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¿Quién tiene competencia o capacidad para disponer la modalidad de prisión domiciliaria luego de ordenada la prisión preventiva el Juez de Garantías: el Fiscal o el Juez? PDF Imprimir E-mail
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Jueves, 20 de Enero de 2011 21:14

 

Durante los últimos meses del año 2010, más precisamente entre octubre y diciembre, se produjo una situación jurídico-judicial que merece no sólo su análisis, sino también un debate para ver si podemos llegar a pautas de actuación consensuadas, desde ambos puntos de vistas.

EL CASO:

En una causa durante la Investigación Fiscal y luego de ordenada la prisión preventiva por el Juez de Garantías y estando vigente la misma (más de dos años después), la defensa del imputado Rubén Darío QUINTANA YÁÑEZ solicitó ante el Fiscal de Instrucción el día 4 de octubre de 2010, se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria, de conformidad con el art. 298 C.P.P., por entender que no concurren los elementos que provocarían su rechazo, como ser la presunción de fuga y de entorpecimiento probatorio, pedido que el Representante del Ministerio Público hizo suyo, fundamentándolo, por lo que impetró a la Jueza de Garantías que modificara la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva, pasando del encierro en el penal a la prisión domiciliaria.

La Señora Jueza de Garantías declinó ordenarla, devolviéndole los autos, porque según su criterio cuando media acuerdo entre las partes, el Fiscal puede para dictarla. Éste apeló la resolución, recurso que mantuvo la Fiscal de Cámara.

La Cámara de Apelaciones en mayoría declaró mal concedido el recurso por entender que no está previsto tal remedio para el caso planteado en autos, estableciendo que no ocasiona un gravamen irreparable y omitió expedirse sobre el fondo; el voto en disidencia estimó que existe gravamen irreparable tanto desde la postura del recurrente sobre la competencia o capacidad genérica para resolver el pedido de prisión domiciliaria, como por la situación del imputado agravada innecesariamente por no obtener una modalidad menos gravosa.

(VER RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE APELACIONES)

Fundado en que la situación planteada ocasiona un perjuicio irreparable, en tanto los efectos del encierro que sufre el imputado por las omisiones de los magistrados intervinientes, no van a poder ser reparados en el futuro y se agravan por la indefinición en la resolución del pedido plantea el Fiscal de Instrucción un Hábeas Corpus ante la Suprema Corte de Justicia.

Destaca que las resoluciones nombradas provocan un reagravamiento en las condiciones de prisión impuestas por el órgano judicial competente, toda vez que han transcurrido más de dos meses desde que el encartado solicitara la prisión domiciliaria, motivo por el que interpone este hábeas corpus para el restablecimiento del orden procesal y para que el imputado pueda hacerse acreedor al beneficio impetrado, por ser éste el procedimiento más expedito.

Agrega que renuncia al recurso de queja contra la decisión de la Cámara de Apelaciones, porque estima que la situación de Quintana Yánez debe resolverse por la vía más inmediata posible.

Al resolver la Suprema Corte rechaza el Hábeas Corpus manteniendo su jurisprudencia reiterada, en el sentido “que el hábeas corpus es un remedio excepcional que protege la libertad personal contra órdenes ilegítimas de la autoridad, y por ende, no es sustituto de los remedios ordinarios y extraordinarios que pueden plantearse en el proceso (L.A. 142-465 98-348; 124-8; 129-124), debiéndose destacar que este interdicto se encuentra reservado para situaciones de arbitrariedad en las decisiones judiciales que lesionan el derecho a la libertad, lo que en la especie no se verifica”. “…, no se está en presencia de un caso de detención ilegal, ni existe una ilegítima agravación de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sino que se plantea una cuestión de orden netamente procesal, vinculada a las facultades de emitir pronunciamiento por parte de la jurisdicción, relacionadas a la modalidad de la ejecución de la prisión preventiva legítimamente dispuesta y regularmente efectivizada”.

Pero corrige la actuación judicial al disponer que “No obstante ello, frente al evidente retardo en la resolución del beneficio peticionado por el imputado Rubén Quintana Yánez, corresponde remitir los obrados al Juzgado de Garantías nº 4 de esta Primera Circunscripción Judicial, a los efectos de que su titular se expida en forma inmediata sobre el mismo”. “… esta solución es la que arbitra la doctrina local en el comentario al art. 298 C.P.P.. (Conf., Enrique Sosa Arditi "Código Procesal Penal de Mendoza - Comentado-Anotado - Concordado", Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2.009, tomo I, p. 577; Francisco Javier Pascua "Institutos de Derecho Procesal Penal", Editorial de la Universidad del Aconcagua, Mendoza, 2.009, tomo I, p. 612/613)”.

(VER RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE)

 

En el presente caso, estimo que estoy inhibido para formular un comentario reflexivo, por cuanto intervine en la cadena judicial de decisión. Pero ello no me impide promover un debate sobre los distintos aspectos que habilita esta situación planteada y participar en él.

Sea desde las cuestiones propiamente jurídicas, como aquella de, tiene capacidad el fiscal para resolver la modalidad de la prisión domiciliaria, luego que el juez de garantías, ordenó la prisión preventiva, o no, y en qué condiciones; hasta las otras referidas a la actuación judicial relacionadas con el impacto de las decisiones y la responsabilidad social de los magistrados en los casos que se adopten nuevos criterios o interpretaciones, en especial de oficio.

Decíamos al principio el análisis y debate, que lo pensamos desde una concepción democrática y no desde la tradicional formulación inquisitiva. Valga como aclaración que cuando nos referimos a la concepción democracia o inquisitiva, lo estamos haciendo con indicación de la cultura democrática y la cultura inquisitiva, y de ninguna manera nos referimos a una determinada idea de democracia, funcional a las diversas ideologías (de derecha –democracia capitalista-, de izquierda -democracia popular-, populista –bonapartismo-, etc.) sino en la esencia misma de lo que es la democracia. Como la cultura inquisitiva, no nos referimos específicamente a la inquisición aunque nadie puede negar que la expresión más acabada de ella.

El punto de partida de ambos sistemas difiere. La cultura inquisitiva se basa en la posesión de la verdad: unos tienen la verdad, mientras que los otros están equivocados, cuando no, peor aún, son mal intencionados, mentirosos, manipuladores, perversos, etc., es una idea maniqueísta (valoración dicotonómica de la realidad), unos son los buenos, los demás son los malos. Los buenos, que poseen la verdad, como dueños que son de ella, siempre son buenos sin importar qué hacen, qué piensan o qué dicen.

Mientras que en la concepción democrática, todos son iguales. Cualquiera puede estar en el acierto o en el error. Pero, nadie es dueño de la verdad. Estar en lo cierto en una opinión, no implica que todas las opiniones de una determinada persona sean ciertas, tampoco da título de honorabilidad, por el contrario, se puede tener un criterio correcto y estar errado habitualmente, o tener un acierto y ser un perverso o un manipulador, o estar errado en una apreciación y ser una persona honorable. Son tenidos como ejes o dimensiones distintas que no deben ser confundidas. Por eso en la democracia, se dice que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (directa o indirectamente ejercido), porque no se reconoce a nadie en la posesión de la verdad, la autoridad entonces deviene que en un momento determinado el pueblo tiene a alguien como con la propuesta acertada o más correcta, pero no todos coinciden en cuál es la propuesta correcta, ni tampoco permanece en el tiempo en la opinión, por eso hay mayorías y minorías, pero como todos se pueden equivocar, incluso la mayoría que acompaña una opinión, en la democracia no existe la perpetuidad de los electos, para los cargos ejecutivos no existen reelecciones o indefinidamente reelecciones, mientras que para los cargos deliberativos se da siempre la reelección. Como tampoco se admite la concentración del poder, mientras se imprescindible el control recíproco de los funcionarios.

Como consecuencia de ello en el sistema inquisitivo el análisis se realiza para encontrar al sujeto culpable, al individuo ignorante, al equivocado, al hereje que piensa distinto, porque la verdad ya se la conoce y tiene dueño. En el sistema democrático, como la verdad no tiene dueño, el único medio es la búsqueda de la verdad, para ello se realiza el análisis de la realidad para descubrir cuál es el problema ante el cual nos encontramos, cuál es la causa de dicho problema y cómo lo podemos solucionar.

Por supuesto que también difieren en quienes participan del debate y la finalidad. Mientras que en el inquisitivo, sólo es admisible el diálogo entre quienes poseen la verdad, fuera de cuyo círculo de autoreferencia y reconocimiento, ellos tienen la postestad de imponer esa verdad que poseen, y el debate (que sólo puede ser entre ellos), tiene por objetivo cuál sanción aplicable al culpable, o qué grado de exclusión empleamos con el ignorante, o qué demérito usamos con el equivocado.

Por el contrario, en el sistema democrático, como nadie posee la verdad, no se puede imponer la voluntad de uno o algunos y el instrumento idóneo para tomar la decisión de qué es lo correcto es el debate y este tiene la intención de evitar que se produzca nuevamente una situación no deseada estableciendo pautas de solución hacia el futuro. Por eso los órganos de gobierno legislativos tienen la facultad de crear el derecho y éste siempre rige hacia el futuro y no es retroactivo, salvo que sea más beneficioso.

En la concepción democrática del derecho no cambian esencialmente estas sencillas pautas, porque es parte de la cultura democrática.

 

Última actualización el Miércoles, 02 de Febrero de 2011 15:04