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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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Martes, 20 de Abril de 2010 11:48

Palabras del Presidente del Instituto al dejar inauguradas las Jornadas sobre Oralidad


Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia

Sra. Presidenta del Colegio de Abogados

Demás autoridades

Señoras y señores

No puedo comenzar sin antes agradecer al Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales “Manuel A. Sáez” dependiente de la Suprema Corte de justicia y al Colegio de Abogados quienes aceptaron inmediatamente nuestra propuesta de organizar conjuntamente estas Jornadas provinciales de Oralidad.

Asimismo, a los invitados quienes han dejado las actividades en sus lugares de origen, para compartir con nosotros sus valiosas experiencias en este camino de profundo cambio.

Como a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la Universidad del Aconcagua que las auspiciaron, a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza que los declaró de interés municipal y a la Municipalidad de Luján de Cuyo que por su parte los declaró de interés departamental, asimismo también a todos los que han colaborado, con su trabajo, con su apoyo y a quienes se han interesado y participan de ellas.

La idea de realizar estas Jornadas Provinciales nació de nuestra propia realidad, de lo que entendemos son nuestras necesidades.

Para quienes hemos tenido la experiencia de transitar por diversas actividades, desde el ejercicio de la profesión liberal, pasando por la función pública derivada de la actividad política y por la magistratura, y en lo personal, en diversas funciones, hemos podido vivenciar la realidad de la justicia como compleja y por ello de difícil análisis y exposición.

Nuestra realidad nos indica que transitamos un poco más de una década de la entrada en vigencia de nuevo código procesal penal en la provincia, aunque haya sido gradual y progresiva y son conocidas las dificultades de su implementación y lo embarazoso que significa poder trasponer la barrera de la primera circunscripción judicial.

También estamos a escasos meses de cumplir un siglo de la sanción de la Ley Orgánica de Tribunales, ley 522, que fuera el producto de la entonces constitución sancionada en el mismo mes de octubre de 1.910, con una concepción vertical y autoritaria de la justicia, con jueces periódicos que llevó a tal crisis al servicio de justicia en nuestra provincia, que sólo cinco años más tarde se tuvo que convocar a una nueva convención constituyente de la que resultó la actual. Basta leer el mensaje del autor del proyecto, Julián Barraquero, o el Informe de la Comisión Redactora para desentrañar aquel desastre.

Pero no es mi intención simplemente el recordar la historia, sino el de traer a nuestra memoria la diferencia entre la imposición de un sector para la sanción de la primera, mientras que la constitución de 1916 fue un proceso de democracia pluralista. Esta Constitución que todavía nos rige, fue el producto de un profundo debate, de la participación de los diversos sectores, de la definición de políticas con visión de futuridad, a tal punto, que incluía notas del constitucionalismo social, antes que las constituciones de México y de Bonn.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que en el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, ese espíritu de cambio que evocamos, cuyo ideario fue recuperado por la Asociación de Mayo y su Dogma Socialista, que propuso en las “Bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina” Juan Bautista Alberdi, que se concretó en la Constitución Nacional en 1853 y que todos los argentinos recuperamos su vigencia permanente a partir de 1983, incluye entre otras cuestiones la política judicial, como política pública, del juicio por jurados.

No es nuestro objetivo hoy el juicio por jurados. Pero reflexionemos, es impensable el juicio por jurados mediante un expediente escrito. Sólo es posible su realización mediante audiencias orales y concretando la adversariedad de las partes y el juez como un tercero absolutamente imparcial.

Por su parte la Constitución de Mendoza, esa sancionada en 1916, garantiza que los procedimientos ante todos los tribunales de la Provincia serán públicos. Pero la publicidad en la concepción republicana no se refiere a que los expedientes escritos son públicos, sino que el pueblo pueda ver (no leer) como se administra justicia.

Finalmente, no podemos obviar que existe una concepción internacional, especialmente latinoamericana y que adquiere fuerza en la República Argentina, tendiente a lograr la adversariedad, mediante la oralidad y el imprescindible cambio de la gestión judicial, es decir mediante la implementación de la metodología de las audiencias orales, que permiten la concentración de actos, eliminar la burocratización de la justicia, circunstancia que se presenta como armónicamente complementaria y necesaria de la política judicial histórica de la Constitución Nacional y de la Constitución de Mendoza.

Tal vez sea hora de mirar con un poco de respeto lo que nos es propio, de escucharnos, de dialogar y de debatir, pero fundamentalmente basados en el espíritu de cambio y en la democracia pluralista definir políticas en nuestro caso las judiciales, entendidas como el conjunto de decisiones estratégicas que nos permitan complementar el diseño de la justicia del futuro.

Estas razones nos llevaron a organizar estas Jornadas Provinciales sobre la Oralidad en Derecho Penal, para contribuir a generar el debate de los diversos sectores y como ejercicio de la democracia plural y la toma de consciencia de la realidad contextual, no sólo local, sino principalmente latinoamericana.

Pero como estamos convencidos que el diálogo, que el debate, debe ser frente a la sociedad, no sólo porque los habitantes pagan los impuestos con los que se sostiene a la justicia, ni porque la Constitución Nacional definió la participación popular mediante el instituto del juicio por jurados, sino además, porque la trascendencia de estas políticas en la proyección del tiempo y en la expansión de sus implicancias, resulta imprescindible que no sean el fruto exclusivo de un grupo de intelectuales o de un sector político, o de acuerdos de cúpulas.

No debemos tener miedo al pueblo, no debemos tener miedo al hombre común (varón o mujer), que trabaja, que estudia….

Recordemos que, es insuficiente el discurso humanista del derecho penal, podrá calmarles la consciencia a algunos, pero no soluciona nuestros múltiples problemas en la sociedad, al contrario los están agravando. Es imprescindible que establezcamos un sistema penal con rostro humano.

Para graficar nuestro contexto me quiero referir a modo de ejemplo sólo a dos cuestiones que nos aquejan:

La primera cuestión, referida a la prisión preventiva, en un doble aspecto. Primeramente no en cuanto a los criterios judiciales, doctrinarios o ideológicos con los que se resuelve, lo que tampoco es motivo específico de estas Jornadas, sino a la forma, al procedimiento escrito, burocrático e inaudita parte que se lleva a cabo (aunque algunos jueces dan previa vista a la defensa), sin inmediación, ni concentración de los actos procesales, sin posibilidades de instrumentar plenamente las garantías procesales que establece nuestro sistema constitucional.

Además, por las consecuencias de los nuevos criterios adoptados los que se implementan sin instrumentarse integralmente una nueva gestión judicial en los tribunales de juzgamiento, lo que nos está llevando a una situación muy particular, las Cámaras dan prioridad para resolver en debate los casos con detenidos, mientras que las causas de escasa, mínima o mediana gravedad se resuelvan con Suspensión de la Persecución Penal, Suspensión del Juicio a Prueba o Juicio Abreviado con condenas en suspenso, pero queda una franja que se va ampliando, que corresponde a los casos, en los que, de hacerse el debate y ser condenado el imputado, se le debe aplicar una pena en efectivo y que el sistema no está en condiciones de resolver o los operadores lo utilizan como medio artesanal la paralización a prueba, por lo que no se realiza el juicio. Entonces, sólo en el caso de cometer otro delito y si es dispuesta la prisión preventiva, la causa se resolverá en debate. En caso contrario, estamos transitando hacia el no juzgamiento, ni tampoco una resolución de calidad de una franja importante de hechos delictivos.

Aún cuando se llevara a cabo el debate, se le suma otro inconveniente, que hasta no estar firme la sentencia, se entiende que no se puede constituir en prisión, y los recursos extraordinarios según la tendencia jurisprudencial de la Corte Suprema a partir de Casal, se ha convertido a la Casación en amplia, flexible y en realidad en una apelación encubierta y vamos hacia el colapso de la Suprema Corte y del sistema judicial. En definitiva, la realidad está convirtiendo a esta franja de hechos delictivos de gravedad en impunes.

No se trata de aumentar el monto de la pena a imponer, no se trata de trabar aún más las condiciones para la libertad de las personas sometidas a proceso, sino fundamentalmente de la eficiencia del sistema penal y que todas las causas se resuelvan a su debito tiempo, con todas las garantías y sin temor de aplicar los criterios de oportunidad o soluciones alternativas, con una interpretanción amplia y en beneficio de los imputados.

La segunda cuestión, es la relativa a la investigación de los delitos menores (los correccionales) que desde la implementación de la última etapa en la Primera Circunscripción, se realiza con igual procedimiento que para los delitos graves y complejos. Esto ha significado en definitiva una involución, que no es culpa de los autores del proyecto o los legisladores, sino del modelo ideológico tenido en cuenta, que abandonando la proporcionalidad en la respuesta del estado como principio de política procesal, adecuando el procedimiento a la magnitud de la infracción que se investiga, significó la burocratización y el destino de más tiempo, más recursos humanos y materiales, parar resolver los hechos delictivos menores.

Para ilustrar esta situación, utilizo siempre comparativamente el caso de la guardia del Hospital Central a la cual concurre una persona con dolor de garganta y al ser atendido, en lugar de ser interrogado y examinado para diagnotiscar con la entrevista y los síntomas que puede presentar, el joven médico imbuido de buenas intenciones y movido con el fin de asegurarle la salud como bien social, le dice que como tiene derecho a la salud debe internarlo en terapia intensiva y le ordena una serie de estudios entre ellos una tomografía computada y así continúa con cada paciente que debe atender hasta que avanzada su guardia llega alguien con ángor de pecho, que requiere según el sano arte de curar su inmediata internación en la unidad de terapia intensiva, área coronaria, pero como ya no tiene más lugar en terapia intensiva lo remite a sala común, donde fallece.

CAMINO A ESTA ABSURDA SITUACIÓN NOS DIRIGIMOS EN MATERIA DE JUSTICIA, SEGURAMENTE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA LOS IDEALISTAS SERÁN MÁS CARGOS, MAS UNIDADES JUDICIALES, MAS EMPLEADOS, FUNCIONARIOS Y PRESUPUESTO, MAS LEYES REGLAMENTARIAS, QUE AL IGUAL QUE EL NOBLE JOVEN MÉDICO QUE PROPONDRÁ AMPLIAR LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CON TODOS LOS COSTOS QUE ELLOS SIGNIFICA, PERO QUE NO SOLUCIONARÁ LOS PROBLEMAS SINO QUE LOS SOBREDIMENSIONA Y QUE EN DEFINITIVA NOS LLEVARÁ AL COLAPSO.

Es tan evidente la situación, que nos debería resultar inadmisible que actualmente se resuelva una Suspensión de Juicio a Prueba en una tentativa de hurto en flagrancia, al cabo de un año de ocurrido el hecho, con todo el costo que significa la investigación, especialmente ahora, cuando del otro lado de la cordillera lo resuelven en 24 hs., o en una semana.

Entonces, algo nos está pasando, en algún lado estamos cometiendo errores. Nos estamos equivocando. Tal vez sea hora de hablar estos temas, de dialogar, de debatir, de buscar y encontrarle soluciones. No sólo de teorías y doctrinas formalistas deben llenarse nuestros tiempos, es hora que ellas respondan a los fines establecidos en nuestro Ordenamiento Jurídico: afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres.

Entonces, no se trata de retroceder o regresar al pasado, nuestra propuesta es que utilicemos el método de debatir nuestros problemas, que nos permitió tener éxito con la Constitución de 1.916, que partamos de nuestra realidad y avancemos, profundicemos el sistema acusatorio, hacia la adversariedad, mediante la oralidad y el cambio de gestión.

La pronta resolución no sólo es una garantía formal para el justiciable, sino que debe ser una política procesal que nos debe motivar a la eficiencia del sistema judicial. Porque sólo con un funcionamiento adecuado del sistema judicial vamos a establecer una de las bases fundamentales lpara consolidar la democracia plural y el desarrollo económico y social.

No podemos desconocer que en nuestro medio, como en el país y el mundo, se manifiestan también concepciones hiperracionalistas, unas que simultánea y contradictoriamente niegan todavía la disponibilidad del ejercicio de la acción penal, o se apegan a formalismos ritualísticos, mientras aceptan o promueven por vía de la reinterpretación permanente de la teoría del delito fórmulas para limitar las consecuencias de aquel ejercicio irracional de la acción penal que ellos mismos sustentan. En cambio otras formas de hiperracionalismos se manifiestan como dogmatismo academicista, o como excepticismo, o como ideologismo. Aunque todas ellas en definitiva tienen un denominador común y en los hechos se manifiestan sustituyendo al titular del poder en la sociedad, la soberanía popular.

Por supuesto que esta temática significa entre otras cuestiones introducirnos directamente en la siempre renovada discusión de la relación entre los medios y los fines.

Para algunas de estas ideas mencionadas lo importante son los fines, que ellos mismos definen, y en nombre de ellos actúan con absoluto despreocupación o desprecio por los medios, mientras que para los otros lo importante son los medios, que los presentan como inmutables y a ellos encadenan los fines.

En general, como en tantos asuntos de la vida en sociedad estas concepciones no se presentan en forma pura, pero en la dinámica se da un común negarse o resistirse a debatir frente a la sociedad.

Advertimos que existen sectores, sobre todo proveniente de los ámbitos académicos que no quieren el debate, menos aún frente a la sociedad, algunos no les interesa lo que los integrantes de la sociedad opinan o piensan, otros les temen y no faltan los que menosprecian o descalifican sus opiniones.

Por eso se observa un divorcio, un abismo, entre las posiciones hiperracionalistas de algunos sectores de la academia y el hiperfactualismo de algunos integrantes de la sociedad que reclaman dureza en las leyes o en su aplicación y muchos de sus representantes, que en definitiva son los dos extremos.

Nosotros pensamos, como enseñaba Norberto Bobbio, que el mejor resultado es el mejor fin, obtenido por el mejor medio.

Por eso, pregonamos el debate frente a la sociedad, ya que entendemos que es el mejor medio, el más importante en la democracia plural que vivimos, para poder decidir los fines, es decir establecer las políticas que vamos a seguir en las próximas décadas.

Estas Jornadas tienen como objeto promover ese debate que proponemos, que tomemos consciencia de su necesidad y luego, podamos definir las políticas públicas judiciales.

A partir de ellas se abrirá un abanico de decisiones que le dependen, en la gestión judicial, el presupuesto, en la selección de los magistrados, su capacitación, control, etc.

Finalmente, no podemos soslayar el problema de las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial, asunto que su conflictividad comenzó en nuestra provincia el 10 de diciembre de 1983, me consta porque en aquel entonces era legislador, situación que sobrevive hasta la actualidad, es ilusorio pensar instrumentar el cambio cuando anualmente o periódicamente se entremezcla la discusión de sueldos. No se trata de buscar los responsables o los culpables de la situación, seguramente cada sector tendrá sus propios argumentos y no nos vamos a poner de acuerdo nunca, en lo que sí podemos acordar es en la necesidad de determinar cuál es el problema y su causa y entre todos consensuar una política de solución o una política de cómo será la forma de poder adoptar una decisión con carácterísticas de futuridad.

El esfuerzo que hoy concretamos y que es de todos, pensamos que no debe quedar en la realización de este evento, deberá ser la levadura que genere y se multiplique, incorporando a todos los sectores que tengan interés, para realizar un Congreso Provincial promoviendo la Oralidad en materia penal, como en los restantes fueros de la justicia de la provincia y con esta pretensión, que como verán no es simplista, declaro abierta estas Jornadas.