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Sala IV - CNCP. Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Aplicación del fallo "Arriola" de la CSJN. Interpretación. PDF Imprimir E-mail
Viernes, 22 de Abril de 2011 01:01

 

CAUSA Nro. 9451 - SALA IV - GARCÍA BAEZ, Aurelio David s/recurso de casación

 

//la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de septiembre del año dos mil diez, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Mariano González Palazzo como Presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Augusto M. Diez Ojeda como Vocales, asistidos por el Prosecretario de Cámara doctor Martín José Gonzales Chaves, a los efectos de resolver el recurso de casación e inconstitucionalidad de fs. 233/244 vta. de la presente causa Nro. 9451 del Registro de esta Sala, caratulada: “GARCÍA BAEZ, Aurelio David s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la Provincia de Mendoza, por veredicto de fecha 3 de febrero de 2008, cuyos fundamentos fueron vertidos y dados a conocer el día 21 de febrero siguiente, en lo que aquí interesa, resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por el Sr. Defensor Público Oficial; y declarar la culpabilidad de Aurelio David GARCÍA BAEZ, por considerarlo responsable de infracción al artículo 14, 2/ parte, de la ley 23.737, -tenencia de estupefacientes para consumo personal-, dejando en suspenso la aplicación de pena y sometiéndolo a la medida de seguridad curativa prevista por el artículo 17 de la citada ley, a cuyo efectos se remitirán los autos al señor juez de Ejecución Penal (fs. 220/220 vta. y 223/231vta.).

II. Que contra esta decisión el señor Defensor Público Oficial doctor Daniel Eduardo Pirrello, interpuso el recurso de casación e inconstitucionalidad de fs. 233/244 vta., que fue concedido a fs. 247/248 y mantenido a fs. 278, sin adhesión fiscal.

III. Que la defensa postuló que declarar la responsabilidad penal de su defendido fundándola en la infracción al art. 14, 2/ parte, de la ley 23.737 implicó una punición violatoria a los principios de reserva y lesividad del art. 19 de la C.N. y a los de inocencia y legalidad del art. 18 del mismo cuerpo legal.

Argumentó que la escasa cantidad de estupefacientes detentado por GARCÍA BAEZ en el bolsillo de sus bermudas -dos (2) cigarrillos de armado artesanal con sustancia que al teste orientativo de rigor dio positivo para marihuana- con el inequívoco destino de consumo personal, no constituye un hecho sino un estado, de acceso vedado al Estado, perteneciente a la esfera de intimidad del hombre, carente de entidad lesiva bastante para justificar su aprehensión penal. Que la conducta de su asistido no afectó el bien jurídico protegido porque no trasciende a terceros, manteniéndose en su ámbito de privacidad.

Dijo que si se prescinde de la referencia a la peligrosidad o peligro concreto y se castiga una conducta por su peligrosidad abstracta o general, sin serlo en el caso concreto, se vulnera la exigencia de real eficacia lesiva de la acción como presupuesto de antijuridicidad material. Concluyó que en estos delitos no existiría ni desvalor de resultado ni desvalor de la acción.

Sostuvo que la estructura de tipos penales que, con la finalidad de prevenir la lesión de bienes jurídicos anticipa la punición, no solamente a la puesta en peligro de ellos, sino a los actos preparatorios y a las situaciones que, estadística o presuntamente, generan iure et de iure dicho peligro, implican la criminalización de situaciones o estados que vulneran los principios constitucionales de nullum crimen sine actione y nullum crimen sine lege.

Con cita de fundada doctrina alegó que la punición de la tenencia de estupefacientes para consumo personal es un tipo penal deautor, con el cual se intenta captar personalidades y no actos, perteneciendo a un sistema de derecho penal de autor, absolutamente inconstitucional.

Con mención de la obra de Falcone y Capparelli aclaró que actuar es realizar u omitir, o no realizar movimientos corporales voluntarios, mientras que el verbo tener expresa relaciones entre una persona y una cosa y éstas, las relaciones, no pueden ser consideradas conductas en el sentido de una ejecución u omisión de un movimiento corporal voluntario. Contra la sentencia impugnada que -a su juicio- cree resolverlo todo -el planteo de inconstitucionalidad- con cita de “Montalvo” y con la remanida y ya vana expresión que este (la tenencia de estupefacientes) es un delito de peligro abstracto, manifestó que la reforma constitucional de 1994 torna inaplicable ese precedente por la existencia de hechos nuevos y posteriores que ameritan su revisión en el orden interno. Máxime, agregó, teniendo en cuenta una serie de consideraciones que formuló acerca de la garantía de la progresividad de los Derechos Humanos y a la luz de los art. 4/ inc. 3) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 5/, inc. 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por último, hizo reserva del caso federal.

IV. Que, luego de superada la etapa prevista por el art. 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia en autos, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Augusto M. Diez Ojeda y Mariano González Palazzo.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. La cuestión traída por la defensa de Aurelio David GARCÍA BAEZ es sustancialmente análoga a la resuelta recientemente en la causa nro. 9013 del registro de esta Sala, caratulada: "WILD, Fabio Adrián y otro s/recurso de casación e inconstitucionalidad" (rta. el 12/11/2009, Reg. Nro. 12.589; oportunidad en la que, por coincidir en lo sustancial, adherí a la solución propuesta por quien lideró dicho acuerdo) motivo por el cual, en parte, habré de utilizar en esta ocasión los pertinentes fundamentos allí vertidos para hacer lugar al recurso de casación e inconstitucionalidad incoados en virtud de que a las circunstancias relevantes del caso de autos le resulta plenamente aplicable la doctrina establecida por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Arriola” (A. 891. XLIV, Fallos: 332:1963, rto. el 25/08/2009), en tanto es evidentemente más favorable para el resguardo de los derechos individuales del imputado; y, en parte, habré de agregar una serie de consideraciones ajustables al caso, fijando asimismo mi posición personal sobre el tópico nuevo.

En aquel expediente se entendió atinado aclarar, para aventar cualquier crítica al respecto, que la remisión que en todo o en parte un magistrado hiciere a un pronunciamiento con sobrada motivación - concretamente refiriéndose al fallo “Arriola” antes citado-, deja a cubierto al voto de la tacha de arbitrariedad por falta fundamentación; “... es fundamento bastante de las decisiones judiciales la remisión a lo resuelto en pronunciamiento anteriores, sin que ello importe de por sí la arbitrariedad de sentencia, máxime cuando no se advierte que la remisión efectuada resulte manifiestamente inadecuada...” (confr. Fallos: 327:787).

“Corresponde también señalar y tener presente, en cuanto a la necesidad de que los tribunales de todo el país acaten la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes análogos a los casos que deben resolver, que si bien lo decidido por ésta sólo genera la carga legal de su acatamiento en el mismo caso donde se pronunció, desde antaño se ha considerado apropiado y razonable ampliar esta obligación a los supuestos donde se ventilen situaciones equivalentes a aquellas sobre las cuales el Alto Tribunal se ha expresado. Ello así, toda vez que siendo este órgano la cabeza de uno de los poderes del Estado, está investida por la Constitución Nacional como máximo tribunal de justicia de la República para interpretar sus normas y las leyes que se dicten en su consecuencia; por lo que sus decisiones y el resguardo de su integridad interesa fundamentalmente tanto a la vida de la Nación, su orden público y la paz social cuanto a la estabilidad de sus instituciones y, muy especialmente, a la supremacía de la Constitución en que aquellas se sustentan” (C.N.C.P., Sala III, causa nro. 11.037 “LEDESMA, Walter Oscar s/rec. de inconst. Y casación”, Reg. N/ 1572/09, rta. el 4/11/2009).

“La Corte Suprema es el tribunal en último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción, como pertenecientes al Poder Judicial de la Nación. Sus decisiones son finales. Ningún tribunal las puede revocar. Representa en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones ... Esta es la doctrina de la Constitución, la doctrina de la ley, y la que está en la naturaleza de las cosas” (Fallos: 12:134 del 8/8/1972).

Si bien los fallos de la Corte sólo deciden en los procesos concretos sometidos a su conocimiento y no resultan obligatorios para casos análogos, también es cierto que los tribunales inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos en virtud de la autoridad institucional que los mismos revisten, resultando necesario para poder apartarse de los mismos el aporte de nuevos argumentos que justifiquen la modificación de las posiciones sustentadas en ellos.

En el sub lite, los jueces del tribunal a quo siguieron la doctrina sentada in re "Montalvo", mientras que el recurrente invocó que la nueva composición de ese Alto Tribunal constituía un hecho que podía ser valorado como "nueva razón" para rever la interpretación de la norma que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Aplicar la ley es el objeto del Poder Judicial, es decir, conocer y decidir todas las causas que se produzcan con motivo de hechos regidos por la Constitución y las leyes. Significa que no se puede tomar por sí una ley o una cláusula constitucional, y estudiarlas o interpretarlas en teoría, sino en un caso judicial que provoque su aplicación estricta. Es decir, examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión.

Entiendo que los criterios sentados ahora por nuestra Corte se apoyan en una exégesis normativa que no es asimilable a la que ha guiado a la jurisprudencia de esta Sala, salvo en punto a que ella estuvo orientada siempre al examen de las circunstancias de cada caso en concreto para establecer si las conductas pueden considerarse resguardadas por la esfera de intimidad preservada por nuestra Carta Magna, o si -por lo contrario exceden a tal ámbito resultando en consecuencia pasibles de reproche penal.

II. La jurisprudencia de la Corte Suprema sostenida al momento de interposición del recurso de casación e inconstitucionalidad se ha modificado sustancialmente a partir de lo resuelto por aquélla en la causa “Arriola”.

A este respecto, esta cámara debe resolver el recurso según las circunstancias presentes al momento de la sentencia, aunque estas no hubiesen existido al momento de su interposición, lo que incluye, en principio, la consideración de la jurisprudencia actual de la Corte Suprema en la medida en que sea pertinente y decisiva para la solución del caso.

La sentencia de la Corte ha resuelto que la condena impuesta a los imputados, por infracción al art. 14, párrafo segundo de la ley 23.737, era en ese caso inconciliable con la garantía de libertad del art. 19 C.N..

En el precedente citado, a pesar de la existencia de múltiples Cámara Nacional de Casación Penal votos individuales concurrentes, puede reconstruirse una opinión común en el sentido de que no se ha declarado de modo general, y para todos los casos, la existencia de incompatibilidad entre el art. 19 C.N. y el art. 14, segunda parte, de la ley 23.737, sino sólo en casos en los que la tenencia no afecte, en las circunstancias del caso un peligro concreto o daño a derechos o bienes de terceros.

Así dos jueces de la Corte que concurrieron a la mayoría declararon “[...] que el artículo 14, segundo párrafo , de la ley 23.737 debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales. Por tal motivo se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, como ha ocurrido en autos” (confr. voto de los jueces Highton de Nolasco y Maqueda, consid. 36; voto del juez Lorenzetti, consid. 18, subrayado no pertenece al original).

En otro voto concurrente en la misma sentencia se ha dicho que “una conducta como la que se encuentra bajo examen que involucra –como se dijo- un claro componente de autonomía personal en la medida en que el comportamiento no resulte ostensible, merece otro tipo de ponderación a la hora de examinar la razonabilidad de una ley a la luz de la mayor o menor utilidad real que la pena puede proporcionar. Dicha valoración otorga carácter preeminente al señorío de la persona - siempre que se descarte un peligro cierto para terceros- [...]” (voto del juez Fayt, consid. 16, subrayado no pertenece al original).

El juez Petracchi, se remitió a su voto en el caso de Fallos: 308:1392 (“Bazterrica”), sin otras consideraciones adicionales. En aquel precedente, en el que estaba en cuestión la constitucionalidad del art. 6 de la ley 20.771, que en cuanto aquí interesa contemplaba el mismo supuesto de hecho de la punibilidad que el actual art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737, aquel juez había sostenido que aquella disposición debía ser invalidada “pues conculca el art. 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales” y en consecuencia “ se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para consumo personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros ” (voto del juez Petracchi, consid. 27, subrayado no pertenece al original).

Finalmente, en el voto concurrente de la jueza Argibay se ha puesto en blanco sobre negro la aclaración de que ni la decisión de la jurisprudencia anterior de la Corte Suprema ahora superada (Fallos: 313:1333), ni la actual que la ha revisado en el caso “Arriola”, han querido examinar en abstracto la compatibilidad con el art. 19 C.N. de la figura legal que conmina la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Al respecto ha señalado que “derivar de aquel fallo un estándar según el cual la punición de la tenencia de droga para consumo personal es constitucionalmente inobjetable en todos y cada uno de los casos concebibles es equivocado fundamentalmente por dos razones. Primero, porque si "Montalvo" hubiese resuelto con ese alcance el problema, la Corte habría ejercitado un control de constitucionalidad en abstracto consumado mediante una decisión única con el efecto de clausurar por anticipado toda posibilidad de examinar, en casos posteriores, si la conducta del imputado es o no una acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución” (voto de la jueza Argibay, consid. 11). A continuación se evocó que la sentencia del caso “Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. Elortondo” (Fallos: 33: 162), donde se había sostenido: “Cualquiera sea la generalidad de los conceptos empleados por el Tribunal en esos fallos, ellos no pueden entenderse sino con relación a las circunstancias del caso que los motivó, siendo, como es, una máxima de derecho, que las expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales deben tomarse siempre en conexión con el caso en el cual se usan...” (ibídem). En ese voto se recogió la idea central de la decisión anterior de la Corte en el caso de Fallos: 308:1392 (“Bazterrica”), en cuanto declaró que “en tanto la conducta se realice en condiciones que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, estaba amparada por la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional”, y se relevó un número de casos en los que tal peligro no estaba excluido, y en particular, casos de consumo o tenencia ostensibles (voto de la jueza Argibay, consid. 13, subrayado no pertenece al original). En ese voto en definitiva se declaró: “En conclusión, la adhesión a los postulados sentados en ‘Bazterrica’ implica que los jueces de la causa deberán analizar en el caso concreto si la tenencia de estupefaciente para consumo personal se realizó en condiciones tales que trajo aparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros, que le quiten al comportamiento el carácter de una acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional” (ibídem).

III. En consecuencia de ello, aplicando dicho criterio rector actual y último con leal acatamiento -mas allá del meandro jurisprudencial que se ha suscitado en los últimos decenios en torno a la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal (conf. causa “Colavini”, Fallos: 300:254; “Bazterrica”, Fallos: 308:1392; y “Montalvo”, Fallos: 313:133)- y en respetuoso homenaje también a la seguridad jurídica, corresponde analizar las circunstancias fácticas acaecidas en las presentes actuaciones con respecto al imputado Aurelio David GARCÍA BAEZ, de conformidad con los lineamientos expuestos por el Superior en “Arriola”.

En esa línea, entonces, se entiende apropiado reproducir cómo en el voto del juez del tribunal oral a quo que inició el acuerdo -al que adhirieron los restantes miembros del tribunal-, fijó los hechos trascendentes en lo que aquí interesa del proceso. Dijo el doctor Juan Antonio González Macías: “... En la misma actuación se da cuenta que a las 20:20 horas, la nombrada informó que al domicilio arribó un sujeto de gorra celeste con blanco, remera gris y bermuda negra, en bicicleta roja, con un bolso blanco. Esa persona -dijo- se entrevistó con el sospechado y después se retiró hacia el norte, luego de un breve seguimiento es aprehendido e identificado como David Aurelio García Baez, quien fue requisado en presencia del testigo Fernando Martín Caballero, la tarea estuvo a cargo del Cabo Salinas, secuestrándosele del bolsillo delantero derecho de la bermuda dos cigarrillos armados artesanalmente con sustancia que al test orientativo de rigor dio positivo para marihuana ...” (confr. fs. 224, el resaltado me pertenece).

Lo ut supra transcripto, con más lo que se dirá infra, se alza para concluir en que en el sub judice, en tanto se ha interferido en la esfera privada de la persona de David Aurelio GARCÍA BAEZ, el art. 14, párrafo segundo, de la ley de drogas, deviene inconstitucional.

Es que de lo arriba extractado se extrae como dato relevante que el comportamiento del justiciable en ningún momento colocó en peligro concreto o causó daños a bienes jurídicos o derechos de terceros, línea demarcadora que sólo de ser sobrepasada, consentiría la intromisión judicial. En efecto, véase que la marihuana incautada a GARCÍA BAEZ, además de resultar una cantidad escasa por cierto, fue hallada, en su totalidad, en sus ropas -bolsillo delantero derecho de la bermuda-, lo que da la pauta de que aquella sustancia estupefaciente no pudo ser observada por personas ajenas al acusado.

Por lo tanto, el caso bajo examen se encolumna detrás de otros en los que el Máximo Tribunal decidió la desincriminación de la conducta pesquisada, a saber: Fallos: 310:294 y 312:2475; y ello en la medida en que“... una conducta como la que se encuentra bajo examen que involucra... un claro componente de autonomía personal en la medida en que el comportamiento no resulte ostensible...” no importa relevancia jurídico-penal, ya que “... toda extralimitación al respecto importaría validar lo que constituye en definitiva una intromisión en el ámbito de señorío personal en tanto marco de una acción autorreferente.... No hay lugar para plantear (una cuestión penal) cuando la conducta de esa persona no afecta a los intereses de ninguna otra..” (confr. voto del ministro Carlos S. Fayt, del precedente “Arriola” arriba citado); “... en tanto la conducta se realice en condiciones que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, está amparada por la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional... La síntesis expuesta muestra que si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial, este dato resulta, sin embargo, un elemento de juicio a tomar en consideración. Efectivamente, el análisis casuístico deja entrever que las conductas desarrolladas en lugares públicos son, en general aunque no siempre, más aptas para afectar la salud pública, y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional.... Otro elemento que en los fallos citados ha sido significativo para determinar si la tenencia de drogas se trata de una acción privada está relacionada con la existencia de actos de exhibición en el consumo.... Por último, también ha tenido incidencia la cantidad de sustancia estupefaciente que se encontró en poder de la/el imputada/o... ” (vid. sufragio de la juez Carmen M. Argibay, siempre del antecedente de referencia).

Por lo demás, no debe pasarse por alto que en el sub lite no se ha demostrado que: “... el consumidor (hubiese) ejecutado actos de ‘tráfico hormiga’ (que sí serían) punibles... (confr. precedente “Bazterrica” -Fallos: 308:1392-); ergo, la acción desplegada por GARCÍA BAEZ sigue al resguardo del art. 19 de la Constitución Nacional.

Se señaló que en esas condiciones, al igual que al presente caso le resulta aplicable aquella doctrina expuesta en el emblemático fallo “Bazterrica”, en el sentido de que la acción del acusado no tuvo ... aptitud para interferir con acciones legítimas de terceras personas, dañar a otros, o lesionar más que la ‘moral privada’ de un conjunto de personas...”. Si las circunstancias fácticas, de adverso, hubiesen revelado que la acción desplegada por el acusado hubiese excedido la letra del art. 19 de la Ley Fundamental y, por tanto, quedaría a las resultas de lo dispuesto en el derecho represivo.

La doctrina de la sentencia de la Corte Suprema dictada en el caso "Arriola", considerada precedentemente, no ha constituido una declaración general y erga omnes de inconstitucionalidad, con directo efecto derogatorio del art. 14, párrafo segundo, de la ley 23.737, sino que requiere el examen de las circunstancias del caso de que se trate a fin de determinar si la tenencia de estupefacientes para uso personal que constituye el objeto del proceso se realizó en circunstancias o condiciones tales que no aparejaban peligro concreto o daño a derecho o bienes de terceros.

También se clarifica en el considerando 27/) del estudiado fallo que la decisión adoptada “...en modo alguno implica "legalizar la droga". No está demás aclarar ello expresamente, pues este pronunciamiento, tendrá seguramente repercusión social, por ello debe informar a través de un lenguaje democrático, que pueda ser entendido por todos los habitantes y en el caso por los jóvenes, que son en muchos casos protagonistas de los problemas vinculados con las drogas” (Ordoñez-Solis David, "Los Jueces Europeos en una Sociedad Global: Poder, Lenguaje y Argumentación", en European Journal of Legal Studies, vol. I EJLS, n/ 2).

En tal sentido y para ir terminando, cabe traer a colación otras sabias palabras del séneca voto del ministro Fayt: “Desde esta perspectiva se asume claramente que la "adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a los afectados" (cfr. UNODC, Informe del año 2009 ya citado; énfasis agregado). Antes bien, es primariamente en el ámbito sanitario -y mediante nuevos modelos de abordaje integral- que el consumo personal de drogas debería encontrar la respuesta que se persigue. Se conjuga así la adecuada protección de la dignidad humana sin desatender el verdadero y más amplio enfoque que requiere esta problemática, sobre todo en el aspecto relacionado con la dependencia a estas sustancias (considerando 22/) in fine del mismo fallo).

En autos se ha verificado -en los términos antes descriptos- que la tenencia de la sustancia estupefaciente secuestrada en poder de GARCÍA BAEZ tenía como fin el propio consumo sin haberse demostrado peligro concreto a bienes y derechos de terceros, y teniendo en cuenta que el Alto Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 por el que fue condenado, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por su defensa.

La tenencia de drogas en escasas cantidades y rodeada de circunstancias que no permitan inferir una ultrafinalidad (dolo de tráfico) respecto de la misma, se entenderá que es para satisfacer el autoconsumo de su tenedor, salvo que el representante del ministerio público a raíz de su acusación logre formar en el juzgador un estado de certeza apodíctica positiva o inequívoca respecto de que la droga no se tenía con una finalidad de exclusivo consumo (cfr. mi voto en la causa Nro. 7806, “PALMA GAMERO, José Luis y otro s/recurso de casación, Reg. Nro. 10727.4., rta. 16/07/2008).

En definitiva, observado que el imputado tenía en su poder material estupefaciente en pobre cantidad, es una cuantía factible de ser considerada detentada para el propio consumo y que de aquella sustancia prohibida no hizo ostentación frente a terceros, no puede decidirse otra cosa distinta que declarar la inconstitucionalidad, puesto que transgrede el art. 19 de la Constitución Nacional en la medida en que invade la esfera de la libertad personal del acusado, del art. 14, párrafo segundo, de la ley 23.737 en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal y, en su consecuencia, absolver, por aticipicidad, de culpa y cargo a Aurelio David GARCÍA BAEZ.

IV. Por lo expuesto, propicio al acuerdo hacer lugar al recurso de casación e inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Aurelio David GARCÍA BAEZ, sin costas, y, en consecuencia declarar la inconstitucionalidad de la aplicación del art. 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 al caso de autos y sobreseer por atipicidad al nombrado en orden al hecho objeto del presente proceso (arts. 361, 474, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Así voto.

El señor juez Augusto M. Diez Ojeda dijo:

Coincido con la solución propiciada al acuerdo por el colega preopinante, por resultar aplicable al sub examine la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en su reciente precedente “Arriola, Sebastián y otros s/causa n/ 9080" (Causa A.891.XLIV, Recurso de hecho, rta. el 25/08/09), en línea con la cual he venido sosteniendo que una aplicación del tipo penal previsto por el art. 14, segunda parte, de la ley 23.737, compatible con los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, exige corroborar, en cada caso sometido a juzgamiento, la acreditación de un peligro cierto para los bienes jurídicos, cuya protección se busca con la norma legal aludida (cfr. mi voto en Causa Nº 113 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín, “Lomónico, Silvia Noemí y otros s/ inf. a la ley 23.737”, rta. el 29/5/96 y, como integrante de esta Sala IV, en Causas Nro. 7827, “Rodríguez, José Ariel s/recurso de casación”, Reg. Nro. 10.908.4, rta. el 1/10/08 y Nro. 7580, “García, Alfredo y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 10.909, rta. el 01/10/08, entre otras -doy por reproducidos aquí sus argumentos in totum, por razones de brevedad).

Así voto.

El señor juez Mariano González Palazzo dijo:

Habré de adherir a la solución propuesta en el voto que lidera el presente acuerdo, en virtud de que a las circunstancias relevantes del caso de autos resulta plenamente aplicable la doctrina establecida por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Arriola”, habiendo tenido oportunidad de expedirme al respecto en la causa Nro. 9013 “Wild, Fabio Adrián y otro s/recurso de casación e inconstitucionalidad”, Reg. Nro. 12.589.4, rta. el 12/11/09 de esta Sala IV, a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación e inconstitucionalidad interpuesto a fs. 233/244vta por el señor Defensor Público Oficial doctor Daniel Eduardo Pirrello, asistiendo a Aurelio David GARCÍA BÁEZ , sin costas, y consecuentemente, DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD de la aplicación del art. 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 al caso de autos y SOBRESEER por atipicidad al nombrado en orden al hecho objeto del presente proceso (arts. 361, 474, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y remítase la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N/ 1 de Mendoza, provincia homónima, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

MARIANO GONZALEZ PALAZZO

AUGUSTO M. DIEZ OJEDA

GUSTAVO M. HORNOS

Ante mí:

MARTÍN JOSÉ GONZALES CHAVES

Prosecretario de Cámara

 

Última actualización el Viernes, 22 de Abril de 2011 01:06