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Procesamiento - Duda sobre la capacidad del imputado para dirigir sus acciones - Revocación - Falta de mérito‏ - Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal PDF Imprimir E-mail
Viernes, 08 de Abril de 2011 20:20

Sala I. Causa N° 40.028 “L., R. A.”. Procesamiento

Origen Inst. 30/164 -expediente de origen n° 5014/11

//nos Aires, 22 de marzo de 2011.

Y VISTOS:

I. Que el 21 próximo pasado se celebró la audiencia oral y pública prevista en el artículo 454 del C.P.P.N. (según Ley 26.374), en razón de la concesión del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del encausado R. A. L. (cfr. fs. 103/104 vta.), contra el interlocutorio de fs. 74/80 vta. en cuanto dispone su procesamiento por considerarlo, prima facie, autor del hecho constitutivo del delito de robo simple tentado en concurso ideal con lesiones leves (arts. 42, 45, 54, 89 y 164 CP, y 306, CPPN).

Tras la exposición de la recurrente se efectuó la deliberación pertinente en los términos del art. 455 del mismo cuerpo legal, por lo que el Tribunal habrá de expedirse.

Y CONSIDERANDO:

El juez Jorge Luis Rimondi dijo:

Los cuestionamientos planteados por la defensa técnica del encausado L. en la audiencia, confrontados con las actas escritas que se tiene a la vista, merecen ser parcialmente atendidos, por lo que el auto recurrido merece ser revocado en razón a los fundamentos que a continuación se explicitarán.

En efecto, no existiendo controversia por parte de la defensa respecto de la materialidad del hecho ni de la autoría del imputado, la intervención del Tribunal se circunscribe a decidir sobre la capacidad de culpabilidad -la cual por regla general se presume- que poseía al momento de su ejecución, es decir, dilucidar sobre el doble análisis de: a) la comprensión de la criminalidad del acto y b) la posibilidad de dirigir sus acciones conforme a dicha comprensión (art. 34, inc. 1°, primer párrafo C.P.).

Así, luego de compulsar las constancias que conforman el sumario se concluye que el caso ofrece elementos que contrarrestan la presunción que rige la materia, sin perjuicio de lo cual restan evidencias que permitan arribar a una conclusión asertiva sobre el estado de inimputabilidad alegado por la defensa, toda vez que, al igual que las demás causales previstas en el artículo 336 del ordenamiento ritual, la causal de inculpabilidad invocada también exige certeza.

En ese sentido, liminarmente se exhibe relevante recalcar que es el juez el que debe ponderar la prueba pericial con sostén en las reglas de la sana crítica y en el contexto de los demás elementos de convicción que se hayan reunido en el legajo (art. 263, inc. 4, in fine, CPPN). En otras palabras, no es al perito médico, como se da en el presente caso, a quien le corresponde pronunciarse en torno a si el imputado pudo comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones, pues esa tarea queda reservada al juzgador, en tanto jurídica, de suerte tal que los expertos sólo deberían responder en cuanto a la posibilidad de haber transitado el imputado por alguno de los estados a que alude la fórmula mixta del citado artículo 34, inc. 1°, primer párrafo, que prevé las causas psicopatológicas y las consecuencias psicojurídicas que deben haber privado al sujeto de la comprensión del acto y/o de la posibilidad de dirigir sus acciones.

En ese entendimiento, para lograr ello, no sólo debe tomarse en consideración las pericias médicas que se realizaron en la pesquisa sino todo el contexto en que tuvo lugar la conducta típica del imputado.

En efecto, sobre el ilícito en particular, la victima M. C. B. refirió que cuando estaba egresando del local comercial sito en ….., de esta ciudad, el encausado, quien se encontraba descalzo, le preguntó si allí hacían costuras y seguidamente le propinó un empujón que le produjo la caída al suelo, en donde comenzó a golpearla en el rostro al tiempo que le decía “dame la plata, dame la plata” y, ante la negativa de ella, le arrebató sus pertenencias (cfr, fs. 9/vta.).

Por otro lado, se cuenta con el testimonio de R. J. R., quien sorprendió al imputado en el momento de la comisión del ilícito y se trabó en lucha con él a fin de reducirlo, siendo finalmente aprehendido por la intervención del Agente D. C., personal policial que se encontraba en las inmediaciones del lugar. Al concretarse la detención y ser interrogado por el preventor respecto de sus datos personales manifestó ser R. A. L., de nacionalidad …….

En cuanto a los distintos análisis que se le efectuaron a L., conforme surge del informe médico legal confeccionado alrededor de tres horas después del evento, se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio (cfr. fs. 28); mientras que de las conclusiones vertidas por la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina se desprende que presentaba una alcoholemia de 2.33 gr/mil (cfr. fs. 64). En base solamente en ello, el médico forense …... concluyó, que se puede inferir que, en el momento del hecho, la alcoholemia fluctuó entre 2.73 gr./mil y 2.93 gr/mil, por lo que resulta “verosímil que la alcoholización le haya provocado una perturbación del campo de la conciencia de la suficiente jerarquía como para restarle aptitud para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones” (cfr. fs. 67/68), más no indicó si de acuerdo a la ciencia médica el imputado transitó por un “estado de inconsciencia”, que haya podido afectar su capacidad de culpabilidad.

Sentado ello, clínicamente, de acuerdo a dicho parámetro -2.73 gr./mil y 2.93 gr/mil-, la intoxicación o ebriedad lograda se encuentra dentro del grado dos – que comprende entre 2 gr/mil y 3 gr/mil de alcohol–, el cual se caracteriza por una ataxia locomotriz responsable de una inestabilidad en la posición de pie y en marcha; se halla abolida la autocrítica y se ha perdido la inhibición de los impulsos, como así también las funciones cognitivas y volitivas, en el que el individuo pierde la comprensión de sus actos y la capacidad de dirigir sus acciones, es decir que es un estado de ebriedad completa donde se presenta amnesia total y se está en estado de supresión de consciencia, de modo que el grado de alcoholismo que presentaba el encausado se encuentra muy próximo al grado tres, estadío en el que el individuo cae en estado de suspensión de conciencia, arreflexia, hipotermia y coma, con riesgo vital, aunque con conservación de los reflejos (cfr. Jorge Alberto Riú y Guillermina Tavella de Riú, “Psiquiatría Forense”. Ed. LEA, 1987, pag. 219).

Dicho marco de situación revela, de momento -puesto que aún, como se adelantara, no se ha determinado si el imputado actuó bajo “estado de inconsciencia”, art. 34, inc. 1, primer párrafo, C.P.-, que no se cuenta con el grado de certeza corroborante de la causal que se invoca, de modo que, por un lado, no puede sostenerse que al cometer el injusto haya actuado bajo estado de inconsciencia absoluta –supuesto en el que el sujeto no realiza “acción”-, y, por otro, tampoco se vislumbra ningún elemento de prueba que permita presumir que el imputado se colocó deliberadamente en un estado que le impidió comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, con el fin de cometer el ilícito, y, en consecuencia, haga posible la aplicación de la teoría de la “actio libera in causa”.

Ello así, pues, frente a la alegada hipótesis de un estado de inconsciencia habilitante de su inculpabilidad se ignora como pudo realizar los movimientos descritos y brindar correctamente sus datos personales, pues la concreción de un hecho de tales características requiere de un comportamiento y razonamientos adecuados al fin perseguido.

En otras palabras, puede presumirse que el encausado L., al momento del hecho, comprendía las circunstancias del acto que realizaba. En ello, puede asistirle razón al señor juez de grado en su valoración. Ahora bien, ésta resulta solo la primera fase del análisis sobre la capacidad de culpabilidad, restando evaluar si pudo haber dirigido sus acciones conforme a dicha comprensión.

En ese sentido, el informe médico forense no alcanza para determinar si el imputado pudo dirigir sus acciones.

Sentado cuanto precede, deberá ahondarse en la investigación a fin de establecer si L. -como destinatario de la norma- tuvo capacidad para que ésta se concretara en él (que la comprenda) y en consecuencia, si pudo tomar la decisión de actuar conforme a la norma.

En ese sentido, y en razón a lo expuesto por el imputado al momento del examen médico legal, en cuanto a que había ingerido medicación porque padece una patología psicológica bipolar -de lo cual no existe constancia alguna- corresponde ampliar el informe toxicológico de sangre y orina a fin de determinar la existencia de algún tipo de sustancia farmacológica que pudiera haberse combinado con el alcohol (específicamente litio y antidepresivos), para lo cual deberá utilizarse el remanente de sangre y orina que se encuentra conservado en Cuerpo Médico Forense (cfr. fs. 64); y luego de ello encomendar un nuevo examen que comprenda una buena semiología clínica y neuropsiquiátrica para determinar el real estado de consciencia del imputado en el momento del hecho.

Consecuentemente, habrá de disponerse la falta de mérito para procesar o sobreseer al encausado L. y disponerse la libertad en la presente causa, previa constitución de domicilio.

Finalmente, más allá de la libertad que se dispondrá en autos, en atención a la toxifrenia alegada por la defensa en la audiencia, y a que en los conflictos que registra L. con la ley penal existen indicios de que intervino alcoholizado, resulta prudente dar intervención a la justicia civil a sus efectos.

El juez Alfredo Barbarosch dijo:

Luego del estudio del sumario entiendo que los cuestionamientos vertidos por la defensa oficial del encausado, confrontados con las actas escritas que se tienen a la vista, no logran conmover los argumentos expuestos por el señor juez de grado, los que comparto, por lo que voto para que se homologue el auto puesto en crisis.

Así, puede afirmarse que lo que la defensa cuestiona en forma divergente con lo que hace el Sr. juez de grado, es la entidad probatoria de aquellos los elementos de cargo reunidos y es precisamente ante estos casos donde se debe habilitar, eventualmente -ya que deberá opinar al respecto el agente fiscal interviniente- la instancia de juicio donde el contradictorio y la inmediatez en la valoración concentrada de las probanzas acumuladas tendrá plena vigencia para resolver en la causa sobre la responsabilidad que le cabe al imputado.

El juez Gustavo A Bruzzone dijo:

Luego de haber escuchado la grabación del audio de la audiencia, sin preguntas que formular, coincido con lo sostenido por el juez Rimondi, cuyos argumentos comparto.

Por el mérito que se desprende del acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

I. REVOCAR el auto de fs. 74/80 en cuanto fue materia de apelación (art. 455, a contrario sensu, CPPN).

II. DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO PARA PROCESAR O SOBRESEER a R. A. L., de demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al hecho por el cual fuera formalmente indagado, Y DISPONER SU INMEDIATA LIBERTAD LA PRESENTE CAUSA, previa constitución de domicilio (art. 309 CPPN).

III. DISPONER que se de cumplimiento a lo ordenado en los considerandos.

Se deja constancia que el juez Luis María Bunge Campos no suscribe la presente en virtud de no haber presenciado la audiencia por hallarse en uso de licencia; y que el juez Gustavo A Bruzzone lo hace en función del artículo 36, inc. b), del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional.

Regístrese, devuélvase, y practíquense las correspondientes notificaciones en la instancia de origen.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

JORGE LUIS RIMONDI

ALFREDO BARBAROSCH GUSTAVO A BRUZZONE (en disidencia)

Ante mí: Diego J Souto - Prosecretario de Cámara