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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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ORGANIZACIÓN REPUBLICANA DE LA JUSTICIA PENAL

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Personería Jurídica: otorgada mediante Resolución n° 1.755 del 2 de setiembre de 2008 por el Director de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza

Declarado de interés provincial por la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, mediante Resolución n° 838 del 13 de agosto de 2.008.

ANTE - PROYECTO DE LEY

ORGANIZACIÓN REPUBLICANA DE LA JUSTICIA PENAL

TITULO I

DEL TRIBUNAL ORAL PENAL

Sección Primera

Disposiciones generales

Art. 1º.- Creación del Tribunal Oral Penal.

Créase con jurisdicción penal en todo el territorio de la Provincia el Tribunal Oral Penal (T.O.P.) como judicatura horizontal, en reemplazo de las actuales Cámaras del Crimen, Tribunales Penales de Menores y Cámara de Apelaciones del Crimen de las tres Circunscripciones Judiciales de la Provincia de Mendoza.

Art. 2º.- Integración.

A partir de la vigencia de la presente Ley, los miembros que integran las actuales Cámaras del Crimen, Tribunales Penales de Menores y Cámara de Apelación pasarán a formar parte del Tribunal Oral Penal.

La designación de los futuros miembros, se hará de acuerdo al procedimiento y condiciones constitucionales dispuestas por los arts. 150 y 153 de la Constitución de Mendoza como integrantes del Tribunal Oral Penal y respetando en su caso, la especialidad que se necesite.

Art. 3º.- Atribuciones.

El Tribunal Oral Penal en el ejercicio de sus funciones tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

1) Elegir su Presidente.

2) Ejercer la jurisdicción penal según lo que establezca la presente ley y el Código Procesal Penal, para conocer y resolver sobre los recursos de apelación que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces Penales de primera instancia; el juzgamiento de aquellos delitos cuya competencia no sea atribuida a otro tribunal; el recurso de Doble Conforme; y el dictado de Fallos Plenarios.

3) Debe establecer y actualizar la política judicial del Tribunal, orientada a la eficiencia del servicio de justicia y la obtención de los resultados que se esperan de ella; asimismo determinar los requerimientos necesarios para su cumplimiento según el informe del Consejo Ejecutivo Judicial.

4) Dictar el Manual de Procedimientos, implementando el funcionamiento uniforme de sus actividades, la simplicidad de las actuaciones, el sistema acusatorio adversarial, asegurando para ello el estricto cumplimiento de la metodología de audiencias orales, públicas e indelegables, la desformalización de las notificaciones y la pronta resolución de los casos; podrá promover la utilización de formularios y limitar la extensión de los escritos.

5) Reglamentar el funcionamiento del Tribunal, determinando las funciones del Consejo Ejecutivo Judicial.

6) Darle tratamiento a los informes anuales sobre la actuación y resultados obtenidos por las Unidades Judiciales y del Tribunal, previo examen y opinión del Concejo Ejecutivo Judicial y en su caso su aprobación.

7) Conocer, como tribunal de ética, de los reclamos efectuados contra sus miembros, por inconducta o incumplimiento de sus funciones, que no sean competencia del Jury de Enjuiciamiento, pudiendo hacerles recomendaciones o advertencias, y en su caso, elevar los antecedentes a la Suprema Corte de Justicia.

8) Elaborar anualmente un informe cuantitativo y cualitativo de gestión de las actividades del Tribunal, teniendo en cuenta los informes de las Oficinas de Gestión (art. 22º), de las Unidades Judiciales Plurales (art. º), del Consejo Ejecutivo Judicial (art. º), según la política judicial prevista (inc. 2º), los requerimientos, los resultados obtenidos, y elevarlo a la Suprema Corte de Justicia, para que lo incorpore a la memoria y estado de la administración de justicia prevista por el inc. 2º del art. 144 de la Constitución de Mendoza.

9) Proponer a la Suprema Corte de Justicia el Administrador de la Oficina de Gestión del Tribunal.

10) Elevar propuestas de reformas de procedimientos, de organización y gestión a la Suprema Corte de Justicia.