del poder público, toda vez que para ejercerla es necesario disponer de una matrícula, expedida por la cabeza del Poder Judicial, lo que importa una habilitación. Tan es así que no basta para poder ejercer la abogacía el mero título habilitante expedido por Universidad estatal o privada.-

                                               El Tribunal reputa justa la pena solicitada, toda vez que la conducta probada al condenado implica un abuso contra personas que sólo han podido pretender hacer efectivos sus derechos por medio de un abogado. No debe olvidarse que el Código Procesal Civil requiere como indispensable el patrocinio letrado para litigar.-

                                               El art. 20 bis del Código Penal, establece la viabilidad de tal pena “aunque no esté expresamente prevista”.-

                                               De manera pues que el Tribunal acoge la solicitud de ambas partes acusadoras, imponiendo al condenado la pena de inhabilitación especial por cinco años para el ejercicio de la profesión de abogado.-

                                               Asimismo, el Querellante Particular ha impetrado al Tribunal que condene a Carlos AVOGADRO a la pena de multa de noventa mil pesos, por encontrar que ello se encuentra autorizado por el art. 22 bis del Código Penal, cuando el delito ha sido cometido con ánimo de lucro.-

                                               Efectivamente, según ya se ha dicho en estos fundamentos, los delitos por los que se ha encontrado penalmente responsable al imputado, han sido cometidos con ánimo de lucro.-

                                               Ello habilita al Tribunal a imponer la pena de multa solicitada.-

                                               Más ésta no ha de ser por el importe peticionado, toda vez que el importe solicitado es el máximo, y esa pena no ha sido solicitada por el Ministerio Público. Por respeto a la acusatoriedad que preside al sistema, es necesario entonces limitar el monto de la pena a la parte proporcional que corresponde a la segunda de las causas examinadas, que es la que tiene por parte acusadora al Querellante Particular.-

                                               De manera pues que se establece también la condena al imputado AVOGADRO a la pena de multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000).-

                                               Ello se considera justo y equitativo, fundamentalmente en razón del importante quebranto económico sufrido por la víctima.-

                                               Condicionalidad de la ejecución de la pena:

                                               Considero que nada obsta a la aplicación del art. 26 del Código Penal.-

                                               Trátase de primera condena a pena de prisión. La misma no excede de tres años.-

                                               Nada hay en la actitud posterior al delito de lo que pueda inferirse que no es merecedor del beneficio de la condicionalidad.-

                                   Respecto de los motivos que lo impulsaron a delinquir, hay que buscarlos en la fuerte tentación a que está sometido el que tiene a su cargo el manejo de bienes o intereses ajenos.-

                                               En lo relacionado con las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de de libertad, son públicamente conocidas las condiciones de hacinamiento y falta de higiene que padecen las cárceles de nuestro medio, por lo que una pena de cumplimiento efectivo sólo redundaría en un desmedro desproporcionado de la personalidad del condenado.-

                                               Reglas de conducta:

                                               Se estima justo imponer al condenado, Carlos AVOGADRO de acuerdo al artículo 27 bis del C.Penal, las siguientes reglas de conducta que deberá observar por el término de TRES AÑOS:

                                               1°) Fijar residencia en el ámbito de la Provincia de Mendoza de la que no podrá ausentarse sin la expresa autorización del Tribunal competente.-

                                                2°) Someterse al control del Organismo Técnico Criminológico.-

                                               Costas:

                                               Habiendo resultado condenatoria la sentencia recaída en autos, el imputado debe también ser condenado en costas (art. 29 del Código Penal).-

                                               Honorarios:

                                               Los honorarios profesionales del defensor de los enjuiciados Carlos AVOGADRO, José Luis TROVARELLI y Rubén Raúl ROSAS fueron regulados teniendo en cuenta el trabajo en favor de sus clientes, la asistencia a la audiencia, la importancia del juicio, la dificultad y utilidad de la defensa, conforme lo dispuesto por los arts. 557, 558, 560 y cctes. del C.P.P. y el art. 10 de la Ley 3.641, modificada por el Decreto-Ley 1.304.-

                                               Los honorarios profesionales del Dr. Juan Horacio DAY, como representante del Querellante Particular fueron regulados teniendo en cuenta el trabajo en favor de sus clientes, Juan FAILLA y Gladys VIDELA.-

                                               Accesorias legales:

                                   No corresponde la aplicación del artículo 12 del Código Penal.-

                                                Así  voto.

 

Los Dres. Roberto Jesús YANZÓN y Pedro Jorge FUNES adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.-

Pc

 

 

 

 

José Virgilio Valerio

Juez de Cámara

 

 

 

Roberto Jesús Yanzón                                                                Pedro Jorge Funes

    Juez de Cámara                                                             Juez de Cámara