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PELIGROSIDAD PROCESAL - T.S.J. de Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba ha mantenido su doctrina sobre la peligrosidad procesal en el caso OXANDABURU. En igual sentido que al de subir a la página el caso PEREIRO del mismo Tribunal lo hicimos por entender (como ahora) que era un importante antecedente por cuanto el art. 281 inc. 1º del C.P.P. de Córdoba es similar a nuestro art. 293 inc. 1ª del C.P.P.

Si bien el Tribunal se refiere a su consolidada jurisprudencia sobre la peligrosidad procesal, en cuanto al motivo del recurso dijo:

"... en el supuesto de prisión preventiva del art. 281 inc. 1° del C.P.P., hemos dicho que el legislador ha presumido iuris tantum la peligrosidad procesal frente a un pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo por el delito que se le sigue en el proceso. De tal modo, la ley local -idéntica a la vigente en el orden federal (artículo 312, 1°, C.P.P.N.) y a las de la mayoría de la Provincias-, consagra una presunción iuris tantum del legislador según la cual el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite (T.S.J., Sala Penal, “Berrotarán”, cit.; “Alvarez”, S. nº 140, 28/06/2007 entre muchos otros). En lo que específicamente concierne a Oxandaburu, se le atribuyen seis hechos, en concurso real, de falsedad ideológica. La imputación, en consecuencia, lo es por ilícitos reprimidos con una escala penal que tiene un mínimo de un año y un máximo de treinta y seis, lo que muestra como razonable un pronóstico punitivo de condena efectiva, tal como lo señalara la a quo (fs. 2613 vta./2614). c) Ahora bien; por ser iuris tantum, hemos explicado que aquella presunción admite prueba en contrario. Es que conforme la naturaleza de la presunción aludida, es factible que el imputado que no sea pasible de condena condicional pueda permanecer en libertad durante el proceso, en la medida en que concurran circunstancias específicas que enerven la sospecha en el caso concreto, como ocurre cuando se presentan condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito, que por sí resulten suficientes para desactivar la presunción legal (T.S.J., Sala Penal, "Santucho", S. 54, 14/06/2004; "Bustos Fierro", S. n° 110, 19/05/2008; "Pereiro", S. n° 312, 11/11/2008)."

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