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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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Reforma del Codigo Procesal Penal

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Personería Jurídica: otorgada mediante Resolución n° 1.755 del 2 de setiembre de 2008 por el Director de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza

Declarado de interés provincial por la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, mediante Resolución n° 838 del 13 de agosto de 2.008.

ANTE - PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

 

Artículo 1º.- Sustitúyase el art. 1º C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 1 - Principios que rigen el proceso.

Nadie podrá ser penado sin juicio previo conforme a las disposiciones de este código ni juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal, ni encausado más de una vez por un mismo hecho.

Durante todo el proceso, se observarán los principios de oralidad, inmediación, publicidad y contradicción mediante el sistema de audiencias orales, públicas e indelegables, respetando en ellas la identidad física del juzgador, para la pronta resolución de los casos, por medio de la concentración y simplificación de actos, proporcionalidad del procedimiento e inmediatez, con la finalidad de establecer el sistema acusatorio con plena adversarialidad.”

En la intervención de las partes, deberá garantizarse igualdad de posibilidades en el ejercicio de las facultades y derechos previstos en la Constitución de la Nación, de la Provincia, y en este Código.

Siempre en el procedimiento deberá preservarse la lealtad procesal y la buena fe.”

Artículo 2º.- Sustitúyase el art. 2 C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 2 - Reglas de Interpretación y principio de la duda.

En todos los casos deberán interpretarse las normas procesales del presente Código, con la finalidad de aplicar los principios establecidos en el párrafo segundo del artículo precedente.

Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento.

Siempre que se resuelva sobre la libertad del imputado, o se dicte sentencia, los magistrados2 deberán estar, en caso de duda, a lo más favorable para aquel.”

Artículo 3º.- Sustitúyase el art. 3 C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 3 – Juez natural e imparcial.

Nadie podrá ser juzgado sino con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable y por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Constitución y la ley.

La potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a los tribunales y a pedido de parte. En ningún caso el juez podrá sustituir al Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de la acción penal, bajo pena de nulidad o acción autónoma de nulidad de su sentencia (art. 505 bis).

Los jueces deberán asegurar el principio de igualdad procesal, allanando todos los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten, no pudiendo mantener ninguna clase de comunicación con las partes o sus abogados sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dar previo aviso a todas ellas.”

Artículo 4º.- Sustitúyase el art. 7 C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 7 - Garantías del imputado y su defensa Técnica.

Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación deberá velar porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que para su defensa consagran las leyes, la Constitución de la Provincia de Mendoza y de la Nación Argentina.

Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica letrada. Para tales efectos, podrá elegir a un defensor de su confianza, pero, de no hacerlo, se le asignará el Defensor de Pobres y Ausentes.

Se entenderá por primer acto del procedimiento, cualquier actuación judicial o policial que señale a una persona como posible partícipe o autor de un hecho punible.

El abogado defensor en el desempeño de su ministerio y desde el inicio de su actuación en el procedimiento, está equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele.

En dependencias policiales, penitenciarias, organismos de seguridad, u Oficinas Fiscales, deberá proporcionarse al defensor los informes que este requiera respecto de los motivos de detención de cualquier persona y el nombre del funcionario que lo hubiera dispuesto o magistrado a cuyo cargo se hallare la causa.

Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento. No podrán establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las veinticuatro horas del día. La sola exhibición de la credencial habilitada es requisito suficiente para acreditar la condición de abogado.

Todo menoscabo infligido al defensor, se considera como lesión a la inviolabilidad de la defensa del imputado.”

Artículo 5º.- Sustitúyase el art. 8 C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 8 - Acción Penal. Política de persecución penal.

La acción penal pública será ejercida por el Ministerio Público Fiscal, quien tendrá la responsabilidad exclusiva de su promoción y ejercicio, como de la iniciativa probatoria tendiente a acreditar la acusación.

Deberá iniciarla de oficio en las condiciones establecidas por este código, las leyes de la Legislatura y las directivas generales que imparta el Procurador, siempre que no dependa de instancia privada, y su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar; salvo los supuestos expresamente previstos.

El Procurador deberá hacer saber la política de persecución penal a la Comisión Bicameral de Seguridad de la H. Legislatura, como sus modificaciones y las directivas que en su consecuencia imparta. Anualmente informará cuantitativa y cualitativamente sobre sus resultados. Sobre estas bases y teniendo en cuenta la organización, estructura y funcionamiento de los Tribunales y Juzgados, deberá proyectar el presupuesto, la estructura y el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, y en caso de ser necesario o conveniente, proponer leyes para su reforma.”

Artículo 6º.- Sustitúyase el art. 20 C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 20 - Interposición y trámite.

Las excepciones se deducirán, bajo pena de inadmisibilidad, por escrito describiendo sucintamente el planteo y las disposiciones en que se base. Si fuere el caso, deberá ofrecerse la prueba que lo justifique.

Durante la investigación, serán deducidas ante el Fiscal, quien en caso de compartir la incidencia, remitirá al Juzgado Penal Plural las actuaciones en el término de un día con su opinión para su resolución inmediata. De igual modo se procederá, cuando hubiese otras partes, las que debidamente notificadas, en el término de tres días no se expresen o manifiesten su conformidad con la pretensión.

Cuando las excepciones se basaren en hechos que deban ser probados, el Fiscal dispondrá previa e inmediatamente su producción, las que se deberán practicar en el término perentorio de diez días, dentro del cual no podrá computarse el tiempo de diligenciamiento de prueba fuera de la Provincia, incidentes, recursos o actos que dependan de la actividad de las partes. Luego y en su caso, se procederá según el párrafo precedente.

Durante la audiencia de oposición, la audiencia preliminar y en el juicio oral se procederá oralmente y según lo establecido en los arts. 360 y 361, art. 366 y art. 387 respectivamente.”