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Back Ediciones Edición Nº3 ABOGADO COMO QUERELLANTE (PATROCINANTE Y MANDATARIO) DE SÍ MISMO

ABOGADO COMO QUERELLANTE (PATROCINANTE Y MANDATARIO) DE SÍ MISMO

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Permítaseme esta nota relatarla en primera persona. Ocurre que a la par del título de la misma, que indica que tanto el querellante como su patrocinante es la misma persona, se agrega una tercer aparente coincidencia: es el mismo que escribe esta nota.

 

 

Esto ocurrió durante la instrucción de una causa en una secretaría correccional de una de las unidades fiscales de la Primera Circunscripción Judicial  (de la Provincia de Mendoza, Argentina). Espero que esta triple conjunción termine en un resultado feliz, y no en la famosa máxima sobre la inconveniencia de tenerse a uno mismo como abogado, cuya fórmula seguramente expresaré al final. Se entenderá que el adverbio “seguramente” puesto acá, antes de una finalización argumental, precisamente pone en entredicho la aseveración: no se, aún, cómo terminará este escrito[1].

Empiezo por donde todos empiezan: por el principio. Aunque tampoco es tan al principio, sino en realidad ocurre casi al final de una causa donde estoy constituido como patrocinante del querellante y, ante un problema notificatorio que nos dejaba afuera del proceso[2], es que la Unidad Fiscal Especial (o de Investigaciones Complejas, resolución de Procuración General n° 144/2005) decide que, en vez de producir una redargución de falsedad por cuerda separada en el mismo expediente penal –tal como sugiere la Suprema Corte de Mendoza en autos n° 27979 “Visino Moisés y otros” y en n° 35113 “Fernández, Rafael”, fallos de los años 68 y 76 respectivamente al interpretar el artículo 993 del Código Civil-, su iniciativa fue enviar compulsa a la unidad fiscal competente por el territorio para que se investigue el delito de falsificación de instrumento público, consistente en que la aseveración del notificador de tribunales de que se dejó bajo la puerta la cédula corroboraba la existencia ideológica del delito.

Dado eso es que lo que  debió discutirse rápida y sumariamente en el propio expediente penal de donde surgía el hecho y el interés de la causa -en la inteligencia de la Corte-, no obstante se envía a otra competencia que debe empezar de cero –y con una amenaza de imputación, lo que entrañó que en vez de obtener un resultado rápido con la redargución lo que tuvimos fue (y es) un proceso donde el imputado va a ejercer su defensa complicando aún mucho más la parte fáctica en relación con la notificación, interés  del asunto en relación al primer proceso.

Pues bien, es entonces que en esta nueva causa surgida por obra de la Unidad Fiscal Especial es que –siendo el notificador un funcionario público, art. 77 C.P.; art. 2 a) ley 26097- investigado por un abuso en el ejercicio de su cargo a tenor de la exigencia del artículo 10 del CPP es que me introduzco al proceso como querellante particular como “cualquier persona” a los términos del mismo artículo y no como damnificado por cuanto al no ser titular del bien jurídico vulnerado (se imputó inicialmente por falsificación ideológica, art. 293 1° párr.  CP, terminando luego por incumplimiento de los deberes de funcionario público, art. 248) no se cumple dicha calidad. Precisamente –y es algo muy apreciado en otras provincias- nuestro código permite esa intervención cuando de un funcionario público en abuso de su función se trata.

Pues bien, realizada la constitución por dicho aspecto y requiriendo  patrocinio letrado, tengo la ocurrencia de recordar que soy, precisamente, abogado. Con firmeza puse la firma también en ese carácter[3]. Dejo el escrito. Pero no venían rosas.

 

“Previo a todo requiérase patrocinio letrado”.

 

Bien, no aclaré suficientemente, me digo. Dado que el expediente presentado y firmado no podía integrarse con nueva firma (una obviedad: tampoco es necesario) dejo en un escrito la aclaración de que la firma había sido en el doble carácter, ya que incluso iba con el sello de abogado. “Se posibilita que los intereses del querellante (G.V. como tal, abogado y ciudadano) sean custodiados técnicamente por el patrocinante letrado (G.V. como abogado en ejercicio de la función técnica)”, expreso.

Más animado con el concepto, sigo: “De no aceptarse esta doble condición se daría el inconsistente caso (excepcional) de que la actividad de querellante excluiría la de patrocinante letrado. Y esta excepcionalidad, para poder ser eficiente, debería estar reglada en una ley no afectada de reparos constitucionales, por cuanto tal disposición desdice el artículo 19 de la Constitución Nacional, en el sentido de que se estaría prohibiendo lo que la ley no prohíbe. De ser así, por ejemplo, las normativas sobre patrocinio letrado deberían contener expresamente una disposición tal, limitativa (y no tachada de inconstitucionalidad).”

Llevo una jurisprudencia que resumía el asunto: “Cuando el apoderado de una de las partes es abogado, no resulta necesario el patrocinio letrado que exige el artículo 33 del C.P.C., pues el mejor desarrollo del proceso se encuentra garantizado con la intervención de aquel jurisperito”: Expte. 15242 “Díaz, Carlos; Juan T. Roma p/ordinario” Cuarta Cámara Civil, Mags. Sarmiento García, Acevedo, 14/11/84, LA 106/273.

 

Presumía que con esto ya el trámite estaría concluido y mi querella como ciudadano patrocinada por mi como abogado ya estaría en condiciones de  ofrecer pruebas, preguntar en audiencias, acusar, etc.

No fue así.

 

Fojas 110: “(…) este Ministerio considera que si bien le asiste razón al presentante en el sentido de contar con todos los conocimientos necesarios[4] para ejercer su autorepresentación en el carácter de Querellante Particular, lo cierto es que el Art. 138 del CPP es claro al exigir que: “El querellante, el querellante particular y las partes civiles, sólo podrán actuar con patrocinio letrado…”.

“A este respecto se ha sostenido que: “A diferencia del imputado, que puede contar con dos abogados simultáneos y aún ejercer su autodefensa, el querellante en los delitos de acción privada, el querellante particular en los delitos de acción pública, el actor civil, el demandado y la citada en garantía tienen que actuar siempre con patrocinio letrado y sólo pueden tener un defensor” (Cód. Proc. Penal de la Prov. de Córdoba Comentado, comentario al artículo 125, primer párrafo).”

“A mayor abundamiento, cuando el legislador ha considerado que no es necesario contar con la asistencia técnica de un profesional del derecho, lo ha dispuesto expresamente tal como surge de la lectura del artículo 13, segundo párrafo del CPP, siendo que dicha facultad no está prevista para el Querellante”.

“Por lo expuesto, estése a lo dispuesto a fs. 107” (traducido es: señor usted que se presenta como querellante, no se si todavía llega a ser un pretenso. Mucho menos, le diré.)

 

A ver, el ministerio fiscal indica que como el código no lo indica expresamente, como ocurre  en el caso del abogado defensor, el querellante debe tener patrocinante. Hasta ahí coincidimos en la necesidad del patrocinio. Pero al extender ese razonamiento como antitético entre la personalidad del querellante y su patrocinante es donde diferimos. Precisamente porque su referencia anula dos normas; una específica: que en la provincia el patrocinio letrado no está regulado por los códigos procesales sino por la ley 4976 de Ejercicio de la Abogacía, y además y esencialmente por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que permite hacer lo no prohibido.

 

Hago mis esfuerzos, entonces, por convencer a la –por demás agradable- titular de la “vindicta pública”. Me opongo (art. 350 CPP).

 

Oposición

 

Digo: “(…) dado que el presentante es abogado del foro local, trayendo a su argumento el artículo 19 de la Constitución Nacional ya que se le estaría privando del ejercicio de la abogacía precisamente en una causa propia, siendo esto inconsecuente con las reglas profesionales, dado que de este modo un abogado puede ser patrocinante de cualquier ciudadano, pero menos de él mismo[5]”.

Insisto con el punto y con toques épicos como si estuviera frente a La Bastilla en 1789: “Un abogado puede patrocinar a cualquier querellante del país, menos a él mismo, menos ser su propio patrocinante, como si la Abogacía pudiera ser excluida justamente en el caso donde más claro los atributos de estudio profesional se ponen en juego: en la causa propia. Tan es así que, incluso, es norma en la autodefensa cuando el imputado es abogado, siendo esta una aclaración en estricto honor al derecho de defensa”.

Me bajo del pedestal auto-construido y vuelvo con el tono jurídico: “En salvaguarda de esto viene la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional y, como nada obsta al ejercicio de la Abogacía (pues de eso precisamente se trata esto, no del ejercicio de la querella[6]),  y no hay ninguna norma que excluya el patrocinio en causa propia –tema por demás común en la materia civil, donde los abogados firman por sí y por su derecho, por sí y por sus honorarios, etc.- es que se solicita que el agregado de “por si y como patrocinante legal” sea incorporado mediante el escrito presentado o por acta posterior, en cumplimiento del orden legal del país”.

“En la materia civil no hay norma que excluya el patrocinio letrado –como no la hay en materia penal-, sino que determinados escritos deben contener la firma de un letrado, en relación con nuestro sistema en donde la abogacía es el modo en que la ciudadanía no letrada puede acceder con comodidad y técnica a su reclamo ante el Poder Judicial. Pero eso no significa que un abogado deba llamar a otro en auxilio técnico porque él, por sí mismo, por su título, ya posee los conocimientos para comportarse técnicamente en los expedientes.”

En la escasísima jurisprudencia encontrada –dado que no es habitual que un abogado litigue penalmente en términos propios, pero sí muy habitual y diario que lo haga en doble carácter en materia civil, sin resquemores-, es que se trajo la opinión de la Cuarta Cámara en lo Civil de Mendoza, la que expresa  que “el mejor desarrollo del proceso se encuentra garantizado con la intervención de aquel justiperito” (citado ut supra[7]), opinión que no excluye al derecho penal. El patrocinio letrado como forma técnica profesional es igual para todas las áreas, siendo los únicos requisitos para su ejercicio a) el título de abogado y b) estar inscripto en la matrícula (artículo 2 ley 4976).

“De estarse con esta cortapisa devenida de un razonamiento a contrario sensu –pero inválido desde el punto de vista del artículo 19 de la Constitución Nacional, por hacerlo excluyente-, el tercer requisito para ejercer la abogacía, pretoriano (el que se nomenclaría como c) al artículo 2 de la ley 4976[8]), consistiría en “no querellar en causa propia”. Sin dudas que no es éste el fin querido por la norma”.

 

Reconozco luego un agregado a dicho escrito que no era necesario, dado el apunte legal, pero que reforzaba simbólicamente el asunto –aunque no creo del agrado de la  fiscalía-: propuse como prueba  que se solicitara a la Suprema Corte mi legajo profesional, para constatar los requisitos de matrícula.  No hizo falta ni lo iba  a hacer.[9]

 

Resolutivo

 

Fojas 116. Resuelve el Tercer Juzgado de Garantías. Comienza con una necesaria apología sobre el juego de normas e interpretaciones que armonicen el sistema jurídico en su totalidad. Y pone el tema en esta bandeja de decisión: “el tema en cuestión es determinar si el abogado en causa propia necesita del patrocinio de otro letrado”.

Se expresa el Juzgado: “Al respecto la doctrina sostiene que en estas situaciones no se le puede imponer a aquél otro patrocinio, pues así se excederían los fines de la ley, ya que con sus conocimientos queda cubierto el requisito, más allá de la conveniencia o no de hacerlo (Falcón, Enrique M. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado – Concordado – Comentado”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1982. T. I. Pág. 394)[10].

Cita a Santiago Fassi (Cód. P..C.y C.dl N. Bs.As. 1971 T.I. p.122): “El litigante letrado no necesita patrocinio ajeno…Debe invocar su calidad profesional, y el doble carácter con el que actúa...”

 

Integra las normas sobre compatibilidad profesional, pero vinculando la permisión de la causa propia con las incompatibilidades profesionales –que no es este el caso; tal como sería ejercer siendo gobernador-, pero que, a contrario sensu, implica comprender que la causa propia opera como un liberador de las incompatibilidades establecidas, lo que sí viene bien a este caso. Acá, a diferencia de aquellos  casos, no es necesaria la permisión del artículo 29 de la ley 4976 dado que inicialmente –en el patrocinio de la querella- no se está ante ningún supuesto de incompatibilidad específica donde el artículo opere como excepción.  No obstante sólo hago un reparo acá por cuanto, se comprenderá, el resultado final me fue beneficioso y el sólo interés queda en el ámbito del análisis, más no en el procesal.

 

Continúa con otros razonamientos de interés: “(…) no resulta razonable exigir a un profesional del derecho el patrocinio letrado en causa propia[11], puesto que en su persona se reúnen los conocimientos jurídicos necesarios que el Estado exige, con finalidad de protección, al momento de imponer el patrocinio. Más allá de esto los jueces podrán exigir a los litigantes abogados en causa propia la firma o asistencia letrada cuando falten a la decencia o decoro convenientes o realicen actos que obstaculicen  el curso regular del proceso. “…Pero en uno y otro caso será menester la previa intimación para que cese en actitudes tales, bajo apercibimiento exprese de serle impuesto otro patrocinio”.  (D’Alessio, José O. –Yáñez Álvarez, César D. “Código de Procedimiento Civil y Comercial, comentado y concordado”. Buenos Aires. 1960. T. I. Págl 132; citado por Falcón, Enrique M. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado – Concordado – Comentado”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1982. T. I. Pág. 394).

“Respecto del querellante en proceso penal se ha dicho que “La exigencia del patrocinio letrado no se extiende obviamente a los supuestos del abogado que actúa en causa propia…, porque la ley sólo tiende a evitar a través de la actuación autónoma del lego una actividad obstruccionista o entorpecedora de los procedimientos, previsible en quien desconoce sus reglas” (Navarro, Guillermo R. – Daray, Roberto R. “La querella”. Ed. Din. Buenos Aires. 1999. Pág. 90). Los autores reseñan que este criterio ha sido receptado por la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional, Sala IV, en el fallo  del 1 de marzo de 1983, “Massanet, O. G.”.

“Siguiendo la línea argumental delineada, cabe destacar que si el propio ordenamiento procesal que prevé todo un sistema de efectivización de la garantía de la defensa en juicio –interés público- permite al imputado defenderse personalmente, con más razón no es exigible para el querellante la asistencia letrada cuando resulta ser abogado y representar un interés particular.”

“De esta manera entiendo que la disposición del artículo 138 del C.P.P. de la Provincia de Mendoza al exigir siempre el patrocinio letrado se refiere a los ciudadanos que por no poseer conocimientos jurídicos necesitan de la asistencia de un profesional experto en la materia. Interpretar que aún  quien posee estos conocimientos jurídicos necesita ser asistido resulta excesivo.”

Y acá las palabras mágicas: “Por lo expuesto estimo que corresponde hacer lugar a la oposición impetrada por el Dr. Gianni Venier...”

Así resuelvo:

1) Hacer lugar a la oposición impetrada por el Dr. Gianni Venier a fs. 112/114.

2) En consecuencia, téngase al Dr. Gianni Venier como presentado en los términos de los arts. 103, ss y cc. del CPP de la Provincia de Mendoza, aceptado su representación por sí en su calidad de querellante particular.

3) Bajen las presentes actuaciones a fin de que la Sra. Fiscal de Instrucción dé el trámite de ley a la constitución de querellante particular de la causa.

 

 

Disquisición

Nótese que si bien el resolutivo hace lugar a la oposición en cuanto a tener por constituido el querellante a través del propio patrocinio, la dirección que le imprime el Tercer Juzgado es distinta a la solicitada.

El planteo opositor fue a través de a) presentada una persona como querellante (en este caso el autor como ofendido),  el patrocinio b) será de la misma persona en el carácter tal. Es decir GV con doble aclaración de firma, al estilo de la cotidianeidad civil, la firma en ambas calidades, aclarándolo.

 

Pero el sentido del resolutivo es otro: que si la persona que se presenta es abogado, esa misma calidad hace presumir el patrocinio, con lo que se estaría ante un caso de unificación de las calidades de persona y técnica que establecen –necesariamente- la capacidad de gestión jurídica para el proceso.

 

El resultado, en este caso, es prácticamente idéntico a los efectos de la oposición ya que termina de constituir la querella, pero es distinto en cuanto a que el planteo de oposición requiere la doble forma, mientras que este no.

 

Trae algunas consecuencias este orden de ideas. Obsérvese que si en vez de presentarse uno mismo como persona física lo hace como representante de una sociedad anónima, ahí el querellante es la persona jurídica[12] (y no la persona física), pero entonces al firmar en dicho rol la calidad técnica de la abogacía quedaría, bajo este razonamiento,  subsumida o supuesta en la persona jurídica y no en la persona física que es la que sí tiene el conocimiento técnico, lo que sería irregular ya que la figura jurídica no es abogado.

Entiendo entonces más adecuada la postura del doble carácter más que la  autorización a litigar por sí mismo al abogado; ampara y comprende estos habituales casos. Por otra parte, de considerarse así este asunto, importaría omitir –sin una declaración de inconstitucionalidad, la que no cabe por supuesto- la vigencia del artículo 138 CPP que sí exige el patrocinio. Dado que en nuestra provincia el CPP impone el patrocinio, se cumplimenta la norma, en este caso del abogado que querella, firmando como persona física o como representante de persona jurídica y a su vez invocando la calidad profesional –la que otorga la ley 4976- en su calidad de patrocinante.

 

 

 

En fin, ya llegando al final y recabando que en definitiva hay acá  una cierta cuota de ingratitud de parte del autor al terminar estableciendo una crítica al fallo que lo favorece, y advirtiendo con total claridad que este proceso aún no ha terminado con lo cual esta “disquisición” como he titulado puede tener influencias a la hora de otra nueva decisión en la causa –más allá del respeto  que observo  por fiscal y juez[13]-, es que me lleva sin dudas a la frase que omití al inicio y que posiblemente –“seguramente”- usaría al final y que tienen que ver con la actividad del abogado que perjudica seriamente a su cliente cuando este y aquel resultan ser la misma persona.   Pues bien, atento que la misma –si bien gráfica- irrumpe con cierto adjetivo no adecuado a este escrito, intentaré transportarla: “el querellante que se tiene a sí mismo como patrocinante o mandatario, tiene tal vez a un pretenso o a un excluido del proceso –con costas-  como cliente[14]”.

 

Dr. Gianni Venier

 

 


[1] “Seguro que nos notificarán la semana que viene” significa que toda seguridad no nos notificarán, por ejemplo.

[2] Justo, para el ejemplo anterior: “seguro que nos notifican y apelamos”.

[3] La figura del patrocinio en la querella, no obstante, no goza de una estricta nominación, ya que si bien el patrocinio cumple su función en cada acto individual –no obstante consideraciones de tribunales de ética profesional  que entienden que el patrocinio en la demanda mantiene responsabilidad con el cliente durante todo el proceso-, lo cierto es que el patrocinante actúa por el querellante sustituyéndolo a través de un poder especial y/o general realizado mediante notario o apud acta como innovó el art. 103 CPP Mza, ya que el anterior código ley 1908 no traía la institución cuando se refería al poder para actor civil;  el querellante particular aparece desde 1999 con la nueva legislación.  Pues bien ocurre que el patrocinio es sólo en el escrito de constitución, pero la norma se refiere luego al ofendido constituido como tal bajo los términos de querellante o de querellante particular, pero las facultades otorgadas corresponden a su mandatario en tal carácter pero no como patrocinante ya que sólo cumplió esa función en el escrito de constitución. Su actuación posterior será, entonces, como apoderado o representante, pero no como patrocinante, no obstante el uso del término patrocinante para indicarlo.

 

[4] Nota del autor: esto sí lo pongo en duda...

[5] La cursiva me pertenece, pero como autor de esta nota. En el escrito de marras, no. (Tal vez el lector advierta aquí un breve sarcasmo, aunque limitado a los diversos autores del escrito; la misma persona en todos los casos).

 

[6] Acá la cursiva es del autor del escrito, no de la nota, al igual que la negrita. A los fines prácticos, lo mismo. Bueno, no. No sería lo mismo indicar que esas cursivas y negritas enfatizaron la idea en el escrito de oposición antes que acá, pero como ese hecho ya transcurrió siendo inmodificable y en realidad se trata esto de una explicación donde el adversario procesal puede leer esta nota, diremos que ese énfasis –acá y allá- hace innecesario ser puntilloso en la aclaración: es una cuestión de opinión, no de resultados, y el autor citado no pretende, por ahora, malquistarse con el autor de esta nota.

[7] Citado en el texto. Pero también en la nota.

[8] La ley 4976 de Colegiación Profesional y Ejercicio de la Abogacía es la que rige el sistema de matriculación, competencia provincial no delegada a la nación. Así, para obtener la matrícula –el requisito para ejercer los actos propios de la abogacía- el Título II, capítulo I “De la matrícula”, dice: Art. 2: Para ejercer la abogacía se requiere: A) Título de abogado, válido según las leyes argentinas. B)  Inscripción en la matrícula regulada por ley.   El ficticio supuesto,  que surgiría a consecuencia de aceptar la imposibilidad de ejercicio, tendría una redacción que diría algo como C) Se excluye el patrocinio en causa propia.

[9] Tampoco era pertinente ni idóneo, pero daba cierta ironía y atrevimiento al asunto.

[10] Esta doctrina ya indicaba por dónde iba el camino, para mí felizmente. Ya lo sabía, no obstante: inicialmente la titular del Tercer Juzgado, Dra. Alejandra Mauricio, expresó que correspondía hacer lugar a la oposición.

[11] Para el código provincial lo que no le exigiría en causa propia es el poder, porque sí actúa personalmente. Técnicamente es el único caso en que el querellante actúa en todos los actos como patrocinante y no como representante del querellante.

[12] La que doy por supuesto que no estudió en ninguna universidad. Mi experiencia en los años de cursado es que no tuve ni a una S.A. ni a una S.R.L. de compañero de banco, pero son cuestiones tal vez menores en el nuevo ámbito intelectual de punir a las personas jurídicas, dirección ciertamente represiva, o “perniciosa tendencia de relajar las garantías constitucionales” como califica a esta punición –junto con otras- Mariano Silvestroni   (Teoría Constitucional del Delito, Editores del Puerto S.R.L. Buenos Aires, 2004, pág. 23).

[13] Debe notarse que intento un comportamiento “políticamente correcto” acá.

[14] Creo que las tres personas de este escrito solamente coinciden en esta frase.