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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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Reforma del Codigo Procesal Penal

 

 

 

Artículo 7º.- Sustitúyase el art. 21 C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 21 – Oposición. Trámite y resolución.

De no compartir la excepción el Fiscal y/o las otras partes, previa producción de las pruebas en que se basen y ofrezcan, el oponente deberá solicitar audiencia a la Oficina de Gestión del Juzgado Penal Plural competente de acuerdo a los arts. 141 y 146 bis, quien sorteará el juez, fijará la fecha y citará inmediatamente a las partes de acuerdo al art. 180 a una audiencia oral, pública e indelegable, que tramitará según las previsiones de los arts. 146 bis y 147, con el fin de que las partes hagan defensa de las posturas encontradas, y sin suspender la audiencia el juez deberá resolver según el art. 155.

De no comparecer a la audiencia quien se oponga a la excepción, se lo tendrá por desistido y el juez resolverá de inmediato.

El Fiscal deberá comparecer a la audiencia con las actuaciones. En caso de inasistencia se procederá según el párrafo tercero del art. 146 bis.”

 

Artículo 8º.- Sustitúyase el art. 21 C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 22 – Tramitación separada.

El incidente se sustanciará y resolverá por separado, sin perjuicio de continuarse la investigación, en tal caso se remitirá compulsa de las actuaciones pertinentes. La resolución que deniega la excepción será apelable por el incidentante, la que hace lugar, por quien se opuso.”

Artículo 9º.- Sustitúyase el art. 26 C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 26 - Criterios de Oportunidad.

1º): Suspensión de la persecución penal:

El Ministerio Público Fiscal podrá solicitar al Tribunal que se suspenda total o parcialmente la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho, o la aplicación de un procedimiento especial, cuando:

a) Se trate de un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o del partícipe o exigua contribución de este, salvo que afecte el interés público o lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o con ocasión de él.

b) La pena que podría caberle por el hecho delictuoso de que se trate, carezca de relevancia en consideración a la pena ya impuesta o a la que se puede esperar por otro hecho punible que es simultáneamente investigado o que se encuentra sometido a juicio.

c) El imputado haya sufrido a consecuencia del hecho delictuoso un daño físico o moral grave que torne desproporcionada la aplicación de la pena.

d) El imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable en estado terminal según dictamen pericial, o tenga más de 70 años y no exista mayor compromiso para el interés público.

e) Se haya producido la solución del conflicto, la que en todos los casos se acreditará sumariamente en una audiencia oral, pública e indelegable, con la presencia de las partes y de quienes hayan intervenido en la medida alternativa.

f) Cuando el imputado y la víctima convengan un acuerdo reparatorio, que sólo podrá referirse a los hechos investigados y a la afectación de bienes jurídicos disponibles, a pedido del Fiscal o del imputado o su defensa, la Oficina de Gestión del Juzgado o Tribunal fijará una audiencia oral, pública e indelegable (art. 146 bis) en la que deberán escucharse a los intervinientes del acuerdo y, previo a comprobarse que han prestado el consentimiento libremente y con pleno conocimiento de sus derechos y existiendo asentimiento del Fiscal, se homologará y quedará suspendida la persecución penal o en su caso, se dispondrá el sobreseimiento (inc. 8 del art. 353).

g) En los supuestos de los parágrafos siguientes:

A toda persona que se encuentre imputada, o que estime pueda serlo, si durante la substanciación del proceso, o con anterioridad a su iniciación: revelare la identidad de coautores, partícipes, instigadores o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el enjuiciamiento de los sindicados o un significativo progreso de la investigación y/o aportare información que permita secuestrar los instrumentos, o los efectos del delito, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de importancia, provenientes del mismo; se podrá disponer, valorando especialmente la información que permita desbaratar una organización delictiva, o evitar el daño, o la reparación del mismo:

1. La suspensión de la persecución penal, conforme al inc. a.

2. Su libertad, con los recaudos del artículo 280 de este Código, a cuyo efecto deberá considerarse la graduación penal del artículo 44 y pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal Argentino;

3. En caso de prisión preventiva, se lo internará en un establecimiento especial, o se aplicará el artículo 300;

4. En caso de resultar penado el Tribunal podrá pedir al Poder Ejecutivo la conmutación o su indulto, conforme a las pautas del apartado uno que antecede.

La solicitud de los criterios de oportunidad de este inciso lo formularla sucintamente por escrito el Fiscal ante la Oficina de Gestión, que fijara inmediatamente fecha para que tenga lugar la audiencia oral, pública e indelegable donde se tramitará y deberá resolverse el pedido de acuerdo a los arts. 141,146 bis, 147 y 155, salvo que se establezca expresamente otro procedimiento.

) Suspensión a prueba, de la investigación ó el juicio;

3º) En caso de flagrancia, los procedimientos especiales previstos por los art. 417 bis, 439 bis y siguientes;

4º) El juicio abreviado;

En todos los supuestos de este artículo, los jueces deberán realizar el control de legalidad en abstracto, pero no podrán controlar el modo en que se ejerce la acción penal, o su conveniencia o la política de persecución penal, ni sustituir al Ministerio Público Fiscal.”

Artículo 10º.- Incorpórese como art. 26 bis del C.P.P., siguiente:

“Art. 26 bis - La Oportunidad en los casos de violencia en las relaciones interpersonales permanentes.

En los casos de hechos delictuosos con violencia originados en conflictos intrafamiliares o de convivencia, sólo podrá disponerse la intervención de mediadores o la suspensión de la persecución penal, una vez asegurado el cese del conflicto y/o la violencia (física, psíquica o simbólica) que causó el hecho punible y esté asegurado el pleno ejercicio del derecho de la víctima a su integridad física, psíquica, como la de su entorno familiar o de convivencia, en su caso, se determinen las circunstancias para que pueda ejercer el derecho a la libertad de elegir su futuro y en tales condiciones expresamente manifieste su voluntad o consienta de que se lleve a cabo una mediación con el fin de solucionar el conflicto o el de pactar el control del acuerdo alcanzado.

No podrá disponerse la suspensión de la persecución penal en los casos de maltrato, reiteración delictiva o cuando un hecho aislado por las circunstancias de su ocurrencia presente gravedad.

Cuando se haya llegado a la solución del conflicto sin la intervención de organismos especializados, el juez deberá asegurarse que las circunstancias y condiciones del mismo se correspondan con los párrafos primero y segundo.

En los casos de delitos con violencia fuera del ámbito familiar o de convivencia o se trate de delitos basados en una relación desigual de poder o por abuso de poder, deberá previamente cesar la situación del mismo para poder proceder en las condiciones del presente artículo que le sean aplicables

En todos estos casos, para poder resolver un criterio de oportunidad de los previstos en los inc. 1º a), e) e inc. 2º del artículo anterior, deberá tenerse previamente el dictamen del Cuerpo Médico Forense sobre la conveniencia de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, y siempre que lo aconseje o se lo estime necesario, deberá imponerse el mismo.”

Artículo 11º.- Incorpórese como art. 26 ter del C.P.P., siguiente:

“Art. 26 ter – Directivas del Procurador en los criterios de oportunidad.

Siempre que el Procurador de directivas en los casos previstos por el presente artículo, deberán contemplar las Reglas de Brasilia, adoptando aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria), asimismo procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria).”

Artículo 12º.- Sustitúyase el art. 27 del C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 27 - Efectos del Criterio de Oportunidad.

Si el Tribunal admite la solicitud para aplicar un criterio de oportunidad, se produce la suspensión de la persecución penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso.

Si la decisión se funda en la insignificancia, sus efectos se extienden a todos los que reúnan las mismas condiciones.

El imputado puede oponerse a la suspensión y solicitar que continúe el trámite de la causa.

Si se produjere la imputación formal de un nuevo hecho punible dentro del año de la suspensión de la persecución penal, el Fiscal podrá solicitar al Tribunal que se deje sin efecto el beneficio otorgado. En los casos de violencia el plazo será de dos años.”

Artículo 13º- Sustitúyase el art. 28 del C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 28 - Plazo para solicitar criterios de oportunidad. Procedimiento.

Los criterios de oportunidad podrán solicitarse durante la sustanciación de la causa, y en la Audiencia preliminar hasta la citación de las partes a juicio (art. 367), con excepción del juicio abreviado final (artículo 418).

Salvo que expresamente se disponga un procedimiento, todo criterio de oportunidad se deberá tramitar, resolver y notificar en una audiencia oral, pública e indelegable, que fijará prontamente la Oficina de Gestión ante el pedido expreso, la que deberá realizarse con la presencia del Fiscal, el imputado y su defensor, debiendo citarse a los interesados, la que tramitará según lo previsto en los arts. 141, 146 bis, 147 párrafo segundo, y 155 de este código.”

Artículo 14º.- Sustitúyase el art. 30 del C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 30 - Procedencia de la suspensión a prueba de la investigación o del juicio.

El imputado de un delito de acción pública, podrá solicitar la suspensión a prueba de la investigación preliminar o del juicio, cuando las circunstancias del caso, evaluadas en abstracto, permitiesen dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable.

Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño cuando: éste no requiera prueba y aquella sea jurídicamente posible; cuando la víctima se hubiere constituido como actor civil, sin que ello implique confesión, ni reconocimiento de la responsabilidad civil. Siempre deberán cesar los efectos del delito.

La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida y en este último caso, si la realización de la investigación o del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente. En caso de aceptar a cuenta de mayor cantidad, no podrá tenerse por cancelada o novada civilmente la reparación.

El Tribunal al momento de resolver, deberá expedirse fundadamente sobre la razonabilidad del ofrecimiento de reparación, salvo que la víctima, libremente, acepte o acuerde el resarcimiento.

El Fiscal, al prestar su consentimiento, deberá hacerlo teniendo en cuenta la política de persecución penal establecida, las directivas del Procurador y del Fiscal de Cámara, pudiendo solicitar que se suspenda a prueba, la investigación o el juicio, por un tiempo determinado entre uno a tres años, y requerir el cumplimiento de determinadas reglas de conducta.

Las partes podrán acordar la aplicación del beneficio, el plazo y las reglas de conducta a seguir.

Mediando expreso consentimiento del Fiscal o acuerdo de partes, el Tribunal deberá suspender el procedimiento o la realización del juicio, cuando las circunstancias particulares del caso en examen en abstracto, hagan prever la posibilidad de la aplicación de una pena en suspenso, y en su caso, el ofrecimiento de reparación sea razonable. No podrá otorgarse la Suspensión a Prueba sin el consentimiento del Fiscal.

El imputado deberá abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera la condena.

En el caso de delitos que tengan como pena accesoria la de inhabilitación especial relacionada con actividades regladas por el Estado, el imputado podrá ofrecer o acordar con el Ministerio Público el bloqueo de la habilitación hasta el término máximo de la suspensión a prueba, o en su caso condicionar su ejercicio al cumplimiento de la regla de conducta del inc. 5° del art. 31 del C.P.P..

No procederá la suspensión a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones específicas, hubiese sido el autor o partícipe en cualquier grado, respecto al delito investigado.

La suspensión a prueba, de la investigación o del juicio, no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los Tribunales respectivos.

Si hubiere prueba importante por producir, o que sea necesario resguardar, el Ministerio Público tomará las medidas pertinentes en previsión de la revocación de la suspensión.”

Artículo 15º.- Sustitúyase el art. 31 del C.P.P., el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 31 – Condiciones por cumplir durante el período de prueba.

El plazo de prueba será fijado entre uno y tres años, según la gravedad del delito atribuido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del C.P.P.. Durante dicho período, el imputado deberá cumplir con algunas o todas las reglas de conducta que se enuncian, las que deberán estar relacionadas con las circunstancias del hecho y que resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos hechos delictivos:

1°) Fijar residencia y someterse al cuidado y control del Organismo u Oficina Técnica o especializada que se determine, debiendo comunicar inmediatamente cualquier cambio.

2°) Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con algunas personas.

3°) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.

4°) Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida.

5°) Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral, profesional, o sobre actividades regladas por el Estado que requieran habilitación.

6°) Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe del Cuerpo Médico Forense que acredite su necesidad y eficacia.

7°) Adoptar o mantener oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad.

8°) Realizar trabajos o actividades no remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.

Sólo a propuesta del imputado, o con su consentimiento, o en acuerdo de partes, podrá imponerse otras reglas de conducta razonables, tales como realizar actividades o trabajos a favor de la víctima, o contribuir económicamente con instituciones de bien público, o el bloqueo de una habilitación.

Cuando no cumpliere el obligado con alguna de las reglas impuestas, o persistiere o reiterare en el incumplimiento, por pedido del Fiscal y en audiencia oral, pública e indelegable, se podrá disponer que no se compute como tiempo cumplido, todo o parte del plazo transcurrido hasta ese momento, o se podrá revocar el beneficio, debiendo continuarse con la investigación o el juicio según corresponda.

Si con posterioridad se conocieren otros hechos cometidos antes de otorgarse la suspensión podrá, a pedido de las partes y en audiencia oral, pública e indelegable, ampliarse la suspensión a prueba.

Podrán las partes acordar también la ampliación del beneficio y sus condiciones, o que no se compute parcial o totalmente el tiempo transcurrido y sus condiciones.

Durante el tiempo de la suspensión a prueba se suspenderá la prescripción de la acción penal según el art. 76 ter del C.P.

Cuando nuevas circunstancias lleven al Fiscal a considerar que, de haberlas conocido, no hubiera otorgado el consentimiento, o que por ellas resultare imposible la ejecución condicional, deberá dejar sin efecto la suspensión, y continuará la causa según su estado. De llevarse a cabo el juicio, si el imputado resultare absuelto, se le devolverán los bienes abandonados en favor del Estado y en su caso la multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas.

Si durante el tiempo fijado para la suspensión, el imputado no comete otro delito y cumple con las condiciones y reglas impuestas, se dictará su sobreseimiento.

Cuando la realización del juicio en una causa suspendida a prueba fuese determinada por la comisión de un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso.

La suspensión a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo hecho delictivo ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual fuera suspendido en el proceso anterior.

No se admitirá una nueva suspensión a prueba, respecto de quien hubiese incumplido reglas impuestas y por ello fuere dejada sin efecto la suspensión anterior, salvo que, desde ese momento, hubiere transcurrido el plazo de diez años.”