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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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DISEÑO NORMATIVO

 

Para ello hemos elaborado dos anteproyectos de ley. Uno, relacionado con las estructuras judiciales, tiene una decidida orientación republicana-democrática de la justicia organizada horizontalmente. Por él se crea el Tribunal Oral Penal en jurisdicción de toda la provincia en reemplazo de las actuales Cámaras del Crimen, Tribunales Penales de Menores y Cámara de Apelaciones, que incluye además la creación de los Juzgados Penales Plurales en sustitución de los juzgados unipersonales existentes (de Garantías, Correccionales, de Instrucción, de Ejecución Penal) manteniendo el Juzgado Plural de Flagrancia y creando las Oficinas de Gestión.

El otro, expone las reformas procesales necesarias que proponemos.

Este cambio hacia la adversarialidad, requiere indispensablemente una política de persecución penal, encarnada en el titular del Ministerio Público conforme la Ley 8008, y la actuación coordinada con las autoridades de la Provincia, que proponemos sea razonablemente instrumentada según las necesidades, definidas por la política de persecución y las posibilidades presupuestarias, acompañándolo con el necesario control democrático, siguiendo la regla de oro del derecho constitucional: “a mayor poder, mayor control”.

PRINCIPALES REFORMAS PROCESALES:

Los principios de adversarialidad y oralidad, tiñen todos los institutos que contempla el proyecto de reforma procesal. Ellos se encuentran en las antípodas del sistema inquisitivo, que todavía resiste en nuestro medio caracterizado por la escrituralidad, formalidad, desconfianza y judicialización de todas las tareas, incluso las simplemente administrativas, con una visión del juez como omnipotente, omnipresente y omnicomprensivo que, en consecuencia debe abandonar la “impartialidad”, en la medida que controla, discrepa y sustituye la actividad del acusador.

Con la finalidad definida, proponemos:

a- Oralidad, Gestión, Actos y Resoluciones.

Se establece y reglamenta el nuevo funcionamiento de la justicia penal con la metodología de audiencias orales, públicas e indelegables, acompañada con las necesarias reformas en las comunicaciones, la gestión y el registro de audio de las mismas, sustituyendo las actuales actas escritas.

Ello lleva al cambio en la forma de actuación de los operadores de la justicia, ya que las partes deberán exponer oralmente sus planteos y los argumentos en que los sustentan. En su consecuencia, también las resoluciones que dicten los jueces serán orales y sus fundamentos deberán constar en el registro de audio, salvo las excepciones previstas.

b- Criterios de oportunidad:

-Mantenemos todos los hasta ahora vigentes. Pero además, incorporamos los casos de: “acuerdos reparatorios”, “pena natural”, “irrelevancia de la pena”, “enfermedad incurable en estado terminal”, y la posibilidad de archivar la causa cuando no resulte conveniente avocarse a la investigación.

-Establecemos límites o condiciones en los casos de violencia en las relaciones interpersonales permanentes.

-Sostenemos la necesidad de seguir las reglas de Brasilia en las directivas que imparta el Señor Procurador de la Corte.

-A partir de los principios de proporcionalidad y razonabilidad de los plazos, establecemos como consecuencia de la suspensión de la persecución penal, como del cumplimiento de los acuerdos reparatorios, la posibilidad de dictar el sobreseimiento, otorgando así una solución racional y proporcional, que era permanentemente reclamada y hasta ahora negada.

-Profundizamos desde una visión adversarial, la suspensión a prueba de la investigación y del juicio, incorporando la posibilidad de trabajos a favor de la víctima, contribuciones económicas con Instituciones de bien público y el bloqueo de una habilitación. Instauramos la vigilancia y el control de las reglas de conducta por parte de quien tiene interés directo en ello, el Ministerio Público, ya que define la política de persecución penal, y con ello pretendemos la desburocratización y la desjudicialización de la tarea.

c- Avance en el proceso y las medidas de coerción:

Hemos profundizado la progresividad establecida para la investigación, precisando la distinción entre algunos estadios del proceso en relación al grado de convicción. Por ejemplo, se permite la “actuación inmediata del fiscal” cuando media “motivo de sospecha de la comisión de un hecho delictuoso.”

Para el “avoque”, no bastará la simple sospecha, sino que se requiere “motivo bastante” para sospechar que se ha cometido un hecho delictuoso.

Con ello, receptamos la moderna jurisprudencia de la C.S.J.N. a partir del caso “Benitez” que torna operativo el derecho de interrogar a los testigos, garantizando que las declaraciones receptadas durante la investigación sin la intervención del defensor, no pueden ser legítimamente valoradas, según el art. 8. 2. f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La “imputación formal”, exige que ese motivo bastante de sospecha de la comisión de un hecho punible, sea “posible atribuirlo a una persona física determinada.”

El “requerimiento de citación a juicio”, demanda ahora no sólo elementos de convicción suficientes, sino además, “la seria posibilidad de que en la causa va a recaer una sentencia condenatoria, o que al menos exista una posibilidad cierta de que la causa va a evolucionar hacia una certeza positiva.”, con lo que se busca evitar la cantidad de absoluciones que hoy se dan tras el juicio oral.

En suma, pretendemos materializar lo que ya Velez Mariconde vislumbraba en la nota al artículo 386 de la ley 1908 , es decir, hay que eliminar los debates injustos o inútiles, evitando que una persona sea llevada a juicio bajo el peso de una acusación carente de fundamento. Ello, sin contar el grave desgaste jurisdiccional, pérdida de tiempo, recursos, y el perjuicio de haber transformado al proceso en una verdadera pena (del banquillo).

En esta estructura, al separarse la “actuación inmediata” del “avoque”, y éste de la “imputación formal”, adquiere ahora relevancia, la declaración informativa, acertadamente prevista en el actual artículo 318, con lo cual, se pone punto final a la discusión sobre el modo en que debe finalizar el proceso respecto de aquellos a quienes se les ha recibido tal declaración. En este contexto, no caben dudas que corresponde el archivo en su favor, y no es necesario el sobreseimiento.

Esta progresividad en los grados de convicción, tiene alta implicancia sobre las medidas de coerción, que se manifiestan en las reformas propuestas a la detención, la prisión preventiva y el cese de ella, estableciendo una racionalidad y proporcionalidad en la regulación, su control - en algunos casos automático-, y el tiempo de duración, con la total adecuación al art. 17 de la Constitución de Mendoza.

d- Separación de funciones.

Se avanza en el sistema acusatorio adoptando la adversarialidad, eliminando la posibilidad de discrepancia del juez frente al pedido Fiscal de sobreseimiento o el auto de elevación a juicio, imponiendo sólo el control judicial abstracto en los casos de aplicación de los criterios de oportunidad; la expresa prohibición al juez de sustituir al Ministerio Fiscal, garantizándolo mediante la Acción Autónoma de Nulidad en las sentencias definitivas que lo violaren.

e- Procedimiento Simplificado.

Para la investigación de hechos delictivos menores de escasa complejidad se establece una investigación simple y rápida, aprovechando la alta experiencia recogida en nuestra Provincia con la Información Sumaria durante la vigencia de la ley 1.908.

En la investigación, cuando corresponda intervenir al Juzgado Penal Plural con función especializada en lo correccional, actuará uno de sus integrantes como juez de garantías durante el Procedimiento Simplificado y otro lo hará en el juzgamiento.

f- Juicio abreviado.

Formulamos un trámite adversarial al juicio abreviado y creamos como medio de impugnación ante la evidente ineficacia de la actividad defensiva, la “Acción Autónoma de Nulidad”, como una verdadera garantía procesal de la inviolabilidad de la defensa.