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Sábado, 05 de Diciembre de 2009 00:00

Nuevo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

El 25 de noviembre asumió la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el Dr. Alejandro Pérez Hualde. El integrante más joven y el último en ser designado. Su formación y carácter nos habilitan a esperar no sólo un necesario proceso de cambio y modernización del servicio de justicia, sino que se inicie el imprescindible diálogo institucional interno para contribuir a definir con los otros Poderes la política judicial para las próximas décadas.
Nunca está demás recordar que en un sistema institucional como el nuestro, que tiene establecido como función judicial en la Constitución Nacional el control constitucional difuso, no le es aplicable al Poder Judicial la idea de simple administración de justicia, que le es extraña. En consecuencia, los cambios que se requieren hacen necesaria la intervención de los jueces, que sin distinción de jerarquía son Poder Judicial, ello sin perjuicio de que la cabeza sea la Suprema Corte.
Esta situación institucional no sólo es compatiable con la moderna idea de democracia extendida a todos los rincones del Estado y la sociedad, sino la única posible con la separación de poderes (poder constituyente, poderes constituidos; poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial; gobierno federal, provincias, municipios) y la máxima democratización del ejercicio del poder de control constitucional, ya que toda persona que se considere afectada está habilitada jurídicamente para plantear la inconstitucionalidad y todo juez al que se le reclama por la inconstitucionalidad tiene el poder de decidir.
Cuestión que por otra parte, no es extraña a las más modernas formas de organización o control de gestión, control de calidad o calidad total, ya que todas ellas tienen en común y como presupuesto la participación de los operadores del propio sistema en su elaboración, implementación, control y modificación o actualización.
En conclusión, es imprescindible que intitucional y técnicamente los decisores, en nuestro caso los judiciales, participen de los procesos que den respuestas a los reclamos que a diario la sociedad expresa. De esta forma también se deberá manifestar la responsabilidad social de los magistrados, no sólo cumpliendo con las formas rituales y resolviendo por los derechos, sino además administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución (art. 112 de la C.N.).
El Instituto de Altos Estudios, comprometido con la idea de democracia por vía de nuestra forma de gobierno, representativa republicana federal, cumple sus objetivos societarios, en un amplio espacio plural para el debate, la investigación, el estudio, la elaboración de propuestas, proyectos y capacitación y está siempre dispuesta a participar en todos los temas y emprender las acciones para concretar sus ideas.

Última actualización el Domingo, 10 de Enero de 2010 15:56