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ROUST RAMIREZ - Plazo de la investigación penal preparatoria. Plazo fatal. Consecuencias PDF Imprimir E-mail
Martes, 10 de Noviembre de 2009 02:13

En una interesante resolución, la novel Cámara de Apelaciones sentó criterio acerca de la interpretación de los plazos en la investigación penal preparatoria, en donde estableció que no existe norma general que establezca la perentoriedad de los términos procesales; no existe sanción de caducidad ante su vencimiento; ni norma específica que considere perentorio el término de la investigación penal preparatoria. Son fatales los plazos sólo en los procesos con detenidos. Conclusión: los términos de los investigación resultan ineludiblemente de carácter ordenatorios .

Expte. N° P-28.065/08 “F.c/Roust Ramírez, Ricardo p/…”

Mendoza, 31 de agosto de 2.009.-

AUTOS Y VISTOS: la presente causa arriba intitulada, y,

CONSIDERANDO:

I-Que la defensa técnica del imputado Ricardo Roust Ramírez interpuso recurso de apelación a fs. 59/ vta. contra el auto que concede la prórroga de la investigación penal preparatoria por el término de tres meses que obra a fs. 58.

Se agravia la defensa sosteniendo que el pedido formulado por el Fiscal fue realizado fuera del término previsto por la ley procesal para la duración de la investigación, pues la misma vencía el 23/3/09 y el pedido ingresó con posterioridad al Juzgado. El vencimiento había operado en esa fecha en razón de que los plazos se cuentan según lo dispuesto por el art. 193 del C.P.P. de conformidad con lo estipulado por el art. 27 del Código Civil.

Agrega el recurrente que además no se explicita en qué radica la suma gravedad o la dificultad investigativa que permita la extensión del plazo.

II- Concedido el recurso a fs. 61, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal de Alzada, disponiéndose el tratamiento del recurso deducido en la presente causa en forma colegiada, integrando como subrogante el Dr. Jorge Alfredo Coussirat, emplazándose a las partes a los fines previstos por el art. 468 del C.P.P..-

III- Dentro del plazo previsto compareció el recurrente presentando su informe, el que obra agregado a fs. 68/69. En esta oportunidad el impugnante sostiene como fundamento de sus agravios los mismos que originaron el presente recurso, y agrega que encontrándose su pupilo detenido los términos son fatales, por lo que correspondería como consecuencia el apartamiento, que en este caso debe ser tanto del Fiscal que pidió la prórroga vencido el término, como del Juez que la concedió, entendiendo el recurrente que ello no constituye la comisión de una falta administrativa, por lo que no correspondería la comunicación correspondiente.

IV- Ingresando al examen de la cuestión traída a estudio, corresponde en primer lugar establecer cuál es el alcance de las normas que resultan de aplicación al caso, para después determinar si en el presente caso la prórroga concedida por el Sr. Juez del Quinto Juzgado de Garantías se encuentra ajustada a derecho y cuáles las consecuencias, para el supuesto de que así no fuera.

El sistema establecido por nuestra ley de forma que toma como antecedente directo e inmediato el C.P.P. de la Provincia de Córdoba omitió la regulación de aspectos importantes y esenciales allí si previstos, que le dan sentido y que impiden o tornan muy dificultoso lograr una interpretación que permita cumplimentar con la finalidad que se buscó al prever un plazo para la investigación penal preparatoria como forma de garantizar el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, evitando la burocratización del proceso como actualmente ocurre.

Resulta importante resaltar que el tema a decidir tiene directa vinculación con la garantía de un proceso sin dilaciones indebidas o el derecho a ser juzgado en un plazo razonable que tiene consagración constitucional.

“El valor tiempo en el proceso penal y el riguroso respecto de los plazos procesales que lleva ínsita la primera noción, tiene íntima vinculación con esenciales aspectos del proceso penal de un Estado de Derecho. A poco que se reflexiona sobre el tema se advierte la trascendencia del mismo, desde que éste se relaciona con cuestiones medulares del proceso, tales como garantías constitucionales y con su naturaleza misma”.

“Así en primer lugar, el tema involucra garantías constitucionales expresas. Es claro, que al imputado le asiste el derecho constitucional a ser juzgado dentro de un plazo razonable. El estado de sospecha y de restricción de la libertad que supone el sometimiento a un proceso penal, por mandato constitucional, debe confirmarse o desestimarse dentro de un periodo de tiempo breve”.

“No sólo la previsión específica de esta garantía en la Constitución Nacional (art. 8.1 de la C.A.D.H. y art. 14.3 c) del P.I.D.C. y P.) (Adla, XLIV-B, 1250; XLVI-B, 1107); sino también motivos de razonabilidad y coherencia del sistema penal ofrecen respaldo a este derecho fundamental. Si el Estado se auto-limita en el tiempo cuando ha probado todos los extremos que hacen a un sujeto pasible de una pena, y la duración de la sanción que le aplica no puede ir más allá de un límite determinado –el de la pena específicamente impuesta- aún cuando razones de prevención especial o general demuestren la necesidad de prolongar aquella; cuanto más se justifica el respeto del tiempo en el supuesto de que la privación de la libertad –entendida esta en un sentido lato; es decir, no restringida a supuestos en que el imputado está bajo medidas de coerción como detención o prisión preventiva- y la afectación al honor de la persona, tiene sólo como razón un estado de sospecha estadual en su contra”.

“Las normas constitucionales se han manifestado de manera expresa, y de modo categórico han consagrado la garantía de un proceso sin dilaciones indebidas. En este sentido, el art. 8.1 de la Conveción Americana de Derechos Humanos, expresa: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente…”; y de modo más específico, en relación a la persona retenida o detenida el art. 7.5 del mismo instrumento internacional, dispone: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio que continúe el proceso…”. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos le ha conferido carácter de derecho explícito a la garantía en análisis. Así su art. 14.3 dispone: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas” (Maria B.Salido, “El Proceso Penal y la Importancia del Tiempo”, La Ley-Sec. Doctrina, Año 2.007, tomo A, pags. 818/819).

Los problemas a dilucidar son: a- ¿Cuál es la forma de computar los plazos en la investigación penal preparatoria? ¿La feria judicial debe ser excluida de su cómputo?; b- En el caso de causas con detenidos, como la presente ¿cuál es la naturaleza del término anterior y cuáles las consecuencias de su vencimiento sino se solicitó la prórroga?; y c- ¿Resulta necesario explicitar en el pedido de prórroga y en su concesión los motivos por los que se otorga?

a- En lo que se refiere a la primera de las cuestiones a dilucidar comparto plenamente los argumentos expuestos por mi colega, el Dr. Jorge Coussirat, quien al expedirse sobre este punto en un recurso de apelación como Juez de la Cuarta Cámara del Crimen, señaló que“…debe partirse de las normas que regulan los plazos en la ley procesal de Mendoza e interpretarlos a fin de establecer cuál es la postura que se estima correcta. En tal sentido, el principio general del cómputo de los términos en derecho emerge del Código Civil que regula la cuestión en sus artículos 23 a 29. De allí se desprende que cuando se trata de plazos de meses (art. 25) ellos se cuentan de modo tal que “……..terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha……..”, sin que interese  el número de días que tenga el mes. A su vez los plazos “…..serán continuos……..” (art. 27). A ello debe agregarse (art. 28) que en los plazos establecidos por “……..las leyes o los tribunales….. se comprenderán los días feriados a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así”. En punto al alcance de esta disposición, Clariá Olmedo entiende que  ella indica que queda incluidos los no laborables y los recesos tribunalicios (autor citado, “Tratado………..”,  Edit. Ediar S.A., 1964, T° IV, pág.119, nota N° 10). Finalmente, esos principios resultan aplicables (art. 29) a todos los plazos señalados por las leyes, por los jueces,………siempre que no se disponga de otro modo”.

Vale decir, el sistema normativo argentino parte de la base de que los plazos de meses se cuentan por días continuos, incluso feriados, inhábiles y recesos tribunalicios, salvo que las leyes particulares dispongan lo contrario. Esto lleva a Guillermo Borda a afirmar que en realidad el modo de contar los intervalos en derecho que estipula el Código Civil es un sistema “supletorio”, vale decir, se aplica si las normas procesales no indican otra cosa (autor citado, “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, edit. Perrot, Bs.As., 1976, T° I, pág. 200).            En otras palabras, debe determinarse si la ley ritual mendocina contiene disposiciones que modifiquen aquél criterio general de que se deben incluir en el cómputo los días inhábiles, feriados y recesos tribunalicios. Al respecto, la ley N° 6730 establece un sistema de cómputo de los términos cuyo principio general es que se cuentan “………..en la forma prevista por el Código Civil”. (art. 193). De ello se deduce que se contarán por días corridos.  Sin embargo, inmediatamente después (art. 194) dispone que se contarán “……únicamente los días hábiles, con excepción de los casos que expresamente disponga este Código u otra ley”.

Siendo así las cosas, debe entonces entenderse que los plazos de días deben ser días hábiles pues el artículo 194 se refiere expresamente a ellos. Y los de meses se cuentan de acuerdo al modo dispuesto por la ley civil de fondo en virtud de que así lo indica la regla general del artículo 193 (ley 6730) atento a que respecto al plazo de meses nada dice la ley procesal y entonces juega la disposición residual. Vale decir, los plazos de meses se cuentan por días corridos como regla general y salvo que una ley específica o una decisión jurisdiccional dispongan expresamente lo contrario” (Autos Nº P-114.738/06, “F.c/Aznares Orellano, Ricardo Omar p/…”, 29/06/07).

Es importante destacar que en las disposiciones del Código Procesal Cordobés, citadas como antecedentes de nuestra normativa sobre el tema, expresamente prevé que los plazos son continuos y que se computan los días feriados, “salvo el receso de los tribunales que disponga la ley, o en caso de fuerza mayor, el Tribunal Superior” (art. 181), estableciéndose además, al referirse a los términos fatales (causas con detenidos), que dichos términos no se computaran en ningún caso durante el diligenciamiento de prueba fuera de la circunscripción, incidentes, recursos o mientras el Tribunal no este integrado (art. 182, último párrafo).

Estas previsiones fueron expresamente omitidas por nuestro legislador, y no obstante ignorarse el motivo, parecería que la finalidad fue la de reducir los términos, por cuanto al no ser excluidos los recesos tribunalicios, ni otros motivos o causas no imputables a la inactividad del órgano judicial, los plazos se ven indiscutiblemente disminuidos, exigiéndose mayor celeridad en la tramitación de los procesos, esto como forma de lograr una mejor consagración de la garantía a ser juzgado en un tiempo razonable.

Sin perjuicio de que se comparta o no la solución dada por nuestro codificador, lo cierto es que al no estar prevista la excepción, resultan de plena aplicación las disposiciones sobre términos previstas por el Código Civil, tal como acertadamente se estableciera en el precedente citado.

A la luz de estas conclusiones, resulta claro que asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que el término de la investigación penal preparatoria se encuentra vencido. Examinada la causa, surge que en fecha 29 de septiembre de 2.008 se efectúo la imputación formal a Ricardo Roust Ramírez (fs. 45), antes de su vencimiento, que debía operar el 29 de diciembre de ese año, el Sr. Fiscal solicitó una prórroga del plazo previsto por el art. 349 del C.P.P. para la duración de la investigación fiscal (fs. 52), la que le fue concedida por el Juez de Garantías a fs. 53 por tres meses de duración. Ese plazo vencía -conforme lo expresado en este punto- el día 29 de marzo del corriente año. El Fiscal interviniente solicitó nueva prórroga en fecha 24 de abril (fs. 57), es decir encontrándose vencido el término que le fuera oportunamente acordado, pedido que fue acogido favorablemente por el Dr. Marcos Pereyra en fecha 4 de mayo (fs. 58).

b- Dicho esto, debo centrar mi análisis en el segundo aspecto a dilucidar, y en mi opinión el más complejo y controvertido, que tiene que ver con las consecuencias que acarrea el vencimiento del término, como sucedió en este caso, y ello a la luz de lo afirmado en el punto anterior.

Son distintas las conclusiones a las que han arribado tanto la doctrina como la jurisprudencia, ello debido –sin dudas- a los baches legislativos a los que se hizo mención.

Así el Dr. Coussirat en la resolución que fue citada en el punto anterior, concluyó que los términos resultan perentorios en el caso de imputados detenidos, fundado en dos razones fundamentales. La primera es la de garantizar el derecho a la libertad y a la justicia en tiempo oportuno que tiene el sujeto sometido a proceso. La segunda es la de establecer ciertos parámetros de control sobre la actividad de los órganos judiciales a fin de determinar la eficacia y la predisposición en el desempeño funcional. Sin embargo, en el precedente citado, pese a encontrarse vencido el término y considerarlo perentorio, el Dr. Coussirat, fundado en la irracionalidad del sistema que: produce dilaciones en el proceso cuando la norma lo que pretende es su agilización; impone un sistema de sanciones administrativas sin excepciones; omite la ley 6730 regulación sobre aspectos esenciales como por ejemplo si se produce alguna restitución de plazos, tal como ocurre en el sistema del Código de Córdoba. Por lo que propugna que el art. 195 debe inaplicarse por resultar violatorio de principios constitucionales para el caso concreto.

En esta misma dirección, en su “Manual de Derecho Procesal” sostiene en cuanto a los términos perentorios que son los acordados para las partes, y que el incumplimiento de ellos causa la caducidad del plazo, decayendo el derecho acordado (T. 1, Ed. Jurídicas Cuyo, p. 394).

En este mismo sentido el Dr. Omar Palermo, como Juez de la Tercera Cámara del Crimen (Autos Nº 2173/02, “F.c/Godoy, Pedro p/Robo Agravado”, 28/12/06), sostuvo la perentoriedad del término, y que por tal motivo no resulta posible prorrogar el término de la instrucción una vez que éste se encuentra vencido, y que tanto el pedido de la prórroga por parte del representante del Ministerio Público, como la resolución de la misma por parte del Juez de Garantías deben realizarse antes del vencimiento del plazo, única interpretación que resulta –a su juicio- compatible con la garantía constitucional que tiene el imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, consagrado por el art. 8.1 de la C.A.D.H.. Agrega que la garantía para no quedar en letra muerta debe acarrear consecuencias para la situación procesal del imputado, por lo que fundado en el texto del art. 353 inc. 5º del C.P.P., concluye que la consecuencia del vencimiento del plazo de la investigación preparatoria es que el Fiscal debe pronunciarse por la elevación de la causa a juicio o por el sobreseimiento del imputado, según el valor que se le otorgue a las pruebas reunidas en la causa, es decir que el vencimiento del plazo supone el agotamiento del término de la instrucción, lo cual tiene como consecuencia que ya no resulta posible incorporar nuevos elementos probatorios, sino que sólo es posible el pronunciamiento que resuelva la situación del imputado en el proceso. Solución que el Dr. Palermo hizo extensible, incluso, a los procesos sin detenidos (Autos Nº 2179/02, “F.c/Carbajo, Daniel y Ots.”, 20/02/07).

Esta posición que considera perentorio los términos para la investigación penal preparatoria, y que propugna como consecuencia la imposibilidad de incorporar prueba, es la adoptada también por doctrinarios provinciales. Así lo ha entendido el Dr. Dante Vega, quien sostiene “descartada la distinción entre plazos “perentorios” y “ordenatorios”, debe repararse en el hecho que el Código no prevé expresamente ninguna consecuencia general para el vencimiento del plazo ordinario de tres meses previsto para la investigación ni para el plazo extraordinario sumadas una y otra prórroga (seis o quince meses en total), lo que no quiere decir que tal consecuencia no exista: de la interpretación sistemática de los artículos 349 y 357 del Código surge que vencidos tales términos el fiscal debe pronunciarse sobre el mérito de su investigación con los elementos de convicción reunidos hasta ese momento. Sólo de ese modo se garantiza un pleno control sobre el plazo de la investigación” (“Investigación Penal Preparatoria”, Ed. Mediterránea, Córdoba 2.008, p.70).

La Dra. Belén Salido por su parte señala: “…en el art. 195 se distinguen sólo los términos perentorios y fatales. Ninguna alusión realiza la normativa adjetiva de la categoría de plazos “ordenatorios” (ob.cit. p. 834). “De la lectura, entonces, de las formas procesales en materia de términos, sólo podemos inferir como regla que los actos procesales deben cumplirse dentro de los plazos acordados; y sólo podemos reconocer dos categorías de plazos: los perentorios y los fatales (en relación a ciertos plazos de procesos con personas detenidas). Ninguna excepción surge del tenor literal de las normas en examen”. “Si el Ministerio Público no concluye la investigación en los plazos que la ley acuerda, o no solicita u obtiene la prórroga para continuar con ella, la causa no podrá prosperar a una instancia posterior, como es la continuación de la investigación o la realización del juicio”(Ob. cit. p. 835).

En otro extremo se encuentran quienes propugnan que los términos de la investigación penal preparatoria son ordenatorios, independientemente de que se trate de causas con o sin detenidos.

Así la Segunda Cámara del Crimen -en colegio- sostuvo que los plazos ordenatorios no dejan de proteger la garantía del debido proceso y la de razonable duración del proceso penal. Pero los plazos perentorios y los fatales lo hacen con mayor intensidad. Sería contrario a la lógica más elemental que todos los plazos fueran perentorios, pues con ello se impediría la realización de actos que son necesarios en el proceso, y de los cuales no es posible prescindir. Señala que tampoco podrían ser todos los plazos fatales, pues más de una vez acabaría ello por trabar más que agilizar la marcha del proceso.

Argumenta que no pude dudarse que la regla de los términos de la investigación Fiscal en todos los casos son ordenatorios (aunque en los casos que el imputado se encuentra detenido son también fatales). Si no fuese así, si fuesen perentorios, bastaría en el caso del sobreseimiento previsto por el inc. 5° del art. 353 del C.P.P., con el elemento temporal, y el sustancial de la insuficiencia de elementos para elevar a juicio, para dictar el sobreseimiento. Ya que en términos de lógica jurídica sería absurdo que se requiriera un pronóstico a priori sobre la imposibilidad de que razonable y objetivamente no se pueda prever incorporar nueva prueba, pues siendo los términos perentorios, su sólo vencimiento acarrea la imposibilidad de incorporar válidamente dicha prueba (Expte. N° 3891, “F.c/Gramblicka, Eduardo p/Administración Fraudulenta s/Apelación, 27/02/08).

En la misma línea de pensamiento en cuanto al carácter de ordenatorio de los plazos de la instrucción, se expidió la Primera Cámara del Crimen, cuya interpretación efectuada es la que desde ya adelanto comparto y entiendo resulta la más compatible con el resto del ordenamiento jurídico y no produce afectación a la garantía constitucional de que los procesos duren un término razonable.

Este Tribunal sostiene que no existe ninguna norma general que establezca el carácter de perentorios e improrrogables de los términos otorgados a las partes, si así fuera la intención del legislador debería modificar la norma vigente que dice “Los términos perentorios son improrrogables…”, y reeditar la vieja redacción que tenía ese mandato en el art. 163 del Código de Procedimientos Penal de 1.939 que establecía “Los términos son perentorios e improrrogables, salvo los casos que especialmente se exceptúan”, o adoptar alguna otra semejante” (Expte. N° 3.668, “F.c/Verdugo Pizarro, Luis Arístides y otra –apelación-, 29/12/08).

Esta postura se apoya –como lo hizo el suscripto en oportunidad de desempeñarse como Fiscal de Instrucción- en lo expresado por el Procesalista Cordobés Fabián I. Balcarce en un artículo de doctrina publicado en la revista “Semanario Jurídico”, titulado “Acerca de un viejo error sobre los términos perentorios e improrrogables” (T. 78, 1998-A, ps. 541/544).

Señala este jurista: “En nuestra doctrina, dentro de la clasificación de los términos procesales, se suele distinguir a éstos según los efectos que su vencimiento produce. Así, se los clasifica en perentorios y ordenatorios. A los primeros se los define como aquéllos dentro de los cuales deben cumplirse los actos para que puedan ingresar o tengan eficacia jurídica por su valor, ya que en caso contrario les cae la sanción de caducidad. Por el contrario, los segundos son los fijados por la ley para cumplir los actos, pero aunque no se respeten no tienen sanción procesal, sino en todo caso la sanción es por vía disciplinaria, o de superintendencia”.

“Genéricamente, es válido afirmar que los términos perentorios e improrrogables se pueden advertir en una codificación procesal penal mediante tres vías diferentes, a saber: a) por su manifestación explícita respecto del plazo establecido para determinado acto (específico); b) por la existencia de una norma que prevenga, en forma genérica, acerca de este carácter respecto de los términos previstos en relación a las partes en ese sistema y, últimamente, c) por la imposición de una sanción procesal (caducidad) para la eventual realización del acto fuera del lapso previsto”.

“De lo manifestado, resulta que en el nuevo sistema procesal para saber si un término es perentorio, y además improrrogable, se debe verificar que el mismo se encuentre establecido en una norma específica que así lo explicite (a) o que el plazo otorgado esté previsto bajo pena de caducidad (c). No existe una norma genérica que prevea la perentoriedad e improrrogabilidad para los términos otorgados a las partes (b)”.

Efectivamente al igual que lo que sucede en el Código de Forma Cordobés, nuestro art. 195 expresa “Los términos perentorios son improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley.” La norma así redactada establece claramente el carácter de los términos perentorios: son improrrogables. No establece como carácter genérico que los términos acordados a las partes resultan perentorios, como sí sucedía en la norma anterior, que establecía expresamente: “Los términos dispuestos a favor del Ministerio Público y las partes son perentorios e improrrogables…” (art. 163 ley 1.908).

Balcarce concluye al referirse a la necesidad de reforma del Código Cordobés; “No somos expertos en técnica legislativa; tampoco pretendemos inmiscuirnos en valoraciones que sólo dependen del legislador en tanto y en cuanto respete los textos constitucionales, ora en el aspecto procedimental de creación de las leyes (vigencia), ora en el aspecto sustancial de irrefragabilidad de los derechos individuales (validez). No obstante, creemos que sí entre las expectativas del encargado de sancionar normas está la de disponer que los términos otorgados a las partes tengan como regla general el carácter de perentorios e improrrogables debería modificar la norma, volviendo a la vieja redacción prevista por el art. 163 del Código de Procedimientos Penal de 1.939, o alguna semejante. Lo que debe quedar en claro es que con la normativa vigente no se puede imponer la sanción de caducidad cuando se vencen los términos acordados a las partes, si el carácter perentorio del término no está expresamente previsto en la norma específica o no se encuentra explícita la sanción de caducidad para dicho lapso”.

A partir de la claridad del criterio sostenido por Fabian Balcarce y de la lectura de las disposiciones legales en juego, surge sin mayor esfuerzo que no existe norma general que establezca la perentoreidad de los términos procesales; no existe además establecida sanción de caducidad ante su vencimiento; ni norma específica que considere que resulta perentorio el término de la investigación penal preparatoria; estableciéndose sólo su fatalidad en caso de proceso con detenidos, por lo que debe concluirse que los términos de la instrucción resultan ineludiblemente de carácter ordenatorios.

Solución que además entiendo se impone por razones prácticas, pues permite el adecuado funcionamiento del sistema impidiendo la burocratización a la que se ha llegado actualmente. Es bueno tener presente como lo hace la Primera Cámara del Crimen en la resolución aquí citada, que “…si en casos excepcionales ese término se hubiese vencido por razones extraordinarias o de fuerza mayor, para nada resulta admisible considerar que la investigación queda clausurada y debe dictarse resolución con la prueba reunida, ya que implementando esa solución estaríamos desoyendo los postulados del máximo tribunal del país que ha dicho ”La idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro” (Fallo 305:1753 entre muchos).-

Teniendo en cuenta la conclusión arribada ¿Cuál resultaría la consecuencia de su vencimiento en causas con detenido?

No existe controversia, y surge claro del texto legal que tratándose de una proceso con detenido el término resulta fatal, siendo su consecuencia el cese automático de la intervención del fiscal o juez al que dicho plazo le hubiera sido acordado, no provocando el vencimiento del término fatal la caducidad del acto, aunque si es posible declarar eventualmente la nulidad de los actos realizados por quien carecía ya de competencia para ello.

En relación a este caso, al hallarse vencido el término fatal –como se concluyo en el puntoa)- al momento de ser peticionada por el Fiscal de Instrucción interviniente, órgano judicial al que le fue otorgado el mismo, corresponde disponer su cese en la presente investigación, debiendo remitirse las actuaciones al Sr. Procurador General para que de cumplimiento a lo dispuesto por el art. 196 del C.P.P..

Resulta esta la solución adecuada a los fines del adecuado control del cumplimiento de los plazos por parte de los miembros del Ministerio Público, responsabilidad que la propia ley procesal pone en cabeza del Sr. Procurador General. Siendo éste quien debe establecer en cada caso en particular si hubo o no negligencia en el sustituido por el vencimiento, y en su caso imponer las sanciones administrativas que correspondan. Situación que no puede omitirse por cuanto la finalidad del término fatal es justamente la de un mayor control en causas con detenidos, como forma de garantizar el efectivo cumplimiento de la garantía constitucional de ser juzgado en un tiempo razonable, máxime cuanto se trata de términos que –como se dijo- no acarrean consecuencias procesales.

Ahora bien, efectuado el reemplazo, se produce de inmediato e inexorablemente otro interrogante: ¿Cuál es el término que posee el sustituto para finalizar con la etapa investigativa?

El código de forma cordobés, en el art. 183 2° párrafo –antecedente de nuestro art. 196- expresamente dispone que para los sustitutos se computarán los plazos íntegros a partir de su avocamiento, los que serán fatales, con las mismas consecuencias. Circunstancia que no ocurre en nuestra normativa, en que se omitió toda consideración al respecto.

Debiendo entenderse que esa omisión respondió a la voluntad expresa de nuestro legislador, en cuanto en este caso se apartó de su antecedente, corresponde entonces determinar a partir de lo concluido en párrafos anteriores, cuál es el término que corresponde al sustituto para la finalización de la investigación fiscal.

Teniendo en cuenta que el vencimiento del plazo de la investigación fiscal no produce consecuencias procesales por resultar el término ordenatorio, resulta necesario dotar al sustituto de un plazo a los fines de concluir con la realización de los actos investigativos necesarios.

Siendo que ese plazo no le es restituido automáticamente –como ocurre en su antecedente cordobés- y que su vencimiento no produce la caducidad de los actos no practicados en tiempo, considero debe el fiscal sustituto solicitar una prórroga al Juez de Garantías quien a su vez debe expedirse conforme las previsiones del art. 349 del código de rito.

c- Por último he de referirme a la última cuestión planteada: ¿Resulta necesario al momento de solicitar la prórroga de la investigación penal preparatoria y al momento de concederla, que el Fiscal de Instrucción y Juez de Garantías, respectivamente, las funden debidamente, acreditando los extremos establecidos por el art. 349 del C.P.P.?

La respuesta debe ser –en mi opinión- afirmativa, por dos razones fundamentales. La primera, tiene que ver con lo estrictamente formal, y con el cumplimiento de lo preceptuado por los arts. 155 y 167 del C.P.P., que expresamente establece bajo pena de nulidad, el deber de los Jueces de fundamentar sus autos, y el deber de los fiscales de formular motivada y específicamente sus requerimientos. Si tenemos presente que el art. 349 establece que el Fiscal de Instrucción podrá solicitar una prórroga de la investigación por tres meses según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación, y hasta doce meses más en casos de suma gravedad y muy difícil investigación, surge que el peticionante (Fiscal) y en su caso el otorgante (Juez), deben acreditar fundadamente tanto en el requerimiento como en el auto, la existencia en el caso concreto de estas circunstancias que autorizan la prolongación del término.

La segunda razón, y no menos importante que la anterior, tiene que ver con la necesidad de hacer efectiva la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable, pues justamente el deber de fundar el requerimiento y la resolución de otorgamiento de las prórrogas, constituyen no una mera formalidad sin sentido, sino que implica la obligación del análisis de cada causa en particular que permita el adecuado control del cumplimiento de los plazos, no convirtiendo el trámite de pedido de prórroga en un mero formalismo sin sentido, como actualmente sucede en nuestros tribunales.

El Dr.Dante Vega señala al respecto que “lejos de ser un mero trámite burocrático(como parece presentarse en la práctica judicial actual), en la economía del Código la prórroga del plazo ordinario de la investigación preparatoria debiera significar una suerte de revisión de ésta por parte del juez de garantías que atienda no sólo a los fundamentos del pedido sino a las constancias en general de la causa. A eso se refiere el artículo 349 cuando establece que el juez puede conceder la prórroga por tres meses más “según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación”. El primer elemento de juicio es concreto y se refiere a lo realizado hasta ese momento por el fiscal; el segundo es abstracto y atiende al esfuerzo que en general debiera insumir una investigación como la que se examina, de acuerdo a distintos parámetros evaluados a la luz de la experiencia y el sentido común (naturaleza del delito imputado, número de personas involucradas, dificultad para obtener prueba válida, etcétera) (Ob. Cit. p. 74).

Dicho esto, y examinada a la luz de estas consideraciones la resolución cuestionada por el apelante, se advierte sin mayor esfuerzo que la misma carece de la debida fundamentación, al igual que el pedido formulado por el Sr. Fiscal, no obstante ello, entiendo que habiendo sido efectuado el pedido fuera de término (punto a-), debe por ello revocarse el auto que concedió la prórroga, no resultando necesaria su declaración de nulidad, en cuanto ésta sólo produciría dilaciones innecesarias y la eventual reedición del plateo.

Por las consideraciones antes expuestas,

RESUELVE:

I- HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACION interpuesto por la defensa del imputado a fs. 59, revocándose el auto de fs. 58, en cuanto al momento de la petición de la prórroga por parte del representante del Ministerio Público Fiscal se encontraba ya vencido el término que había sido otorgado por resolución de fs. 53 (arts. 193 y conc. del C.P.P.) .

II- BAJEN las actuaciones al Quinto Juzgado de Garantías para su conocimiento y posterior remisión a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a los fines de lo dispuesto por el art. 196 del C.P.P., tal como se consignara en el punto b- de los considerandos.

NOTIFÍQUESE. REGISTRESE. CUMPLASE Y BAJEN. PRIVATE

 

Última actualización el Viernes, 19 de Febrero de 2010 16:45