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Defensa
Resolución 2656 de la OEA

AG/RES. 2656 (XLI-O/11)
GARANTÍAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICA: EL ROL DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)


(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011)


http://www.mpd.gov.ar
Fuente: Organización de Estados Americanos (http://www.oas.org)
Página del documento: http://www.oas.org/consejo/sp/AG/resoluciones-declaraciones.asp

Defensoría General de la Nación – www.mpd.gov.ar


AG/RES. 2656 (XLI-O/11)

GARANTÍAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICA: EL ROL DE LOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011)

LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO que de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y teniendo presentes todas las disposiciones aplicables del derecho internacional de los derechos humanos, dentro de sus respectivos ámbitos de aplicación, los derechos humanos y libertades fundamentales deben ser respetados, sin hacer distinción alguna;
RECORDANDO TAMBIÉN que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la obligación de los Estados Parte de dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto. El artículo 14 dispone que toda persona acusada de un delito tiene derecho a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, de este derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
DESTACANDO que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el articulo 8.2.e el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
AFIRMANDO el carácter universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos;
AFIRMANDO TAMBIÉN que los Estados Miembros tienen la obligación de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que son parte y en sus legislaciones internas, eliminando los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la defensa pública, de manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia;

CONSIDERANDO que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental es, asimismo, el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados, a la vez que subraya que el acceso a la justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino que se extiende a lo largo de todo el proceso, que debe sustanciarse de conformidad con los principios que sustentan el Estado de derecho, como el juicio justo y se prolonga hasta la ejecución de la sentencia;

TENIENDO PRESENTE:
La Observación General N.º 32 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo párrafo 9 establece que el acceso a la administración de justicia debe garantizarse efectivamente en todos los casos; y
Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, República Federativa del Brasil, 2008), destinadas a garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, a fin de que dichas personas puedan gozar plenamente de los servicios del sistema judicial; que promueven además la implementación de políticas públicas destinadas a garantizar la asistencia técnico-jurídica de las personas;
DESTACANDO la labor que desarrollan los defensores públicos oficiales en diversos países del Hemisferio en la defensa de los derechos fundamentales de los individuos, específicamente, los servicios de asistencia letrada gratuita que permiten el fácil y oportuno acceso de todas las personas a la justicia, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad;
TENIENDO EN CUENTA la importancia fundamental de que ese servicio goce de independencia y autonomía funcional; y
TOMANDO NOTA CON SUMA SATISFACCIÓN de la implementación de la figura del “Defensor Público Interamericano” y del Acuerdo de Entendimiento suscrito entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), para la designación de oficio de un defensor público y procurar el derecho de asistencia letrada gratuita a las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos, en la tramitación de los casos contenciosos que así lo requieran,

RESUELVE:
1. Afirmar que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental es, a la vez, el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados.
2. Apoyar el trabajo que vienen desarrollando los defensores públicos oficiales de los Estados del Hemisferio, el cual constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia.
3. Afirmar la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad.
4. Recomendar a los Estados Miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales gocen de independencia y autonomía funcional.
5. Alentar a los Estados que aún no cuenten con la institución de la defensa pública, que consideren la posibilidad de crearla en el marco de sus ordenamientos jurídicos.
6. Exhortar a los Estados a promover oportunidades de cooperación internacional para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la materia.
7. Alentar a los Estados y a los órganos del sistema interamericano a promover la celebración de convenios para la realización de capacitaciones y formación de los defensores públicos oficiales.
8. Respaldar la labor de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) en el fortalecimiento de la defensa pública en los Estados Miembros.
9. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.