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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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g- Flagrancia correccional.

 

Aprovechando la experiencia de la aplicación de la ley 7692, se expone la ampliación al ámbito correccional de la aplicación del procedimiento especial de flagrancia.

Cuando corresponda intervenir al Juzgado Penal Plural con función especializada en lo correccional, actuará uno de sus integrantes como juez de flagrancia.

h- La acusación, condiciones, oposición, trámite.

La acusación ahora debe contener el ofrecimiento de prueba, evitando con ello la duplicidad actual del procedimiento. En la actualidad, quien eleva la causa – fiscal de instrucción- debe fundar la acusación haciendo mérito de toda la prueba, pero finalmente, quien ofrece en juicio la prueba, no es él, sino el Fiscal de Cámara, con lo que se evidencia que el proceso sigue la fragmentación del Ministerio público.

En el sistema proponemos otros cambios. Así, por ejemplo, notificada la acusación, mantenemos la posibilidad de que la defensa se puede oponer. Introducimos la novedad de que el actor civil deba concretar la demanda y ofrecer prueba y también otro tanto, debe hacer el querellante.

El trámite de la oposición se oraliza, es ágil y desformalizado, lo que permite la solución de los problemas en forma inmediata o con plazo determinado. Además, se elimina el inquisitivo auto de elevación a juicio.

i- Oralización y concentración de actos en la etapa preliminar del juicio.

Teniendo muy en cuenta la experiencia del Procedimiento Alternativo Consensuado (P.A.C.) se propone oralizar, concentrar y simplificar los actos preliminares del juicio oral, creando con ello un ámbito ágil y apto para la adopción temprana de soluciones alternativas y la descongestión de casos elevados para juicio oral, como así también para realizar acuerdos probatorios.

j- Regulación acusatorio-adversarial del juicio oral.

Se adapta el juicio oral al sistema adversarial, incorporando entre otras cuestiones: los alegatos de apertura; quién comienza el interrogatorio y su forma; se establecen las cuestiones de la discusión final, racionalizando de esta manera el debate.

k- Fallos Plenarios.

La creación del Tribunal Oral Penal en la Provincia permite uniformar democráticamente los criterios mediante el dictado de Fallos Plenarios, que sólo obligan a sus integrantes, jerarquizando de este modo la seguridad jurídica como un valor de alta definición y reclamado hoy por la sociedad toda.

l- Recurso de doble conforme.

Se incorpora como recurso para el imputado el doble conforme oralizado.

ll- Oralización de los recursos.

Se propone oralizar los recursos de revocatoria y apelación, como los casos simples de recurso extraordinario.

m- Acción Autónoma de Nulidad.

Esta acción ante la Suprema Corte, no sólo está prevista como garantía del condenado ante la ostensible y evidente ineficacia de la defensa, sino también para la sociedad en los casos de arbitrariedad del Fiscal y cuando el Juez pierde su impartialidad sustituyendo al Ministerio Público Fiscal.

n- Oralización de la ejecución penal.

Se reforma el trámite de los incidentes en la ejecución penal y con ello se oralizan los procedimientos en esa instancia.

CONCLUSIÓN.

Estas son, en grandes líneas, las principales propuestas que hemos elaborado como ante-proyectos de ley.

Somos conscientes que estas ideas que modifican la judicatura, tienen implicancia sobre el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública y la actuación de los Abogados, proyectándose sobre el resto de los operadores relacionados con el servicio. También por la magnitud de las reformas y el cambio cultural que involucra, es necesario un profundo debate democrático de frente a la sociedad, habida cuenta que sus integrantes, que son quienes tributan aquello con lo que se sostiene el sistema, son hoy los principales reclamantes del mismo.

Esperamos humildemente su discusión y enriquecimiento, para el mejor servicio de la justicia penal en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza.