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Procesal Constitucional
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRISIÓN PREVENTIVA PDF Imprimir E-mail
Jueves, 30 de Diciembre de 2010 22:22

Alejandro Pérez Hualde

2009


I.- INTRODUCCIÓN.

El tema que abordaremos en este ensayo está hoy de moda, pues la inseguridad nos ha atacado a todos sin distinciones de clase social ni económica, ni ubicación territorial. Presenciamos las discusiones propias de la desesperación de quienes no encuentran una solución a un problema que los aqueja; hay quienes promueven el establecimiento de la pena de muerte, o el agravamiento de las penas, o la disminución de la edad de imputabilidad, etc.. todas respuestas propias de la desorientación y de la ignorancia de nuestra dirigencia.

Pero el tema que trataremos nos llevará a una propuesta de asunción de responsabilidad del Estado en el marco de la prisión preventiva que si bien no condice con el coro de reclamos de mayor rigor para con la delincuencia, la consideramos más necesaria que nunca.

La presión social que hoy se ejerce sobre los fiscales y jueces que intervienen en las primeras etapas del proceso penal, aquellas de las investigaciones realizadas al calor del dolor y del impacto mediático, cuando no de la exigencia popular expresada en marchas y cortes de calles, ha incrementado notablemente el margen de error en esos primeros pasos. La urgencia por calmar los reclamos lógicos que urgen respuesta, cualquiera, lo antes posible -si es inmediata mejor-, ha provocado un mayor riesgo de equivocación en la realización de medidas como el allanamiento de domicilio y la detención preventiva.

El accionar muchas veces precipitado por las urgencias que aludimos, ha llevado a cometer errores sustanciales en la imposición de la prisión preventiva. Muchas veces ordenada de un modo correcto en cuanto a los aspectos estrictamente reglados de la decisión pero equivocados en algunas ponderaciones de criterio que los funcionarios cometen en razón de aquellas presiones. Y es frecuente que esto ocurra en perjuicio de aquellas personas que por causa de su condición socio económica debe vivir en barrios y villas donde no solo quedan expuestos a ser víctimas de la delincuencia por sus vecinos, sino que, además, por proximidad de lugar y de trato, quedan sujetos a ser también víctimas de los errores naturales cometidos en las habituales persecuciones policiales que allí se desarrollan.

Esta situación nos ha llevado a considerar que es hoy, más que nunca, cuando hay que fortalecer una respuesta justa a esos numerosos casos en que alguien ha debido soportar la prisión preventiva, dictada con perfecto ajuste a la normativa legal que rige el instituto pero que, por cualquier causa, luego, no es condenada en ese proceso.

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La oralidad y la publicidad en el proceso penal PDF Imprimir E-mail
Lunes, 09 de Noviembre de 2009 15:39

José Virgilio Valerio y Darío Tagua


Nos proponemos como objetivo de este trabajo hacer un análisis de la realidad del sistema procesal penal de Mendoza, a fin de establecer no sólo la necesidad de introducir ese mandato en este sistema, sino también la conveniencia de ello, profundizándolo e implementándolo en las etapas en las que no lo está, haciendo así realidad, derechos y garantías fundamentales derivados del sistema acusatorio consagrado en nuestro ordenamiento jurídico argentino.-
 

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