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QUINTANA YAÑEZ - Sobre la competencia del Juez de Garantías para dictar la Prisión Domiciliaria luego de dictar la Prisión Preventiva

 

Expte. N° P-33.772/08 Apel. N° 1190/3

“F. c/Brizuela A., Roberto…”

Mendoza, 29 de Noviembre de 2010.-

AUTOS Y VISTOS:

La presente causa arriba intitulada, y…

CONSIDERANDO:

A) Que el vocal Alejandro José Miguel dijo:

I.- Que a fs. 2110/2212 de autos comparece el Dr. Daniel Eduardo Carniello, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 16 de la Unidad Fiscal Especial N° 6 de Delitos Complejos y Económicos, e interpone formalmente recurso de apelación contra el decreto fundado dictado por la Dra. Nancy Alejandra Lecek, Juez del Cuarto Juzgado de Garantías, obrante a fs. 2205 y vta. por el cual entendió que no correspondía al órgano jurisdiccional dictar la prisión domiciliaria del imputado Quintana Yañez, instado por la defensa técnica en razón de lo dispuesto por el art. 298 del C.P.P. Ley N° 6.730.

Interpreta el apelante que la decisión del A-Quo le ocasiona un gravamen irreparable, pues a su juicio la solicitud de cumplir la prisión preventiva en la modalidad de prisión domiciliaria corresponde al Juez de Garan-tías.

Alega que si bien el Fiscal de Instrucción posee la facultad de ordenar la detención, incluso en la modalidad de prisión domiciliaria, cuando el proceso avanzó al estadio de la prisión preventiva, queda excluido el Ministerio Público del dominio de la coerción personal, en tanto es el órgano jurisdiccional quien fija los términos de la medida cautelar.

Reitera que solamente durante el breve plazo de vigencia de la orden de detención podría el Ministerio Público otorgar un beneficio como el de la prisión domiciliaria, pues fuera de ese lapso no puede ni debe intervenir, ya que la coerción personal está fuera de su arbitrio y sujeta a decisión jurisdiccional.

Asegura que esta interpretación responde a las bases constitucionales provinciales que están determinadas en el art. 17 de la Constitución de la Provincia de Mendoza y convoca en apoyo de su posición citas doctrinarias pertenecientes a Raúl Washington Abalos.

Concluye reafirmando que es solamente el Juez quien puede determinar las modalidades de cumplimiento de la prisión preventiva, otorgando o no el beneficio de la prisión domiciliaria en caso de satisfacerse los supuestos del art. 298 del C.P.P.

II.- Que la Fiscalía de Cámara de Apelaciones mantuvo el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Carniello, aduciendo que la Jueza incurre en una errónea interpretación de normas y principios procesales “elementales” (fs. 2220/2222).

Predica citando a Ferrajoli que si la prisión preventiva de Quintana Yañez fue dispuesta mediante una decisión jurisdiccional, en el marco de la relación triangular, mal puede una parte como el Ministerio Público resolver con criterios de imparcialidad la situación del imputado en orden a la situación de privación de libertad.

Recuerda que si bien el Fiscal de Instrucción es un órgano de justicia, no ejercita ningún poder jurisdiccional porque ésta es una función privativa del Juez, y adhiere a la postura de Vázquez Rossi, cuando afirma que: “Lo contrario implicaría dotar al fiscal de excesivo margen de facultades y diluir el sentido garantista de la diferenciación de funciones, incurriéndose de hecho en una mera sustitución de un inquisidor jurisdiccional por un inquisidor fiscal.”

Finaliza peticionando que se acoja favorablemente el recurso, de modo tal que sea el a quo quien se expida sobre la procedencia o improcedencia de la prisión preventiva en la modalidad de prisión domiciliaria solicitada por Rubén Dario Quintana Yañez.

III.- A fs. 2205 y vta. corre agregado decreto fundado emitido por el Cuarto Juzgado de Garantías, mediante el cual expresa que “concurriendo petición favorable del representante del Ministerio Público a que U.S. se expida en tal sentido a fs. 2203/4, de conformidad con lo previsto por el art. 298 de nuestro Código de Rito, corresponde en el presente ordenar tal situación al titular de la acción penal.”.

Entiende que solamente de existir controversia entre las partes debe controlar y resolver el planteo formulado, pero no así cuando tanto la defensa como el Ministerio Público manifiestan su conformidad de establecer la prisión domiciliaria.

Aclara que la tarea de resolver la cuestión por parte del Juzgado de Garantías importaría un doble desgaste jurisdiccional que implicaría un contrasentido frente a la invocación realizada por ambas partes sobre el particular.

Afirma que el Fiscal de Instrucción posee competencia legal para dictar la internación del detenido en el lugar que asigne para ese fin preventivo, debiendo el Juez de Garantías intervenir en caso de controversia de partes y para garantizar la legalidad del proceso.

IV.- Puesto a resolver si procede o no hacer lugar al recurso interpuesto, estimo que corresponde declararlo mal concedido, pues no se trata de un caso expresamente previsto por la ley como apelable ni genera gravamen irreparable.

1. En primer lugar, el art. 449 del C.P.P. –ley 6730-, al disponer que “las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”, consagra el principio de taxatividad, según el cual los recursos proceden en los casos expresamente previstos. De tal modo, si la resolución que se ataca no está captada como objeto impugnable dentro del elenco consagrado por la ley adjetiva, el recurso es formalmente improcedente.

El art. 298 de nuestro código de rito es claro al establecer que “Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, o de alguna técnica o sistema electrónico o computarizado que permita libertad locomotiva, el Fiscal de Instrucción o el Tribunal impondrá tales alternativas en lugar de la detención, sujeta a las circunstancias del caso, pudiendo establecer las condiciones que estime pertinentes, conforme al artículo. 280”.

En ninguno de los párrafos siguientes se establece la posibilidad de recurrir la decisión, de modo tal que siguiendo este razonamiento y conforme el art. 466 del C.P.P. ley 6730, al no ser una resolución expresamente declarada apelable, el presente recurso sólo procedería en caso de que el resolutivo impugnado, cause gravamen irreparable, lo que corresponde discernir en este caso.

2. En torno a dicha cuestión y siguiendo a Cafferata Nores/Tarditti, puede afirmarse que: “…causarán gravamen irreparable las decisiones que, de no ser revocadas, ocasionarían al recurrente un perjuicio en su derecho constitucional procesal o sustantivo que no podría ser reparado luego por otra resolución posterior incluida la sentencia que en definitiva se dicte.”(Cafferata Nores/Tarditti, Derecho Procesal Penal Comentado de la Provincia de Córdoba, Ed. Mediterránea, 2003, Tomo II, comentario art. 460 CPP Cdba., p. 404)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que causan gravamen irreparable las decisiones que privan al interesado de utilizar, con eficacia, remedios legales posteriores, para obtener la tutela de sus derechos (Fallos 300:216; 308:1631; 312:772). En nuestra provincia, la Primera Cámara del Crimen, también ha resuelto que para que ésta genérica causal recursiva haga viable la apertura de la vía impugnaticia, se exige que como resultado de ella el recurrente sufra un perjuicio en su derecho constitucional, procesal, o sustantivo, que no podría ser reparado luego por otra resolución posterior, incluida la sentencia que en definitiva se dicte” (Autos N° 3177, “F. c/ Yaciófano...”, 21/04/04). Criterio que también ha sido sostenido por esta Alzada en distintas ocasiones (Autos N° P-80.164/07, de fecha 01/07/09, Autos N° P-53.969/07, de fecha 08/10/09, Autos N° P-83.813/07, de fecha 22/10/09, Autos N° P-666/09, de fecha 28/10/09, entre otros).

3. De acuerdo a los fundamentos mencionados ut supra, estimo que no se observa en este caso que el Ministerio Público Fiscal vea frustrado alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente reconocidos, con la decisión tomada por la Jueza de Garantías a fs. 2.205 en punto a definir que en este caso particular debe ser el Fiscal de Instrucción quien resuelva la petición de la defensa formulada a fs. 2191/2196.

En concreto, no se advierte que la interpretación adoptada por la Jueza del Cuarto Juzgado de Garantías, negativa a la posición de la Fisca-lía de Instrucción en orden a postular que “…es criterio de la suscripta intervenir en el dictado de la prisión domiciliaria y una vez dictada la prisión preventiva, cuando existe controversia entre las partes.” (fs. 2205), pueda ser considerada una resolución que cause un gravamen irreparable, siendo que ni el Fiscal de Instrucción ni la Fiscal de Cámara han puesto de manifiesto cómo se materializa el perjuicio sobre sus intereses y solamente se han limitado desarrollar in extenso un punto de vista jurídico que confronta con el elegido por la magistrada apelada.

En los fundamentos del escrito de fs. 2211/2212 únicamente se justifica un punto de vista sobre lo que él apelante considera “la interpretación concordante de los arts. 298 y 293 del C.P.P. y el art. 17 de la Constitución Provincial”, mientras que a fs. 2220/2222 también se controvierte la decisión jurisdiccional acusándola de proclamar “una errónea interpretación de normas y principios procesales elementales”, pero estas legítimas observaciones no conforman la sustancia teórica que aporta contenido al concepto de “gravamen irreparable”.

Es que de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, si el defensor peticiona la prisión domiciliaria y el Ministerio Público avala fundadamente esa pretensión (fs. 2203/2204), la posibilidad de que sea este mismo quien dicte en consecuencia una resolución a los términos del art. 298 del C.P.P., no le genera perjuicio alguno ni al imputado ni a la Fiscalía de Instrucción, cuando se trata de una decisión provisoria sujeta inmediatamente a revisión frente a cualquier cambio de las condiciones que la hicieron viable.

Al respecto cabe recordar que para la doctrina, si bien el gravamen irreparable es una cuestión de apreciación subjetiva, igualmente debe ser “real”, esto es, se debe poder “colegir fundadamente que existen cuestiones objetivas de valoración acerca de que la vigencia y la continuidad en el tiempo de determinadas disposiciones durante el proceso originarían una situación que, aun en la más beneficiosa sentencia definitiva, no podrían ser subsanadas o reparadas” (Valentín Héctor Lorences. Recursos en el Proceso Penal. Editorial Universidad. 2.007. p. 87).

Bajo estas circunstancias entonces, la queja del Ministerio Público Fiscal pretendiendo la revisión por apelación de una resolución que no genera un agravio de imposible o ulterior reparación posterior aparece como formalmente inadmisible.

De las consideraciones efectuadas y los fundamentos expuestos, en definitiva, corresponde declarar mal concedido el recurso interpuesto, al no advertir esta Cámara, un agravio de imposible reparación ulterior, de suficiente envergadura causado al imputado, para ingresar al tratamiento y resolución del resolutivo atacado.

B. - Que el vocal Dr. José Virgilio Valerio dijo:

Discrepo con mis estimados colegas sobre la apreciación del encuadre del caso a resolver en razón de los siguientes fundamentos:

Entrando a analizar el recurso de apelación del Sr. Fiscal de Instrucción de fs. 2210/2212 contra el “… decreto fundado, por el cual rechaza resolver sobre la intensidad de la medida de coerción personal –Prisión Domicilio- que ya resolvió al dictar el auto de Prisión Preventiva del imputado RUBEN DARIO QUINTANA YAÑEZ a fs. 1361/65, atribuyéndole al Fiscal una facultad que no posee procesal ni constitucionalmente, todo por causar gravamen irreparable a este Ministerio en tanto la naturaleza de la decisión a tomar es de carácter jurisdiccional, …” (el destacado y doble destacado me pertenece), corresponde como lo hacen mis colegas como Primera Cuestión: ¿la resolución recurrida causa un gravamen irreparable? Segunda Cuestión: En su caso, ¿Cuál es la solución?.-

PRIMERA CUESTIÓN:

1.- Normativamente el art. 449 del C.P.P. (como el anterior art. 496 del Código Ley 1908), habilita la procedencia del recurso de apelación no sólo contra las resoluciones expresamente declaradas apelable, sino también contra aquellas que “causen un gravamen irreparable”.-

Quien con mejor precisión lógico-jurídica ha conceptualizado la idea de gravamen irreparable es R. NUÑEZ cuando expresó “Esto es, un perjuicio jurídico, procesal o sustancial, que no pueda repararse en el curso del proceso ni en la sentencia definitiva” (Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, p. 471).--

2.- En el sub examine, la discusión no es en realidad sobre el fondo del planteo de la defensa de fs. 2191/2196, del 4 de octubre 2010, del pedido de transformar la Prisión Preventiva en la modalidad de Prisión Domiciliaria, bajo caución juratoria y en caso de imponer caución real que sea acorde a la situación económica del imputado, cuya solicitud en definitiva hace suya el Fiscal de Instrucción a fs. 2203/2204 y pide se le fije fianza personal o real ajustada razonablemente a fin de no impedir el beneficio por caminos extraños al instituto procesal, sino que el real problema venido en instancia recursiva es de interpretación de la ley procesal sobre si la cuestión a resolver es de competencia del Juez de Garantías o si como expresa el a quo, según su criterio, tiene la capacidad genérica (o la facultad) el Representante del Ministerio Público Fiscal (en el caso el Fiscal de Instrucción) para tomar esa decisión.-

3.- Desde la concepción procesal-constitucional a la adscribo, sistema acusatorio de tipo adversarial, único modelo compatible con el marco ideológico establecido por la Constitución Nacional (arts. 24, 75 inc. 12 y 118) y la Constitución de Mendoza (arts. 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 48, 148, 149 y conc.) y desde esa particularidad de nuestro sistema institucional, encuentro dos circunstancias, una directa y específicamente con relación al recurrente y la otra, respecto del peticionante de la modalidad de Prisión Domiciliaria, que en la dinámica de este proceso me llevan a responder por la afirmativa a esta Primera Cuestión.-

4.- El sistema jurídico procesal vigente en cuanto a la competencia del Juez de Garantías y/o capacidad genérica del Fiscal para resolver el pedido del Defensor y aplicado pacíficamente en nuestro medio judicial estimo que está desarrollado en la medida de lo necesario por el recurrente Dr. Daniel Eduardo CARNIELLO a fs. 2210/2212 y por la Sra. Fiscal de la Cámara de Apelaciones Dra. Paula Quiroga al mantener el recurso a fs. 2220/2222, que con un criterio de total judicialidad de la medida de coerción, entienden que corresponde resolver al Juzgado de Garantías, y en honor a la brevedad me remito en cuanto a los fundamentos de ello a tales escritos, por cuanto es jurisprudencia pacífica.-

5.- Por el contrario la decisión judicial de la Señora Jueza de Garantías es la novedosa (por lo menos para el suscripto) quien en el segundo párrafo de fs. 2205 más que una interpretación jurídica de la norma, fija su criterio de actuación judicial, más propio de los modelos acusatorios cuando consagran en los manuales de procedimiento de los juzgados plurales los acuerdos de sus miembros, cuando expresa: <>

En el párrafo siguiente argumenta el criterio de practicidad o conveniencia de fijar esta postura, diciendo: <> (el resaltado me pertenece). Si bien el párrafo analizada en primer lugar es muy propio del razonamiento del sistema acusatorio-adversarial de tipo garantista, en este otro se cuela indebida y contradictoriamente una concepción de la judicatura de tipo tutelar y propia del sistema inquisitivo atenuado (denominado mixto), propia del viejo juez de instrucción.-

No desconozco que nuestro Código Procesal Penal vigente tiene serios resabios del sistema inquisitivo atenuado, como por ejemplo cuando está prevista la discrepancia del Juez ante el pedido de sobreseimiento del Fiscal de Instrucción, elevándose las actuaciones al Fiscal de Cámara y si éste coincide con lo solicitado por el inferior “el juez resolverá en tal sentido” (art. 362 del C.P.P.), resulta obvio que en éste trámite que no tiene nada de acusatorio la actuación del juez, se confunden las funciones; o cuando luego de rechazar la oposición a la Citación a Juicio el Juez de Garantías debe dictar el Auto de Elevación a Juicio (art. 361 del C.P.P.), pieza que es la acusación con la que se abre el debate (art. 385 del C.P.P.); o el engendro autoritario-inquisitivo-corporativo del inc. 2º del art. 295 sobre el cese de la Prisión Preventiva cuando dispone “La privación de la libertad no fuere absolutamente indispensable para salvaguardar los fines del proceso (281), según la apreciación coincidente del Fiscal, del Juez de Garantías y de la Cámara de Apelación, a quienes –en su caso- se elevarán de oficio las actuaciones”, que además de ser inconstitucional, es tan absurdo que no merece comentario alguno. Pero todas estas formas inquisitivas, de tutelaje, de control judicial del ejercicio de la función y de la acción penal a cargo del Ministerio Público por los jueces están tan enraizados en nuestra cultura jurídica y judicial que nos cuesta destetarnos, pero debemos realizar nuestro mejor esfuerzo, pero con el debido cuidado de no caer en la anarquía judicial.-

Hemos dicho que <> (Autos N° 4017 - “Control Jurisdiccional en Autos P-26334/08 “MOYA, RODRÍGUEZ Y OTS”- 23 de Mayo de 2008 – Segunda Cámara del Crimen).-

En el sub lite, los destacados del tercer párrafo transliterado de fs. 2205 traslucen que la Señora Jueza estima que de resolver ella, puede apartarse de esa coincidencia o del acuerdo al que han arribado entre las partes para que la Prisión Preventiva lo sea en la modalidad de Prisión Domiciliaria. Es decir, para expresarlo de otro modo, la a quo considera que tiene atribución autónoma al resolver y puede hacerlo con total independencia del criterio, acuerdo o coincidencia de las partes, entonces nos encontramos con una falta de atinencia lógica en su Decreto fundado, ya que si el Fiscal de Instrucción tiene la responsabilidad del ejercicio de la acción penal, de la investigación, de solicitar las medidas coercitivas para asegurar los fines del proceso, está de acuerdo en la Prisión Preventiva en la modalidad de Domiciliaria ¿porqué un juez de garantías desde un modelo acusatorio-adversarial puede no hacer lugar a dicha modalidad? O preguntado de otro modo ¿porqué el juez de garantías podría mantener una medida más gravosa que la requerida por el Fiscal?.-

En consecuencia sólo es posible lógicamente el criterio sustentado en el párrafo segundo a fs. 2205 por la Sra. Jueza, cuando al decidir está obliga por la coincidencia o acuerdo para que la Prisión Preventiva deje de ser efectiva en la Penitenciaría, para que lo sea en la modalidad de Prisión Domiciliaria, por ello estimo, que sólo bajo esa condición puede tenerse como evidente el criterio de economía procesal, de practicidad, de conveniencia y de pronta resolución, sobre una modalidad de cumplimiento de la Prisión Preventiva que pueda hacerla directamente el Fiscal ya que es más beneficiosa para el imputado, más rápida y menos burocrática.-

Respecto a esta cuestión tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que <> (causa nº 94.911 – “Fiscal c/ RETAMALES SALDÍVAR, GONZALO RAUL DARIO P/ ENCUBRIMIENTO AGRAVADO S/ INC. CASACIÓN”).-

En consecuencia el planteo formulado por el Ministerio Público Fiscal como una cuestión de interpretación de las normas, debe entenderse como que le causa un gravamen irreparable por cuanto no se trata en realidad de ello sino de un criterio de actuación judicial que no está obligado el Fiscal a conocer, su obligación es conocer la ley, como también es obligación conocer la interpretación que de ella hacen los Tribunales, pero no los criterios de actuación propios de sistemas procesales consensuales y en consecuencia, no está obligado a compartir. Porque interpretar, requiere utilizar las reglas. Literalidad (gramatical), teleológica (finalidad), armónica (no contrariedad) y sistemática, para desentrañar el significado dentro del sistema y no fragmentada y aisladamente como en este caso.-

Con relación a ello integrando la Primera Cámara del Crimen, en el voto de la mayoría en la causa “P-4953 F. c/ CANO ORELLANO, Julio Alberto por abuso sexual agravado Inconstitucionalidad”, con fecha 25 de septiembre de 2.008, hemos expresado que:

<>

< principios institucionales de estas reformas son claros: avanzan en el sentido de limpiar al proceso penal actual de sus aspectos inquisitivos incompatibles con la conciencia jurídica de nuestro tiempo”. Para el caso alemán, fue presentado al Ministerio Federal de Justicia (septiembre de 2000) “Los procesos penales deben concluirse en el futuro con mayor rapidez. … … Ante todo, la introducción de posibilidades de configuración y conclusión consensuada favorecerá la concentración del proceso penal” (BACIGALUPO, Enrique, “El debido proceso penal”, Ed. Hammurabi, Bs.As., 2005).->>

<>.-

Por todo ello, si bien estamos convencidos que es posible llevar el sistema vigente a uno acusatorio de tipo adversarial, hay que hacerlo con prudencia, consensuadamente y dentro de un marco lógico y práctico para evidenciar la conveniencia de adoptarlo, de lo contrario, no sólo produce resistencia, sino aún más grave, anarquía, donde el único perjudicado es el justiciable.-

Para ello, los jueces y las partes deben actuar consensuadamente sobre las causas y no sobre los efectos. Así tenemos que la causa del problema cuyo efecto pretende evitar la señora Jueza, es la columna vertebral del sistema inquisitivo: la escrituralidad. Entonces, la solución sería que al día siguiente o al segundo día se realizara una audiencia oral, que en las circunstancias analizadas podría llevar 3 minutos o como máximo 5 minutos y resolver en base al acuerdo o coincidencia alcanzado por las partes.-

6.- Por otra parte tenemos la situación del imputado entonces:

Más allá del acierto o el error en la forma con que el legislador reglamentó el instituto de la “detención domiciliaria” en el art. 298 del C.P.P., lo concreto es que la situación del imputado debe tenerse presente, ya que la finalidad del instituto en cuestión es la aplicación de una medida menos gravosa, haciendo real el principio del párrafo tercero del art. 281 al establecer que “Las medidas de coerción personal se ejecutarán del modo que perjudiquen lo menos posible a la persona…”, siempre dentro del marco ideológico de la Constitución Nacional, de los Tratados de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional y en cumplimiento de todas las garantías del debido proceso.-

Entonces, la pregunta obligada es ¿si el pedido de la modalidad de Prisión Domiciliaria es del 4 de octubre, el Fiscal de Instrucción está de acuerdo y no se ha manifestado en contra la Jueza de Garantías, porqué el imputado al día 26 de noviembre sigue en la Penitenciaría? Y la respuesta necesaria es que, así como el excesivo formalismo es malo y deshumaniza el proceso, el esnobismo sin medir las consecuencias puede también ser en los hechos malo y deshumanizado.-

A mayor abundamiento, viene al caso recordar y aplicar los razonamientos en cuanto lo pueda ser, de 1º) el Informe 2/97 (Argentina) aunque se expidió sobre la duración de la prisión preventiva y nosotros la podemos aplicarlo a la modalidad de la misma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a un acápite titulado Conducción del procedimiento, invoca el caso Toth de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre demoras ocasionadas por recursos del detenido, que no pueden invocarse como justificantes a la prolongada duración de los trámites, cuando ellas son debido a las reglas de procedimientos, y sostuvo que los procedimientos que ocasionaban el retraso de la liberación del acusado no eran compatibles con el derecho a la libertad garantizado por la Convención Europea en la materia.-

Asimismo, 2º) el Informe 12/96 (Argentina) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también sobre la duración de la prisión preventiva, dijo que, para determinar si las razones ofrecidas por las autoridades judiciales nacionales son pertinentes y suficientes para justificar que se prolongue la detención, debe pasar a considerar si las autoridades han desplegado “diligencia especial” en la tramitación del proceso de manera que el plazo de detención no deje de ser razonable. La Comisión opinó que: además de ser insuficientes las razones aludidas para prolongar la detención … … antes del juicio, las autoridades judiciales no procedieron con la diligencia especial que merece una persona que está encarcelada aguardando sentencia.-

Entonces si la Sra. Jueza de Garantías cuando establece a fs. 2005 un criterio novedoso sobre su actuación judicial, la que insisto no está obligado a conocer el Fiscal de Instrucción, mucho menos a compartirlo, debió resolver el pedido de acuerdo a la pacífica jurisprudencia sobre el tema. Ello sin perjuicio de hacerle conocer al Fiscal de Instrucción que en adelante cuando corresponda su intervención como Jueza de Garantías, puede resolver el cambio de modalidad si han coincidido o acordado las partes.-

En conclusión, si debiéramos aplicar la regla de la diligencia especial a nuestro caso, es decir, respecto del trato procesal que merece una persona encarcelada que espera una modalidad menos gravosa, deberemos decir que no ha guardado toda la razonabilidad necesaria y entonces se evidencia que a aquella razón admitida al Ministerio Público debe anexársele la situación del imputado y tener en el sub lite como existente un gravamen irreparable, porque esta situación no puede ser corregida en el transcurso del tiempo ni con una sentencia definitiva.-

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Cuál es la solución?

Dado el modelo procesal penal vigente, su parcial incompatibilidad con el marco ideológico constitucional y frente a ello la manifiesta necesidad de avanzar a uno acusatorio de tipo adversarial estimo que si la defensa a fs. 2191/2196, del 4 de octubre 2010, del pedido de transformar la Prisión Preventiva en la modalidad de Prisión Domiciliaria, bajo caución juratoria y en caso de imponer caución real que sea acorde a la situación económica del imputado, y que el Fiscal de Instrucción a fs. 2203/2204 hizo suya dicha solicitud y pidió se le fije fianza personal o real ajustada razonablemente a fin de no impedir el beneficio por caminos extraños al instituto procesal, corresponde obligatoriamente hacer lugar al pedido de cambio de la modalidad de la Prisión por la Domiciliaria, bajo la caución solicitada por el Fiscal de Instrucción, por cuanto su pedido es límite máximo de la medida de coerción que puede imponer el Tribunal y en ningún caso puede rechazarse dicho pedido para mantenerlo en la Penitenciaría.-

Así voto.-.

C. Que el vocal Dr. Ramiro Javier Salinas dijo:

Adhiero a los argumentos vertidos por el magistrado preopinante. Así voto.

Por todo ello, el Tribunal, por mayoría

RESUELVE:

I.- DECLARAR mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 2210/2212 por el titular de la Fiscalía de Instrucción N° 16 de la Unidad Fiscal Especial N° 6 de Delitos Complejos y Económicos (art. 466 y c.c. del C.P.P. ley 6730).

COPIESE. REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE Y BAJEN.