Bienvenidos

Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

Jornada de la Defensa Penal

Para recibir información de la Jornada de la Defensa Penal del 19 de setiembre
Nombre:
Email:
Here
Sobre el CONTROL DE LA ACUSACIÓN en Costa Rica PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 15 de Septiembre de 2010 15:53

COSTA RICA

CUADERNOS DE ESTUDIO DEL MINISTERIO PUBLICO DE COSTA RICA  - Nº 1 - 1998

Unidad de Capacitación y Supervisión (UCSMP)

ASPECTOS PRÁCTICOS DE ALGUNAS FIGURAS DEL PROCESO PENAL

COLOQUIO CON EL DR. DANIEL GONZÁLEZ ALVAREZ

Dr. Daniel González Alvarez, Magistrado y Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

En adelante en el texto DGA

TEMA IV: CONTROL DE LA ACUSACIÓN POR EL JUEZ DE LA ETAPA INTERMEDIA

-¿Puede el Juez de la fase intermedia anular "de oficio" una acusación por meros defectos formales sin esperar incluso la realización de la audiencia preliminar o sea la actuación plena de las partes y sin aplicar a su vez previamente el numeral 15 del CPP?

-DGA: esas son las grandes tentaciones de los Jueces. Desgraciadamente nosotros todavía estamos en una concepción inquisitiva en la que, como en el proceso anterior, nos involucrábamos totalmente en el ejercicio de la acción penal. A los Jueces penales actuales, que antes eran los de Instrucción, les corresponde controlar la actividad requirente del Ministerio Público. Y quienes antes realizábamos esa función nos metíamos totalmente en el ejercicio de la acción penal. El Juez de Instrucción era el que con el procesamiento y el auto de elevación a juicio venía a inmiscuirse totalmente, no solo en la calificación jurídica sino en los hechos, en la forma de describirlos. Se podía complementar y en algunos casos hasta casi que rehacer la acusación en materia penal. Y eso se hacía hasta en el Tribunal de Juicio cuando, conociendo en apelación del procesamiento o del auto de elevación a juicio, se pronunciaba sobre el requerimiento o sobre el mismo procesamiento. Esto hace que todavía tengamos muchas tentaciones para meternos en la actividad requirente del Ministerio Público.

Nosotros, en las reuniones con los jueces penales, hemos insistido en no meternos en la manera como el Ministerio Público realiza la acusación; eso es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. Para entender cuál es el rol del Juez en este terreno del control de la actividad requirente del Ministerio Público, podríamos compararlo con las potestades que tiene un Juez frente a una querella por delito de acción privada; o sea, ¿qué posibilidad tiene un Juez de decirle al querellante de injurias y calumnias que corrija la querella por delito de injuria y calumnia? Casi que ninguna. Bueno, esas mismas posibilidades son las que tiene el Juez Penal para inmiscuirse en el contenido de la acusación del Ministerio Público. La responsabilidad de las omisiones, la inadecuada redacción de hechos, la ausencia de ciertos aspectos fundamentales o circunstancias que calificarían el hecho, son responsabilidad exclusiva de los sujetos encargados de la acusación, y los Fiscales en esa función solo van a poder ser controlados por la víctima, por el actor civil, incluso hasta por el mismo querellante. Por ello se dispuso que la acusación debe ser puesta en conocimiento de la víctima, del querellante, del actor civil, para que suplan cualquier deficiencia en el contenido, y son ellos los que podrían venir a decir que le agreguen tales o cuales circunstancias o tales o cuales hechos, pero no el juez. El Juez no puede inmiscuirse en esos aspectos.

Me plantearon en una reunión con jueces que en un proceso abreviado se había formulado la acusación en forma deficiente, en un sentido que no correspondía, porque no correspondía siquiera con lo que la víctima había declarado, pues ella se refería a un delito de mayor grave-dad. Bueno, esto es responsabilidad del Ministerio Público y nada más. Esto ya no es responsabilidad del Juez, y si hay un problema porque a un sujeto se le aplicó en un proceso abreviado una pena menor de la que realmente debió aplicársele, a quien hay que responsabilizar no es al Juez que conoció eso sino al Ministerio Público que aceptó en esas condiciones y formuló una acusación en ese sentido.

Los jueces nos hemos trasladado responsabilidades que no nos competen, eso le toca y le compete a los fiscales; no podemos inmiscuirnos en la manera y en la forma en cómo se acusa.

Ahora, si se trata de defectos formales y se estima que hay realmente requisitos no sustantivos sino formales en el ejercicio de la acusación, en ese caso el Juez, a lo sumo, puede hacer la prevención a la que se refiere el artículo 15, para que se corrijan esos defectos. Pero no puede ponerse a exigirle al Fiscal que debe realizar la acusación en tal o cual sentido, esto va a seguir siendo, a partir de ahora, responsabilidad exclusiva del Fiscal. Sería más o menos lo mismo que un juez civil le previniera a un actor civil o a un sujeto que plantea una demanda que la haga bien, y le diga: "está haciéndolo mal porque aquí le falta", "aquí hay que poner esto y lo otro".

El proceso es más contradictorio, más acusatorio, en la medida que el Juez no se involucra en la actividad de las partes. Hemos dicho muchas veces que con el nuevo proceso las partes dieron un paso adelante pero el Juez dio un paso atrás. Ya no más debe inmiscuirse el juez -sobre todo el juez de la etapa preparatoria e intermedia- en la la-bor de acusación.

A lo sumo lo que puede ocurrir es advertir en juicio que el hecho podría tener una calificación jurídica diferente, pero todas las omisiones, todos los errores, todos los defectos de la acusación deberán ser responsabilidad exclusiva de los acusadores, ya no más de los Jueces. Esto tiene implicaciones muy grandes en cuanto a la responsabilidad del Ministerio Público. Esto implica que el Juez debe aceptar como válida la acusación que le formule el fiscal. Los Fiscales son los que marcan la cancha. El objeto del Juicio va a estar señalado por el contenido de la acusación, lo que se va a discutir en el juicio es lo que se acusa. En el sistema inquisitivo, el Juez asume de oficio la acusación (el proceso de oficio es típico del sistema inquisitivo); el proceso basado en una acusación de un sujeto distinto al Juez, es típico del sistema acusatorio. Precisamente por eso no me parece apropiado que los jueces penales se inmiscuyan en la manera en que el Fiscal plantea la acusación.

Desde luego, si las partes realizan una negociación para aplicar alguna medida alternativa, como el proceso abreviado, y le dan al hecho acusado una calificación jurídica que no es la que corresponde, el Juez podría rechazar la solicitud de proceso abreviado cuando la pena pactada sea inferior al mínimo posible según la calificación jurídica correcta, incluso descontando el tercio mínimo posible.

Una vez declarada la apertura a juicio, el paso siguiente es inevitable para el Tribunal de Juicio; lo era en el sistema anterior y lo sigue siendo en este: el Juez de Juicio no puede objetar la apertura de juicio. Dentro del proceso hay una serie de aspectos que vienen precluyendo, se definen y la discusión sobre si debía o no abrirse a juicio es una función que le compete exclusivamente al Juez de la Etapa Intermedia, no es una potestad que pueda asumir el Tribunal de Juicio.

Si este considera que hay imperfecciones de procedimiento, por ejemplo, podría ordenar la corrección del procedimiento, si es que eso corresponde a la reposición de ciertos actos, pero no podría discrepar sobre si debía o no abrirse a juicio porque faltan elementos probatorios o porque no está bien descrita la acusación. No podría decir que no se debe abrir a juicio, porque estos son aspectos que precluyeron para el Juez en la Etapa de Juicio. A lo sumo lo que puede hacer es disponer el sobreseimiento por razones expresamente señaladas en el Código, como la prescripción por muerte del reo, y ello es posible siempre que no sea necesaria la celebración del debate para verificar tales causales. El código lo que señala como regla general es que es inevitable la celebración del debate, por eso no se puede volver a discutir el tema de si es o no necesario el juicio para resolver el caso.