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Defraudación contra la Administración Publica

Sala II .Defraudación contra la administración pública. Prestación jubilatoria ilegítima. Autoría. Delito continuado. Dominio del hecho. Prescripción de la acción penal. Debe considerarse autora mediata quien gestionaba beneficios jubilatorios a personas que carecían de los requisitos legales para ello, adulterando la documentación con el objeto de que el ANSeS le diera curso favorable, ya que tales personas actuaban sin dolo y la imputada recibía una contraprestación inicial de los pretensos beneficiarios y la mitad de los primeros seis meses de haberes que percibieran. Resulta incongruente entender que la imputada cesó en ?dominar? el hecho cuando concluyó la percepción de su beneficio pues los tipos penales de los arts. 172 y 174 inc. 5 CP no exigen que el beneficio obtenido con el comportamiento fraudulento se dirija a favor del agente y, en el caso, la defraudación contra la administración pública, concretada desde el primer mes de percepción de la prestación jubilatoria ilegítima, se extendió durante el tiempo en que el sujeto ejecutor sin dolo percibió los haberes, no porque tuviera dominio del hecho, sino porque ese dominio estaba en cabeza de la encartada. A partir de la última percepción se debe empezar a contar el plazo de prescripción de la acción penal respecto de los sujetos intervinientes en el hecho. La disidencia consideró que el delito ha dejado de cometerse por la autora mediata desde el momento en que perdió el dominio del hecho, esto es desde el otorgamiento de la jubilación, pues aunque la imputada se autoincriminase o hiciera cesar en el error al beneficiario, ello no aparejaría la cancelación de la situación antijurídica y el curso de la prescripción debe correr desde aquel momento.