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Sala IV - CNCP - STAZZONE -Suspensión del juicio a prueba. Art. 76 bis del CP. Consentimiento del fiscal vinculante. Pena superior a la requerida por el fiscal. PDF Imprimir E-mail
Viernes, 22 de Abril de 2011 01:16

CAUSA Nro. 12.539 - SALA IV - STAZZONE, Jorge José Ángel s/recurso de casación

 

//la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de septiembre del año dos mil diez, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Mariano González Palazzo como Presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Augusto M. Diez Ojeda como Vocales, asistidos por la Prosecretaria de Cámara doctora María Eugenia Di Laudo, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 732/738 de la presente causa Nro. 12.539 del Registro de esta Sala, caratulada: "STAZZONE, Jorge José Ángel s/recurso de casación"; de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 9 de la Capital Federal, en la causa Nro. 2521 de su Registro, con fecha 11 de febrero del corriente año, rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba realizada a favor de Jorge José Ángel Stazzone (fs. 708/726).

II. Que contra dicha resolución interpuso recurso de casación la señora Defensora Pública Oficial doctora Cecilia Verónica Durand, asistiendo al nombrado (fs. 732/738), el que fue concedido a fs. 739/740 vta.

III. Que la impugnante encarriló su presentación en ambos motivos previstos en el art. 456 del C.P.P.N.

Señaló que la resolución impugnada resulta contradictoria en tanto que, por un lado, indica que a los fines de analizar la procedencia de la suspensión del proceso a prueba debe evaluarse la pena aplicable al caso concreto y no en abstracto, y, por el otro, sin motivo alguno y apartándose de la escala penal del delito reprochado, sostiene que, atenta la gravedad del hecho, deviene necesaria la realización del juicio a fin de pronosticar la pena a aplicar y su modalidad de ejecución.

Al respecto, manifestó que en ningún momento se expresó qué circunstancia del hecho se considera especialmente grave, para pronosticar, en caso de un pronunciamiento condenatorio, que el mismo no podrá ser dejado en suspenso, destacando que tampoco se ha señalado circunstancia alguna que exceda de la conducta prevista por el tipo penal.

Así, consideró que, a la luz de escala penal y ante la ausencia de circunstancias agravantes, la pena a imponer no se apartaría del mínimo legal, por lo que resultaría aplicable el instituto previsto en el art. 26 del C.P.

En este sentido, agregó que aún cuando se verificaran agravantes que revelaran una mayor gravedad del injusto y, por ello, que justificasen un apartamiento del mínimo, lo cierto es que si determinara la pena en la mitad de la escala (3 años), también resultaría susceptible de ser dejada en suspenso.

En esa dirección, afirmó que la sentencia recurrida resulta arbitraria por cuanto no se han expresado los motivos por los que se considera altamente probable que, en caso de recaer condena, la pena será de cumplimiento efectivo, al tiempo que tampoco brindó razón de porqué el tribunal se apartó o ignoró la conformidad prestada por el agente fiscal.

Sobre este último punto, resaltó que el juicio de oportunidad expresado en el consentimiento que exige la norma, corresponde exclusivamente al fiscal como encargado del ejercicio de la acción penal y que la existencia de tal conformidad constituye un presupuesto de legalidad para la viabilidad del instituto.

Por tales motivos, sostuvo que el rechazo puesto en crisis luce carente de motivación y fundamentación, toda vez que el agente fiscal entendió que la pena eventualmente aplicable podría ser dejada en suspenso, valorando para ello tanto las circunstancias del hecho como las condiciones personales de su asistido.

De igual modo, refirió que la resolución en crisis efectuó un Cámara Nacional de Casación Penal detallado listado de delitos a los que, en función de las penas con las que se encuentran conminados, les correspondería la suspensión del juicio a prueba, para concluir que ello traería aparejado un “virtual abandono del estado de su obligación de promover el juzgamiento de hechos de suma gravedad”; argumentos que, a su juicio, dan cuenta que el “a quo” vinculó su decisión con situaciones ajenas al presente proceso, al punto de considerar que la concesión del instituto en el caso podría provocar tal abandono.

Por último, en orden al argumento relativo a que una “interpretación laxa” de la tesis amplia llevaría a la conclusión de que casi todos los delitos del Código Penal -más allá que el legislador estableciera diferentes máximos punitivos para ellos- se refieren a hechos de escasa trascendencia penal, expresó que no se han dado las razones de tal posición que, dijo, no sólo califica de absurda la interpretación del art. 76 bis del C.P. sostenida por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, sino que no distingue la gravedad entre un delito castigado con una pena máxima de 4 años de prisión y aquellos que lo son con diez o quince años.

Como corolario de lo expuesto, concluyó que, verificados los presupuestos formales para el otorgamiento del instituto y existiendo consentimiento fiscal, el tribunal de merito aplicó erróneamente tanto el art. 76 bis y concordantes del C.P. como la doctrina sentada por nuestro Máximo Tribunal en el precedente “Acosta”, dando lugar a una decisión carente de motivación y fundamentación.

Finalizó su presentación, solicitando se case la resolución impugnada y se conceda la suspensión del juicio a prueba a su asistido.

Hizo reserva de caso federal.

IV. Que luego de celebrada la audiencia prevista por el art. 465 bis, en función del art. 454 del C.P.P.N. (texto según Ley 26.374), de la que se dejó constancia en autos, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Augusto M. Diez Ojeda, Gustavo M. Hornos y Mariano González Palazzo.

El señor juez Augusto M. Diez Ojeda dijo:

I) La cuestión a resolver radica en dilucidar si la resolución que no hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa de Stazzone, luce ajustada a derecho. Interrogante al que, adelanto, habré de responder negativamente, en orden a los motivos que seguidamente expondré.

De la compulsa del acta de la audiencia celebrada a tenor del art. 293 del C.P.P.N. obrante a fs. 705/706, se advierte que el representante del Ministerio Público Fiscal prestó su conformidad para la concesión de la suspensión del juicio a prueba a Jorge José Ángel Stazzone, expresando que “en el caso se verificaban los presupuestos formales para la admisión d ela petición formulada por la defensa. Ello sumado a las características del ilícito que se le atribuía al imputado y su carencia de antecedentes, hacían previsible que en caso de dictarse condena, la misma sería de ejecución condicional. Por todo ello (...) acompañando las razones expuestas por la defensa, se encontraba a favor de la concesión del beneficio solicitado en favor de la concesión del beneficio solicitado en favor de Jorge José Stazzone.” (cfr. fs. 705 vta.).

Reseñado lo anterior, observo un vicio que, por sí sólo, denota la existencia de arbitrariedad en el pronunciamiento impugnado, toda vez que el tribunal “a quo”se ha exorbitado en el ejercicio de su función, incurriendo en un cambio de roles que implicó una afectación al derecho de defensa en juicio, a la garantía de imparcialidad judicial y, especialmente, al llamado principio contradictorio que integra al debido proceso penal.

Creo oportuno recordar que el instituto bajo análisis consiste en una solución alternativa al ejercicio de la pretensión punitiva estatal, erigiéndose en una respuesta (no punitiva) prevista por el sistema legal, para aquellos supuestos donde resulte aconsejable -según la política criminal delineada por el legislador- resignar el interés de la vindicta pública, en aras de conseguir la reinserción social del imputado, sin necesidad de afectar sus derechos personales mediante la imposición de una pena. Ello, claro está, sin desoír la necesidad de los derechos resarcitorios de la víctima.

En base a dicha inspiración, el cuarto párrafo del art. 76 bis se refiere a los casos en los que si bien el máximo punitivo abstracto que prevé la norma supera los tres años de prisión, no obstante, la pena concreta que podría recaer en el caso particular podría ser de ejecución condicional (cfr. C.S.J.N., A.2186 XLI. “Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, 1/ párrafo, ley 23.737 -causa N/ 28/05-“, considerando 7/, rta. el 23/04/08). En tales supuestos, la ley señala que si “hubiese consentimiento fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio”.

Ahora bien, sobre la particular incidencia que debe otorgarse al consentimiento fiscal, corresponde señalar que si partimos del mandato constitucional que atribuye al Ministerio Público Fiscal la promoción y el ejercicio de la acción estatal (art. 120 C.N.), y que la suspensión del juicio a prueba no es otra cosa que el desplazamiento provisorio de tal facultad por parte del Estado -optando, así, por una solución al conflicto no punitiva- , necesariamente debemos concluir, entonces, que el tribunal, salvo ausencia de uno de los presupuestos legales, carece de jurisdicción para denegar su concesión, puesto que no tiene poderes autónomos para llevar a cabo aquella promoción y ejercicio, al desamparo de quien resulta ser el único constitucionalmente revestido para llevar a cabo dicha tarea.

En sintonía a lo aquí expuesto, se ha sostenido que “el único caso en que el dictamen fiscal obliga al tribunal es cuando éste solicita la absolución en el debate, pero esto sucede porque no hay acusación, es decir, por falta de un elemento necesario para que haya juicio. Este texto sólo puede entenderse en forma compatible con la Constitución, interpretando que el dictamen del fiscal es vinculante cuando solicita la suspensión del juicio, pero no a la inversa” (cfr. Eugenio Zaffaroni, Alejandro Alagia, Alejandro Slokar; “Derecho Penal, Parte General”, segunda edición, pag. 973, eid. Ediar, Bs. As., 2002).

Ahora bien, lo señalado no empece que sí, en ejercicio del control de legalidad que también les compete, lo magistrados hubieran advertido que el representante del Ministerio Público Fiscal, hubiera emitido su dictamen con tal déficit en la consideración de las circunstancias de la causa o en un palmario apartamiento del texto legal que lo tornen infundado o arbitrario, pudieron haber actuado en concordancia con lo dispuesto por el C.P.P.N., arts. 167, inciso 2º y 69.

Sin embargo, no siendo este el caso de autos, no pueden los jueces de intervención sustituir las razones del Fiscal para restringir el derecho del imputado a acceder a la suspensión del proceso a prueba, reemplazando al órgano constitucionalmente instituido (art. 120 C.N.).

Sobre el punto, vale recordar que nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que “aun cuando se pueda sostener que los fiscales cumplen, materialmente, una función judicial, en tanto, al igual que los jueces, aspiran a que el proceso finalice con una sentencia justa, lo hacen desde posiciones procesales diversas, y el ejercicio efectivo de la misión que a cada uno de ellos le compete se excluye recíprocamente: ni el fiscal puede juzgar ni el juez puede acusar” (cfr. C.S.J.N., Q. 162. XXXVIII. “Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa N° 4302“, considerando 23/, rta. 23/12/2004; T. 327 P. 5863).

Como se advierte, se da una situación análoga –mutatis mutandi- a la prevista en el art. 348 del C.P.P.N. y que fuera declarada inconstitucional en el precedente de cita, toda vez que, de confirmar el fallo atacado, nos encontraríamos ante una situación procesal donde el impulso de pretensión punitiva vendría dado por el órgano jurisdiccional.

II. Ahora bien, adunado a lo expuesto, tampoco puedo dejar de destacar que la argumentación esgrimida resulta auto-contradictoria. Es que, por un lado, se exige como condición para la viabilidad del instituto, la evaluación sobre la probabilidad de aplicar en el caso concreto una eventual condenación condicional, siendo necesario a tal efecto, analizar las características particulares del caso con el objeto de definir el grado de “trascendencia penal” del hecho imputado, es decir, su gravedad; por el otro, en vez de tratar tal extremo a fin de efectuar un pronóstico sobre la pena a imponer -si fuera el caso- y su modalidad de ejecución, los magistrados de mérito sostuvieron la necesidad de realizar el juicio a tales fines.

En síntesis, la sentencia recurrida resulta arbitraria por haber actuado el tribunal “a quo” sustituyendo al Ministerio Público Fiscal, esto es, sin jurisdicción, acudiendo a una fundamentación contradictoria que condujo a un apartamiento del texto legal e, incluso, de la interpretación que hiciera de la misma nuestra Corte Suprema en su precedente “Acosta”, por lo que estimo corresponde hacer efectiva la declaración de nulidad de la resolución impugnada de conformidad con lo prescripto por los arts. 123 y 167 -inc. 2/- en función del 168, segundo párrafo, del C.P.P.N.

III. En razón de lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa de Stazzone, sin costas y, en consecuencia, anular la resolución obrante a fs. 708/726 y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen, a fin de que, por quien corresponda –con el objeto de asegurar la imparcialidad objetiva que debe asegurarse a los justiciables-, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento de acuerdo a las pautas aquí establecidas (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

Habré de señalar que la evolución operada en los distintos niveles del pensamiento jurídico vinculados a la materia desde el dictado del Plenario “Kosuta” llevan a reflexionar sobre el tópico, más aún teniendo presente lo resuelto por la C.S.J.N. en “ACOSTA, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, primer párrafo de la ley 23.737 -causa Nº 28/05" S.C.A. 2186, L.XL, rta. 23/04/08.

En dicha oportunidad, el Alto Tribunal destacó que “para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304: 1820; 314: 1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312: 802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310: 937; 312: 1484). Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art.18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal” (considerando 6º).

La alternativa procesal en estudio apunta sin hesitación alguna al cumplimiento de aquellos principios superiores que postulan un derecho penal de última ratio y mínimamente intenso en pos de la resocialización, específicamente en el caso de delincuentes primarios (o que se encuentren en la situación contemplada en el séptimo párrafo del artículo 76 ter del C.P.) que hayan cometido delitos leves, en tanto permitan el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso de acuerdo al artículo 26 del C.P..

Teniendo en consideración este marco político criminal, es dable señalar que en oportunidad de la celebración de la audiencia prevista en el art. 293 del código ritual, el representante de la vindicta pública se pronunció favorablemente a la concesión del beneficio solicitado por la defensa, señalando que a su juicio el beneficio resultaba procedente. Señaló que por las características del hecho atribuido al imputado y la falta de antecedentes, harían previsible que en el caso de dictarse condena, la misma sería de ejecución condicional. Por ello, consideró que, de concederse, se hiciera por dos años, que se imponga la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, que cumple con la reparación ofrecida ($ 250) y que realice tareas comunitarias por veinte horas mensuales. Asimismo, sugirió como regla especial, que se le imponga a Stazzone la prohibición de acercamiento a la víctima por el término de dos años (fs. 705 vta./706).

Mientras que el tribunal sostuvo que de recaer condena no era posible aseverar que ésta fuese de ejecución condicional y para así concluir, efectuó una descripción del hecho objeto de proceso y se refirió a su “gravedad” (fs. 725 vta.).

De la lectura del citado resolutorio se desprende que los magistrados de grado han resuelto el pedido de la defensa sin tener en cuenta, en primer término y fundamentalmente, que quien tiene a su cargo la concreción de la pretensión punitiva -en el caso el fiscal de juicio- había dictaminado favorablemente a la procedencia del beneficio, lo cual permite colegir que del estudio “de las circunstancias del caso”, el titular de acción estimó “posible dejar en suspenso el cumplimiento de la pena” (C.P., art. 76 bis, párrafo cuarto). Circunstancia ésta que, analizada a la luz de la doctrina sentada en distintos precedentes de esta Sala, en la que se estableció que si se quiere resguardar adecuadamente el derecho de defensa en juicio del imputado y sus derechos, el órgano jurisdiccional no se encuentra habilitado a imponer una pena superior a la requerida por el titular del Ministerio Público Fiscal en oportunidad de alegar (vid. fundamentos in extenso en “Arguello, Carlos Ezequiel s/ recurso de casación, Causa N/ 7102, Reg. N/ 9532.4, rta. el 12/11/07 y voto mayoritario in re “Teodorovich, Cristian David s/ recurso de casación”, Causa N/ 8469, Reg. N/ 11.216, rta. el 06/02/09), excluye prima facie la posibilidad de que el tribunal a quo se exceda de concreto pedido de pena del Fiscal y, en consecuencia, carecería de validez su argumentación para rechazar, en esta oportunidad, la concesión del beneficio para el cual el titular de la acción, prestó su conformidad.

Y, en segundo lugar y a mayor abundamiento, tampoco fue analizado ni el ofrecimiento efectuado por el encausado en la audiencia, el que no luce irrazonable a la luz de la información que se desprende de su informe socio ambiental y de la lesión provocada al bien jurídico en juego en el evento que se le atribuye, ni las características personales de éste ni, en definitiva, la verdadera naturaleza del instituto bajo estudio y las normas que lo regulan.

Con estas breves consideraciones, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido en las presentes actuaciones, por cuestiones de celeridad procesal y con el objeto de brindar a las partes un mas adecuado y pronto servicio de justicia , propongo a mis colegas que se haga lugar al recurso interpuesto, se case la resolución de fs. 708/726 y se conceda la suspensión de juicio a prueba solicitada en favor de Jorge José Ángel Stazzone, remitiendo las presentes actuaciones a otro tribunal que resulte desinsaculado al efecto con el objeto de mejor preservar los derechos de las partes, a fin de que proceda a fijar las pautas establecidas en el art. 76 ter del C.P. Sin costas (arts. 173, 470,530 y 531, segundo párrafo, del C.P.P.N.).

El señor juez Mariano González Palazzo dijo:

Que, atento a las particulares circunstancias del caso, habré de adherir al voto y a la solución propuesta por mi distinguido colega Gustavo M. Hornos.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, por mayoría, el Tribunal

RESUELVE

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la señora Defensora Pública Oficial doctora Cecilia Verónica Durand, asistiendo a Jorge José Ángel Stazzone, sin costas y consecuentemente CONCEDER la suspensión de juicio a prueba solicitada en su favor ANULAR la resolución de fs. 708/726 y REMITIR las presentes actuaciones a otro tribunal que resulte desinsaculado al efecto, a fin de que proceda a fijar las pautas establecidas en el art. 76 ter del C.P. (arts. 173, 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 9 de la Capital Federal, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

MARIANO GONZÁLEZ PALAZZO

AUGUSTO M. DIEZ OJEDA

GUSTAVO M. HORNOS

Ante mi.

MARÍA EUGENIA DI LAUDO

Prosecretaria de Cámara

 

Última actualización el Viernes, 22 de Abril de 2011 02:16