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Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, un espacio latinoamericano, amplio y plural de debate, estudio, investigación, intercambio, reflexión y trabajo, constituido con la finalidad de favorecer la integración regional y participar activamente en el “proceso” al monismo jurídico.

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Procesal Penal
BUENAS PRÁCTICAS PROCESALES PDF Imprimir E-mail
Viernes, 03 de Septiembre de 2010 21:37

LAS BUENAS PRÁCTICAS PROCESALES Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, LA PRONTA RESOLUCION, EL PLAZO RAZONABLE Y LA GESTION JUDICIAL.

EL PROCESO COMO PENA.

PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS. CONCLUSIONES

Elena Alcaraz

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LA SUSPENSIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL Y EL PLAZO RAZONABLE PDF Imprimir E-mail
Viernes, 03 de Septiembre de 2010 20:51

LA NECESIDAD DE REGULAR LA EXTINCIÓN PROCESAL DE LA ACCIÓN PENAL EN LA SUSPENSION DE LA PERSECUCIÓN PENAL

(art. 26 incs. 1 y 2 Ley 6730)

Elena Alcaraz

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CESE DE LOS EFECTOS DEL DELITO PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 28 de Julio de 2010 14:55

Marcelo GUTIERREZ DEL BARRIO

La idea es traer a debate cuál es el alcance del art. 314 de la ley de rito en este nuevo sistema acusatorio. No se ha escrito mucho o al menos no he encontrado gran cantidad de bibliografía específica sobre el asunto, por lo que el planteo podría resultar interesante para discutir, desde que las facultades que ostenta quien hoy ejerce la dirección del proceso surge de una interpretación integral del digesto de forma en materia penal, complementada con las reglas generales que rigen algunas medidas legisladas en el ordenamiento de forma de naturaleza civil.

Entonces, la pregunta inicial que podríamos formularnos sería: Tiene el fiscal de instrucción facultades para disponer el cese de los efectos del delito?

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La Oralidad como estrategia defensiva PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 03 de Marzo de 2010 11:16

Dolores Ramón

 

El presente ensayo, es una propuesta de oralización de ciertas instancias de la Investigación Penal Preparatoria donde se resaltan los beneficios que devendrían para el imputado y el ejercicio de su defensa, como así también,para la pronta resolución de los casos.

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LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA PDF Imprimir E-mail
Martes, 23 de Febrero de 2010 12:54

Roberto Jesús Yanzón*

Los fines de este modesto trabajo no son otros que explicar el método seguido por el Tribunal en la sentencia dictada en el caso “Ramírez Terán”, ya publicada en la página web del Instituto. Por ello, se recomienda que antes de avanzar en la lectura del presente artículo, se lea la mencionada sentencia.

También se aclara desde el comienzo, que este trabajo no contiene un análisis detallado de las diversas circunstancias atenuantes y agravantes que contiene el art. 41 del Código Penal. No es esa su finalidad, pero prometo a los lectores que en una entrega próxima me ocuparé de ese tema, nada sencillo por cierto.
Debo, por último, advertir que en las breves líneas que siguen no he pretendido agotar el tema, sino simplemente entregar al estudioso una guía sencilla de cómo se debe llegar a la fijación judicial de la pena.
Para profundizar en la cuestión, recomiendo el excelente libro, de reciente aparición, de Abel Fleming y Pablo López Viñals, titulado “Las Penas”, que constituye un auténtico tratado sobre la materia. (Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Octubre de 2009).
Hasta hace poco tiempo, era jurisprudencia constante de todos los Superiores Tribunales de Provincia, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que los tribunales de sentencia eran soberanos para la fijación de la pena, y que consecuentemente sus fallos eran irrecurribles por la vía de la casación, con el único requisito de que la pena impuesta respetara los límites mínimo y máximo impuestos por la ley.
Los jueces de sentencia, conocedores de esta jurisprudencia unánime, no solían esforzarse mucho para fijar la pena en el caso concreto, cosa que hacían a ojo de buen cubero, con la recurrente fórmula de “considero justo y equitativo …”.
De esta manera, las sentencias solían ser un modelo de esmero y de cuidado cuando de tener por probado el delito se trataba, pero como fundamento de la pena se daba solo el brevísimo considerar justo y equitativo.
No es de extrañar así que la justicia del caso concreto experimentase con frecuencia un serio desmedro.
Además de un serio desmedro, producíase una curiosa inconsecuencia. Tanto cuidado para demostrar la ocurrencia del delito, tanto evitar en ello apresuramientos indebidos, para terminar incurriendo en un descuido inexcusable y en un apresuramiento criticable al determinar las consecuencias que el delito probado tendría en el caso.
Lo dicho no era sólo un vicio de la jurisprudencia. También la doctrina había discriminado a la pena como objeto de su atención. Para demostrarlo, basta con observar la gran cantidad de trabajos de orden general o particular dedicados a la teoría del delito, o a algunas de las cuestiones puntuales que la misma involucra, como así también a la parte especial –el catálogo de delitos– o a alguno o algunos de los delitos que la componen, en tanto que a la teoría de la pena se le dedicaba por cierto mucho menos esfuerzo.
Para completar el cuadro, sólo resta decir que los cursos de posgrado incluían un amplio tratamiento de la teoría del delito, pero de la teoría de la pena no daban ni noticia.
Para dar una idea de lo contradictorio que todo ello era, baste recordar que el Derecho Penal no toma su nombre precisamente de la conducta punible que la ley reprime, sino de su consecuencia jurídica. Que se sepa, ninguna obra sobre la materia ha sido titulada “Derecho Delictual”, ni “Derecho Delictivo”, en tanto que siempre se la ha llamado “Derecho Penal” o “Derecho Punitivo”.
Todo ello era, como queda dicho, sumamente contradictorio, y por contradictorio ilógico. Pero contradictorio o no, era el estado de cosas que tenía vigencia en la vida práctica del Derecho.
Con el gran cariño y el gran respeto que tengo por el maestro cordobés y su obra, me permito recordar que Ricardo C. Núñez, en el Tomo 2 de su Tratado que está próximo a ser cincuentenario, había advertido del error que implicaba la práctica judicial que vengo cuestionando.
De este modo, en los hechos, la fijación judicial de la pena era algo que los tribunales manejaban de una manera discrecional. Por el contrario, en la ley vigente era ésta una cuestión reglada.
Al abordar esta cuestión, debo hacer algunas consideraciones sin las cuales el asunto no sería totalmente claro.
Si afirmamos que la cuestión de la fijación judicial de la pena era reglada, debemos empezar por explicar qué entendemos por reglada, y cuáles son los límites de la regulación a que aludimos.
Partamos de la base de que entendemos el adjetivo “reglado”, o “regulado”, como opuesto a “discrecional”. Pero, en el caso, encontraremos una dificultad para explicar por qué consideramos la fijación judicial de la pena como una actividad reglada. Porque si bien basta con leer el texto de los arts. 40 y 41 del Código Penal para advertir que la ley somete la fijación judicial de la pena a una regulación, resulta que el contenido de esas normas reguladoras es tan amplio, y sus límites tan difusos, que en los hechos puede llegar a dudarse si las mismas implican una regulación real o sólo aparente. Quiero advertir que llegados a este punto nos encontramos de repente pisando terreno resbaladizo. Porque establecer pautas demasiado amplias puede equivaler a no establecer ninguna pauta.
En este punto se impone una breve labor hermenéutica.
Nos preguntamos: ¿Qué quiso hacer el legislador? ¿Dar al juez la libertad más irrestricta para la fijación de la pena en el caso concreto?  ¿O fijarle pautas orientadoras que presidiesen su tarea? Varias razones confluyen para arribar a la conclusión de que fue la última de las alternativas enunciadas la elegida por el legislador.
En primer término, el texto del art. 40 del Código Penal sirve para afirmarnos en ese convencimiento. Dice: “En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente”. Ante la clara referencia de la ley a “las reglas” del artículo siguiente, no podrá dudarse de que la ley ha optado por un sistema reglado y no por uno discrecional.
Aún se podrá argüir, en contra de la sencilla deducción que antecede, que es posible que el legislador se haya expresado con impropiedad, y llamado “reglas” a algo que en realidad no sean reglas. A favor de esta posible objeción está el hecho de que el art. 41 lo que hace es más bien fijar “pautas” que verdaderas reglas. Se advertirá, en efecto, que el art. 41 hace una enunciación de circunstancias atenuantes y agravantes, pero sin especificar cuál de estos dos caracteres reviste cada cual, ni en qué exacta medida atenúan o agravan la pena. De este modo, no podría hablarse propiamente de “reglamentación”, sino de una simple pautación.
Sin embargo, a poco que se analice esta disquisición, se advertirá que se trata de una cuestión meramente semántica. Quiero decir que llámeselas “reglas”, “pautas”, “directivas”, o como se quiera, las circunstancias atenuantes y agravantes que enumera el art. 41 de todos modos existen, y son obligatorias para el juez de sentencia. Podrá el juez interpretarlas de una u otra manera. Podrá atribuir a cada una de ellas mayor o menor significación, pero tendrá que fijar la pena argumentando sobre las circunstancias que concurren en cada caso concreto, como con claridad lo expresa el ya referido art. 40. Lo cual significa que la fijación judicial de la pena es una actividad reglada y no discrecional.
Se podrá también objetar que las pautas que la reglamentación de los artículos 40 y 41 pecan de excesiva genericidad. Algunos sacan de ello la conclusión de que para existir con tal amplitud, en los hechos sería lo mismo que las reglas no existiesen. Si, dicen, la ley termina dejando en manos del juez la fijación judicial de la pena de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso, en definitiva resulta que el juez fija la cuantía de la pena según su propio criterio y no según el criterio de la ley.
Les respondo a quienes así piensan que la ley no puede prever específicamente todas las circunstancias que pueden presentarse en la infinita variedad de casos que han de  presentarse en la práctica. El legislador está constreñido necesariamente a formular sus previsiones de una manera general y abstracta, como tantas veces ha sido dicho.
Las previsiones del art. 41 resultarán ser entonces de una gran latitud. Pero más concreción no se puede pedir. Nos encontraríamos con que por muy casuísticas que pudieran ser sus previsiones, fatalmente resultaría que en la práctica se presentarían casos que escaparían a lo previsto en la norma.
El juez estará en definitiva obligado a guiarse por las pautas fijadas en la ley, haciendo de ellas una interpretación racional, que deberá en cada caso poner de manifiesto. Lo que de ninguna manera podrá hacer, es prescindir paladinamente de la regulación legal, y obrar como si la fijación judicial de la pena fuese algo que está sólo en sus manos, al margen de toda regulación legal. Ello tornaría arbitraria la fijación judicial de la pena.
No debe olvidarse tampoco, porque es de alta importancia, que según el art. 411 inc. 4 del C.P.P., la parte resolutiva de la sentencia debe contener la mención de las disposiciones legales aplicadas. Para satisfacer este requisito, el juez no sólo debe “mencionar” las disposiciones legales aplicadas, sino también explicar cómo es que vienen al caso. Ello es consustancial con la naturaleza de los actos judiciales. Surge ello del art. 155 del C.P.P.
Otra causal de arbitrariedad posible radicaría en que el juez hiciese una interpretación irracional, o irrazonable de la ley. Ello ocurriría, por ejemplo, si en los delitos económicos concluyese en que el mayor nivel de educación del condenado debe jugar como circunstancia atenuante. O en que la miseria debe entenderse como agravante, porque hace el condenado más proclive al delito. Los ejemplos podrían multiplicarse.
De acuerdo con el análisis que antecede, en la sentencia que aquí se comenta, el Tribunal ha buscado de una manera sistemática seguir las pautas fijadas en la ley, como puede observarse.
No obstante lo cual, el autor de estas líneas recomienda a quien se interese en el tema en análisis no usar la sentencia recaída en el caso como modelo. El autor es contrario al uso de modelos, pues resulta que cuando el modelo gestado para un caso no se adapta perfectamente a otro caso –lo que ocurre casi siempre– resulta que el uso del modelo, que tuvo por fin simplificar la tarea, la aumentará en realidad, pues habrá que ponerse a quitar todo lo que no se adapta a él, y luego agregar otros datos que en el modelo no figuran. Un muy mal negocio para los modelodependientes.
No estaría completo este trabajo si omitiese referirme a una cuestión de importancia liminar: ¿Cómo hace el juez para cuantificar la pena, luego de pasar por el tamiz de los arts. 40 y 41 del Código Penal? Aclaremos la cuestión. En el proceso de la fijación judicial de la pena el juez tendrá que hacer, como ya lo demostramos, un prolijo análisis de las diversas circunstancias atenuantes y agravantes que concurren en el caso concreto. Pero al cabo de ese proceso, deberá fijar la cuantía de la pena. Para decirlo en términos más gráficos, deberá traducir en números los conceptos que ha estado analizando.
Traducir conceptos a números puede parecer una tarea diabólica, y a poco que nos internemos en la cuestión, veremos que verdaderamente lo es.
Cuando el estudioso del Derecho Penal aborda el estudio de la Teoría de la Pena, sueña con encontrar una regla directriz que le garantice en todos los casos la fijación de una cuantía de pena que responda a la culpabilidad expuesta por el agente en el caso concreto. Como anhelo del intelecto, no está mal, pero es un sueño que –como casi todos los sueños, en definitiva– está desde el inicio condenado al fracaso.
Porque resulta que traducir conceptos a números es imposible, como que conceptos y números pertenecen a dos distintas categorías del ser. Conceptos y números están inmersos en marcos ónticos distintos, se mueven en ámbitos separados. Discurren en diversas órbitas del saber.
De alguna manera, todos lo vivimos, o lo hemos vivido. En la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, en los posgrados, en los concursos de oposición, etc. ¿Existe acaso la posibilidad de calificar una prueba con una expresión numérica que corresponda exactamente a sus méritos? ¿Cuál es la razón que puede determinar que  es justo calificar un examen con 9,75 y que en consecuencia ponerle 9,74 sería una mezquindad, y ponerle 9,76 una demasía? Por supuesto que se podrá predicar que es una aberración calificar con 3 a un examen de alta calidad, que haya respondido adecuadamente a todas las cuestiones planteadas, como que es igualmente aberrante calificar con 8 ó 9 a uno que no ha demostrado satisfacer siquiera los requerimientos mínimos.
Advertimos así que la existencia de errores o arbitrariedades en la calificación numérica, podrá revelarse con facilidad en los casos extremos, pero no en los casos normales.
Las mismas dificultades se revelan en la cuantificación de la pena. En vano se buscará una norma que nos diga que en un caso corresponde imponer la pena de tres años y seis meses de prisión, porque tres años y cinco meses es insuficiente y tres años y siete meses una exorbitanc ia. Ello no es posible, por lo que antes destacaba, que conceptos y números están inmersos en marcos ónticos distintos.
Uno de los filósofos antiguos de más predicamento en el mundo actual, es sin duda Pitágoras de Samos, también matemático célebre, autor del teorema que lleva su nombre. Una de sus frases más conocidas, vista con desconfianza suma en su tiempo, fue que “las números gobernarán un día en el mundo”. ¿Quién dudaría hoy de la gran verdad que encierra la impronta pitagórica?
La necesidad de expresarlo todo en guarismos, se ha revelado como una de las características más propias de la postmodernidad.
Volviendo al caso que nos ocupa, es forzoso concluir en la importancia decisiva que tienen los guarismos en el problema de la fijación judicial de la pena. Los códigos procesales, cuando tratan de los requisitos de la sentencia, exigen la necesidad de que en la sentencia de condena  se fije con exactitud y precisión el monto de la pena.
Ello implica que ningún juez podría dictar una sentencia que dispusiese condenar al reo a una pena “que se ubique aproximadamente en el tercio de la escala prevista para el delito”. Ello implicaría dejar de juzgar so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley, actitud repudiada por el art. 15 del Código Civil, y penada por el art. 273 del Código Penal.
El juez debe ponerle a la condena guarismos exactos. ¿Cómo podrá hacerlo, si ya se ha demostrado que es imposible expresar conceptos en números?
Se han ensayado diversos sistemas.
Uno de ellos consiste en partir del término medio de la escala, y disminuir la cuantificación en base a los atenuantes, aumentándola en base a los agravantes. Se ha objetado a este sistema, y con razón, en primer término que no es lo que surge de la ley, y en segundo término que  tampoco agrega certeza a la determinación, pues el sistema no logra aclarar cuánto se suma y cuánto se resta en cada caso. Además, partir del punto medio de la escala implica –quiérase o no– un punto de partida arbitrario, que en la práctica agravaría la pena de quienes han cometido hechos menos graves, y atenuaría la de quienes los han cometido más graves.
Otro sistema posible, es partir del mínimo de la escala, y después ir sumando en presencia de las circunstancias agravantes, y restando en presencia de las atenuantes. Es otra solución aparente, pues tampoco aclara cuánto aumentar y cuánto disminuir en cada caso. Si el sistema anterior parecía demasiado severo, el actual parece demasiado benigno, sin razón alguna que lo justifique. El primero peca por exceso, y el segundo por defecto.
Ni un sistema ni el otro surgen de la ley. Por el contrario, ambos contravienen la disposición del art. 40, que manda fijar la pena de acuerdo con las circunstancias particulares a cada caso, y no aplicando fórmulas preestablecidas como las que quieren imponer los dos sistemas a que acabo de referirme.
¿Cómo debe proceder entonces el juez para fijar la pena en el caso concreto? Pues tendrá que ser coherente con las respuestas que él mismo ha dado a las distintas circunstancias agravantes y atenuantes que surgen del art. 41 del Código Penal. Otra solución no se advierte, y es en lo único que debe admitirse aquello de que “es justo y equitativo”. Pero con la aclaración de que esa justicia y esa equidad, podrán predicarse después de haber considerado prolijamente las circunstancias agravantes y atenuantes previstas por la ley, dentro de las particularidades de cada caso, pero no antes, ni mucho menos prescindir de su análisis.

*Juez de Cámara y Profesor de Derecho Procesal Penal

 
Constitucionalidad de la facultad del Fiscal para detener PDF Imprimir E-mail
Viernes, 12 de Febrero de 2010 22:12

EL FISCAL DE INSTRUCCIÓN Y LA CONSTITUCIONALIDAD DE SU FACULTAD PARA DETENER CONFORME AL ART. 344 del CPP

Marcelo Gutiérrez del Barrio
 
He intentado abordar el tema central efectuando un análisis integral de la jurisprudencia que hoy nutre nuestro tribunales, sin tener en cuenta las fechas en que se han sucedido, toda vez que considero que cada una de las resoluciones estudiadas contiene puntos relevantes que permiten concluir seriamente en la legalidad de la detención ordenada por el Fiscal de Instrucción. Así se consultaron entre otros el Dictamen de la Procuración General in re Oviedo Zárate; resolución de la Sexta Cámara del Crimen in re Sánchez Cáceres; resolución de la Segunda Cámara del Crimen in re Maya Rodríguez.-

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El Hábeas Corpus, la Ley 23.098 y la oralidad PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 10 de Febrero de 2010 02:20

 La Cámara de Apelaciones recomendó al Juez de Ejecución Penal, aplicar el procedimiento que establece el C.P.P. para los casos de reagravamiento de las condiciones en que se cumple la prisión dispuesta por órgano judicial competente, lo que nos parece una oportunidad para realizar reflexiones sobre el Estado de Derecho y la oralidad.

Última actualización el Miércoles, 10 de Febrero de 2010 14:42
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Estados intelectuales requeridos en el avance del proceso penal PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 06 de Enero de 2010 17:22

Alejandro Gullé*

I-El proceso penal se estructura sobre la base de diversos estados intelectuales de convicción por parte de quienes lo promueven y lo controlan. La ley ritual determina el horizonte de persuasión  exigible para la concreción de determinados actos procesales o el dictado de puntuales resoluciones en el transcurso del proceso penal.
Este sencillo trabajo tiene como propósito avanzar sobre aquellos niveles de convicción, estableciendo diferencias que, pese a no aparecer cla-ramente definidas en la ley adjetiva, tienen fundamento en la estructura escalonada y progresiva que exhibe nuestro procedimiento penal.
Adelanto que, dentro de esos estados anímicos, sin lugar a dudas, la problemática se nos presenta especialmente con la definición de los diferentes estadios que admite la “probabilidad”.

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