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Back Ediciones Edición Nº3 Resolución 2656 de la OEA

Resolución 2656 de la OEA

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AG/RES. 2656 (XLI-O/11)
GARANTÍAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICA: EL ROL DE
LOS DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011)

http://www.mpd.gov.ar
Fuente: Organización de Estados Americanos (http://www.oas.org)
Página del documento:  
http://www.oas.org/consejo/sp/AG/resoluciones-declaraciones.asp
02 de Julio de 2012

Defensoría General de la Nación – www.mpd.gov.ar

AG/RES. 2656 (XLI-O/11)

GARANTÍAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICA: EL ROL DE LOS
DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011)

 


LA ASAMBLEA GENERAL,  

RECORDANDO que de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  la  Convención  Americana  sobre
Derechos  Humanos,  y  teniendo  presentes  todas  las  disposiciones  aplicables  del  derecho  internacional
de  los  derechos  humanos,  dentro  de  sus  respectivos  ámbitos  de  aplicación,  los  derechos  humanos  y
libertades fundamentales deben ser respetados, sin hacer distinción alguna;

RECORDANDO TAMBIÉN que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece
la obligación de los Estados Parte de dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto. El artículo 14 dispone que toda
persona acusada de un delito tiene derecho a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor
de  su  elección;  a  ser  informada,  si  no  tuviera  defensor,  de  este  derecho  que  le  asiste  a  tenerlo,  y,
siempre  que  el  interés  de la  justicia  lo  exija,  a  que  se  le  nombre  defensor  de  oficio,  gratuitamente,  si
careciere de medios suficientes para pagarlo;  

DESTACANDO que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el articulo
8.2.e el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado
o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor
dentro del plazo establecido por la ley;

AFIRMANDO el carácter universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos;

AFIRMANDO TAMBIÉN que los Estados Miembros tienen la obligación de respetar y garantizar el
ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  en  los  tratados  internacionales  de  los  que  son  parte  y  en  sus
legislaciones internas, eliminando los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la defensa pública, de
manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia;  

CONSIDERANDO que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental es, asimismo,
el  medio  que permite  restablecer  el  ejercicio  de  aquellos  derechos  que  hubiesen  sido  desconocidos  o
vulnerados, a la vez que subraya que el acceso a la justicia no se agota con el ingreso de las personas a
la  instancia  judicial,  sino  que  se  extiende  a  lo  largo  de  todo  el  proceso,  que  debe  sustanciarse  de
conformidad  con  los  principios  que sustentan  el  Estado  de  derecho, como  el juicio  justo  y  se  prolonga
hasta la ejecución de la sentencia;  


Defensoría General de la Nación – www.mpd.gov.ar                                                                                  Página 3
TENIENDO PRESENTE:

La Observación General N.º 32 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo
párrafo  9  establece  que  el  acceso  a  la  administración  de  justicia  debe  garantizarse  efectivamente  en
todos los casos; y

Las Reglas  de  Brasilia  sobre  Acceso  a  la  Justicia  de  las  Personas  en  Condición  de
Vulnerabilidad (XIV  Cumbre  Judicial  Iberoamericana  Brasilia,  República  Federativa  del  Brasil,  2008),
destinadas a garantizar  el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de  vulnerabilidad,
sin  discriminación  alguna,  a fin  de que  dichas  personas  puedan gozar  plenamente  de  los  servicios  del
sistema judicial; que promueven además la implementación de políticas públicas destinadas a garantizar
la asistencia técnico-jurídica de las personas;

DESTACANDO la labor que desarrollan los defensores públicos oficiales en diversos países del
Hemisferio  en  la  defensa  de  los  derechos  fundamentales  de  los  individuos,  específicamente,  los
servicios de asistencia letrada gratuita que permiten el fácil y oportuno acceso de todas las personas a la
justicia, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad;  

TENIENDO EN CUENTA la importancia fundamental de que ese servicio goce de independencia
y autonomía funcional; y

TOMANDO NOTA CON SUMA SATISFACCIÓN de la implementación de la figura del “Defensor
Público Interamericano” y del Acuerdo de Entendimiento suscrito entre la Corte Interamericana de
Derechos  Humanos  y  la  Asociación  Interamericana  de  Defensorías  Públicas  (AIDEF),  para  la
designación  de  oficio  de  un  defensor  público  y  procurar  el  derecho  de  asistencia  letrada gratuita  a  las
presuntas  víctimas  de  violaciones  de  derechos  humanos,  en  la  tramitación  de  los  casos  contenciosos
que así lo requieran,

RESUELVE:

1.  Afirmar que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental es, a la vez, el
medio  que  permite  restablecer  el  ejercicio  de  aquellos  derechos  que  hubiesen  sido  desconocidos  o
vulnerados.  

2.  Apoyar  el  trabajo  que  vienen  desarrollando  los  defensores  públicos  oficiales  de  los
Estados  del  Hemisferio,  el  cual  constituye  un  aspecto  esencial  para  el  fortalecimiento  del  acceso  a  la
justicia y la consolidación de la democracia.  

3.  Afirmar la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita para
la  promoción  y  protección  del  derecho  de  acceso  a  la  justicia de  todas  las  personas,  en  particular  de
aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad.  

4.  Recomendar a los Estados Miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada
gratuita  que  adopten  acciones  tendientes  a  que  los  defensores  públicos  oficiales  gocen  de
independencia y autonomía funcional.

5.  Alentar  a  los  Estados  que  aún  no  cuenten  con  la  institución  de  la  defensa  pública,  que
consideren la posibilidad de crearla en el marco de sus ordenamientos jurídicos.  



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6.  Exhortar  a  los  Estados  a  promover  oportunidades  de  cooperación  internacional  para  el
intercambio de experiencias y buenas prácticas en la materia.

7.  Alentar  a  los  Estados  y  a  los  órganos  del  sistema  interamericano  a  promover  la
celebración de convenios para la realización de capacitaciones y formación de los defensores públicos
oficiales.  

8.  Respaldar la labor de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) en el
fortalecimiento de la defensa pública en los Estados Miembros.  

9.  Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo
segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución
de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros
en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.