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OXANDABURU - Peligrosidad Procesal PDF Imprimir E-mail
Martes, 29 de Junio de 2010 12:52

Sala Penal

RECURSO DE CASACIÓN - IMPUGNABILIDAD OBJETIVA - RESOLUCIONES QUE RESTRIGEN LA LIBERTAD DEL IMPUTADO - MEDIDAS DE COERCIÓN - PRISIÓN PREVENTIVA - PELIGROSIDAD PROCESAL - PRINCIPIO DE ROPORCIONALIDAD -INTERPRETACIÓN DEL DERECHO VIGENTE - MÉTODO DEL BALANCEO O BALANCIN TEST

SENTENCIA NUMERO: CUARENTA En la Ciudad de Córdoba, a los diez días del mes de marzo de dos mil diez, siendo las diez horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora Aída Tarditti, con asistencia de las señoras Vocales doctoras María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos "Oxandaburu, Diego Gastón p.s.a. falsedad ideológica -Recurso de Casación-" (Expte. "O", 5/2010), con motivo del recurso de casación interpuesto por el Dr. Miguel Angel Palacio, en su condición de defensor del imputado Diego Gastón Oxandaburu, en contra del Auto número noventa y dos, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil nueve, dictado por la Cámara Décima del Crimen de esta Ciudad. Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes: 1°) ¿Es nula la resolución en cuanto deniega el cese de la prisión preventiva solicitado? 2°) ¿Qué solución corresponde dictar? Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel. A LA PRIMERA CUESTION: La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: I. Por A. n° 92, de fecha 17 de diciembre de 2009, la Cámara Décima del Crimen de esta Ciudad rechazó la solicitud de cese de la prisión preventiva formulado por el Dr. Miguel Angel Palacio en favor de su defendido Diego Gastón Oxandaburu (fs. 2611/2614). II. Contra dicha resolución, recurre en casación el mencionado defensor, invocando el motivo formal previsto en el segundo inciso del artículo 468 del C.P.P. (fs. 2/7). Explica que la elevación a juicio de Diego Gastón Oxandaburu, por supuesto coautor de seis hechos de falsedad ideológica, se resolvió con fecha 29/09/2009, y hace notar que la validez de dicho pronunciamiento se encuentra impugnada en casación por la nulidad que deriva de la invasión ilegal de la soberanía de otro Estado Provincial, al involucrar dos de los hechos, documentos oficiales de su exclusiva y excluyente propiedad. Indica que no obstante ello, con fecha 10/11/2009 solicitó el cese de la prisión preventiva de su representado, lo que fue resuelto negativamente con argumentos banales y no probados (fs. 2 vta./3). Refiere que el anterior defensor de Oxandaburu, al conocer que era buscado, presentó como paso previo un pedido de mantenimiento de libertad, que no le fue respondido por el Fiscal de Instrucción, siendo sus defensores quienes debieron concurrir ante el Juez de Control para que hiciera efectiva su petición; ese error en la defensa no puede serle achacado al imputado, ya que su voluntad fue ponerse a derecho a través de quien lo asesoraba (fs. 3 y vta.). Tampoco es cierto que se abstuvo de presentarse a la justicia; lo hizo dos veces en las que solicitó previamente se dispusiera el mantenimiento de su libertad ambulatoria (fs. 4). En cuanto al domicilio laboral fijo -que la Cámara le reprocha no tener- alega que como surge de la documentación impositiva agregada en autos (fs. 2115 y ss.), el medio lícito de vida de Oxandaburu es la venta de cereales al por mayor. Es una actividad de venta independiente por la cual tributa, pero no tiene negocio de venta al pública, sino que se desempeña recorriendo las cerealeras y exportadores; es un trabajo domiciliario, que constituye su medio de subsistencia y progreso (fs. 3 vta./4). Refuta asimismo la meritación de los dichos del agente de policía Fornagueira, a quien le fuera encomendada la búsqueda de Oxandaburu, puesto que se trata de meros chismes, huérfanos de prueba objetiva que los acrediten; ni siquiera se identifica a quienes realizaron esas desafortunadas manifestaciones a las que la a quo les otorga fuerza de verdad revelada para negar la libertad (fs. 4 vta./5). Expresa luego que el Tribunal le achaca al encartado haber "simulado" que se ponía a disposición de la Instrucción, y no se comprende ante quién simulaba Oxandaburu: si era ante el Fiscal que ordenaba su detención, con sólo haberle otorgado el beneficio quedaba desvirtuada tal presunción (fs. 5 vta./6). En cuanto a la escala penal conminada en abstracto, alega el quejoso que no se ha observado la doctrina derivada del plenario "Díaz Bessone" (30/10/2008), cuyo criterio rector impone atender a la magnitud del riesgo procesal proyectado al caso concreto (fs. 6). Concluye en consecuencia que la a quo incurre en una errónea valoración de las normas procesales; debió haber explicado y justificado concretamente cuáles eran las circunstancias que subsisten en el proceso y que autorizaban a presumir certeramente que, en libertad, Oxandaburu pondrá en riesgo el proceso. En su lugar, la Cámara ha efectuado una valoración incompleta y parcial, basándose en chismes infundados, en instrumentos oficiales de otra jurisdicción provincial, y sin considerar la falta de antecedentes penales del nombrado (fs. 6 vta.). Por último, refiere al agregado que efectúa en su voto el Dr. Iglesias, que le reprocha haber ofrecido en garantía, luego de haberse anoticiado de la presente causa, el inmueble objeto de los ilícitos que se le atribuyen. Critica el defensor que el instrumento público en cuestión es auténtico hasta tanto sea redargüido de falso en acción civil o criminal en su lugar de creación, lo que no ocurrirá en estos autos por ser incompetente el Tribunal. Además, no pesaba ninguna medida restrictiva sobre dicho inmueble y por ende Oxandaburu gozaba de todos los derechos que la ley civil otorga a los propietarios (fs. 6 vta./7). III.1. Como cuestión previa se exige dar tratamiento a la formal cuestión relativa a la impugnabilidad objetiva de la resolución puesta en crisis. En innumerables precedentes, esta Sala ha tomado razón de la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha considerado recurribles aquellas decisiones que antes de la sentencia que pone fin a la causa, resuelven sobre medidas de coerción personal (Fallos 280:297; 290:393; 300:642; 301:664; 302:865; 306, V. I.:262; 307:549; 308:1631; 311, Vol. I.:359; T.S.J., Sala Penal, “Aguirre Domínguez”, S. n° 76, 11/12/1997; “Martínez Minetti”, S. n° 51, 21/6/2001; S n° 203, 24/08/07, “Mansilla”; S. n° 170, 02/07/2009, "Fruttero", entre otros). Dicha hermenéutica ha sido expuesta en relación a resoluciones que restringen la libertad del imputado, puesto que –dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de inocencia– son susceptibles de irrogar agravios de imposible reparación posterior. Sentada pues la recurribilidad de la resolución cuestionada, corresponde ingresar al análisis de aquello que es materia de controversia. 2. De la atenta lectura del líbelo impugnativo, surge que la defensa focaliza su esfuerzo crítico en los indicadores concretos de peligrosidad procesal meritados por la Cámara, y en relación a la presunción que emana del pronóstico punitivo sólo refiere que ello no respeta la doctrina del plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal in re "Díaz Bessone". En ambos extremos, e invirtiendo el orden de análisis, la pretensión defensiva debe ser rechazada en base a las siguientes consideraciones: a) En doctrina reiterada, esta Sala Penal se ha pronunciado sobre los extremos con los cuales debe cumplimentarse el deber de fundamentación de las decisiones judiciales, cuando ellas atañen a la coerción personal del imputado. En este sentido, se ha afirmado que “la prueba sobre la existencia del hecho y las circunstancias que permiten inferir el riesgo procesal son condiciones que deben concurrir simultáneamente para la justificación de la coerción, debiendo la fundamentación del pronunciamiento que dispone la medida, proyectarse en forma autónoma con relación a cada uno de ellos” (T.S.J., Sala Penal, “Conesa”, S. nº 97, 20/11/2002; “Vivanco”, S. nº 111, 19/11/2003; “Montero”, S. nº 1, 14/02/2005; “Peralta”, S. 195, 21/12/2006; "Fruttero", S. n° 170, 02/07/2009, entre muchos otros). La cuestión traída a consideración de este Tribunal por el impugnante, se reduce al segundo de tales extremos y que en doctrina se conoce como el “periculum in mora”. b) En consolidada jurisprudencia, totalmente soslayada por el recurrente, esta Sala ha sostenido que por peligrosidad procesal debe entenderse el riesgo que la libertad del imputado puede entrañar para los fines del proceso seguido en su contra, esto es, su posible afectación de los objetivos de descubrimiento de la verdad real -interponiendo obstáculos para su logro- y de actuación de la ley penal sustantiva -impidiendo el normal desarrollo del juicio o el cumplimiento de la pena eventualmente impuesta, al sustraerse de la autoridad-. Constituye la razón fundamental por la que puede ordenarse la prisión preventiva del sometido a un proceso por un delito respecto del cual, por expreso mandato constitucional, debe ser tenido por inocente hasta que se demuestre lo contrario (T.S.J., Sala Penal, S. n° 114, 18/10/2005, “Navarrete”; S. n° 66, 7/07/2006, “Spizzo”; S. n° 99, 7/09/2006, “Berrotarán”). Hemos sostenido que la regulación normativa de este requisito transita sobre el pronóstico punitivo que el Juzgador debe efectuar a los fines de establecer –obviamente prima facie– la procedencia o improcedencia para el caso de condena, de su ejecución condicional. Cuando este vaticinio es negativo y se prevé un eventual cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad -como ocurre en el sub examine- la peligrosidad procesal se presume iuris tantum (art. 281 inc. 1°, C.P.P.); en cambio, cuando puede avizorarse una condena condicional, el riesgo debe acreditarse en función de “vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer su investigación” (art. 281 inc. 2°, C.P.P.; T.S.J., Sala Penal, S. n° 203, 24/08/2007, "Mansilla", entre muchos otros). Hemos explicado que esta correlación entre el pronóstico punitivo hipotético y habilitación de la prisión preventiva, encuentra fundamento sólido en el principio de proporcionalidad que debe existir entre la pena que se espera de una condena eventual y los medios de coerción aplicables durante el procedimiento, de tal modo que no se concibe el encarcelamiento preventivo para los procedimientos que sólo tienen por objeto la imputación de un delito no amenazado con pena privativa de libertad, exigiendo incluso los códigos más modernos cierta gravedad de la amenaza penal a pena privativa de libertad para condicionar el encarcelamiento preventivo (T.S.J., Sala Penal, “Aguirre Domínguez”, S. n° 76, 11/12/1997, y otros). Ello, toda vez que el principio de proporcionalidad decanta en la llamada prohibición de exceso, esto es, que la pérdida de la libertad como consecuencia de la prisión preventiva sólo sea posible cuando resulta esperable una pena de prisión (T.S.J., Sala Penal, “Aguirre Domínguez”, “Spizzo”, “Berrotarán”, cit.). En esta línea de pensamiento, se ha aseverado que el derecho fundamental a la libertad, como todo derecho, no es absoluto (art. XXVIII, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; se la subordina, implícitamente, a la existencia de garantías que aseguren la comparecencia del imputado durante el proceso y eventualmente para la ejecución de la pena, art. 9.3, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). En efecto, no todos los derechos fundamentales son ilimitados sino que debe tenerse en cuenta la concurrencia de otros valores que el ordenamiento jurídico también protege, tal como ocurre con los fines del proceso, en tanto la consecución de la verdad objetiva y la actuación de la ley penal, preservan la tutela de intereses y derechos que también cuentan con protección constitucional. En ello consiste precisamente la interpretación del alcance de los derechos e intereses en conflicto conforme al método del balanceo o balancín test, que este Tribunal, siguiendo al Tribunal Constitucional español (S.T.C. S. 81/83 del 10 de octubre), ha adoptado en varios precedentes sobre cuestiones de distinta naturaleza (T.S.J., Sala Penal, “Carranza”, S. n° 33, del 25/08/1997, “Aguirre Domínguez”, cit; “Querella Caruso c/ Remonda”, S. n° 108, del 9/09/1999; y “Sánchez”, S. nº 45, del 8/06/2000) y que tienen en común con la presente que el conflicto en lugar de resolverse atendiendo a la supremacía absoluta de uno sobre otro, pondera a todos los derechos como limitados y analiza en cada caso concreto la razonabilidad de la restricción de uno por otro. De tal modo, hemos considerado que las disposiciones legales y constitucionales logran aceptable equilibrio entre el interés individual y el interés social, haciendo prevalecer de acuerdo al momento del proceso a uno y, a veces, a otro. De allí, el pronóstico punitivo hipotético impone una limitación al interés individual en la presencia del encarcelamiento preventivo –siempre que sea absolutamente indispensable- para asegurar la regular y efectiva persecución penal. Regresando al punto que aquí interesa, cabe recordar que en el supuesto de prisión preventiva del art. 281 inc. 1° del C.P.P., hemos dicho que el legislador ha presumido iuris tantum la peligrosidad procesal frente a un pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo por el delito que se le sigue en el proceso. De tal modo, la ley local -idéntica a la vigente en el orden federal (artículo 312, 1°, C.P.P.N.) y a las de la mayoría de la Provincias-, consagra una presunción iuris tantum del legislador según la cual el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite (T.S.J., Sala Penal, “Berrotarán”, cit.; “Alvarez”, S. nº 140, 28/06/2007 entre muchos otros). En lo que específicamente concierne a Oxandaburu, se le atribuyen seis hechos, en concurso real, de falsedad ideológica. La imputación, en consecuencia, lo es por ilícitos reprimidos con una escala penal que tiene un mínimo de un año y un máximo de treinta y seis, lo que muestra como razonable un pronóstico punitivo de condena efectiva, tal como lo señalara la a quo (fs. 2613 vta./2614). c) Ahora bien; por ser iuris tantum, hemos explicado que aquella presunción admite prueba en contrario. Es que conforme la naturaleza de la presunción aludida, es factible que el imputado que no sea pasible de condena condicional pueda permanecer en libertad durante el proceso, en la medida en que concurran circunstancias específicas que enerven la sospecha en el caso concreto, como ocurre cuando se presentan condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito, que por sí resulten suficientes para desactivar la presunción legal (T.S.J., Sala Penal, "Santucho", S. 54, 14/06/2004; "Bustos Fierro", S. n° 110, 19/05/2008; "Pereiro", S. n° 312, 11/11/2008). d) Asimismo y al margen de la presunción de peligrosidad que proyecta la prognosis de pena efectiva, se observan además concretos indicadores de riesgo procesal que dan sustento real a la conclusión relativa a la peligrosidad de la libertad de Oxandaburu para los fines del proceso. Las críticas esgrimidas por el impugnante en contra de dichos argumentos, no resisten su análisis. La supuesta "voluntad de estar a derecho" no se compadece con la falta de comparecencia cuando le fuera rechazado el mantenimiento de la libertad, ni con las diversas oportunidades en que cambió su paradero sin dar noticia al Instructor, o proporcionando uno diferente a aquél en que se encontraba. Y más allá de lo que le impongan las necesidades de su supuesta actividad comercial, lo cierto es que no tiene domicilio laboral o comercial fijo en el que pueda ubicárselo cuando las necesidades del proceso así lo impongan. También son fuertemente indiciarios de su intención de sustraerse lejos de la acción de la justicia, el que se encontrara residiendo en una ciudad (Río Cuarto) diferente de aquella en la que se desenvolvía su familia (sus hijos concurrían a la escuela en Villa María), y que se desplazaba con documentación perteneciente a su hermano. Por último, su capacidad económica le habilita los recursos materiales necesarios para ponerse en fuga y ocultarse de la acción de la Justicia. Las premisas arriba expuestas tornan innecesario ingresar a la alegada falta de prueba respaldatoria de los dichos de la Of. Fornagueira, puesto que ya sustentan válidamente la conclusión en crisis. e) En suma, todos estos indicios, valorados en su confluencia, dotan de contenido concreto a la presunción de peligrosidad procesal que emana del pronóstico punitivo concreto, corroboran la razonabilidad de la conclusión afirmativa del a quo, y frustran la pretensión recursiva. Voto, en consecuencia, negativamente. La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal que me precede, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION: La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar el recurso deducido, con costas (arts. 550 y 551, C.P.P.). Así voto. La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal que me precede, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Penal; RESUELVE: Rechazar el recurso de casación deducido por el Dr. Miguel Angel Palacio, en su condición de defensor del imputado Diego Gastón Oxandaburu, con costas (CPP, arts. 550/551). Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y las señoras Vocales todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.