Bienvenidos

Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

Here
APELACIÓN - GEREDUS - Prisión Domiciliaria PDF Imprimir E-mail
Lunes, 05 de Julio de 2010 19:47

Expte. N° 16.539,

Fc. c/Geredus Peralta Federico p./Robo Agravado….”

AUTO.

I. San Rafael, Mza. Mayo 28 de 2010.

1. Llegó a esta instancia el expediente de referencia, a raíz del recurso de apelación interpuesto por la Dra. María Camiletti, defensora Oficial del imputado. Dicho recurso lo interpuso (fs. 83) contra el resolutorio de fs. 66 y vta., en el cual el Instructor denegó la excarcelación que oportunamente (fs.62/63) solicitara la señora defensora a favor de su representado.

2. Al fundamentar el recurso (fs.88) y expresar sus agravios, la Dra. Camiletti sostuvo que el Instructor no trató los argumentos defensivos por ella dados al solicitar la excarcelación, y que el Instructor se atuvo a una presunción jure et de jure para denegar la aplicación de Instituto por ella solicitado. Una respuesta así construida, sostuvo la defensora, es nula por Motivación Arbitraria. Por lo que concluyó solicitando la nulidad absoluta del auto apelado, y peticionó como planteo principal, el otorgamiento de la libertad de su defendido y, subsidiariamente, la prisión domiciliaria.

3. Invocó, además, en respaldo de sus peticiones, la aplicación de la Ley 6.730 al presente caso (y no las vigentes en esta Circunscripción Judicial), basada en el art. 2 -in fine- de la ley 6730. Y mencionó fallos nacionales (Barbará, Rodrigo Ruy…; “Machieraldo..”; “Chabán….”; , etcétera); más antecedentes de la 2° Cámara del Crimen de esta Circunscripción; más las consideraciones que son habituales en los discursos defensivos en este tipo de situaciones (la libertad consagrada en el art. 14 de la C.N.; la excepcionalidad inherente a una medida asegurativa; el que la excarcelación no debe erigirse en un adelanto de pena….., etcétera).

II. Medidas previas.

4. Previo a correrle la vista al Señor Fiscal a fin de que se expidiese sobre la apelación interpuesta por la defensa del imputado, ordené la realización de un Informe Social en el domicilio del imputado. Ordené esta medida, precisamente, a raíz de la solicitud que, en subsidio, hizo la Dra. Camiletti de que se le otorgara a su representado la Prisión Domiciliaria (fs.90 vta.). Esa medida fue realizada y está informada a fs. 92/93 y vta. de estos autos.

5. Otra medida que ordené fue la comparencia a tribunales de Federico Gastón Geredus (fs. 95), a fin de conocerlo personalmente y de poder dialogar con él. A esta audiencia asistieron: su Defensora; su madre: Mirta Beatriz Peralta; una compañera de su madre: Magdalena Navarrete; el Dr. Jamsech, el Secretario, y yo, por supuesto. Más adelante consideraré estas medidas.

III. El dictamen Fiscal.

6. Corrida que fue la vista al Dr. Jamsech, este se pronunció por la negativa al otorgamiento de la excarcelación (fs.96). Se basó en la gravedad del hecho delictivo endilgado al imputado: Robo Agravado por su comisión con arma de fuego apta para el disparo y portación ilegal de arma de guerra; consideró que en el esquema excarcelatorio que él estima aplicable (el previsto en la ley 1908) el beneficio de la libertad caucionada no es procedente. No lo es, dijo, por la vía del art. 317 inciso 1°, por superar su máximo previsto; y no lo es por la vía del inciso 2°, ya que en caso de recaer condena de prisión esta no sería susceptible de ejecutarse en forma condicional.

7. Tampoco estimó aplicable el artículo 296 en función del art. 293 de la ley 6730 (cesación de la prisión preventiva), en razón de apreciar que hay un peligro de fuga. Que infirió de estar situado el imputado ante un horizonte de pena cuyo mínimo es alto y de cumplimiento efectivo. Tampoco estimó el Dr. Jamsech aplicable la detención domiciliaria por no estar incursa la situación jurídica de Geredus en las previsiones de la Ley Nacional 26.472.

IV. Mi respuesta.

8. Para favorecer la claridad de mis argumentos, anticipo que accederé a lo peticionado en subsidio por la apelante. Decisión que adopto con la idea de que con esta medida el imputado no quedará en libertad, sino que su restricción tendrá una magnitud menos gravosa que si quedara alojado en la Penitenciaría. Y, fundamentalmente, sin los riesgos a su vida que correría en aquélla Institución derivados de ser hijo de policía. Único lugar público posible de albergarlo en San Rafael, según señaló la Sra. Defensora en la audiencia de visu.

9. Tampoco pretendo minimizar la relevancia del hecho delictivo al concederle a Geredus la detención domiciliaria. Tal como yo lo veo, de lo que se trata en casos especiales como el presente, es de buscar una alternativa jurídica útil, eficaz, para que no se sustraiga a la acción de la justicia, y a la vez protectora. Pues este joven de 19 años no sólo carece de antecedentes penales, sino que está cursando el 5° año en la escuela Islas Malvinas Comercial II, ubicado en el Barrio Unimev. Ámbito en el que está muy bien conceptuado, se lo tiene como una persona respetuosa de las normas, y del que se afirma que no ha tenido inconvenientes con las pautas escolares de convivencia (Ver Informe Social de fs. 92 vta.).

V. La normativa aplicable.

10. Entiendo que es aplicable el art. 298 del C.P.P. (ley 6730), que bajo el título Detención Domiciliaria, establece la procedencia del mencionado Instituto, “…Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado…..”.

11. Esta norma, basada en el Código Procesal Penal de Buenos Aires, como comentan los autores que sigo en este punto –Dres. Lavado y Vega[1]- regula un modo de cumplimiento de la prisión preventiva que sustituye el encarcelamiento anterior a la condena[2]. “De lo que se trata precisamente (escriben los autores antes citados) es de suministrar medios para evitar que el imputado, cuya situación encuadra en el art. 293 del Código vaya automáticamente a la cárcel o, en otras palabras, evitar que la cárcel sea el único medio de neutralizar el periculum in mora y, en cambio, se transforme en el último recurso para asegurar los fines del proceso”.[3]

12. En suma y precisando respuestas a situaciones planteadas por las partes en esta instancia recursiva:

a.) El esquema normativo aplicable a esta concreta situación es el antes mencionado. Es decir, el art. 298 en función del art. 293 del C.P.P. (ley 6730). Normas aplicables en virtud de lo establecido en el art. 2 del C.P.P. (Ley 6730), que dice:

“…Siempre que se resuelva sobre la libertad del imputado, o se dicte sentencia, los magistrados deberán estar, en caso de duda, a lo más favorable para aquél”

“La regla enunciada será de particular aplicación durante la transición, en que por razones de competencia, los tribunales aplicarán las disposiciones de las leyes 6730 y 1908, con sus respectivas modificaciones, debiéndose entender además, que se aplicará la disposición procesal que sea más beneficiosa al imputado de cualquiera de las Leyes indicadas (ley 7231, art. 5)”.

b.) La situación aquí analizada, se corresponde con el Instituto de la detención domiciliaria que regula, como ya dije, un modo de cumplimiento de la prisión preventiva que viene a sustituir el encarcelamiento anterior a la condena[4]. Por lo que considero que esta regulación, por su especialidad, es de aplicación preferente a cualquier otra (art. 10 del Código Penal; Ley 24.660; Ley 26.472) que contemple Institutos similares.

V. Presupuestos de la medida adoptada.

13. Descartado que por el encuadre legal del hecho delictivo y su eventual pena, sea procedente la posibilidad de condena condicional, lo que torna aplicable el art. 293 del C.P.P. de la ley 6730 (Prisión Preventiva), corresponde avanzar en el análisis y preguntarnos si el peligro de fuga puede razonablemente evitarse con la detención domiciliaria. Está implícito en estas líneas que no veo posible el riesgo de entorpecimiento probatorio por parte de Geredus, atento al estado alcanzado en la investigación del hecho delictivo: los imputados están identificados, la víctima ha declarado, y el arma utilizada fue secuestrada y peritada (fs. 69/82).

14. Pues bien, el interrogante antes planteado en torno al eventual peligro de fuga, se resuelve negativamente en este caso concreto, no en base a una lectura de este conflicto penal [5] centrada en un análisis puramente normativo, como el postulado por la defensa del imputado. Ni tampoco en una concepción antropológica en la que subyacen componentes de la defensa social, como la realizada por el Sr. Fiscal.

15. Se resuelve afirmativamente digo, basado en una mirada realista y particularizada del espacio social, en la que hay distintos niveles de observaciones, que nos posibilitan contextualizar la situación de Geredus. Cómo está compuesta su familia, quienes la integran, qué valores sostienen, cómo están organizados, cúal es la inserción de este joven en su hábitat, cúal es su relación con el medio, con sus pares, con las Instituciones. Se resuelve, en definitiva, adoptando una práctica jurídica respetuosa de otros saberes y proclive a mirar la situación en análisis desde otras percepciones[6].

16. Basado, entonces, en estos datos y referencias aportados por Ariel Lescano, Trabajador Social que hizo el Informe que oportunamente le fuera encargado, consignaré aquí sólo algunos datos de dicho trabajo, remitiéndome para más detalles a su fuente, que obra a fs. 92/93 y vta.. Según el Trabajador Social, en la Unidad doméstica de Geredus viven: su abuela, con la que mantiene un fuerte vínculo afectivo, y su madre, que trabaja como Policía, que es el sostén principal del hogar. Tiene el imputado un hermano mayor, de 22 años, quien al residir en las proximidades de esta casa, acompaña y sostiene afectivamente a su abuela y a su madre, y es un refuerzo para Federico de la imagen paterna.

17. Federico está cursando el 5° año como ya lo consigné más arriba y goza de un buen concepto en este ámbito. Además, ha sido integrante de la plantilla de jugadores de fútbol del Club Deportivo Argentino hasta fines de 2009, y ha integrado también una murga (“los ladrillos sueltos”) hasta principios de este año. Hablamos, como se ve, de integraciones, de socializaciones, recientes. Lo que ha llevado, según consignó Lescano, a que sea visualizado positivamente en su ámbito barrial hasta el momento del hecho denunciado.

18. Otros datos positivos que se añaden a los ya expuestos:

“Federico no es un joven que forme parte de los grupos anómicos territoriales”.

“Federico no ha tenido injerencia en los conflictos significativos del espacio barrial que habrían ocasionado anteriores detenciones”.

“El escenario barrial es complejo y está atravesado por diversos grupos que actúan en campos anómicos sobrepasando los límites de lo normado. Cada espacio tiene sus actores y sus territorios, Federico en este entramado no tiene activa participación, tampoco es referenciado por el imaginario social como uno más de estos grupos”.

19. En definitiva, el joven imputado está inserto en una familia cuyo soporte es el trabajo. Actividad y valor que regula los comportamientos de sus integrantes. En esta familia, que tiene una buena vinculación con otros pobladores territoriales, hay vínculos estrechos y sanos, que promueven comportamientos y disposiciones emparentadas con patrones de cohesión social. Todos estos datos hablan, en última instancia, de una malla de contención conformada por actores y situaciones, que he tenido muy en cuenta a los fines del cumplimiento de la detención domiciliaria.

20. Por estas razones es que considero que una medida cautelar de menor magnitud a la prisión preventiva -como es la detención domiciliaria-, aparece como una opción válida y viable. Contempla aspectos que hacen a la socialización de este joven, a sus vínculos afectivos, a su relación con las Instituciones. (Y porqué no a la superación de lo que lo decidió a adoptar un comportamiento delictivo). Dimensiones todas estas que seguramente serán enriquecidas con su decisión, con el compromiso de sus familiares, y con el límite -de tono coercitivo- que marcan las condiciones que se impondrán con el otorgamiento de esta medida, y que a continuación especifico:

a.) Por ningún motivo o circunstancia podrá abandonar el domicilio ubicado en calle San Lorenzo N° 1560, de San Rafael, Mendoza.

b.) Cumplimentar el apoyo terapéutico al que se comprometió el imputado –a los fines de indagar los motivos que lo llevaron a esta situación disruptiva- y, eventualmente su grupo familiar, el que será costeado por su madre, tal como ella lo expresó en la audiencia de visu realizada.

c.) Continuar con la educación formal, la que deberá cumplimentar en su hogar, a fin de garantizarle su derecho a la educación.

d.) Se designa al Lic. Ariel Lescano, Trabajador Social, a fin de que haga el seguimiento del proceso de reinserción sociofamiliar de Federico Geredus, quien deberá INFORMAR de las observaciones que estime pertinentes en el plazo de DOS MESES, y asimismo hacer llegar al Tribunal aquellas medidas o propuestas que, a su criterio, mejor se adecuen a los fines de la medida cautelar y al ejercicio de los derechos de su beneficiario.

e.) Ordenar a la Seccional 8° de Policía el control de esta medida cautelar, el que deberá hacerse una vez por semana. Ofíciese a los fines correspondientes.

Por lo tanto,

VI. RESUELVO:

A. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Federico Gastón Geredus. Consecuentemente, dejar sin efecto el resolutorio que obra a fs. 66 y vta.

B. Hacer lugar a la Detención Domiciliaria (art. 298 en función del art. 293 del C.P.P.), bajo las siguientes condiciones, bajo pena de revocación:

a.) Por ningún motivo o circunstancia podrá abandonar el domicilio ubicado en calle San Lorenzo N° 1560, de San Rafael, Mendoza.

b.) Cumplimentar el apoyo terapéutico al que se comprometió el imputado –a los fines de indagar los motivos que lo llevaron a esta situación disruptiva- y, eventualmente su grupo familiar, el que será costeado por su madre, tal como ella lo expresó en la audiencia de visu realizada.

c.) Continuar con la educación formal, la que deberá cumplimentar en su hogar, a fin de garantizarle su derecho a la educación.

d.) Se designa al Lic. Ariel Lescano, Trabajador Social, a fin de que haga el seguimiento del proceso de reinserción sociofamiliar de Federico Geredus, quien deberá INFORMAR de las observaciones que estime pertinentes en el plazo de DOS MESES, Y ASIMISMO hacer llegar al Tribunal aquellas medidas o propuestas que, a su criterio, mejor se adecuen a los fines de la medida cautelar y al ejercicio de los derechos de su beneficiario.

e.) Ordenar a la Seccional 8° de Policía el control de esta medida cautelar, el que deberá hacerse una vez por semana. Ofíciese a los fines correspondientes.

Notifíquese.



[1] Aut.Cit. “Libertad y Coerción Personal”.., Ver pág. 221, comentario a nota 496. Morcos, Edic.Jurídicas, año 2006.

[2] Aut.y Ob. cit, pág. 222.

[3] Aut.y Ob. cit, pág. 225.

[4] Aut.y Ob cit. ,pág. 222.

[5] Que nuestro Código Procesal Penal (ley 6730) haya incorporado la concepción de Conflicto penal en su art. 5, nos obliga a ir más allá de las barreras mentales que supone pensar un hecho delictivo como una mera violación a las normas penales sancionadas por nuestro Estado. Conflicto es un constructo que tiene una nítida proyección social, cultural e ideológica. Que, entre otras cosas, nos insta a salir de las visiones prescindentes del mundo social (Kelsen y sus acólitos) o de los esquemas que lo naturalizan o cosifican.

[6] Sigo en este caso el enfoque adoptado en el Expte. N°16.396 , “Compulsa en Autos N° P2-22766/09Nuñez Marina y otros p./…..”., de esta Sala 2, Cámara Primera del Crimen de esta Circunscripción.