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Resolución 277/08 PDF Imprimir E-mail
Viernes, 12 de Febrero de 2010 22:02

RESOLUCIÓN Nº 277/08  

MENDOZA, 5 de setiembre de 2008.

AUTOS y VISTOS:
Que el Procurador General es la autoridad superior del Ministerio Público Fiscal y responsable principal de la persecución penal, cf. art. 84 CPP (ley 6730).
Que le corresponde cuidar que los encargados de ejercer el Ministerio Público promuevan las gestiones legales a su cargo (cf. art. 76 inc. 3 Ley Orgánica de Tribunales), y velar por el cumplimiento de las leyes (cf. art. 76 inc. 9 Ley Orgánica de Tribunales), como también que cumplan fiel y celosamente los deberes a su cargo, de acuerdo con criterios y normas que aseguren unidad en la actuación del mismo (art. 14 de la ley 2.142).
Que el artículo 4 de la ley 7.231 autoriza a esta Procuración General a  impartir instrucciones generales al Cuerpo de Fiscales, para la aplicación de todas las disposiciones del Código Procesal Penal desde el comienzo de su aplicación.

CONSIDERANDO:
Que se suscitan dentro del proceso penal conflictos de interpretación sobre la facultad legal del Fiscal de Instrucción, que deben ser resueltos para definir, de modo unificado, la forma de proceder de los miembros del Ministerio Público Fiscal.
En particular, se ha presentado en discusión la potestad del Fiscal de Instrucción para disponer la internación en Penitenciaría Provincial de aquellas personas con orden de detención vigente.
Que al respecto,  y en oportunidad de presentarse ante la Suprema Corte local dos conflictos de actuación, con similar contenido, entre un Fiscal de Instrucción y un Juez de Garantías, que finalmente no tuvo resolución en el fondo por entender ese superior tribunal que no se había trabado el cuestionamiento de competencia, esta Procuración General formuló en instancia procesal una interpretación, que debe ser continuada por todos los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Que estos planteamientos se produjeron en el expediente n° 90.481, caratulados “Fc/Esquivel por compentencia” y en los autos n° 90.799 “Fc/Dilello Toloba, Jonathan Ivan y NN dos sujetos por robo agravado en gdo. de tentativa”.
Que esta Procuración General entiende que, siguiendo el principio de unidad de actuación del Ministerio Público, dicha postura debe seguirse mientras no exista una resolución de la Suprema Corte de Justicia que dirima el cuestionamiento,.
Que así, al dictaminar en el segundo de los autos se afirmó que "…  la temática del presente caso es idéntica a la propuesta en el expediente n° 90.481, caratulados “Fc/Esquivel por compentencia”, siéndole aplicable lo oportunamente dicho.
Allí dijimos que aparece ineludible el deber procesal de pronunciarnos sobre el objeto discutido por dos motivos:
Primero, resulta propiamente un conflicto de competencia donde ambas partes –representante fiscal y órgano jurisdiccional- rechazan, dando a conocer mutuamente los motivos, su facultad para ordenar la detención de un imputado y el consiguiente alojamiento en Penitenciaría provincial.
En segundo lugar, el tópico en discusión constituye una materia de esencial relevancia para el sistema procesal en vigencia y de urgente definición, ya que se halla en discusión el tratamiento de un bien fundamental como es la libertad de las personas.
Asimismo, debe advertirse que la cuestión planteada posee plena actualidad, sin que el dictado de la prisión preventiva quite significancia al tema discutido.
En definitiva, es plenamente necesario dilucidar, sin mayores postergaciones, quién es el órgano judicial competente en ordenar la detención y la internación no sólo para definir la legalidad de lo hasta aquí sucedido en la presente causa sino para las siguientes o futuras actuaciones.
Guiados por esas premisas, y sobre la base de la siguiente argumentación, esta Procuración General considera que el Fiscal de Instrucción es competente para ordenar la detención de una persona y disponer su alojamiento en Penitenciaría Provincial.
En forma notoria la discusión parece sustentada principalmente en la vigencia del art. 17 CMza. Es bajo sus postulados entonces que debe interpretarse la norma procesal. 
Al respecto, debemos anticipar que la hermenéutica intentada exclusivamente desde el plano literal o gramatical decae ante una mirada contextual y sustancial de la temática tratada.
Estamos convencidos que la palabra prisión empleada por la Constitución de Mendoza refiere a una modalidad de privación de libertad, es decir, a la medida cautelar o definitiva como secuela de un sometimiento a proceso penal, y no al lugar o establecimiento para el cumplimiento del arresto, detención o condena.
Es erróneo equiparar el término “prisión” con “establecimiento carcelario”. Cuando la norma suprema provincial pretende referir al lugar de detención aplica la palabra cárcel. Expresamente la Constitución refiere que son las cárceles las instalaciones “hechas para seguridad… de los detenidos” cf. art. 23 CMza.
Entonces, según el texto de la Constitución de Mendoza, “las cárceles son hechas para seguridad… de los detenidos” cf. art. 23.
Asimismo, de la lectura atenta del art. 17 se hallan contenidas dos partes bien diferenciadas: la primera referida a la detención y aprehensión, con sus requisitos de aplicación, y la segunda a la prisión, donde sí se requiere orden de juez competente. Establece, entonces, un plexo de medidas restrictivas de la libertad comenzando por las menos graves y terminando con la más grave.
En tal sentido el Dr. Raúl W. Ábalos, interpreta que “el art. 17 prevé tres hipótesis de coerción personal: la detención, la aprehensión en flagrancia y la prisión preventiva” (Derecho Procesal Penal. Mendoza, 1992. Tomo III, pág. 8)
Y, continua diciendo que “la locución constituido en prisión” por orden escrita de autoridad competente (“Juez Competente” dice la Constitución) … lo interpretamos como equivalente a prisión preventiva” (ibídem, pág. 9).
A propósito, igual sentido de diferenciación se encuentra en la discusión de los Convencionales Constituyentes al momento de dar a luz el texto del art. 17 de la Constitución Provincial de 1916. (Quinta Sesión Ordinaria, 3 de noviembre de 1915)
Del mismo modo, la terminología empleada por el constituyente aclara más aún la cuestión. El verbo constituir significa “asignar, otorgar, dotar a alguien o algo de una nueva posición o condición” (sitio web del DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA   -Vigésima segunda edición, http://buscon.rae.es/draeI/ ). Significación que en el dominio procesal adquiere un sentido preciso.
La nueva posición que apareja el dictado de la prisión es el avance en la imputación penal, la afirmación con “convicción suficiente para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado” (cf. art. 293 CPP), que, como medida necesitada de un juicio profundo sobre la culpabilidad, corresponde ser pronunciada por una autoridad judicial imparcial.
Entonces adquiere claridad el ordenamiento constitucional: constituir en prisión significa el dictado de la prisión preventiva, siendo competencia ésta exclusiva del Juez de Garantías.                           Por último, en el interior de la interpretación formulada por el fiscal de instrucción tampoco se verifica garantía constitucional alguna en juego. De hecho, la propia Constitución Nacional tampoco determina la obligación de que sea un juez quien ordene la privación de libertad o el alojamiento en prisión, ya que sólo refiere a “autoridad competente”, cf. art. 18.
Es decir, tampoco desde una perspectiva sustancial (el sentido último de la norma) en la hermenéutica del art. 17 CMza. se hallan motivos suficientes para impedir que el fiscal de instrucción que ordena la detención pueda también disponer su alojamiento en el centro de detención habilitado para ello. No aparece ninguna afectación o vulneración a las garantías constitucionales.
Todos los Tratados Internacionales incorporados a la Carta Magna en el año 1994, establecen, en relación a la protección a la libertad ambulatoria, la prohibición de la detención o encarcelamiento arbitrarios (art. 9º DUDH., 7º apartado 3 CADH., art. 9º apartado 1 PIDCP); la excepcionalidad y taxatividad de la privación de la libertad física (art. XXV DADDH., 7º apartado 2 CADH, 9º apartado 1 PIDCP); y finalmente, el derecho de toda persona detenida a ser llevada sin demora ante juez o funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales (art. XXV DADDH, 7º apartado 5 CADH, 9º apartado 3 PIDCP).
Pero, ninguna de esas normativas internacionales señaladas individualiza en forma expresa la obligatoria intervención de un juez en el dictado de las medidas precautorias o en su concreta ejecución.
Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 9 1. dispone que “…nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
Del mismo modo, el Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión dispone que el “el arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”. (el subrayado es propio)
En definitiva, cabe una interpretación armónica de las normas desarrolladas. Así, el art. 344 del CPP, en concordancia con el art. 348 del C.P.P., ley 6730 y el art. 17 de la Constitución Provincial, permiten concluir que es "autoridad competente" para disponer la detención como medida de coerción personal el Fiscal de Instrucción, quedando a cargo del Juez de Garantías el control jurisdiccional de la misma (art. 345 del C.P.P., ley 6730).
Finalmente, debe recordarse que en la actualidad es criterio firme la competencia del fiscal correccional para ordenar la detención de un imputado sometido a investigación en su fuero. Si como V.E. ha dicho, el fiscal correccional puede denegar la excarcelación es porque también puede ordenar la detención. (L.A. 133 fs. 324)
Asimismo, bajo las condiciones actuales de operatividad del sistema penal provincial, resulta forzoso el alojamiento de los detenidos en estos centros de encierro denominados penitenciarías o cárceles. La permanencia de los detenidos en otros lugares (v.g. Centro Transitorio de Detención, Comisarías) -por la total carencia de recursos edilicios, materiales y humanos- redundaría en un entero e inconstitucional perjuicio hacia los derechos del encausado…".
Que en una posición contraria con el lineamiento seguido por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia,  Dr. Carlos Böhm, en su voto en disidencia en el caso "Esquivel", que a la postre importa la adhesión a los fundamentos del fallo dictado por la Quinta Cámara del Crimen de esta Primera Circunscripción Judicial, en los autos n°  P-123868/06, caratulados "F. c/Lizarzaburu, Luz y ot. p/…”, pueden citarse otras resoluciones también de Cámaras del mismo fuero, que afirman la legalidad de la internación en las dependencias penitenciarias de las personas detenidas en causas judiciales (Sexta Cámara del Crimen, causa nº 26.341/08, "Fiscal c/ Sanchez Caceres, Raúl Emanuel.., resolución de fecha 23 de junio de 2.008 y Segunda Cámara del Crimen, expte. Nº 4017 - “Control Jurisdiccional en autos P-26334/08 “Maya, Rodríguez y otros.”, resolución de fecha 23 de Mayo de 2008).
Que en particular, resulta interesante transcribir un párrafo de la resolución dictada en la causa de la Sexta Cámara del Crimen, arriba citada, donde se afirmó que: "Adelanto que en mi opinión, el escenario explicitado, justifica que el fiscal, además de detener, pueda disponer la orden administrativa de internación del imputado en Penitenciaría, dejando librado a la órbita del Juez de Garantías el control de la privación de libertad y el dictado de la prisión preventiva…"
Que por otro lado, y lo que debe inclinar la balanza para la solución que aquí se propugna, más allá de las consideraciones jurídicas apuntadas, son las razones humanitarias que necesariamente deben contemplarse en los actos de todos los poderes del gobierno. Es que las actuales condiciones de los calabozos ya sea de las distintas comisarías de la Provincia, como del Centro Transitorio de Detención, no se encuentran con las condiciones edilicias que permitan el trato digno y respetuoso que debe brindarse a los detenidos.
Que en efecto, estos ámbitos de internación provisoria, no tienen lugares previstos para la alimentación y visitas, y menos aún del necesario esparcimiento o de atención de urgencias médicas, entre otros aspectos. Tampoco se encuentra previsto un régimen organizado del personal a cargo de la custodia para proveer la atención necesaria de los detenidos.
Que sabida son las carencias en estos aspectos de las dependencias penitenciarias, pero sin embargo, dista mucho de la situación de los calabozos mencionados, en el que los presos no pueden ni siquiera ser expuestos mínimanente a la luz solar.
Que sin embargo, la facultad del fiscal de ordenar la detención y su consecuente internación en las dependencias penitenciarias debe necesariamente ser lo más breve posible de forma tal que, si se reúnen los elementos necesarios, se requiera la participación del Juez de Garantías para aplicar la prisión preventiva (cf. Art. 348 del C.P.P.).
Que por tanto, debe contemplarse la necesidad que el Fiscal de Instrucción solicite la prisión preventiva, en los casos en que ello sea procedente, dentro de los diez días de la imputación, interpretación que puede desprenderse del artículo 348 del C.P.P..
Por las razones expuestas, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia

RESUELVE:
1) Instruir a los Fiscales de Instrucción que, hasta tanto exista un pronunciamiento sobre el particular por parte de la Suprema Corte de Justicia, en casos en que se haya dispuesto la detención de un imputado, y una vez finalizada la realización de todas las medidas urgentes, se disponga la internación en las dependencias de la Penitenciaría Provincial, salvo situaciones excepcionales que, por su particularidad justifiquen fundadamente, otro lugar de alojamiento.
2) Instruir a los Fiscales de Instrucción que controlen e insten que la internación de los detenidos en penitenciaría provincial respete las condiciones legales impuestas por el artículo 297 C.P.P.( Ley 6.730) para el tratamiento de los presos sin condena.
3) Establecer como directiva general que los Fiscales de Instrucción presenten la petición de prisión preventiva del artículo 348 del C.P.P. (ley 6.730), en los casos en que ello sea procedente, dentro del plazo de diez días desde la imputación del artículo 271 del mismo cuerpo legal.
Notifíquese. Regístrese, Cúmplase, Archívese.