Revista

 

 

 

 

Fri06222018

Ultima Actualizacion04:25:09 AM GMT

Back Ediciones Edición Nº3 ANALISIS DE LAS REFORMAS...

ANALISIS DE LAS REFORMAS...

  • PDF

Dr. Victor R. Corvalán

1

ANALISIS  DE  LAS  REFORMAS  QUE  SE  PRETENDEN  INTRODUCIR  EN
EL  SISTEMA  PROCEDIMENTAL  PENAL  DE  LA  PROVINCIA  DE
MENDOZA  ELABORADAS  POR  EL  INSTITUTO  DE  ALTOS  ESTUDIOS
DE DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL COMPARADO.

 

1. Aclaraciones previas.
La  elaboración  de  reformas  a  un  código  de  procedimientos  penales,  no  es
tarea  sencilla,  sobre  todo  cuando  no  hay  acuerdos  previos  referidos  a  los
principios de los que se parte para su producción. El objetivo del intelectual
que  se  dedique  a  trabajar  los  textos  proyectando  futuras  normas,  debe  ser
siempre la exigencia de coherencia en todo el sistema que se concluya. Lo
peor  que  puede  ocurrir  es  el  descubrimiento  de  normas  que  contradicen
determinado espíritu o principio declamado.
Con  gran  satisfacción  quienes  nos  dedicamos  al  estudio  del  derecho
procesal  penal,  observamos  hace  tiempo  las  inquietudes  que  Mendoza
presenta  para  reformar  o  mejor,  terminar  de  reformar  su  sistema
procedimental  en  lo  penal.  Actualmente  las  noticias  sobre  la  futura
implementación  del  juicio  por  jurados,  nos  entusiasman  al  ver  que  otra
provincia  puede  sumarse  a  Córdoba  y  Chubut  en  ver  cumplida  la  manda
constitucional que lo reclama para la Nación.  
La mirada crítica que me he permitido desplegar sobre algunos aspectos de
los  proyectos  para  reformar  el  sistema,  no  pretende  otro  objetivo  que
contribuir al debate que necesariamente se debe producir, a diferencia de lo
que  ocurría  antiguamente  donde  los  códigos  se  aprobaban  a  libro  cerrado.
Lo  hago  desde  mi  lugar  académico  como  docente  de  la  materia  procesal
penal  en  la  Universidad  Nacional  de  Rosario,  pero  también  con  toda  mi
experiencia recogida en la ardua tarea de sacar a Santa Fe del lamentable
lugar que ocupa en el concierto de sistemas inquisitoriales, llegando a ser el
único  lugar  en  Latinoamérica  donde  a  las  personas  se  las  juzga  por  el
método escriturista del expediente. Así he tenido el honor de participar junto
a otros juristas en la redacción del proyecto que se elabora en 1992 y que si
bien  nunca  llegó  a  concretarse  en  un  código,  fue  tomado  de  base  para  la
actual  ley  provincial  12.734,  que  esperemos  en  un  tiempo  más  o  menos
razonable entre a regir en nuestra Santa Fe. A ello se suma mi experiencia
profesional de más de treinta años, como abogado litigante exclusivamente
en la materia penal, lo que me permite tener una mirada sumamente crítica
respecto  a  la  corporación  judicial.  En  general,  ha sido  el  Poder  Judicial,  el  
gran responsable de que no se modificaran los procedimientos penales para
adecuarlos  a  la  Constitución  Nacional,  como  se  encargan  de  reconocer
expresamente  los  Sres.  Ministros  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la
Nación en el fallo Casal. La resistencia a perder el poder que le obsequiaba
Dr. Victor R. Corvalán

2

la inquisición, lleva a muchos jueces a utilizar concientes o inconcientemente
diferentes actitudes, para impedir que se concrete la instalación del sistema
acusatorio.  A  ello  se  suma,  en  general  porque  no  creo  que  Mendoza  se
aparte  a  este  diagnóstico,  una  clase  política  demasiado  sumisa  frente  al
poder  judicial,  que  no  se  anima  a  dar  pasos  de  reformas  sin  contar  con  el
beneplácito de quienes viven inmersos en el sistema que hay que cambiar.
Ello  torna  complicada  la  tarea,  sobre  todo  cuando  hemos  sido  criados  en
ambientes  inquisitoriales,  donde  desde  el  caudillismo  que  concentra  poder
autoritariamente,  hasta  la  sobrevaloración  de  la  figura  del  juez  en  quien  se
puede confiar ciegamente, pasando por la absurda creencia de que nuestros
males  se  solucionan  cambiando  la  ley,  generan  un  ambiente  social
mediatizado, que todavía sigue manifestando su “fe en la justicia” y pidiendo
a  los  Magistrados  que  investiguen  para  terminar  con  la  impunidad  y  la
inseguridad.  Frente  a  esos  discursos,  tenemos  que  explicar  que  los  jueces
son  seres  humanos,  tan  políticos  como  los  diputados  o  senadores,  con  la
diferencia que no son electos directamente, sino que pasan por procesos de
selección  donde  el  primer  requisito  es  ser  abogado.  Que  la  ley  no  es
responsable  de  lo  que  nos  sucede,  y  en  todo  caso,  es  mucho  más
importante  la  política  educativa  y  la  creación  de  escuelas,  antes  que  la
política criminal y las cárceles.  
Tenemos  que  reivindicar  la  figura  de  los  Fiscales, que  todavía  no  entiendo
porqué en muchas provincias no se agremian separándose de los Colegios
de Magistrados, no reclaman ganar por lo menos igual que los jueces, y no
ejercen  el  protagonismo  que  se  espera  tengan  en  la investigación  y
juzgamiento de los delitos.
Tenemos  que  generar  abogados  comprometidos  con  el  sistema acusatorio,
que no toleren las violaciones constitucionales, dispuestos a llevar los casos
hasta las últimas consecuencias para conseguir fallos, como Quiroga, Casal,
Benítez  y  recientemente  Kang,  fallados  por  la  CSJN,  para  reconocer  la
imparcialidad de los jueces, el debido proceso, la inviolabilidad de la defensa
y el non bis in idem, respectivamente.
De ello se trata, de luchar por mejorar nuestras instituciones, cada uno en el
ámbito que le toca, y sobre todo los universitarios devolviendo con nuestros
conocimientos la reivindicación de que todo el derecho tiene sentido si se lo
pone al servicio del hombre.
Felicito  a  los  miembros  del  Instituto  de  Altos  Estudios  de  derecho  penal  y
derecho procesal penal, comparado, por los aportes que han efectuado y les
agradezco  la  oportunidad  de  haberme  permitido  mirar  algunas  cuestiones
que  paso  a  considerar,  con  la  expectativa  de  que  en  algún  momento
podamos  juntarnos  a  producir  un  debate  oral,  para  ser  consecuente  con  la
mejor herramienta que tenemos para comunicarnos.
Dr. Victor R. Corvalán

3

2. Principales reformas que se proyectan.
2.1. Aumento de oralidad para que exista más publicidad.   
Si  bien  la  oralidad  no  es  patrimonio  del  modelo  acusatorio,  como  algunos
autores  lo  han  proclamado  en  su  momento,  ya  que  desde  siempre  hubo
inquisiciones  que  tramitaron  oralmente,  lo  interesante  de  la  utilización  de
esta  regla  procesal,  es  que  permite  la  publicidad, entendida  esta  como  un
principio  que  lo  exige  la  República,  antes  que  el  procedimiento.  Toda
reforma  que  aumente  la  utilización  de  la  oralidad  debe  ser  bienvenida,
porque  ello  supone  mayor  transparencia  en  el  ejercicio  del  poder,  más
posibilidades  de  que el  pueblo  acceda al  conocimiento  del  modo  de  operar
de los funcionarios y magistrados judiciales.  
Al  mismo  tiempo  quitarle  importancia  trascendental al  acta,  supone  darle
relevancia  a  la  palabra  oralizada,  lo  que  naturalmente  mejora  las
comunicaciones interpersonales y desburocratiza la actividad procedimental.
La cultura del expediente, debe ser definitivamente cambiada por la cultura
de  la  audiencia  oral,  la  que  obviamente  deberá  ser convenientemente
grabada  y  filmada,  con  la  posibilidad  de  que  las  partes  puedan  acceder  a
una  copia  de  tal  moderna  documentación  apenas  concluido  el  acto  de  que
se trate.  Sin perjuicio de que la decisión judicial pueda ser conocida también
en  forma  oral,  parece  conveniente  que  luego  figure en  un  registro  escrito,
para mayor seguridad de que responsablemente esa es la decisión adoptada
por el tribunal. Por supuesto, que esa formalidad escrita de ninguna manera
es “ad solemnitaten” sino “ad probationen”. Hay actos procesales que por su
trascendencia  deben  seguir  quedando  documentados  en  el  papel,  como
regla  general,  tal  como  ocurre  con  la  acusación  y  la  resolución  judicial  que
incluye la sentencia.  

2.2. Más criterios de oportunidad:
Mendoza  ha  sido  pionera  en  la  instalación  de  los  criterios  de  oportunidad
reglados normativamente, para el ejercicio de la acción penal. La necesidad
de  aumentar  hipótesis  de  procedencia,  muestra  a  las  claras  que  la  ley  no
puede  contemplar  todos  los  casos  que  en  la  práctica  social,  hagan
aconsejable que los fiscales no persigan penalmente.
En  realidad,  estos  criterios  de  oportunidad  reglados,  es  la  concesión  que
alguna vez se dio por parte de sectores que se rehusaban a aceptar dejar de
lado  la  ciega  legalidad  en  el  ejercicio  de  la  acción.  La  desconfianza  en  el
Ministerio  Fiscal  hizo  que  se  lo  limitara  en  su  accionar  con  estos  criterios
fijados en las normas. La verdadera oportunidad para decidir el ejercicio de
la  acción  penal,  su  mantenimiento  o  en  su  caso  el  desistimiento  de  la
Dr. Victor R. Corvalán

4

persecución,  deben  formar  parte  de  decisiones  a  adoptar  por  la  política
criminal  cuyos  grandes  lineamientos  no  casuísticos,  le  fije  el  Poder
Legislativo  provincial  para  que  adopte  el  Ministerio  Público  Fiscal  de  la
provincia.  Pero  permitiendo  que  tenga  la  suficiente  amplitud  para  fijar
criterios  generales,  de  modo  que  en  cada  caso  concreto,  se  decida  la
conveniencia  de  perseguir  o  no  al  imputado.  Esta  decisión  no  puede  ser
captada neutralmente por el legislador, sino que aparece como necesidad en
el  caso  concreto.  Por  lo  tanto,  a  nuestro  criterio no  deberían  figurar  en  los
códigos  procesales  penales,  sino  en  leyes  especiales  que  regulen  el
funcionamiento  del  Ministerio  Público  Fiscal,  con  esa  salvedad  de  señalar
pautas  generales  y  abstractas  que permitan luego  incluir  la  mayor  cantidad
de casos que aparezcan en la realidad de la actuación del órgano acusador.

2.3. El sobreseimiento pedido por el Fiscal:
La  circunstancia  de  que  el  sobreseimiento sea  una  resolución  jurisdiccional
cuya  trascendencia  aparece  al  adquirir  autoridad  de  cosa  juzgada  y  cerrar
definitivamente  la  posibilidad  de  una  nueva  persecución  penal,  obliga  a
analizar  en  profundidad  su  funcionamiento.  Sobre  todo  distinguiendo  su
procedencia  en  los  modelos  inquisitoriales,  donde  incluso  se  decidían
oficiosamente por los jueces, lo que resulta inadmisible en el acusatorio.    
Pero además, en el modelo acusatorio no parece concebible que el Fiscal le
solicite al Juez el sobreseimiento del imputado.  
Si se autoriza al Fiscal a peticionar el sobreseimiento, obviamente la defensa
del imputado, va a estar de acuerdo, por lo que el Juez estaría “resolviendo”
donde nada hay para resolver, al faltar la contradicción. Sería una actuación
no jurisdiccional, ya que en rigor la jurisdicción siempre es la aplicación del
derecho para resolver conflictos que las partes le plantean al juez.     
En  consecuencia,  no  parece  correcto  que  el  Fiscal  de  Mendoza,  como
consecuencia de que ha decidido la aplicación de un criterio de oportunidad
o  por  cualquier  otra  razón  que  le  hagan  aconsejable  no  llevarlo  a  juicio  al
imputado, incluida la propia certeza de prescripción, falta de tipicidad o falta
de  autoría,  así  como  de  la  presencia  de  causales  de  justificación,
inculpabilidad  o  inimputabilidad,  de  por  terminada  su  labor  pidiendo  su
sobreseimiento.  En  estos  casos,  lo  aconsejable  es  que  los  Fiscales
dispongan  en  su  sede  (obviamente  no  jurisdiccional)  un  archivo  con  todos
los fundamentos que expliquen su decisión desincriminante. Ese archivo, no
causa cosa juzgada y en principio no puede revocarse mientras la situación
que motivara su dictado permanezca igual (rebus sic stantibus).  
Dr. Victor R. Corvalán

5

Por  regla  general,  el  sobreseimiento  debe  ser  una  resolución  jurisdiccional
que  opere  en  la  etapa  previa  al  juicio  o  sea  durante  la  investigación  penal
preparatoria,  y  solamente  es  pensable,  en  la  contradicción  que  pueda
plantear la defensa a la actividad incriminante del Fiscal. Preferentemente tal
situación se va a plantear en las audiencias de la etapa intermedia.  
En  definitiva,  los  Fiscales  del  modelo  adversarial,  decididos  a  investigar  un
caso,  porque  para  ellos  tienen  apariencia  delictiva,  concluyen  su  tarea  con
dos  alternativas:  a)  la  acusación  porque  consideran  que  son  capaces  de
demostrar en un juicio con grado de certeza que el hecho existió, constituye
delito y el acusado lo cometió mereciendo una pena; y b) el archivo, porque
luego  de  investigar  convenientemente  llega  a  la  conclusión  de  que  no
corresponde  formular  acusación,  sea  porque  aplica  un  criterio  de
oportunidad,  porque  tiene  certeza  de  que  se  prescribió  su  pretensión,  el
hecho  no  existió,  no  es  delito  o  no  lo  cometió  el  imputado  o  median  las
mencionadas  causales  excepcionales  para  no  poder  condenar,  o  concluye
en que no podrá demostrar en el juicio con el grado de certeza que exige la
petición  de una  condena, por  carecer  de  suficientes elementos  probatorios.
La  otra  forma  de  concluir  la  investigación  sin  el  juicio,  es  el  acuerdo
abreviado,  que  supone  la  viabilidad  de  la  primera  posibilidad,  tema  que
abordaremos luego.
El  error  más  grave  lo  constituye  permitir  la  creación  de  causales  de
impunidad  que  alterando  el  régimen  del  código  penal  para  la  prescripción
autoriza  a  que  los  fiscales  soliciten  el  sobreseimiento,  por  el  mero
vencimiento del plazo instructorio. Es que según el proyecto lo pueden hacer
cuando  considerando  agotada  la  investigación  o  vencido  el  término  y  sus
prórrogas,  no  hubiere  suficiente  fundamento  para  elevar  la  causa  a  juicio  y
no  fuere  razonable,  objetivamente  prever  la  incorporación  de  nuevas
pruebas  (art.  nuevo  art.  353  inc.  5).  Para  la  concepción  del  modelo
acusatorio,  la  investigación  penal  preparatorio,  en  realidad  no  tiene  porqué
tener  plazo  de  duración.  Tiene  que  durar  el  tiempo que  le  lleve  al  Fiscal
conseguir  las  pruebas  que  le  permitan  abrir  un  juicio.  Obviamente  que  si
debe  tener  plazo  y  muy  corto,  la  duración  de  la  aplicación  del
encarcelamiento  preventivo.  Pero  la  investigación  debe  durar  mientras  la
acción  no  se  prescriba  o  en  su  defecto  archivarla, pero  sobreseer  significa
generar  en  Mendoza  y  sólo  para  Mendoza  una  suerte  de  prescripción  más
corta,  con  lo  que  se  benefician  aquellos  culpables que  son  investigados
respecto  de  los  que  nunca  se  les  abrió  una  causa.  Apenas  una  persona
resulta  imputado,  con  este  dispositivo  le  comenzaría  a  correr  un  incierto
plazo  para  terminar  beneficiado  con  un  sobreseimiento,  quitando  toda
posibilidad  de  que  en  el  futuro  se  consigan  pruebas  para  llevarlo  a  juicio,
siempre  y  cuando  no  mediara  la  prescripción.  Pensemos  en  un  caso  de
homicidio,  donde  si  bien  hay  algunos  indicios  que  hacen  sospechar  de
Dr. Victor R. Corvalán

6

alguien,  no  alcanza  para  fundar  una  citación  a  juicio,  por  lo  que  con  este
dispositivo  resultaría  sobreseído,  en  un  plazo  mucho  más  breve  que  la
prescripción  de  la  acción.  Similares  críticas  se  pueden  hacer  para  otros
incisos  del  mismo  artículo  que  aluden  a  situaciones  donde  el  propio  Fiscal
reconoce que no quiere acusar.  

2.4. La requisitoria de citación a juicio:
Sabido es que el juicio significa en el modelo acusatorio, lo esencial, la etapa
fundamental,  a  la  que  se  arriba  a  partir  de  que  el  órgano  acusador  ha
investigado  y  ha  conseguido  elementos  que  le  van  a permitir  confirmar  su
idea respecto de la necesidad del debate para la producción de su prueba a
fin  de  conseguir  la  condena  que  reclama.  Los  juicios  se  comienzan  para
condenar, siendo la absolución la consecuencia del fracaso probatorio, más
allá de que ello sea atribuible o no al actor.
En  la  idea  de  tratar  de  evitar  absoluciones  que  muestran  actuaciones  de
Fiscales  demasiado  irresponsables,  en  cuanto  a  la  procedencia  de  la
citación a juicio el proyecto pretende ser más exigente.
Sin  embargo,  no  parece  suficiente  elevar  el  requisito  actual,  para  que  no
sean  sólo  elementos  de  convicción  suficientes  sino la  seria  posibilidad  de
que en la causa va a recaer una condena. Así como lo haría un querellante
privado  en  aquellos  delitos  donde  el  Fiscal  no  interviene,  el  acusador  debe
afirmar responsablemente porqué quiere la citación a juicio.
Para  que  esta  pieza  esencial  del  sistema  acusatorio  pueda  permitir  la
apertura  de  un  juicio,  su  autor  debe  estar  en  condiciones  de  afirmar  que
tiene  certeza  de  la  existencia  del  hecho,  de  su  tipicidad  y  de  la  autoría  y
responsabilidad  penal  del  acusado,  contra  quien  pide  la  aplicación  de  la
pena.
En el modelo inquisitivo como la instrucción era lo fundamental y el juicio era
un  mero  trámite,  muchas  veces  se  toleraba  su  apertura  como  una
continuidad  de  aquella  etapa  original.  Así  era  posible  que  los  Fiscales
pidieran  el  juicio,  bastando  que  afirmaran  la  probabilidad  o  tener  serias
posibilidades  de  que  van  a  conseguir  la  condena,  porque  en  definitiva  la
investigación  de  alguna  manera  se  prolongaba,  sea  con  la  instrucción
complementaria  antes  de  la  audiencia,  con  las  facultades  oficiosas  de  los
jueces  que  incluso  llegaban  a  autorizar  la  reapertura  de  los  debates.    Los
códigos inquisitivos hechos al servicio del poder de los jueces, los obligaban
a  los  fiscales  a  pedir  la  citación  a  juicio,  sin  demasiados  recaudos,  porque
ello les permitiría ejercer todas sus amplias facultades sin limitaciones. En el
acusatorio  la  situación  es  completamente  distinta. La  gran  responsabilidad
Dr. Victor R. Corvalán

7

de  la  apertura  del  juicio  la  tiene  el  fiscal,  pero no  para  ver  que  pasa  en  el
debate,  no  para  que  se  descubra  la  verdad  en  el  plenario,  sino  para
confirmar su certeza adquirida en la etapa preparatoria. Para demostrarle al
tribunal, en que basa su certeza ya conseguida. De modo que si el objetivo
es evitar los fracasos del Fiscal, la ley debe autorizarlo a no pedir citaciones
a  juicios,  si  no  parte  de  la  convicción  certera  de que  corresponderá  la
condena.  
La  otra  herramienta  del  modelo  acusatorio,  que  pretende  evitar  tantas
absoluciones  al  final  de  los  juicios,  se  encuentra en  una  responsable
aplicación  de  las  costas  al  Ministerio  Público  Fiscal,  con  posibilidad  de
repetición a los funcionarios que no cumplan adecuadamente sus funciones,
citando a juicio a imputados contra los que no tienen pruebas que permitan
fundar con certeza una condena.
En otro tema pero muy vinculado a éste, es muy buena la iniciativa de que la
requisitoria  contenga  el  ofrecimiento de pruebas en  que  se funda  el  pedido
de  citación  a  juicio.  Debería  exigirse  que  también  precise  la  pena
individualizada en su especie y monto, para que realmente pueda existir un
debate al respecto.
Además,  está  muy  bien  eliminar  el  auto  de  elevación  a  juicio,  donde  en
definitiva solamente si había un planteo de oposición de parte de la defensa
era justificable una resolución jurisdiccional, de lo contrario no tiene sentido
que un Juez intervenga.

2.5.  En  relación  a  los  jueces  del  modelo  acusatorio  que  se  trata  de
consolidar:
Para  colaborar  con  una  cuestión  de  estilo,  no  corresponde  consignar  como
ocurre en el proyectado art. 146 bis, “el juez o tribunal”. Basta con referir a
éste último y es suficiente para aludir al órgano jurisdiccional, que a su hora
podrá  ser  unipersonal,  es  decir  de  un  solo  juez,  o colegiado  o  sea
pluripersonal,  con  varios  jueces.  Esta  referencia  se  encuentra  en  varias
normas  que  pareciera  dar  a  entender  que  siempre  el tribunal  es  plural,
cuando como sabemos no hay relación con el número.
En cuanto a las discrepancias entre Fiscal y Juez, si se elimina la posibilidad
de  que  el  actor  pida  el  sobreseimiento  desaparecería  la  eventual
discrepancia con el órgano jurisdiccional.   
Resulta  insostenible  desde  el  modelo  acusatorio,  que  los  jueces  de  oficio
decidan  dictar  un  sobreseimiento,  aunque  se  funde  en  una  evidente
inimputabilidad o incluso en la prescripción de la acción no advertida por las
partes.  En  todo  caso,  será  evidente  que  el  defensor  no  defiende
Dr. Victor R. Corvalán

8

correctamente  y  deberá  reemplazarlo,  si  el  tribunal  advierte  que  no  cumple
con sus funciones adecuadamente. Ello ocurre a diario en los tribunales más
acusatorios  del  mundo,  porque  no  meterse  con  la  prueba,  no  meterse  a
cumplir  tareas  de  las  partes,  no  significa  hacer  un  papelón  tolerando  la
indefensión de un imputado.
También  deberían  eliminar  la  posibilidad  de  que  los  jueces  examinen  la
aplicación  de  criterios  de  oportunidad  que  formule el  fiscal.  En  realidad,  la
competencia  de  los  jueces  penales,  cualquiera  sea  su  función  debe
normativamente  limitarse  y  la  ley  expresar  que  solo  deben  ocuparse  de
resolver  las  peticiones  de  las  partes.  No  le  corresponde  al  juez  del  modelo
acusatorio examinar si es correcta la decisión del Fiscal aplicando un criterio
de oportunidad, cuando ello obedece a instrucciones internas del Ministerio
Público, en función de la política criminal que consideran adecuada. Aún no
compartiendo la decisión, los jueces deben abstenerse de opinar, ya que es
exclusivamente  responsabilidad  de  los  fiscales  decidir  si  acusan  o  no  lo
hacen. Corresponde aceptar de una vez por todas, que en el nuevo modelo
el  ejercicio  del  poder  penal  les  corresponde  a  los Fiscales,  y  los  jueces
operan  como  terceros  frente  a  las  discrepancias  que  las  partes  pudieran
plantear. Si un Juez puede enmendarle la plan al Fiscal, es porque asume el
ejercicio de la acción penal, cosa que remite al inquisitivo.
Insistimos  en  que  el  control  que  los  jueces  deben  realizar,  siempre  en  el
modelo  acusatorio,  refiere  a  asegurar  el  cumplimiento  de  las  garantías
constitucionales,  por  ejemplo  a  la  inviolabilidad  de  la  defensa  en  juicio,  de
modo  que  frente  a  una  situación  de  indefensión  deben  actuar  para  que  el
imputado  no  quede perjudicado.  Pero  ello  se  limita a  convocar  al abogado,
hacerle  el  pertinente  reproche  y  llegado  el  caso,  comprobada  la  falta,
separarlo del cargo, invitando al imputado a que designe otro o en su caso
nombrando al defensor público. Permanentemente los jueces del acusatorio
deben  velar  por  la  igualdad  de  armas  de  las  partes,  pero  no  reemplazar  la
actividad  de  alguna  de  ellas,  sino  disponiendo  lo  pertinente  para  que  el
equilibrio se mantenga. De lo contrario perderían su lugar de tercero, que es
el que asegura su imparcialidad.
En cuanto a la organización de la competencia penal, somos partidarios de
la  colegiación  de  todos  los  magistrados  de  la  provincia,  eliminando  los
juzgados,  que  respondiendo  a  las  ideas  inquisitoriales  constituían
verdaderos  bastiones  donde  el  poder  se  ejercía  incluso  sobre  muebles  y
personas.  Modernamente  la  organización  de  los  jueces  debe  ser  lo  más
horizontal  que  se  consiga  posible,  organizándose  en  colegios  que  se
otorguen  sus  propias  autoridades  democráticamente  elegidas.  Un
Magistrado debe pertenecer al colegio de jueces de Mendoza o a lo sumo si
la  provincia  se  divide  en  circunscripciones,  en  cada  una  de  ellas  organizar
uno.  De  modo  que  la  división  de  trabajo  sea  un  tema  que  ellos  mismos
Dr. Victor R. Corvalán

9

resuelvan  en  sus  reuniones  asamblearias,  dictándose  las  normas que  ellos
consideren  suficientes  para  regular  sus  actividades.  Ello  permite  una
dinámica  funcional,  que  con  la  legislación  resulta imposible  pensar.  Por  lo
que  no  somos  partidarios  de  toda  la  normativa  que  intenta  regular  en
detalles cómo organizar los tribunales.
El  proyecto  debe  poner  más  énfasis  en  que  el  trabajo  de  los  jueces  debe
limitarse exclusivamente a todo lo relacionado con lo jurisdiccional, es decir,
con  la  aplicación  del  derecho  en  los  casos  que  tenga  que  resolver,
eliminando toda otra tarea ajena a ello.  
Si  bien  se  proyectan  oficinas  de  gestión  judicial, debería  especificarse  que
ellas  no  deben  tener  prioritariamente  una  conducción  jurídica.  Es  decir,  no
deben  tener  demasiados  abogados  para  su  organización.  Para  todo  lo
relacionado  con  la  organización  del  procedimiento, fijación  de  audiencias,
notificaciones,  tareas  administrativas,  video-grabaciones,  oficios,  exhortos,
licencias del personal, distribución de los mismos, ascensos, nombramientos
y cuantas actividades sean necesarias cumplir en un tribunal, las oficinas de
gestión,  deben  estar  a  cargo  de  funcionarios  especializados  en  la
administración  o  en  la  ingeniería  industrial,  para atender  con  eficacia  el
cúmulo  de  tareas  que  demanda  el  funcionamiento  judicial.  El  título  de
abogado  no  garantiza  la  pertinente  incumbencia  en  la  organización  del
trabajo de las oficinas judiciales. Estas oficinas debe organizar las agendas,
disponiendo quienes serán los jueces que atiendan las audiencias, con una
dinámica que permitirá evitar las situaciones de poder que hoy se plantean
en  las  rígidas  salas  o  tribunales  colegiados  con  magistrados  previamente
designados.  Debe quedar claro en la ley orgánica que los directores de las
oficinas  de  gestión,  son  como  gerentes  de  una  compañía  y  salvo  en  lo
relativo  a  las  resoluciones  y  sentencias,  deciden  todo  lo  relacionado  con  el
trabajo de los jueces.  Carece de sentido que los jueces manden sobre esa
oficina,  porque  no  les  corresponde  y  le  van  a  imponer  las  medidas  que
atiendan  sus  intereses  personales,  desnaturalizando  la  función  que  se
espera  de  ella.  Por  todo  ello,  propiciamos  que  el  Director  de  la  Oficina  de
Gestión  Judicial,  con  una  jerarquía  salarial  superior  a  los  jueces,  debería
depender directamente de la Corte Suprema de Justicia.
Por  otra parte,  carece  de  sentido  la  llamada  competencia  correccional,  que
siempre  hemos  criticado,  ya  que  si  por  competencia entendemos  esa
idoneidad que la ley presume existe en la especialización del juez, no puede
limitarse por el monto de la pena atribuible al delito de que se trate.
Las  oficinas  de  gestión  judicial,  en  función  de  las  necesidades  locales,
deberán  decidir  qué  juez  se  ocupa  de  las  cuestiones  a  resolver  en  la
investigación penal preparatoria y que juez se ocupa de los juicios. En todo
caso,  la  propia  asamblea  de  Jueces  puede  decidir  que  durante  un  tiempo,
Dr. Victor R. Corvalán

10

haya miembros que por especialidad y experiencia sean más eficaces en los
delitos  culposos. Siempre  la  rotación  evita  la  desgastante  rutina  de  un  juez
que durante muchos años cumple la misma tarea.
La  creación  del  Tribunal  Oral  Penal,  en  su  denominación  contiene  un  error
conceptual, existente en el ámbito federal, ya que como sabemos la oralidad
es una regla del procedimiento, no un modo de identificar a un tribunal. Su
alternativa sería el Tribunal Escrito Penal, y ello demuestra lo absurdo de tal
nomenclador.
El  proyecto  si  bien  parece  seguir  los  lineamientos del  colegio  de  jueces,
como así  se  llama  en  otros  ámbitos, a  la  reunión de  todos  los magistrados
para  organizar  su  trabajo,  no  termina  eliminando  los  juzgados  y  las
Cámaras.  
El  modelo  acusatorio  reclama  eliminar  los  juzgados y  las  cámaras  y  sus
salas,  que  como  entes  ficcionales  se  mantienen  más allá  de  las  personas
que ocupan los cargos de jueces, para provocar una organización horizontal.   
Reconociendo  el  derecho  de  los  condenados  al  recurso  (doble  conforme),
aparece la exigencia de que existan dos niveles de colegios de jueces. Uno
para la primera instancia y otro para intervenir en los recursos. Como no se
desea  recargar  a  los Superiores Tribunales  o  Cortes  Supremas, con  temas
ordinarios  que  en  realidad  no  siempre  se  vinculan  con  cuestiones
constitucionales, se hace preciso prever un colegio de jueces revisores, con
más  jerarquía  institucional  que  los  otros,  para  que  constituya  el  tribunal
superior al que alude el derecho a la doble instancia. En la medida en que se
acote  el  derecho  a  la  apelación  exclusivamente  al  condenado  y  jamás  al
Fiscal  o  al  querellante,  porque ello  supone una  clara  violación al non bis  in
idem,  no  será  necesario  pensar  en  una  gran  organización  judicial  de
segunda  instancia,  sino  por  el  contrario  con  un  solo  Colegio  que  concentre
todos  los  recursos  con  una  mínima  cantidad  de  integrantes  podrá  atender
convenientemente  las  impugnaciones.    A  la  distancia,  parece  que  este
Tribunal  Penal  Superior,  al  que  se  lo  denomina  Oral,  tendría  una
composición importante en número, ya que a él irían todos los vocales de las
Cámaras,  tanto  de  juicio  como  de  apelación.  De  cualquier  forma,  nos
abstenemos de opinar en cuestiones estructurales que hacen al número de
jueces  a  designar,  porque  para  ello  es  preciso  contar  con  otros  elementos
que refieren a los índices de criminalidad, que por supuesto no contamos.
El proyecto crea los juzgados penales plurales, denominación que tampoco
parece  muy  acertada,  ya  que  mantiene  la  idea  del  ente  y  la  pluralidad  la
brinda  el  número  de  integrantes.  Es  preferible  la  denominación  Colegio  de
jueces  penales  de  primera  instancia,  para  distinguirlo  del  superior,  y  hacer
desaparecer  el  modelo  de  juzgado  como  feudo  del  poder  del  inquisidor.
Insistimos  en  que  todas  las  normas  de  funcionamiento  para  organizar  el
Dr. Victor R. Corvalán

11

Colegio se los debe dar el mismo organismo y no contenerlo una ley que les
imponga  modalidades  de  trabajo.  Así,  las  oficinas  de  gestión  decidirán  que
Juez  debe  cumplir  tareas  de  resolución  de  incidentes  en  la  investigación
penal preparatoria y que juez se aboca a trabajar en el juicio.  
En  materia  de  ejecución  penal,  ella  debe  ser  competencia  de  fiscales
predispuestos para controlar todo lo relacionado con el cumplimiento de las
penas privativas de libertad, de multas o de inhabilitación, por lo que carece
de sentido denominar a un juez, como juez de ejecución. Ello sin perjuicio de
que llegado el caso, por conflictos entre el Fiscal y la autoridad de aplicación
o con el propio condenado, deba intervenir uno de los jueces del colegio de
primera instancia, que tendría que ser asignado por la oficina de gestión.
En  este  punto  referido  a  los  jueces,  digamos  finalmente  que  la  única
preocupación de los jueces debe ser escuchar en las audiencias y resolver
conforme al derecho aplicable. De allí que no acordemos con las facultades
que  el  proyecto  concede  en  materia  de  interrogatorios  a  los  testigos  por
parte de los jueces del Tribunal. Cuando un Juez interroga a un testigo, ya
no se trata de un modelo acusatorio sino que vuelve la inquisición a reinar en
el debate. Una pregunta de un juez, aunque sea para aclarar algún aspecto
antes  narrado,  implica  asumir  la  tarea  de  una  de  las  partes.  Solamente  las
partes son las que deben y pueden interrogar a los testigos y suya debe ser
la preocupación y el riesgo de que los jueces no entiendan el mensaje.   

2. 6. La posibilidad de dictar fallos plenarios obligatorios:
Una de las facultades asignadas a la competencia del Tribunal Oral Penal es
la de dictar fallos plenarios que serían los que definan la interpretación que
debe acordarse a la ley, a fin de evitar sentencias contradictorias. Este fallo
puede  ser  consecuencia  de  un  pedido  expreso  planteado  por  la  parte  que
dedujo un recurso o también de oficio por el tribunal que le toque intervenir
en  dicho  trámite,  y  siempre  será  obligatorio  para  los  propios  miembros  del
Tribunal Oral Penal.  
En  este  tema de  la  obligatoriedad de  los  plenarios, pensamos  que  ellos no
son  compatibles  con  el  sistema  jurídico  que  manda  nuestra  Constitución
Nacional.  
Como  sabemos,  el  poder  judicial  no  debe  ejercer  funciones  legislativas,  lo
que  en  definitiva  ocurre  al  ordenar  una  determinada  posición  jurídica
generalizada  y  en  abstraco,  es  decir  sin  resolver  un  caso  concreto.  Ello
afecta de manera directa el principio republicano de división de poderes (art.
1 C.N.) y a su vez afecta la garantía de independencia de los jueces (art. 18
Dr. Victor R. Corvalán

12

y  75  inc.  22  –  art.  8  Convención  Americana  de  derechos  Humanos,  14  del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).  
La  obligatoriedad  en  la  aplicación  de  los  fallos  plenarios,  ataca  principios
jurídicos de rango constitucional, tal como ocurre con el artículo 10 de la ley
nacional  24.050,  que  ha  sido  declarado  inconstitucional  por  algunos
tribunales federales.  
En  particular,  se  sostuvo  que  se  afectaba  los  arts.  1,  18  y  33  de  la
Constitución  Nacional,  el  art.10  de  la  Declaración Universal  de  Derecho
Humanos, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y  el  art.  8.1  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,
incorporados a nuestra Carta Magna por el art. 75 inc. 22.  
El principio de independencia judicial se encuentra expresamente reconocido
en el art. 10 de la Declaración Universal de Derecho Humanos, el art. 14.1
del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  y  el  art.  8.1  de  la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
Sobre todo en el procedimiento acusatorio, un juez debe ser independiente
incluso de sus propios compañeros de oficio, y nada puede obligarlo a tomar
una decisión en contra de su voluntad.  
Enseña  Luigi  Ferrajoli  que  "Los  fundamentos  externos  o  políticos  de  la
independencia son en definitiva los mismos -verdad y libertad- que legitiman
la  jurisdicción.  Y  exigen  que  la  independencia  de  la  función  judicial  esté
asegurada  tanto  para  la  magistratura  como  orden,  frente  a  los  poderes
externos,  frente  a  los  poderes  o  jerarquías  internas  de  la  propia
organización,  siempre  en  condiciones  de  interferir de  algún  modo  la
autonomía del juicio" ("Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal", trad.
de P. Andrés Ibáñez y otros, Ed. Trotta, Madrid, 1995, p.584).  
En  similar  sentido,  sostuvo  Julio  Maier  que  "la  regla  que  prevé  la
independencia o autonomía del criterio judicial debe ser formulada respecto
de cada uno de los jueces que integra el poder judicial... por intermedio de
los cuales ese poder se pronuncia, y con referencia a todo poder del Estado,
no  tan  sólo  al  poder  ejecutivo  o  administrativo  y  al  poder  legislativo,  sino
también  al  mismo  poder  judicial"  ("Derecho  Procesal  Penal",  Tomo  I,
Fundamentos, 2da. Edición, Ed. Del Puerto, Buenos Aies, p. 745).  
Coincide  con  esta  tesitura  Eugenio  Zaffaroni  cuando  expresa  que  "Un  juez
independiente  -o  mejor,  un  juez,  a  secas-  no  puede  concebirse  en  una
democracia moderna como un empleado del ejecutivo o del legislativo, pero
tampoco  puede  ser  un  empleado  de  la  corte  o  tribunal  supremo",
("Estructuras judiciales", Ed. Ediar, Buenos Aires, 1994, p. 103 y ss.).  
Dr. Victor R. Corvalán

13

También  se  ha  expresado  en  este  sentido  Alfredo  Vélez  Mariconde,  "los
jueces... no se encuentran sometidos a una subordinación jerárquica similar
a  la  que  vincula  a  los empleados  administrativos.  Un  Tribunal  superior  -por
elevada  que  sea  su  jerarquía-  no  puede  dar  instrucciones  a  uno  inferior",
("Derecho  Procesal  Penal,  T.  II,  3ra.  Ed.,  Lerner, Córdoba,  1982,  ps.  72  y
ss.).  No vemos la razón para justificar que sí pueda un ente ficcional, darle
ordenes a sus propios miembros, como ocurriría de aprobarse este proyecto
en  Mendoza.  La  democracia,  como  posibilitadora  de  las  votaciones  en  las
elecciones, no es lo que entra en juego a la hora de las decisiones judiciales.
Cuando los jueces aplican una ley, siempre previamente la interpretan, y ello
no puede quedar sujeta a votación, para ver de unificar criterios.  
Asimismo,  debe  tenerse  en  cuenta  que  si  un  juez  penal  se  encuentra
obligado a seguir el fallo plenario al momento de decidir, el imputado se ve
sacado  de  su  juez  natural.  Esto  se debe  a  que  no  será  el  juez  competente
quien debe interpretar y aplicar la ley, sino que lo habrá hecho previamente
aquel tribunal que dictara el fallo plenario. Esto contraría el principio de juez
natural reconocido en el art. 18 de la Constitución Nacional. En este sentido,
ha  argumentado  Julio  Maier  que  "del  principio  que  impide  sacar  a  los
habitantes,  para  juzgarlos,  de  los  jueces  designados  por  la  ley  (de
competencia)  antes  del  hecho  de  la  causa  (CN,  18:  juez  natural)  surge
claramente  la  ilegitimidad  de  ese  sistema  [ya  que]:  sólo  los  tribunales
establecidos por la ley y competentes para juzgar el caso concreto, según la
leyes  de  competencia  y  procedimientos  anteriores  al  hecho  juzgado,  por
intermedio  de  los  jueces  que  los  integran  conforme  a  la  ley,  se  pueden
pronunciar sobre el caso, libremente y sin estar sometidos a la autoridad de
otra  persona,  juez  o  tribunal",  ("Derecho  Procesal  Penal",  Tomo  I,
Fundamentos, 2da. Edición, Ed. Del Puerto, Buenos Aies, p. 746).
Por  otra  parte,  la  doctrina  penal  ha  sostenido  reiteradamente  que  la
jurisprudencia no es fuente del derecho, de acuerdo al principio de legalidad
en materia penal. Ver para ello la opinión de Jiménez de Asúa ("Tratado de
Derecho Penal", t. II, 5ta edición, Ed. Losada, Buenos Aires, 1992, p. 252),
Sebastián Soler ("Derecho Penal argentino", 5ta edición, T. I, TEA, Buenos
Aires, 1987, p. 161), Ricardo Nuñez ("La ley única fuente del derecho penal
argentino",  Opúsculos  del  Derecho  Penal  y  Criminología,  nro.  50,  Ed.
Marcos  Lerner,  Córdoba,  1992,  p.  75),  Alfredo  Vélez  Mariconde  ("Derecho
Procesal Penal", T. II, 3ra ed., Ed. Lerner, Córdoba, 1982, nota 42, p. 74) y
Jorge Claría Olmedo ("Tratado de Derecho Procesal Penal", T. I, Ed. Ediar,
Buenos Aires, 1960, p. 104).  
También  se  ha  argumentado  que  darle  obligatoriedad a  los  plenarios  sería
reconocer  una  delegación  de  funciones  legislativas  al  Poder  Judicial
afectando  el  principio  de  división  de  poderes,  lo  cual  vulnera  el  régimen
republicano de gobierno y la previsión del art. 29 de la Constitución Nacional.
Dr. Victor R. Corvalán

14

En  este  sentido  Julio  Maier  ha  sostenido  que  "constituye  una  forma  de
delegar  funciones  típicamente  legislativas  a  un  órgano  estatal  que  tiene
vedada  esa  actividad,  aun  en  el  caso  de  interpretación  autentica"
("Obligatoriedad  de  los  fallos  plenarios.  Su  inconstitucionalidad".  Nueva
Doctrina Penal 1996/A, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, ps. 134).  
Desde  nuestro  punto  de  vista,  es  esencial  respetar las  voluntades
individuales de los jueces a la hora de interpretar las leyes, que por supuesto
deberían  ser  suficientemente  claras  como  para  evitar  opiniones  demasiado
encontradas. Pero una es la actividad del legislador que la dicta y otra la del
juez  en  tanto  la  interpreta.  Los  que  se  inclinan  por  la  existencia  de  estos
mecanismos,  reñidos  con  nuestro  sistema  constitucional,  no  toleran
diferentes interpretaciones de la misma ley y se animan a generar facultades
que  fijan  una  única  lectura  de  la  norma.  Se  olvidán  que  ella  es  fruto  del
cumplimiento  de  requisitos  establecidos  en  nuestra Constitución  para  la
sanción  de  normas  generales  y  abstractas  como  también  resulta  ser  la
deliberación pública por medio de representante elegidos por el pueblo.  
No  debe  dejar  de  soslayarse  la  vinculación  estrecha  que  tiene  la
obligatoriedad  de  los  fallos  plenarios  con  una  estructura  verticalista  de  la
Justicia,  propia  de  los  regímenes  totalitarios  o  autoritarios,  como  la
inquisición lo era. Apunta Julio B. J. Maier que "Las organizaciones judiciales
verticales  son  propias  de  los  sistemas  políticos  autoritarios,  características,
por  ej.  de  las  monarquías  absolutas  y  de  su  régimen  procesal  penal,  la
Inquisición.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  decisión  judicial  -no  siempre  la
organización  administrativa  de  los  tribunales-,  la organización  horizontal  se
corresponde  con  el  régimen  republicano,  aristocrático  o  democrático,
histórico  o  actual"  ("Derecho  Procesal  Penal",  Tomo  I,  Fundamentos,  2da.
Edición,  Ed.  Del  Puerto,  Buenos  Aies,  p.  137).  En  forma  coincidente,
Zaffaroni  señala  que  "La  independencia  interna  sólo  puede  ser  garantizada
dentro  de  una  estructura  judicial  que  reconozca  igual  dignidad  a  todos  los
jueces,  admitiendo  como  únicas  diferencias  jurídicas  las  derivadas  de  la
disparidad  de  competencias.  Este  modelo  horizontal constituye  justamente,
la estructura opuesta a la verticalizada bonapartista, cuya máxima expresión
fue la judicatura fascistas" ("Estructuras judiciales, Ed. Ediar, Buenos Aires,
1994, p. 106).  
En  conclusión,  si  la  reforma  pretende  consolidar  el  modelo  acusatorio  para
Mendoza,  la  inclusión  de  los  fallos  plenarios,  aunque  relativamente
obligatorios, no compatibiliza con ese objetivo, y por el contrario responde a
una concepción inquisitiva, para imponer a los jueces una forma de pensar el
derecho.  
2.7. Los acuerdos para abreviar el trámite:
Dr. Victor R. Corvalán

15

Mal denominado “juicio abreviado”, ya que al no existir contradicción alguna,
todo acuerdo supone lo contrario a un juicio en el sentido de “debate”, este
debería  permitirse  en  cualquier  grado  y  nivel  del  procedimiento,  tanto
durante  la  investigación  como  en el  plenario.  Al  acuerdo  se  llega porque  la
defensa, que es quien siempre debe tener la iniciativa, lo propone al Fiscal,
para evitar el juicio (debate) o la sentencia (juicio previo al que alude el art.
18  CN).    La  redacción  del  nuevo  artículo  418  lleva a  cumplir  el  acuerdo en
plena audiencia, cuya solicitud también puede hacerla el Fiscal. En realidad
la  negociación  que  seguramente  precede  al  acuerdo,  lleva  a  distintas
reuniones a celebrar entre Fiscal y defensor, a cuyo término si realmente se
suscribe  por  escrito,  debería  ratificarse  por  todas  las  partes  en  audiencia
frente al juez que luego al dictar la sentencia lo homologa.  
Carece  de  sentido  que  se  obligue  al  Fiscal  a  formular  su  acusación  en  la
audiencia prevista por el art. 419, ya que basta con exigir que en el acuerdo
se  consigne  cuáles  son  los  hechos  que  conforman  la teoría  del  caso
aceptada por las partes y cuál su calificación jurídico penal, así como la pena
que se le impondrá al imputado.
Lo  que  más  nos  llama  la  atención  es  el  párrafo  final  del  artículo  419  al
permitir que el Tribunal absuelva a quien en la misma audiencia ha aceptado
el  abreviado.  Ello  implica  una  actitud  inquisitiva de  parte  del  tribunal,  que
asumiendo la tarea de defender, ha pasado por alto su función de controlar
que  el  profesional  que  lo  debió  asistir  al  imputado,  no  lo  ha  hecho
adecuadamente. Esta es otra muestra de error conceptual al considerar que
el modelo acusatorio puede dejar paso a la inquisición, cuando ella opere a
favor del imputado. En realidad históricamente la inquisición en el medioevo,
siempre operó a favor del reo, ya que su objetivo primario era salvar su alma
para  lo  cual  debía  obtener  su  confesión  lo  que  suponía  reconciliarlo  con
Dios. Otra vez, aparece la inquisición al considerar que los jueces son seres
superiores capacitados para tener una mirada superior a los fiscales y a los
abogados  defensores,  incluso  más  allá  de  la  propia voluntad  del  sujeto
encausado.  
Los procedimientos abreviados, que obviamente no son un juicio ya que éste
sólo existe si hay proceso contradictorio entre dos partes frente a un tercero
imparcial  e  independiente,  son  una  de  las  dos  formas  en  arribar  a  la
sentencia exigida por el artículo 18 de la CN  Debemos tener presente que al
expresar  el  redactor  Gorostiaga  dicho  texto,  señaló  que  nadie  puede  ser
condenado  sin  sentencia  previa,  utilizando  la  voz  equívoca  “juicio”  para
aludir  a  la  opinión  incriminante  del  Tribunal.  Así se  explica  que  continúe  el
párrafo  señalando  que  debe  ser  fundado  en  ley  anterior  al  hecho  del
proceso.    No  se  pueden  fundar  los  debates,  pero  sí las  sentencias.  De  allí
que los acuerdos que dan lugar a evitar el debate y por lo tanto abrevian el
trámite procedimental para  arribar  a  la  sentencia, no  ofrecen ningún  reparo
Dr. Victor R. Corvalán

16

constitucional.  Eso  sí,  son  la  mejor  demostración  del  procedimiento
acusatorio  ya  que  la  construcción  del  relato  sobre la  verdad,  depende
exclusivamente  de  las  partes,  no  teniendo  ninguna  intromisión  el  Tribunal,
más  allá  de  controlar  que  se  respete  la  igualdad,  la  inviolabilidad  de  la
defensa y demás garantías constitucionales.  
En  el  artículo  420  aparece  toda  la  fuerza  de  la  inquisición  al  permitirse  al
Tribunal no compartir la calificación legal del hecho o lo más grave, evaluar
la prueba y considerarla insuficiente!!
La  posibilidad  de  que  el  imputado  rechace  el  acuerdo  en  la  audiencia,
debería ser una hipótesis remota que no tendría que ocurrir si el acuerdo se
celebra  en  el  despacho  del  Fiscal  y  se  lo  lleva  firmado  por  todos  ante  el
estrado del Tribunal, procedimiento que aparece mucho más simple y lógico.
Ello no quita que si el acuerdo es decidido en un cuarto intermedio del propio
juicio  público  y  oral,  al  continuar  la  audiencia  se  ponga  en  conocimiento  al
Tribunal que las partes lo han logrado y evitan de este modo que el Tribunal
tenga materia para decidir, al desaparecer la contradicción.-

Carmen del Sauce, (Santa Fe) 7 de mayo de 2012.-

VICTOR R. CORVALAN
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla