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Asociación de Magistrados

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Posición de la Asociación de Magistrados sobre el pedido de Jury a Jueces

 

Con relación a la Acción de Inconstitucionalidad por el aporte obligatorio a OSEP, que iniciaran un grupo de magistrados y funcionarios equiparados de la Corte, esta Asociación desea aclarar su posición.

La diferencia de opiniones es posible y saludable en toda democracia. Esto vale en consecuencia también a lo que debe entenderse por intangibilidad, su extensión, o la interpretación del Art. 151 de la Constitución de Mendoza o del Art. 110 de la Constitución Nacional. De ninguna manera puede permitirse poner en discusión, por lo tanto, el derecho a expresar la opinión o iniciar una acción judicial ante el Poder Judicial, cualquiera sea su contenido.

El Presidente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado recientemente, y en forma categórica, que nadie puede ser perseguido por lo que piensa o lo que dice, y en especial no puede serlo por el Estado.

Está fuera de toda discusión en nuestro Estado Constitucional de Derecho, que toda persona tiene pleno derecho de recurrir ante un tribunal competente, independiente e imparcial para ser oído por vía de acción o defensa, a fin de que eventualmente se determinen sus derechos y obligaciones sea en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro. Así lo establecen expresamente el art. 8. 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14. 1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ambos con jerarquía constitucional.

Negar u obstaculizar de cualquier manera este derecho, por lo tanto, no sólo puede significar la violación de Derechos Humanos constitucionalmente reconocidos, sino habilitar también la intervención de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exponiendo a nuestro país, una vez más, a sufrir sanciones. Por lo tanto el ejercicio legal de un derecho reconocido por nuestra Constitución Nacional, y protegido internacionalmente, no puede nunca entenderse comprendido en alguna de las causales para iniciar o someter a un magistrado a Jury de Enjuiciamiento, o incluso aplicar sanciones por parte de un Tribunal Superior.

Esto así, entendemos necesario advertir sobre la inconstitucionalidad de la pretensión de iniciar un Jury de Enjuiciamiento con tales fundamentos, además de constituir una acción indirecta de presión que afecta la independencia de los jueces y del Poder Judicial, con desconocimiento de los principios fundamentales que informan el sistema democrático.

Comisión Directiva- Asociación de Magistrados