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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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Personería Jurídica: otorgada mediante Resolución n° 1.755 del 2 de setiembre de 2008 por el Director de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza

Declarado de interés provincial por la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, mediante Resolución n° 838 del 13 de agosto de 2.008.

MENSAJE DE PRESENTACIÓN

ANTEPROYECTOS DE REFORMA: DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; Y DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS, COMO DE SU GESTIÓN

SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA PENAL

El Gobierno de la Provincia de Mendoza decidió en el año 1999, a través de la sanción de la Ley 6730, reformar el sistema procesal penal vigente por medio de la adopción del sistema acusatorio.

Esta reforma, que se calificó como Política de Estado, siguió los principios y lineamientos del Código Procesal Penal de Córdoba.

Ingentes esfuerzos y recursos insumió desde entonces la implementación del mencionado sistema.

Existieron importantes aciertos como la adopción de criterios de oportunidad, en especial los juicios abreviados; la división en Salas Unipersonales para ejercer la competencia y la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal, entre otros.

Junto estos avances, otros aspectos suscitaron críticas. Así, la uniformidad en la investigación preparatoria, lo que generó que a la postre se tuviera que establecer un procedimiento especial para la flagancia. Otro tanto ocurrió con la falta de reformas estructurales y de gestión judicial que acompañaran los avances mencionados.

A ello, debemos agregar que al día de la fecha, aún no se ha podido implementar en toda la Provincia.

El panorama judicial penal poco a poco, vuelve a ser crítico. La evidencia de esa situación está dada en que ningún operador del sistema judicial se atreve a decir que la justicia funciona de manera óptima.

Todos, de un modo o de otro, expresan su disconformidad, sea desde la crítica, los planteamientos, o las propuestas.

En la sociedad y en la opinión pública, se advierte el mismo estado de ánimo.

El punto central motorizador de estos cuestionamientos, sin ser el único, recae en la morosidad y en la ineficacia del sistema. Pese a las diversas decisiones jurisprudenciales tendientes a lograr un plazo razonable con justicia, y a las reformas legislativas que en tal sentido han surgido en los últimos años, aun persiste el problema. La acumulación de causas en el devenir y los tiempos en el proceso, se erigen en clara muestra de ello.

SOLUCIONES Y DISYUNTIVAS

Este panorama crítico, según la percepción de los operadores y usuarios del sistema, ha alentado tres posturas claramente distintas, encaminadas a enfrentar esa realidad.

La primera, representada por aquellos que añoran el Código de Vélez Mariconde, sin visualizar que la figura del Juez Investigador –Juez de Instrucción- entra en pugna con los cambios que ha operado el proceso penal en el mundo, y especialmente en Latinoamérica –e incipientemente en la Argentina-, con sus notas impostergables de garantías consagradas por el plexo constitucional con la reforma de 1994, y las más importantes reglas que establecen las buenas prácticas procesales.

La segunda, es de inspiración burocrática. Sugiere que la solución a los diversos problemas procesales radica en una multiplicación de Tribunales o un aumento de personal, y en algunos casos proponen la creación de nuevos Tribunales jerárquicos revisores, manteniendo las mismas estructuras y gestión.

Entendemos que quienes asumen esta postura, no advierten que no se trata simplemente de un problema de números –causas- , sino que el tema también pasa por la calidad en la gestión.

No es posible aferrarse a concepciones de principios del siglo pasado, con una organización de la justicia que peca de inmovilismo. Podríamos válidamente preguntarnos si es posible que lo mismo que nos ha llevado a la actual situación, hoy podrá sacarnos de ella.

Desde nuestra óptica, aun duplicando el actual presupuesto en materia penal, no lo lograríamos, ya que la mejora inicial, al poco andar, repetiría la misma situación en pocos años. La experiencia en nuestra Provincia, habla por sí misma.

Por nuestra parte, estamos convencidos que el abordaje de la problemática, que es compleja, exige soluciones sistémicas. Se trata de soluciones interrelacionadas en lo estructural, en la gestión y en el proceso.

NUESTRA PROPUESTA.

Hemos asumido el análisis de la cuestión, partiendo por el planteamiento de los problemas, para inmediatamente después poder determinar sus causas, y así finalmente, proponer las mejores soluciones. Desde hace años venimos investigando esta temática desde una concepción racional- realista, entendiendo que la racionalidad, al decir de Mario Bunge, es un sistema integral.

Precisamente en el enfoque de las soluciones, hemos tomado especialmente en cuenta no sólo nuestras experiencias sino la de otros órdenes procesales vigentes en distintos lugares.

No hemos dejado de lado aquella doctrina que advierte sobre algunas situaciones que podrían aparejar inconvenientes dentro del sistema que proponemos.

GRANDES PRINCIPIOS:

El punto de partida de nuestro proyecto, es consolidar y profundizar la decisión de establecer un sistema acusatorio para la Provincia de Mendoza, conforme la decisión de sancionar la ley 6730.

Estamos convencidos que ha llegado el momento de ahondar el acierto de la implementación de esa política de estado, produciendo un avance significativo hacia la adversarialidad, la oralidad, la total separación de las funciones administrativas respecto de las estrictamente judiciales, y de éstas con las del Ministerio Público, como modo de poner en valor, entre otras cosas, la imparcialidad del juez.

Asimismo entendemos que esas reformas requieren imprescindiblemente de cambios estructurales en los Tribunales y Juzgados Penales, y de una moderna forma de gestionarlos.

Esto concretará la inmediatez y la pronta resolución de los casos en el sistema penal, haciendo realidad el discurso humanista del derecho penal y del derecho procesal penal, en una justicia penal con rostro humano.