Bienvenidos

Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

Here
APELACIÓN - SANCHEZ CACERES - Constitucionalidad de la facultad de detener del Fiscal PDF Imprimir E-mail
Viernes, 12 de Febrero de 2010 12:37

Expte. N° 26341/08/14 Fc/ Sanchez Caceres, Raúl Emanuel…..

Mza,23 de junio de 2008       

         Y VISTOS:

                            Las actuaciones arriba intituladas, y

 

         CONSIDERANDO:

                            Que a fs. 67/70, la Sra. Fiscal de Instrucción de la Unidad Fiscal de Maipú-Lujan, interpone recurso de apelación contra el resolutivo de fs.51/60, mediante el cual la Sra. Juez de Garantías declara la inconstitucionalidad del art.344 del C.P.P., que faculta a los fiscales de instrucción a privar de la libertad a las personas imputadas, cuando se dan los recaudos previstos en la norma.

         a) Los agravios:  

                            En términos generales se agravia señalando que una interpretación armónica de las normas en juego permite concluir que el fiscal es la autoridad competente para llevar a cabo las medidas de las que habla el art. 344 del C.P.P..-

                            Luego de realizar consideraciones respecto de las distintas medidas de coerción que puede llevar a cabo el fiscal, señala que ya en la legislación procesal anterior, el fiscal correccional estaba autorizado a  detener a los imputados.

                            Finalmente, analiza el art.17 de la Constitución Provincial, y refiere jurisprudencia provincial que concurre en apoyo de su planteo.

                            Solicita por último, la revocación del auto de referencia en tanto en él se declara la inconstitucionalidad del art.344 del C.P.P. y la nulidad de la orden de detención y del oficio de fs.41 y 44 respectivamente.-

         b) El resolutorio impugnado:

                            b-1) En los autos de que se trata, seguidos contra el prevenido por el delito de Robo Agravado por el uso de arma impropia en grado de tentativa en concurso real con Amenazas, la Sra. Fiscal dispuso, mediante decreto de fs.41, la detención del inculpado, y a través del oficio de fs.44 , la internación del mismo en la Penitenciaría Provincial.

                            Posteriormente, a fs. 48/50, solicita a la Sra. Juez de Garantías dicte la Prisión preventiva del inculpado, pronunciándose la misma a fs.51/60 mediante la decisión que hoy se impugna.

                            b-2)En la resolución motivo del recurso, la Sra. Juez del Tercer Juzgado de Garantías, luego de recibir un pedido fundado de dictado de prisión preventiva, declara de oficio la inconstitucionalidad del art.344 del C.P.P., en la medida que faculta a los fiscales a detener al imputado, realizando para ello una serie de consideraciones en las cuales, mediante una suerte de silogismo, hace ver que si constitucionalmente se impone la intervención obligatoria del juez para afectar determinados bienes de menor jerarquía que la libertad, cuánto más será necesaria su intervención cuando de este bien se trata.

                            Como consecuencia de esta solución, nulifica la orden de detención e internación emanada de la Sra. Fiscal, y finalmente dicta la Prisión Preventiva del imputado.    

         c)Solución del planteo:

                            I-El examen crítico de la pieza recurrida, a la luz de la impugnación incoada, me persuade del acierto del planteo que formula la Sra. Fiscal de Instrucción, por lo que desde ya anticipo mi opinión en tal sentido.

                            II-En primer término, tengo para mi que una interpretación literal del art. 344 de la ley de ritos, claramente lleva a sostener la facultad del Fiscal para privar de la libertad a un imputado.

                            Pero además, esa es la exégesis de la norma, cuya fuente abreva en el art.332 del C.P.P. de Córdoba, y de cuyo comentario puede válidamente extraerse la intención del legislador , que pretende con ello asegurar que en la dinámica del proceso, no se frustren las secuencias formales previstas, cautelando de este modo la posibilidad de valorar todas las pruebas sin sufrir la desaparición de ninguna de ellas, ni del sospechado sometido a proceso.

                            De haber sido otro el propósito del legislador provincial, hubiera resuelto el tema de distinta manera, como por ejemplo lo hace el art.146 del  Proyecto de modificación del  Código Procesal Penal de la Nación, que estipula expresamente que la detención del imputado, debe pedirla el fiscal al juez, salvo en aquellos casos en que no sea factible contar de manera inmediata con un magistrado y exista peligro en la demora.

                            III-No advierto en el contenido de la manda procesal penal provincial, vulneración alguna al texto constitucional provincial  o nacional , como esgrime la Sra. Juez de Garantías.

                            Desde mi óptica de análisis, tanto en uno como en el otro plexo normativo fundamental, la autoridad competente, a cuya orden supedita el sistema normativo la limitación de la libertad de locomoción del individuo mediante el dictado de medidas de coerción personal en la investigación preparatoria, puede ser tanto el Juez  como el Fiscal de Instrucción.  

                            IV-Las medidas de coerción deben aplicarse de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional , la Constitución Provincial y  la ley adjetiva, debiendo en todos los casos respetarse las condiciones y límites precisos dentro de los cuales será legítimo restringir la libertad.

                            Así lo reconocen los arts.7 de la Convención de San José de Costa Rica, y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el XXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, estableciendo en todos los casos que, toda persona tiene derecho a la libertad y a su seguridad personal y que nadie puede ser privado de ella sino por las causas  y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas ( en función de lo dispuesto por el art.31 de la C.N. entre nosotros), ni ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, pudiendo recurrir ante un juez o tribunal competente para que éste decida acerca de la legalidad de su arresto o detención.

                            V- Si nos atenemos a que el art.18 de la Constitución Nacional, dispone que ningún habitante de la Nación puede ser “arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad  competente”, necesariamente debemos colegir que la detención dispuesta por el Fiscal de Instrucción,  se enmarca en la previsión de referencia.

                            En efecto, sobre la regla establecida por la norma de mención, refiere GUSTAVO AROCENA que “se ha señalado que hace referencia al estado privativo de libertad que excede y comprende la simple aprehensión o el arresto que comúnmente facultan las leyes procesales; es decir, la voz arrestado utilizada por nuestra Constitución vale lo mismo que detenido preventivamente o, más genéricamente, privado de la libertad locomotiva” (Cuaderno del Departamento de Derecho Procesal y Práctica Profesional  de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, 1999, p. 266).

                            Enfatiza el autor, con cita de JOSÉ I. CAFFERATA NORES y HELIO JUAN ZARINI, en relación a los términos “ autoridad competente”, que sólo lo es la autoridad judicial competente”.

                            Desde este enfoque, tengo para mi que el Ministerio Público Fiscal, amén de estar facultado procesalmente para ello atento la naturaleza de su función (art.344 del C.P.P.), por integrar en nuestra organización institucional provincial el Poder Judicial, está incluido en la fórmula constitucional precedente.

                            Es que, como bien informa MAIER, el texto constitucional nacional “…sólo ha condicionado este poder respecto, precisamente, de las autoridades que por la misma ley fundamental resultan encargadas de administrar justicia…. Si el Ministerio Público, como lo consideramos esencial, integra la organización judicial con las mismas incompatibilidades y seguridades de los jueces, no cabe duda que podrá realizar ciertas actividades coercitivas necesarias para la efectiva realización del procedimiento que se le ha encargado” ( La investigación penal preparatoria del Ministerio Público, Lerner, 1975, p.59).

                            Sobre el tema, nada dicen los Tratados Internacionales incorporados a nuestra Ley Suprema a partir de la reforma de 1994. Podríamos referir que tanto el art.9 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como el art.7, apartado 3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el art.9 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , establecen la prohibición de la detención o encarcelamiento arbitrarios; el art.XXV de la D.A.D.D.H., el art. 7 apartado 2 de la C.A.D.H., y el art.9 apartado 1 del P.I.D.C.P., se pronuncian sobre la excepcionalidad y taxatividad de la privación de la libertad física; y finalmente, el art. XXV de la D.A.D.D.H., el art.7 apartado 5 de la C.A.D.H., y el art.9 apartado 3 del P.I.D.C.P., establecen el derecho de toda persona detenida a ser llevada sin demora ante juez o funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales. Pero en los mismos, no existe  ninguna regulación formal manifiesta que señale qué debe entenderse por autoridad judicial competente, y por ende, que limite la expresión exclusivamente a un Juez.

                            VI- El otro núcleo normativo en juego es nuestra  Constitución Provincial, la que en una referencia distinta a lo establecido por el art.18 de la C.N., alude en su art.17 a la “constitución en prisión” de un sujeto.

                            Una interpretación literal del texto nos conduce a distinguir entre este supuesto y otros como el arresto o simple detención, que importa una situación diferente a la anterior. En el primer  caso, vale decir, cuando es necesario internar a una persona en la Penitenciaría ,  se exige orden escrita de juez competente.

                            En ésta hipótesis, que técnicamente opera cuando  se dicta la prisión preventiva del imputado, queda claro que la única autoridad legitimada al efecto, es el Juez de Garantías.

                            Pero existen otras formas de restricción de la libertad de los sospechados, que no están expresamente comprendidas en la fórmula constitucional provincial, pero que sí están legisladas en nuestra ley adjetiva penal en consonancia con el desarrollo doctrinario de la norma establecida por la  Ley Suprema  de la Nación (art.18).

                            Es lo que sucede durante el trámite de la investigación fiscal, donde no pocas veces resulta necesario proceder, por las razones ya expuestas, a la detención del sospechado. En tales supuestos, nuestra ley  procesal ha legitimado al efecto al Fiscal de Instrucción, pero siempre reservando el control posterior y el dictado de la prisión preventiva al Juez de Garantías (arts.345 y 348 del C.P.P. y 21 de la Const. Prov).

                            VII- En este punto, se presenta el grave inconveniente de la inexistencia en la Provincia de establecimientos adecuados de internación temporaria , con lo que los imputados detenidos aun sin prisión preventiva, terminan siendo derivados a la Penitenciaría Provincial.

                            Éste es en todo caso el tema a debatir, vale decir, debemos preguntarnos si a la luz de la normativa constitucional provincial, y dada la situación de hecho que se presenta en la Provincia, los fiscales están excepcionalmente autorizados a internar en Penitenciaría a los imputados por ellos detenidos.

                            Pero, lo que resulta incuestionable, es la facultad que les es concedida a los fiscales por la norma adjetiva provincial de referencia, para privar de la libertad a los imputados en las circunstancias y con las formalidades establecidas por los arts.283, 284,293,296 y 271 del C.P.P..-  

                             Adelanto que en mi opinión, el escenario explicitado, justifica que el fiscal , además de detener, pueda disponer la orden administrativa de internación del imputado en Penitenciaría, dejando librado a la órbita del Juez de Garantías el control de la privación de libertad y el dictado de la prisión preventiva.

                            VIII- Ahora bien, conforme está señalado en el dictamen de fs.96, existe también la posibilidad de un enfoque distinto, a partir de otro método hermenéutico , respaldado por la mejor y más moderna doctrina. Se trata de la exégesis  “dinámica”, “evolutiva” o “progresista” de la Constitución.

                            Este modo de interpretar la norma, que ya a fines del siglo XIX proclamaba SALEILLES, y que hoy, con variantes importantes podemos extractar de textos como “Tendencias contemporáneas en la interpretación constitucional” en “ Interpretación, integración y razonamientos jurídicos” , FRANCISCO O. ZÚÑIGA URBINA, Universidad de Chile- Universidad Rodolfo Ibañez, Santiago de Chile, 1992, p.285 y ss y “ La interpretación judicial de la constitución”, NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS, Depalma, Bs.As, 1998, p.37, cap. IV., entre otros, permite desentrañar la voluntad de la norma frente a la voluntad de su autor, a partir del derecho que tiene cada generación de aplicar la ley fundamental de acuerdo a sus necesidades,  requerimientos, y aspiraciones.

                            A partir de lo expuesto, debemos considerar que el constituyente de 1916, nunca pudo prever que la gran parte de la actividad procesal  que en ese momento desplegaba el juez, hoy , por imperio de la nueva ley de ritos, la lleva adelante el fiscal.

                            En tales condiciones, apegarnos al  giro gramatical empleado un siglo atrás, sin considerar los cambios y las necesidades, es petrificar la norma fundamental de un modo ni siquiera imaginado por el legislador originario y más allá de su voluntad.

                            Desde esta perspectiva de análisis, resulta lógico inferir que el acto administrativo de constitución en prisión - otorgando una significación amplia a la expresión, esto es, no limitada al dictado de la prisión preventiva-, puede ser válidamente llevada a cabo por el fiscal.

                            IX- Otro aspecto que merece análisis, es la referencia que hace la Sra. Juez en el resolutorio impugnado sobre la inconveniencia del control jurisdiccional posterior a la detención del imputado, y su pronunciamiento en favor de la necesaria intervención previa del juez de garantías, como modo de evitar conculcar normas constitucionales.

                            Cabe reflexionar sobre el punto, señalando que a tenor de lo expuesto, no se advierte quebrantamiento alguno del texto constitucional en la norma que autoriza al Fiscal a privar de la libertad al imputado (art.344 del C.P.P.) y menos aún, en las que de algún modo prevén el control jurisdiccional posterior (art.345 y conc. del C.P.P.).

                            a) En primer lugar, es necesario señalar enfáticamente que, conforme lo ha expresado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad de una norma, debe ser la ultima ratio del ordenamiento jurídico y exhibe un caso extremo de gravedad institucional que lleva a que, en caso de duda, se deba decidir por la constitucionalidad de una norma y no por su invalidez.

                            b) En segundo término y en consonancia con el informe de fs 96, estimo atinado recordar que, “dada la flexibilidad de las disposiciones constitucionales, éstas admiten en algunos casos varias interpretaciones válidas “ (GERMÁN J. BIDART CAMPOS, “La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional”, Ediar, 1987, p.227 y ss.).-

                            c) Debe quedar en claro que las normas no admiten en su interpretación la búsqueda de soluciones a partir de meros silogismos, sencillamente, porque no se encuentran en compartimentos estancos. No constituyen una simple reunión de partes, sino un todo ordenado y sistematizado, y por ende, cuando de desentrañar su verdadero sentido y alcance se trata, debemos adoptar una modalidad hermenéutica que nos permita arribar a una solución armónica, orientada por el respeto de la intención del legislador y en todos los casos, por la adecuación del texto pretérito a las circunstancias que nos impone la realidad actual.

                            d) De allí que, la exigencia normativa de intervención del Juez de Garantías en el libramiento de una orden de allanamiento, o en una intervención telefónica o finalmente, en el secuestro de correspondencia, no autoriza a inferir válidamente como derivación que, también en  los casos de legítima privación de libertad, debe mediar la orden escrita emanada precisamente de un Juez de Garantías. Se trata pues, de una interpretación extensiva no justificada.

                            e) Por último, queda claro que,  en todo caso, la opción temporal de la intervención del juez de garantías, se erige en nuestro ordenamiento ritual, como una cuestión de estricta política procesal, tal como lo esgrime precisamente JOSÉ I. CAFFERATA NORES, debidamente citado por la magistrada.

                            Lo que la ley pretende, es que en definitiva, la detención de un sujeto, sea “controlada” o “auditada” por el juez de garantías, y en la interpretación que propugnamos, la garantía aparece debidamente sellada. 

                            X- En mérito de lo expuesto, entiendo corresponde dejar sin efecto el resolutivo de fs.51/60, en la medida que declara la inconstitucionalidad del art.344 del C.P.P., dejando además sin efecto la declaración de nulidad de la orden de detención de fs.41 y del oficio de fs.44.

                            En atención a lo resuelto, deberá continuar vigente la prisión preventiva ordenada a fs.59 y vta del resolutivo impugnado, a cuyo efecto deberá oficiarse y hacerse conocer en Penitenciaría a disposición de quién se encuentra el imputado.-

                            Por las razones expuestas, se

 

         RESUELVE:

                            Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal de Instrucción a fs.67/70 de autos, y consecuentemente, dejar sin efecto los  puntos I, II y III de la parte resolutiva del decisorio impugnado.

                            Notifíquese y bajen.-