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Back Ediciones Edición Nº3 Editorial septiembre de 2012

Editorial septiembre de 2012

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Estimados amigos y colegas, nos encontramos con la nueva entrega correspondiente al mes de setiembre de 2012, siempre con la intención de mantenernos en contacto y actualizados en todo lo que atañe al mundo del derecho penal.

En esta oportunidad les hacemos llegar el Dictamen efectuado por Víctor Enrique Ibañez Rosaz exclusivamente respecto de la facultad constitucional que posee la provincia de Mendoza para dictar un código de ejecución penal en razón de la “Ley Petri”, próxima a ser sancionada en nuestra provincia, sin entrar en el análisis del contenido de la misma.

El autor cuenta con el reconocimiento de la comunidad académica de Mendoza, siendo Doctorando en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, Profesor de posgrado de la Maestría en Historia de las ideas políticas argentinas (F.F.yL.) y en el Curso permanente de Posgrado en Derecho Público (F.D) Universidad Nacional de Cuyo, Profesor Adjunto por Concurso de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Profesor Adjunto de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, Profesor Adjunto de la Cátedra de Derecho Público I (Constitucional) de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad del Aconcagua, Miembro Titular y Vice Director del "Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos", Vicepresidente del H. Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza y Miembro de la "Asociación Argentina de Derecho Constitucional" y socio activo de nuestro Instituto. Es interesante el análisis constitucional que realiza este honorable doctorando puesto que su estudio se basa analizando la Constitución Nacional y Provincial, legislación de fondo y el pensamiento de importantes doctrinarios.

Asimismo podrán apreciar un detallado análisis por parte del Dr. Víctor Corvalán a las pretendidas reformas del Código Procesal Penal de Mendoza que ha iniciado el Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Comparado. Es importante destacar que, el examen  de Corvalán no es desde el estudio de nuestro actual ordenamiento procesal y la posibilidad de su reforma, sino que el punto de partida para su estudio comparativo lo hace desde un sistema acusatorio adversarial de tipo ideal. El Dr. Corvalán es miembro del Comité Consultivo del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) y un reconocido estudioso y crítico del derecho procesal penal. Desde este año este es miembro integrante de nuestro Instituto haciendo aportes de gran interés.

Se adjunta en esta oportunidad la Resolución  N° 2656 de la Organización de Estados Americanos respecto a las Defensorías Oficiales, aprobada el 07 de junio del año 2011. Esta pieza es de fundamental importancia puesto que no sólo destaca la relevancia del acceso a la justicia por parte del imputado, sino que destaca la gratuidad del servicio, su independencia y autonomía funcional.

Finalmente, podrán acceder a un trabajo realizado por el Dr. Gianni Venier a raíz de una experiencia personal suscitada en la Primera Circunscripción. El autor cuenta que interviene en una causa como querellante particular pretendiendo ser igualmente el abogado patrocinante, lo que fue rechazado por el Ministerio Fiscal. Fundó su postura en el Código Procesal Penal de Córdoba, Código Procesal Civil de Mendoza y la Constitución Nacional. Con estos argumentos llegó la causa al Juzgado de Garantías interviniente. No les adelantaremos el resultado de la disputa, manteniendo el suspenso para que se alienten a leer el artículo.

Sigue abierta la invitación a todos aquellos que estén interesados en participar de esta Revista, ya sea entregando artículos doctrinales, comentarios a fallos jurisprudenciales, etc., como también en la promoción de libros, congresos y cualquier otra actividad de interés jurídico penal.

 

Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal

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