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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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Reforma del Codigo Procesal Penal

 

Artículo 28º.- Sustitúyase el art. 80 del C.P.P. el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 80 - Trámite de la Recusación.

Si el Juez admitiere la recusación, se procederá con arreglo al artículo 77. En caso contrario, remitirá el escrito de recusación con su pedido de rechazo y los elementos de prueba de los que haya de valerse en la audiencia inmediatamente para que la Oficina de Gestión sortee el Tribunal competente (art. 76), para que el incidente se tramite en una audiencia oral, pública e indelegable (art. 146 bis), bajo pena de nulidad, que se fijará en el término máximo de tres días.

En la audiencia se recibirá la prueba, que su producción es responsabilidad de las partes, y luego de informar sus respectivas conclusiones, el Tribunal resolverá inmediatamente (art. 155) salvo que se requiera deliberación para poder decir lo que hará lo que se hará sin suspenderla.”

Artículo 29º.- Sustitúyase el art. 81 del C.P.P. el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 81 - Recusación no Admitida.

Si el Juez Penal fuere recusado y no admitiere la existencia del motivo que se invoca, sólo se podrán practicarán los actos urgentes e imprescindibles o aquellos que su diferimiento pudiera ocasionar un grave perjuicio, durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos serán declarados nulos siempre que el recusante lo pidiere en el informe de sus conclusiones en la audiencia art. 80.”

Artículo 29º.- Sustitúyase el art. 112 del C.P.P. el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 112.- Oportunidad.

El pedido de constitución deberá presentarse antes de la clausura de la investigación penal preparatoria.

La solicitud será tramitada conforme al art. 113 y en caso de no haber oposición se procederá según el art. 20.”

Artículo 30º.- Sustitúyase el art. 140 del C.P.P. el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 140 - Sanciones.

El incumplimiento injustificado de sus obligaciones por parte de defensores o mandatarios será comunicado al Colegio de Abogados correspondiente. Si se tratare de funcionarios judiciales, la comunicación se cursará a la Suprema Corte de Justicia y al Secretario General de la Defensa.

El abandono constituye falta grave y obliga al que incurra en él a pagar las costas de la sustitución sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponderle.

Se considerará también falta grave la demora injustificada que haga fracasar la audiencia o la no concurrencia a ella, de cualquiera de las partes esenciales.”

Artículo 31º.- Sustitúyase el art. 141 del C.P.P. el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 141.- Idioma. Forma y registro. Acceso a las actuaciones.

Todos los actos procesales deberán cumplirse en idioma nacional y realizarse en forma computarizada o medio tecnológico equivalente o con soporte magnético, según lo establezca la reglamentación. Siempre, los medios tecnológicos deberán ser de última generación, según las disponibilidades presupuestarias.

En la Investigación Penal Preparatoria, las audiencias deberán realizarse en forma oral, bajo pena de nulidad, utilizándose registro electrónico de audio y dejando constancia en las actuaciones. De la misma forma y bajo la misma sanción deberán practicarse los restantes actos que deban realizarse en forma oral. Sólo excepcionalmente podrán serlo por escrito, los que deberán ser digitalizados inmediatamente. También podrá ordenarse la videograbación o filmación.

Los actos practicados en los Juzgados Penales Plurales y las Unidades Judiciales Plurales, la Oficina de Gestión deberá registrar la audiencia en su totalidad mediante la grabación por medio tecnológico que asegure su inviolabilidad y permita su reproducción. Cuando los medios tecnológicos lo permitan, por razones de economía procesal y pronta resolución, podrá realizarse la audiencia mediante videoconferencia, con el previo y expreso acuerdo de las partes, siempre que se aseguren las condiciones de regularidad del acto a cumplir.

Las actuaciones cumplidas por otros medios y los elementos probatorios deberán ser digitalizados y/o instrumentalizados de forma tal que puedan serlo.

Todas las actuaciones, en medios computarizados o equivalentes, o digitalizados, serán públicas para las partes según corresponda a la etapa que se transite en el proceso, y la habilitación que subjetiva u objetivamente disponga el presente código, las leyes que se refieran a ello, las Acordadas de la Corte y Directivas del Procurador, siempre deberán respetar el art. 146 de la Constitución de Mendoza.

La Suprema Corte de Justicia establecerá por reglamentación cuales actos pueden ser excepcionalmente realizados por escrito, su forma y la digitalización.”

Artículo 32º.- Sustitúyase el art. 145 del C.P.P. el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 145 - Oralidad.

Las personas que fueren interrogadas deberán responder de viva voz y sin consultar notas o documentos, con excepción de los peritos y de quienes sean autorizados para ello en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos.

El declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate, dando razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declare, expresando si los hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que le fueren conocidos o si los hubiere oído referir a otras personas y, si fuere menester, se lo interrogará.

Las preguntas que se formulen no serán indicativas, capciosas ni sugestivas. Sin perjuicio de ello, los intervinientes podrán dirigir al testigo, preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con alguno de los intervinientes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o algún otro defecto de idoneidad.

Cuando la reglamentación autorice a proceder por escrito, se consignarán las preguntas y respuestas, usándose las expresiones del declarante.

Artículo 33º.- Incorpórese como art. 146 bis del C.P.P. el siguiente:

Art. 146 bis – De las audiencias orales, públicas e indelegables.

Las Audiencias Orales, Públicas e Indelegables se realizarán bajo pena de nulidad con la presencia del Juez o Tribunal que corresponda intervenir en el acto, asegurando la identidad física del juez. No podrá realizarse total o parcialmente a puertas cerradas la audiencia. Salvo, cuando la publicidad afecte la moral, la seguridad pública, o se trate la situación de un menor de 18 años, lo que deberá resolverse en forma expresa y fundadamente, bajo pena de nulidad.

El pedido de audiencia se formalizará por medio electrónico, en las condiciones que para cada instituto corresponda, salvo que la reglamentación autorice otro modo.

La Oficina de Gestión, según el sistema establecido para el funcionamiento y los turnos, inmediatamente sorteará el juez, fijando la fecha y hora, de acuerdo a lo establecido en el presente Código, la reglamentación dictada por la Suprema Corte de Justicia y el Manual de Procedimientos del Tribunal Oral Penal.

La parte que no pueda asistir debe comunicar inmediatamente la imposibilidad enunciando el motivo y asegurándose el efectivo conocimiento de la Oficina de Gestión, que deberá en el acto reprogramar la audiencia.

El Juez con la presencia del peticionante de la audiencia, y las partes esenciales para tramitarla y estando debidamente notificados todos los interesados en ella, declarará abierta la misma y bajo pena de nulidad otorgará la palabra al requirente, a las partes necesarias y finalmente, a los interesados asistentes que la soliciten y esta sea pertinente, o cuando se estime conveniente requerírsela o interrogarlos, siendo de aplicación los artículos 395 y 399.

La inasistencia del Fiscal, deberá ser subsanada de inmediato por el Procurador. Si no compareciere el Defensor oficial, deberá ser subsanado de inmediato por el Secretario General de la Defensa y Pupilar. En caso de tratarse del Defensor particular, el Tribunal declarará el abandono de la defensa y designará un defensor de oficio al imputado, quien inmediatamente deberá aceptar el cargo y el Juez establecerá un tiempo prudencial para que tome conocimiento del caso y contacto con su defendido. Excepcionalmente podrá solicitar la suspensión de la audiencia por un plazo que no exceda de tres días, cuando la complejidad del caso lo justifique.

El Juez podrá limitar, en cualquier momento, equitativamente el tiempo de ejercicio de la palabra, concederla nuevamente, interrumpir, interrogar, corregir, si lo estimare necesario.

El juez resolverá inmediatamente o luego de un breve intervalo, en la misma audiencia, conforme al art. 155. En caso de complejidad, que deberá hacer constar, podrá establecer un intervalo de hasta TRES (3) días para resolver; salvo disposición en contrario.”

 

Artículo 34º.- Sustitúyase el art. 147 del C.P.P. el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 147 - Regla General.

Cuando un funcionario público deba dar fe de actos que realice o se cumplan en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este Capítulo. A tal efecto, el Juez o Tribunal serán asistidos por el Secretario; el Agente Fiscal lo será por un Secretario o un Ayudante Fiscal; el Ayudante Fiscal, por un Auxiliar de la Policía Judicial o Administrativa; el Juez de Paz y los Oficiales o Auxiliares de Policía Judicial o Administrativa, por un testigo que, en lo posible, sea extraño a la repartición policial.

Cuando se trate de audiencias orales, públicas e indelegables u otros actos procesales practicados oralmente, el registro del acto será bajo pena de nulidad mediante sistema de audio registrable, según la reglamentación que establezca la Suprema Corte de Justicia. Deberá incorporarse a las actuaciones constancia del acto, conteniendo los funcionarios e intervinientes, las listas que autoriza el art. 207 bis y la parte resolutiva de las decisiones adoptadas, siéndole aplicable, en lo pertinente, el art. 406. Sólo dará plena fe del acto y de lo ocurrido, el registro del audio. Podrá ordenarse la videograbación o filmación.

Las partes civiles podrán acordar el reconocimiento de contenido y firma de un documento privado ofrecido como prueba. El acto deberá realizarse donde concertaron los intervinientes o en el domicilio legal de quien lo ofreció, el día y hora que convinieren, elaborando un instrumento privado en el que conste los asistentes, actividades y resultado de ella, elaborándose tantos ejemplares como partes intervinientes, teniendo pleno valor probatorio con relación a todos los firmantes y quienes posteriormente expresen su adhesión al mismo.”